EL PERDIDO - ESTACIÓN JOSÉ A. GUISASOLA - PARTIDO DE CORONEL DORREGO - BUENOS AIRES - ARGENTINA

sábado, 30 de agosto de 2014

Narcos VIP: la operación, paso a paso. Verdades y mentiras

El señor del círculo amarillo es el Arquitecto Mosca



Percepción inicial: 

 

A propósito del comentario de un anónimo que leí hoy en la página de La Dorrego paso a dar detalles sobre el expediente: 10801/2012 que roza “tangencialmente” a Sergio Massa con determinados “financistas del narcotráfico” que desarrollaron inversiones en Nordelta. De todas maneras, por el momento, no existen pruebas en el expediente que determinen una directa relación entre el candidato presidencial del FR y los detenidos, por fuera de haber actuado con alguno de ellos de buena fe. Generalmente estos empresarios e inversionistas presentan en sus tarjetas profesionales y en su documentación comercial actividades lícitas, aquí y en el resto del planeta, de manera que relacionar de forma ligera a nuestros políticos con esta clase de tipos es por lo menos arriesgado. Hago extensivo este mismo criterio a la causa de efedrina que lleva adelante Servini de Cubría. Crear la sensación de que la política y el narcotráfico van taxativamente de la mano es una muy buen forma de ir en contra de primera. Las bandas que manejan este flagelo están distribuidas globalmente y siempre tienen sellos empresariales que cubren sus actividades non sanctas. Lo mismo ocurre con la trata, el tráfico de armas, el contrabando, de modo que escindir al ámbito privado de la operatoria exhibe una intencionalidad muy marcada. En una sociedad donde el denuncismo ha sido sembrado casi indecorosamente este tipo de informaciones “livianas” no hacen otra cosa que minar los anticuerpos de la democracia promoviendo un estatus sin rumbo en donde lo único que queda por hacer es ingresar adentro de ese perverso juego delictivo. Cuestión que potencia aún más esa sensación de angustia, descomposición y encerrona.

 

 

 

Desarrollo del Informe



Exclusivo de Semanario Democracia. La causa por lavado de activos en Nordelta sigue arrojando novedades. Ya son 11 los procesados y más de 100 millones de dólares embargados. Un expediente escandaloso sobre el que muy pocos hablan.

