El señor del círculo amarillo es el Arquitecto Mosca
Percepción inicial:
A propósito del comentario de un anónimo que leí hoy en la página de La Dorrego paso a dar detalles sobre el expediente: 10801/2012 que roza “tangencialmente” a Sergio Massa con determinados “financistas del narcotráfico” que desarrollaron inversiones en Nordelta. De todas maneras, por el momento, no existen pruebas en el expediente que determinen una directa relación entre el candidato presidencial del FR y los detenidos, por fuera de haber actuado con alguno de ellos de buena fe. Generalmente estos empresarios e inversionistas presentan en sus tarjetas profesionales y en su documentación comercial actividades lícitas, aquí y en el resto del planeta, de manera que relacionar de forma ligera a nuestros políticos con esta clase de tipos es por lo menos arriesgado. Hago extensivo este mismo criterio a la causa de efedrina que lleva adelante Servini de Cubría. Crear la sensación de que la política y el narcotráfico van taxativamente de la mano es una muy buen forma de ir en contra de primera. Las bandas que manejan este flagelo están distribuidas globalmente y siempre tienen sellos empresariales que cubren sus actividades non sanctas. Lo mismo ocurre con la trata, el tráfico de armas, el contrabando, de modo que escindir al ámbito privado de la operatoria exhibe una intencionalidad muy marcada. En una sociedad donde el denuncismo ha sido sembrado casi indecorosamente este tipo de informaciones “livianas” no hacen otra cosa que minar los anticuerpos de la democracia promoviendo un estatus sin rumbo en donde lo único que queda por hacer es ingresar adentro de ese perverso juego delictivo. Cuestión que potencia aún más esa sensación de angustia, descomposición y encerrona.
Desarrollo del Informe
Exclusivo de Semanario Democracia. La
causa por lavado de activos en Nordelta sigue arrojando novedades. Ya son
11 los procesados y más de 100 millones de dólares embargados. Un
expediente escandaloso sobre el que muy pocos hablan.
Por Andrés Klipphan
Una
breve síntesis de la causa número 10801/2012 caratulada
“Sánchez Gálvez, Andrés Mauricio y otros s/ Inf. Ley 23.737 (de
estupefacientes)” que se tramita en el Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional número 1 de Lomas de Zamora, a cargo
del juez Alberto Patricio
Santa Marina y del fiscal Alberto Adrián María Gentili y que derivó en 42
allanamientos, la mayoría de ellos en el complejo Nordelta, ubicado en el
partido bonaerense de Tigre, ya tiene 11 procesados. Seis de ellos por
narcotráfico; tres por lavado de activos y dos por narcotráfico en concurso
material con lavado de activos. Todos los imputados tienen prisiones
preventivas decretadas.
La
Unidad de Información Financiera, organismo encargado de combatir el lavado de
activos, a cargo de José Sbatella, acaba de embargar 100 millones de dólares.
El juez, además, ya había tomado esa medida por una suma de 3.600.000 pesos,
más tres inmuebles y una cuenta corriente; además de las inhibiciones generales
de bienes sobre 16 personas físicas y 11 personas jurídicas, es decir empresas
y sociedades involucradas en la compra-venta de inmuebles en Nordelta, tal como
ya lo informó en forma exclusiva este semanario.
Según
pudo saber “Democracia” de fuentes judiciales y de la UIF, la investigación
tuvo inicio a partir de una llamada telefónica anónima recibida el 15 de agosto
de 2012 por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de
Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora.
El
llamado advertía que “en el domicilio de la calle Rodríguez 357,
piso 2°, departamento ‘A’ de la Localidad de Monte Grande, Partido de Esteban
Echeverría, residirían tres sujetos de nacionalidad colombiana quienes se
dedicarían al tráfico de cocaína al extranjero y se movilizarían en un
automóvil Volkswagen Vento, dominio JSD-170”, según consta en el
expediente al que accedió este semanario.
Como la
policía y la fiscalía entendieron que los datos eran serios, y con el visto
bueno del juzgado, “se dispusieron diversas tareas investigativas que
dieron cuenta de la existencia de una organización delictiva dedicada al
tráfico de sustancias estupefacientes (principalmente clorhidrato de cocaína,
pero también metanfetaminas, ácido lisérgico y marihuana), que eran ingresadas
al país desde Bolivia, Perú y Colombia, acondicionadas en Argentina y luego
exportada a España, Australia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Italia, entre
otros, a través de equipajes preparados a los efectos (doble fondo); o mediante
empresas asociadas a la actividad de exportación”.
La
banda, que finalmente fue desbaratada “se encontraba integrada al menos
por Fabián Andrés Martínez Grajales, Reymond Anthony Martínez Grajales,
John Eduard Martínez Grajales, Jesús Antonio Yepes Gaviria, Claudia Natalia
Arias Celis, David Fernando Maecha González, David Andrés Acevedo Muñoz, José
Julián Hernández, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas Núñez,
John Hamilton Rojas Núñez, Oscar Matías Morfulis, Roberto Alfonso Reyes y
Alfonso Moreno Santos”.
Después
de un año de investigación, se pudo descubrir “que la
organización utilizaba varias empresas como vehículo para dar apariencia de
licitud a las ganancias obtenidas por el tráfico de estupefacientes, entre las
que se cuentan: Yepes y Arias S.R.L.,Gerentenet.com S.A. (hoy Gerentecars S.A.),Mpc auto
class S.A., Football group International S.A., Supermercado Compra ya S.R.L.,
Programa Pymes S.R.L., Importaciones, Exportaciones e inversiones colombianas
S.A. y el lavadero de autos Los magníficos, ubicado en Nordelta”.
La
Justicia también determinó que “Varios de los miembros de la
banda residían en el barrio privado Nordelta y tenían como punto de reuniones
la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de El Talar”.
Juez y fiscal también pudieron determinar “las vinculaciones de la banda
con reconocidos personajes del narcotráfico colombiano, como ser Henry de Jesús
López Londoño, Alejandro Gracia Álvarez (vinculado a Ignacio Álvarez
Meyendorff) y las bandas de “Los Machos” y “Los Urabeños”, tal como ya explicó
“Democracia”, que operan desde el Valle del Cauca, en Cali.
Siempre
según el relato de la causa “mediante escuchas telefónicas
pudo inducirse el arribo de un cargamento, que habría salido de la República
del Perú con destino a Bolivia y habría sido recogido por Mario Morfulis,
quien se habría encargado del ingreso del material estupefaciente al país,
particularmente a la provincia de Salta y, junto a Rivero Morán y
Alfonso Moreno Santos habría llevado el cargamento a
Buenos Aires, donde se encontraron con Roberto Reyes”.
Este
descubrimiento derivó en que “el 28 de octubre de 2013, fueron
interceptados por personal correspondiente a la División Operaciones Federales
de la Policía Federal Argentina. Se hallaron 113,640 kilogramos de clorhidrato
de cocaína escondidos en el piso de la cabina de una de sus camionetas y se
procedió a la detención de los cuatro sujetos mencionados”.
Después
de ese procedimiento exitoso el juez federal dispuso “29
allanamientos en distintos domicilios vinculados a los imputados y se detuvo a Fabián Andrés
Martínez Grajales, John Eduard Martínez Grajales, Jesús Antonio Yepes Gaviria,
Claudia Natalia Arias Celis, David Andrés Acevedo Muñoz, Andrés Mauricio
Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas Núñez y John Hamilton Rojas Núñez,
a quienes se les recibió declaración indagatoria”.
Un mes y
medio después, el 4 de diciembre de 2013, “se dispuso el procesamiento con
prisión preventiva de Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas
Núñez, John Eduard Martínez Grajales, Fabián Andrés Martínez Grajales, John
Mario Rivero Morán, Alfonso Moreno Santos, Oscar Matías Morfulis y Roberto
Alfonso Reyes por considerarlos coautores del
delito previsto y reprimido en el artículo 5° inciso ‘c’ de la Ley 23.737, en
la modalidad de comercialización de estupefacientes, agravado por la
intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo”.