Por Andrés Klipphan


Una breve síntesis de la causa número 10801/2012 caratulada “Sánchez Gálvez, Andrés Mauricio y otros s/ Inf. Ley 23.737 (de estupefacientes)” que se tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Alberto Patricio Santa Marina y del fiscal Alberto Adrián María Gentili y que derivó en 42 allanamientos, la mayoría de ellos en el complejo Nordelta, ubicado en el partido bonaerense de Tigre, ya tiene 11 procesados. Seis de ellos por narcotráfico; tres por lavado de activos y dos por narcotráfico en concurso material con lavado de activos. Todos los imputados tienen prisiones preventivas decretadas.
La Unidad de Información Financiera, organismo encargado de combatir el lavado de activos, a cargo de José Sbatella, acaba de embargar 100 millones de dólares. El juez, además, ya había tomado esa medida por una suma de 3.600.000 pesos, más tres inmuebles y una cuenta corriente; además de las inhibiciones generales de bienes sobre 16 personas físicas y 11 personas jurídicas, es decir empresas y sociedades involucradas en la compra-venta de inmuebles en Nordelta, tal como ya lo informó en forma exclusiva este semanario.
Según pudo saber “Democracia” de fuentes judiciales y de la UIF, la investigación tuvo inicio a partir de una llamada telefónica anónima recibida el 15 de agosto de 2012 por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora.
El llamado advertía que “en el domicilio de la calle Rodríguez 357, piso 2°, departamento ‘A’ de la Localidad de Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, residirían tres sujetos de nacionalidad colombiana quienes se dedicarían al tráfico de cocaína al extranjero y se movilizarían en un automóvil Volkswagen Vento, dominio JSD-170”, según consta en el expediente al que accedió este semanario.
Como la policía y la fiscalía entendieron que los datos eran serios, y con el visto bueno del juzgado, “se dispusieron diversas tareas investigativas que dieron cuenta de la existencia de una organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes (principalmente clorhidrato de cocaína, pero también metanfetaminas, ácido lisérgico y marihuana), que eran ingresadas al país desde Bolivia, Perú y Colombia, acondicionadas en Argentina y luego exportada a España, Australia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Italia, entre otros, a través de equipajes preparados a los efectos (doble fondo); o mediante empresas asociadas a la actividad de exportación”.
La banda, que finalmente fue desbaratada “se encontraba integrada al menos por Fabián Andrés Martínez Grajales, Reymond Anthony Martínez Grajales, John Eduard Martínez Grajales, Jesús Antonio Yepes Gaviria, Claudia Natalia Arias Celis, David Fernando Maecha González, David Andrés Acevedo Muñoz, José Julián Hernández, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas Núñez, John Hamilton Rojas Núñez, Oscar Matías Morfulis, Roberto Alfonso Reyes y Alfonso Moreno Santos.
Después de un año de investigación, se pudo descubrir “que la organización utilizaba varias empresas como vehículo para dar apariencia de licitud a las ganancias obtenidas por el tráfico de estupefacientes, entre las que se cuentan: Yepes y Arias S.R.L.,Gerentenet.com S.A. (hoy Gerentecars S.A.),Mpc auto class S.A., Football group International S.A., Supermercado Compra ya S.R.L., Programa Pymes S.R.L., Importaciones, Exportaciones e inversiones colombianas S.A. y el lavadero de autos Los magníficos, ubicado en Nordelta”.
La Justicia también determinó que “Varios de los miembros de la banda residían en el barrio privado Nordelta y tenían como punto de reuniones la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de El Talar”. Juez y fiscal también pudieron determinar “las vinculaciones de la banda con reconocidos personajes del narcotráfico colombiano, como ser Henry de Jesús López Londoño, Alejandro Gracia Álvarez (vinculado a Ignacio Álvarez Meyendorff) y las bandas de “Los Machos” y “Los Urabeños”, tal como ya explicó “Democracia”, que operan desde el Valle del Cauca, en Cali.
Siempre según el relato de la causa “mediante escuchas telefónicas pudo inducirse el arribo de un cargamento, que habría salido de la República del Perú con destino a Bolivia y habría sido recogido por Mario Morfulis, quien se habría encargado del ingreso del material estupefaciente al país, particularmente a la provincia de Salta y, junto a Rivero Morán y Alfonso Moreno Santos habría llevado el cargamento a Buenos Aires, donde se encontraron con Roberto Reyes.
Este descubrimiento derivó en que “el 28 de octubre de 2013, fueron interceptados por personal correspondiente a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Se hallaron 113,640 kilogramos de clorhidrato de cocaína escondidos en el piso de la cabina de una de sus camionetas y se procedió a la detención de los cuatro sujetos mencionados”.
Después de ese procedimiento exitoso el juez federal dispuso “29 allanamientos en distintos domicilios vinculados a los imputados y se detuvo a Fabián Andrés Martínez Grajales, John Eduard Martínez Grajales, Jesús Antonio Yepes Gaviria, Claudia Natalia Arias Celis, David Andrés Acevedo Muñoz, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas Núñez y John Hamilton Rojas Núñez, a quienes se les recibió declaración indagatoria”.
Un mes y medio después, el 4 de diciembre de 2013, “se dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas Núñez, John Eduard Martínez Grajales, Fabián Andrés Martínez Grajales, John Mario Rivero Morán, Alfonso Moreno Santos, Oscar Matías Morfulis y Roberto Alfonso Reyes por considerarlos coautores del delito previsto y reprimido en el artículo 5° inciso ‘c’ de la Ley 23.737, en la modalidad de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo”.