La causa
también describe que “se dispuso el procesamiento con prisión
preventiva de Jesús Antonio Yepes Gaviria, Claudia Natalia Arias
Celis, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, John Eduard Martínez Grajales, y David
Andrés Acevedo Muñoz”.
Tres
meses después, el 10 de marzo de 2014, a raíz de una sugerencia efectuada por
la UIF “el juez procedió a decretar la inhibición general
de bienes respecto de 11 personas físicas y 8 personas jurídicas”.
A partir de los informes labrados por la UIF y el Banco Central de la República
Argentina, “se pudo determinar una reiterada intervención en
las operaciones comerciales llevadas a cabo por Arias Celis y Yepes Gaviria de
varias empresas vinculadas al arquitecto Walter Mosca
que realizan operaciones inmobiliarias en Nordelta, entre las que se destacan
Oda desarrollos S.A., Complejo bahía S.A. y varios fideicomisos”.
Siempre
según el expediente judicial “esas operaciones estarían
destinadas a lavar dinero proveniente del narcotráfico”. A raíz de
ello, el pasado 7 de abril se realizaron 13 nuevos allanamientos a domicilios
vinculados con estas empresas, incautándose copiosa documentación”. El 16 de
junio pasado, y con el objeto de “asegurar la custodia,
administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de
las personas físicas y jurídicas investigadas”, el juez Santa
Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela
Grajales Gómez; y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego
Miguel Colombini, además de las firmas Oda Desarrollos S.A.;
Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande S.A.
El
patrimonio embargado por la Justicia y solicitado por la UIF, está conformado
principalmente por fideicomisos para el desarrollo inmobiliario, varios de
ellos en el exclusivo complejo de Nordelta; además de campos y estancias y 17
vehículos de alta gama.
En los
últimos días, según pudo saber este semanario, el juez federal Santa Marina
ordenó “un embargo preventivo sobre dos bienes inmuebles del empresario
Walter Mosca, ubicados en la calle Santiago Temple 1868 y 2129, de la localidad
de Ramos Mejía, partido de La Matanza, y sobre una propiedad ubicada en la
calle Gaspar Campos 481 del partido de Vicente López, cuyo dueño es Juan Carlos Di
Filippo, socio de Mosca. La medida incluye la
cuenta corriente 1131-04340-5 del Banco Comafi, cuya titularidad corresponde a
Oda Desarrollos S.A., que llevó a cabo la construcción de Nordelta”.
Mosca es
el nexo argentino de la banda de narcos y lavadores de activos, para la
canalización del dinero del tráfico de estupefacientes en inversiones
inmobiliarias y empresas. Como ya se informó, una de las principales
construcciones realizada a través de la firma Oda es el Hotel Intercontinental,
que se instaló hace varios años dentro de Nordelta.
Para la
Unidad de Información Financiera de Sbatella, no hay ningún tipo de dudas sobre
la participación de los empresarios argentinos procesados en la causa, ligados
a los fideicomisos para desarrollos inmobiliarios en el complejo Nordelta,
entre los que se encuentra el arquitecto Mosca, que utilizaban esas pantallas
empresariales y una compleja red económica para lavar millones de dólares que
provenían de trafico de drogas a nivel internacional y a gran escala.
En la
Justicia tampoco quedan dudas sobre la vinculación de los argentinos con
organizaciones narco colombianas que tienen ramificaciones en diversos países,
como Bolivia y Perú. De hecho, tanto en México como en Colombia, los Estados
Unidos, y ahora también en la Argentina, es muy común la utilización de los
fideicomisos para ingresar a los narcos al negocio y desde allí lavar sus
activos y pasarlos al circuito financiero legal.
Esta es
una de las formas más comunes de actuar de estas mafias integradas por hombres
y mujeres inescrupulosos que pasan desapercibidos, sobre todo en complejos como
los de Nordelta. Justamente esta es una de las metodologías descriptas en el libro
“El G 9 de las mafias en el mundo”, una imperdible
investigación realizada y publicada por el comisario de la policía francesa y
doctor en derecho, Jean-Francois
Gayraud.
Allí el
especialista sostiene que “mientras un mundo obsesionado
por la guerra contra el terrorismo mira hacia otro lado, el crimen organizado
ha salido de la marginalidad y se ha instalado en el corazón de nuestros
sistemas políticos y económicos”.
Es más,
el propio comisario francés en su libro explica que “el terrorismo se
propone la destrucción del sistema contra el que lucha, y, en consecuencia, se
sitúa fuera de él. Por el contrario, las mafias viven del sistema, hasta el
punto de constituir un engranaje más”, tal como ocurrió en Nordelta
y tal como queda evidenciado en los expedientes del juez Santa Marina y de la
UIF.
Y esto
es tan así que en el libro “El G 9 de las mafias en el
mundo” se asegura –tal como en el caso que nos ocupa hoy– que “en
ocasiones las mafias se valen de una razón social o de una cobertura política”
para construír “sus imperios que no tienen apego a ningún lugar,
pero se alían a una o varias enseñas políticas para adquirir una identidad
histórica y geográfica”.
La
investigación del comisario francés que es material de lectura especializada
describe en uno de sus capítulos que i algo caracteriza a los capos, si los
integrantes de las mafias, entre ellas las del narco lavado, son sus “poderes
discretos, ocultos”, características que omitió por completo el
arquitecto Mosca, hoy detenido y cuya causa la UI solicitará que se eleve a
juicio oral y público ya que las pruebas que pesan en su contra son
contundentes.
Es que
una de las principales operaciones sospechosas de lavado de dinero que encabezó
este arquitecto fue la construcción del hotel cinco estrellas en Nordelta. Su
inauguración fue celebrada en el año 2011 y en esa época, según las fotos que
se publicaron en los medios, entre ellas en el diario Perfil, Mosca cortó la
cinta junto al hoy diputado nacional, y por entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, uno de los
principales candidatos a la presidencia de la nación en las elecciones de 2015
por su Frente Renovador.
Junto a
ellos también estaban el empresario Eduardo Costantini; Federico Scarabino, por
entonces vicepresidente de la Cámara de Senadores bonaerense; Eduardo Camaño, ministro de
Gobierno de la provincia; Álvaro
Diago, presidente del Hotel Intercontinental, y Marcelo Macagno, socio de
Invest S.A.
Una vez
que estalló el tema del narco-lavado en el complejo Nordelta y las conexiones
de Mosca y su hotel, el diputado Massa fue consultado sobre el tema
y dijo: “Los narcos y los que les lavan la plata, que se
pudran en la cárcel. Construyan en Tigre, Calafate o Puerto Madero”.
Pero cuando se le preguntó sobre Walter Mosca, el jefe del Frente Renovador
prefirió no opinar.
Sin
embargo, a favor de Massa y de los otros asistentes al acto y al corte de cinta
inaugural, les cabe el beneficio de la duda ya que varios de ellos, como el
propio ex intendente, podrían haber asistido al evento en forma protocolar,
dada su investidura.
Sin
embargo, cuando Massa realiza campaña política con el tema de la inseguridad y
ataca las políticas del Gobierno nacional, Sergio Berni, secretario de Seguridad de la
Nación, se muestra impiadoso al recordarle que en su municipio funciona
Nordelta y que allí se encuentran los más grandes aguantaderos de colombianos
vinculados al tráfico de drogas en el país.
El
diputado no tuvo problema en bromear junto a Eduardo Constantini, desarrollador de Nordelta,
sobre la causa: “Ah, nos juntamos el jefe de los narcos y vos que
sos el dueño de la capital de los narcos”. Más allá de eso, ha
declarado que “se debe combatir al narcotráfico, esté donde esté.
Desde Puerto Madero hasta Catamarca”.