La causa también describe que “se dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Jesús Antonio Yepes Gaviria, Claudia Natalia Arias Celis, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, John Eduard Martínez Grajales, y David Andrés Acevedo Muñoz.
Tres meses después, el 10 de marzo de 2014, a raíz de una sugerencia efectuada por la UIF “el juez procedió a decretar la inhibición general de bienes respecto de 11 personas físicas y 8 personas jurídicas”. A partir de los informes labrados por la UIF y el Banco Central de la República Argentina, “se pudo determinar una reiterada intervención en las operaciones comerciales llevadas a cabo por Arias Celis y Yepes Gaviria de varias empresas vinculadas al arquitecto Walter Mosca que realizan operaciones inmobiliarias en Nordelta, entre las que se destacan Oda desarrollos S.A., Complejo bahía S.A. y varios fideicomisos”.
Siempre según el expediente judicial “esas operaciones estarían destinadas a lavar dinero proveniente del narcotráfico”. A raíz de ello, el pasado 7 de abril se realizaron 13 nuevos allanamientos a domicilios vinculados con estas empresas, incautándose copiosa documentación”. El 16 de junio pasado, y con el objeto de “asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas”, el juez Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez; y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las firmas Oda Desarrollos S.A.; Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande S.A. 
El patrimonio embargado por la Justicia y solicitado por la UIF, está conformado principalmente por fideicomisos para el desarrollo inmobiliario, varios de ellos en el exclusivo complejo de Nordelta; además de campos y estancias y 17 vehículos de alta gama.
En los últimos días, según pudo saber este semanario, el juez federal Santa Marina ordenó “un embargo preventivo sobre dos bienes inmuebles del empresario Walter Mosca, ubicados en la calle Santiago Temple 1868 y 2129, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, y sobre una propiedad ubicada en la calle Gaspar Campos 481 del partido de Vicente López, cuyo dueño es Juan Carlos Di Filippo, socio de Mosca. La medida incluye la cuenta corriente 1131-04340-5 del Banco Comafi, cuya titularidad corresponde a Oda Desarrollos S.A., que llevó a cabo la construcción de Nordelta”.
Mosca es el nexo argentino de la banda de narcos y lavadores de activos, para la canalización del dinero del tráfico de estupefacientes en inversiones inmobiliarias y empresas. Como ya se informó, una de las principales construcciones realizada a través de la firma Oda es el Hotel Intercontinental, que se instaló hace varios años dentro de Nordelta.
Para la Unidad de Información Financiera de Sbatella, no hay ningún tipo de dudas sobre la participación de los empresarios argentinos procesados en la causa, ligados a los fideicomisos para desarrollos inmobiliarios en el complejo Nordelta, entre los que se encuentra el arquitecto Mosca, que utilizaban esas pantallas empresariales y una compleja red económica para lavar millones de dólares que provenían de trafico de drogas a nivel internacional y a gran escala.
En la Justicia tampoco quedan dudas sobre la vinculación de los argentinos con organizaciones narco colombianas que tienen ramificaciones en diversos países, como Bolivia y Perú. De hecho, tanto en México como en Colombia, los Estados Unidos, y ahora también en la Argentina, es muy común la utilización de los fideicomisos para ingresar a los narcos al negocio y desde allí lavar sus activos y pasarlos al circuito financiero legal.
Esta es una de las formas más comunes de actuar de estas mafias integradas por hombres y mujeres inescrupulosos que pasan desapercibidos, sobre todo en complejos como los de Nordelta. Justamente esta es una de las metodologías descriptas en el libro “El G 9 de las mafias en el mundo”, una imperdible investigación realizada y publicada por el comisario de la policía francesa y doctor en derecho, Jean-Francois Gayraud.
Allí el especialista sostiene que “mientras un mundo obsesionado por la guerra contra el terrorismo mira hacia otro lado, el crimen organizado ha salido de la marginalidad y se ha instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos”.
Es más, el propio comisario francés en su libro explica que “el terrorismo se propone la destrucción del sistema contra el que lucha, y, en consecuencia, se sitúa fuera de él. Por el contrario, las mafias viven del sistema, hasta el punto de constituir un engranaje más”, tal como ocurrió en Nordelta y tal como queda evidenciado en los expedientes del juez Santa Marina y de la UIF.
Y esto es tan así que en el libro “El G 9 de las mafias en el mundo” se asegura –tal como en el caso que nos ocupa hoy– que “en ocasiones las mafias se valen de una razón social o de una cobertura política” para construír “sus imperios que no tienen apego a ningún lugar, pero se alían a una o varias enseñas políticas para adquirir una identidad histórica y geográfica”.
La investigación del comisario francés que es material de lectura especializada describe en uno de sus capítulos que i algo caracteriza a los capos, si los integrantes de las mafias, entre ellas las del narco lavado, son sus “poderes discretos, ocultos”, características que omitió por completo el arquitecto Mosca, hoy detenido y cuya causa la UI solicitará que se eleve a juicio oral y público ya que las pruebas que pesan en su contra son contundentes.
Es que una de las principales operaciones sospechosas de lavado de dinero que encabezó este arquitecto fue la construcción del hotel cinco estrellas en Nordelta. Su inauguración fue celebrada en el año 2011 y en esa época, según las fotos que se publicaron en los medios, entre ellas en el diario Perfil, Mosca cortó la cinta junto al hoy diputado nacional, y por entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, uno de los principales candidatos a la presidencia de la nación en las elecciones de 2015 por su Frente Renovador.