La causa
judicial que tramita el juez Santa Marina también se nutre de abundante
documentación aportada por la AFIP, organismo a cargo de Ricardo Echegaray. De la
lectura de esa información se puede establecer que para los organismos de
control, el patrimonio de los integrantes de esta banda de narcos y lavadores
de activos excede ampliamente los movimientos de fondos bancarios, ya que el
dinero en efectivo es otro de los denominadores comunes en la adquisición de
bienes inmuebles llevados a cabo durante los últimos años.
Según
describió el propio Sergio Berni
a “Democracia” “la droga y los dólares negros entrarían al
municipio de Tigre por dos vías: en primer lugar, en base a detenciones y
escuchas, se constató que buena parte de los narcos instalados en la zona del
Delta ingresaron dinero desde Colombia y otros lugares del mundo” y
que “estos montos se blanquearon vía compra de propiedades e instalación de
sociedades”, como ya se detalló.
Como se
ve, la causa que no ha producido hasta ahora un gran revuelo mediático, quizás
por el municipio donde está centrada la maniobra y sus referentes políticos,
avanza a paso de gigante aunque ahora será la Cámara de Apelaciones la que
deberá avalar o desestimar las medidas que hasta el momento adoptó el juez
federal, ya que los abogados de los detenidos apelaron las acciones encaradas
por la Justicia y alguno de los allanamientos realizados por los efectivos a
cargo de Sergio Berni.
Por eso
los próximos días serán clave para conocer si la causa avanza hacia el juicio
oral, como solicitó la UIF, o se aletarga o incluso extingue como ocurrió otras
veces con investigaciones de envergadura, donde se intenta que las verdaderas
mafias enquistadas en la sociedad sean desbaratadas por los buenos
investigadores, jueces, fiscales y funcionarios.
Sucede
que detrás de estas mafias muchas veces se oculta el verdadero poder. Es que ya
lo dijo Francesco Forgione,
el historiador y sociólogo y ex presidente de la Comisión Parlamentaria
Antimafia de Italia: “La mafia es mafia por su relación con la
política y las instituciones”.
La llegada
de las mafias al país no es nueva. Hay registros concretos en los años ’90 y
después también, que no solo fueron narcos colombianos, mexicanos u
ecuatorianos –como ocurrió la semana pasada cuando once de ellos fueron
descubiertos trasportando más de 30 kilos de cocaína–; sino también
caracterizados mafiosos itaianos que pertenecían a las mafias de la “Cosa
Nostra” y de la “Ndrangheta”.
De hecho
Francesco Forgione, en su documentado libro de investigación “Mafia export”, un
seguimiento impecable de cómo estas “han colonizado el mundo”,
detalla, a través de un minucioso rastreo de causas judiciales que
“en Buenos Aires había encontrado refugio el prófugo –de la justicia italiana–
Pietro Armando Bonanno, de Trapani, detenido en la Ciudad de Buenos Aires en octubre
de 2005” y explica que Bonanno, elemento de primera fila de la
“Cosa Nostra” trapense y jefe de la familia de Paceco, había sido condenado a
cadena perpetua por “asociación mafiosa, homicidio y otros
delitos graves”.
Ese
mismo especialista de las mafias italianas que desembarcaron en nuestro país,
explica que las actividades delictivas de estos y otros grupos mafiosos
delictivos en la Argentina y en el mundo no sería posible “sin
la cobertura de la política y las instituciones, y sin los servicios de
diversos sectores de la burguesía”, y entiende que sin estas complicidades “los
mafiosos habrían quedado en meros delincuentes, peligrosos pero comunes. Hoy,
en cambio, se cuentan entre los sujetos más modernos y dinámicos de las
finanzas y la economía global”.
Cualquier
semejanza con la Argentina… es mera coincidencia. ¿O no?
Creo sin embargo que ODA SA amen de construcciones en Nordelta es adjuticataria de la municipalidad de Tigre....
ResponderEliminar¡JA! Demostrar la realidad es un insulto a la verdad.
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