Junto a ellos también estaban el empresario Eduardo Costantini; Federico Scarabino, por entonces vicepresidente de la Cámara de Senadores bonaerense; Eduardo Camaño, ministro de Gobierno de la provincia; Álvaro Diago, presidente del Hotel Intercontinental, y Marcelo Macagno, socio de Invest S.A.
Una vez que estalló el tema del narco-lavado en el complejo Nordelta y las conexiones de Mosca y su hotel, el diputado Massa fue consultado sobre el tema y dijo: “Los narcos y los que les lavan la plata, que se pudran en la cárcel. Construyan en Tigre, Calafate o Puerto Madero”. Pero cuando se le preguntó sobre Walter Mosca, el jefe del Frente Renovador prefirió no opinar.
Sin embargo, a favor de Massa y de los otros asistentes al acto y al corte de cinta inaugural, les cabe el beneficio de la duda ya que varios de ellos, como el propio ex intendente, podrían haber asistido al evento en forma protocolar, dada su investidura.
Sin embargo, cuando Massa realiza campaña política con el tema de la inseguridad y ataca las políticas del Gobierno nacional, Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, se muestra impiadoso al recordarle que en su municipio funciona Nordelta y que allí se encuentran los más grandes aguantaderos de colombianos vinculados al tráfico de drogas en el país.
El diputado no tuvo problema en bromear junto a Eduardo Constantini, desarrollador de Nordelta, sobre la causa: “Ah, nos juntamos el jefe de los narcos y vos que sos el dueño de la capital de los narcos”. Más allá de eso, ha declarado que “se debe combatir al narcotráfico, esté donde esté. Desde Puerto Madero hasta Catamarca”.
La causa judicial que tramita el juez Santa Marina también se nutre de abundante documentación aportada por la AFIP, organismo a cargo de Ricardo Echegaray. De la lectura de esa información se puede establecer que para los organismos de control, el patrimonio de los integrantes de esta banda de narcos y lavadores de activos excede ampliamente los movimientos de fondos bancarios, ya que el dinero en efectivo es otro de los denominadores comunes en la adquisición de bienes inmuebles llevados a cabo durante los últimos años.
Según describió el propio Sergio Berni a “Democracia” “la droga y los dólares negros entrarían al municipio de Tigre por dos vías: en primer lugar, en base a detenciones y escuchas, se constató que buena parte de los narcos instalados en la zona del Delta ingresaron dinero desde Colombia y otros lugares del mundo” y que “estos montos se blanquearon vía compra de propiedades e instalación de sociedades”, como ya se detalló.
Como se ve, la causa que no ha producido hasta ahora un gran revuelo mediático, quizás por el municipio donde está centrada la maniobra y sus referentes políticos, avanza a paso de gigante aunque ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá avalar o desestimar las medidas que hasta el momento adoptó el juez federal, ya que los abogados de los detenidos apelaron las acciones encaradas por la Justicia y alguno de los allanamientos realizados por los efectivos a cargo de Sergio Berni.
Por eso los próximos días serán clave para conocer si la causa avanza hacia el juicio oral, como solicitó la UIF, o se aletarga o incluso extingue como ocurrió otras veces con investigaciones de envergadura, donde se intenta que las verdaderas mafias enquistadas en la sociedad sean desbaratadas por los buenos investigadores, jueces, fiscales y funcionarios.
Sucede que detrás de estas mafias muchas veces se oculta el verdadero poder. Es que ya lo dijo Francesco Forgione, el historiador y sociólogo y ex presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia: “La mafia es mafia por su relación con la política y las instituciones”.
La llegada de las mafias al país no es nueva. Hay registros concretos en los años ’90 y después también, que no solo fueron narcos colombianos, mexicanos u ecuatorianos –como ocurrió la semana pasada cuando once de ellos fueron descubiertos trasportando más de 30 kilos de cocaína–; sino también caracterizados mafiosos itaianos que pertenecían a las mafias de la “Cosa Nostra” y de la “Ndrangheta”.
De hecho Francesco Forgione, en su documentado libro de investigación “Mafia export”, un seguimiento impecable de cómo estas “han colonizado el mundo”, detalla, a través de un minucioso rastreo de causas judiciales que “en Buenos Aires había encontrado refugio el prófugo –de la justicia italiana– Pietro Armando Bonanno, de Trapani, detenido en la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2005” y explica que Bonanno, elemento de primera fila de la “Cosa Nostra” trapense y jefe de la familia de Paceco, había sido condenado a cadena perpetua por “asociación mafiosa, homicidio y otros delitos graves”.
Ese mismo especialista de las mafias italianas que desembarcaron en nuestro país, explica que las actividades delictivas de estos y otros grupos mafiosos delictivos en la Argentina y en el mundo no sería posible “sin la cobertura de la política y las instituciones, y sin los servicios de diversos sectores de la burguesía”, y entiende que sin estas complicidades “los mafiosos habrían quedado en meros delincuentes, peligrosos pero comunes. Hoy, en cambio, se cuentan entre los sujetos más modernos y dinámicos de las finanzas y la economía global”.
Cualquier semejanza con la Argentina… es mera coincidencia. ¿O no?

Fuente: Semanario Democracia

2 comentarios:

  1. Creo sin embargo que ODA SA amen de construcciones en Nordelta es adjuticataria de la municipalidad de Tigre....

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  2. ¡JA! Demostrar la realidad es un insulto a la verdad.

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