Fuente: Jacobin
Link de origen:
https://jacobinlat.com/2026/05/la-red-autocratica/
Mientras buscamos forjar un nuevo internacionalismo de izquierda, debemos reconocer a qué nos enfrentamos: una red global de extrema derecha que subvierte y parodia las estructuras liberales heredadas. ¿Es posible una alternativa democrática más radical?
Después de que un pistolero intentara matarlo en un acto de campaña en julio de 2024, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber recibido «una bala por la democracia». En la misma línea, cuando asumió nuevamente la presidencia a principios de 2025, Trump anunció que su elección era una oportunidad para revertir una «horrible traición» y devolverle la «democracia» y la «libertad» a su pueblo. Sin embargo, en cuestión de meses, su administración había lanzado múltiples ataques contra las mismas estructuras democráticas que supuestamente defendía, con actos ejecutivos que invadían las prerrogativas del Congreso, suspendían derechos de ciudadanía, limitaban el derecho a la protesta pacífica, recortaban la independencia de las universidades y criminalizaban a los inmigrantes. Entre enero y mayo de 2025, los tribunales federales estadounidenses bloquearon o suspendieron temporalmente 145 medidas ejecutivas consideradas inconstitucionales.
Aproximadamente al mismo tiempo, en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro enfrentó acusaciones por conspirar para dar un golpe de Estado con el fin de derrocar —y en última instancia asesinar— a Luiz Inácio «Lula» da Silva, ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. A pesar de ser procesado con abundante evidencia recopilada por la Policía Federal de Brasil, y de contar con el derecho a la defensa y al debido proceso legal, Bolsonaro y sus aliados acusaron al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes —el magistrado principal del caso—, de ser un «tirano» y un «dictador». Sus afirmaciones fueron respaldadas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien sancionó a Moraes por «graves violaciones de los derechos humanos».
Antes, en 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le ordenó a personal militar y a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) invadir el edificio legislativo, para «presionar» a los parlamentarios para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares destinado a financiar un plan de seguridad. La medida, dijo, era meramente un «acto de presencia». «Si yo fuera un dictador —afirmó— o alguien que no respeta la democracia, ya me habría tomado el control de todo». De manera similar, poco después de asumir el cargo en 2023, el presidente argentino Javier Milei prometió utilizar tecnologías de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes en las protestas antigubernamentales y recortarles las ayudas y beneficios sociales del Estado. Irónicamente, envolvió su amenaza autoritaria con su eslogan de campaña: «¡Viva la Libertad, carajo!». Los comentarios más inquietantes sobre el proyecto de ley «antipiquetes» de Milei provinieron, sin embargo, de la entonces ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien dijo: «El orden y la ley generan libertad, y la libertad genera progreso. Hay entre 8.000 y 12.000 piquetes por año en nuestro país. Esto arruina la economía, las familias y genera desigualdad».
Estas afirmaciones de los aliados de extrema derecha del hemisferio, que invocan la democracia, la libertad, la igualdad y los derechos humanos, suenan extrañas y disonantes, pero de alguna manera se normalizaron en el panorama político actual. Al entrar en el segundo cuarto del siglo XXI, los líderes autocráticos y los movimientos extremistas parecen tener la mano ganadora en las disputas narrativas y los resultados electorales. Infiltrándose primero en las estructuras democráticas, el autoritarismo contemporáneo buscó legitimidad a través de la competencia electoral, logrando presentarse como un contendiente legítimo en las disputas democráticas. Ahora, empoderado por los resultados electorales y las alianzas corporativas que le otorgaron cargos ejecutivos y escaños parlamentarios a sus líderes y partidos, la agenda autocrática contemporánea ya no es clandestina, sino que entra por la puerta principal y anuncia su llegada. Sin embargo, curiosamente, se aferra a los símbolos de la democracia y la igualdad al hacerlo.
En todo el mundo, a través de movimientos autoritarios muy diferentes, parece existir una retórica común: estos líderes se proclaman como los verdaderos demócratas y los únicos capaces de restaurar la soberanía nacional. Sus enemigos, en este contexto, se convierten en tiranos y dictadores, y toda restricción política o limitación legal a sus acciones es opresión. Promover la exclusión, suprimir violentamente los derechos y entregar la autoridad del Estado a entidades privadas o aliados ideológicos extranjeros debería ser incompatible con cualquier noción aceptable de democracia o soberanía popular. Pero tales principios se distorsionan en la retórica autoritaria, y esta tergiversación del significado podría ser precisamente un elemento crucial del éxito electoral de los autócratas.
El autoritarismo contemporáneo y la nueva derecha
El autoritarismo del siglo XXI gira en torno a un conjunto de líderes carismáticos que son generalmente —y de manera imprecisa— etiquetados como «populistas» o «neopopulistas»: etiquetas que, como nos ha advertido el teórico político Benjamin Arditi, atraen la atención hacia el populismo como táctica antes que como ideología concreta. La ofensiva, de hecho, proviene de una casta de etnonacionalistas, ultraconservadores y neofascistas, alineados con los ultralibertarios y los «radicales del mercado» en el extremo derecho del espectro político. Una vez en el poder, se apoyan en argumentos de respaldo popular para coaccionar a los opositores, paralizar las restricciones institucionales y recortar derechos y protecciones sociales. Impulsadas por avances electorales, las formas de gobierno autoritario contemporáneas distorsionan y agotan las instituciones democráticas, mientras logran mantenerlas en pie.
Más allá de los ejemplos estelares de Trump y Bolsonaro, el autoritarismo contemporáneo encuentra sus casos de manual en el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, donde las mayorías parlamentarias les otorgaron poderes amplísimos a estos líderes ejecutivos. Tales casos revelan que el ascenso de los autócratas no depende de la estructura de los sistemas políticos. Mientras que algunos emergen con el respaldo de partidos fuertes con profundas raíces sociales, otros se aprovechan de un partidismo fragmentado y volátil.
Los procesos de autocratización contemporáneos no son ni lineales ni rígidos, y ciertamente no se limitan a asegurar y expandir el liderazgo ejecutivo. En muchos países, las plataformas antidemocráticas encuentran espacio para respirar en los gobiernos de centroderecha y centroizquierda, o aprovechan sus crecientes bases electorales como fuerza de presión. Bolsonaro, por ejemplo, perdió su candidatura a la reelección en 2022, pero siguió siendo una tendencia política fuerte y aprovechó una mayoría parlamentaria en su coalición de apoyo, recortando significativamente la agenda programática de Lula. En otras partes de las Américas, la nueva derecha ha obtenido importantes victorias políticas, no solo asegurando cargos en El Salvador con Bukele y Milei en Argentina, sino también cosechando notables éxitos en la oposición, como Rafael López Aliaga en Perú y José Antonio Kast en Chile, quien ganó la presidencia a finales de 2025.
De manera similar, los partidos de extrema derecha europeos han obtenido posiciones parlamentarias significativas, participando cada vez más en la formación de gobiernos e incluso influyendo en las políticas desde fuera de las coaliciones. En Austria, por ejemplo, el Partido de la Libertad (FPÖ) quedó primero en las elecciones nacionales de 2024, pero no logró formar gobierno. La coalición resultante excluyó al FPÖ, pero responde a la presión vocal de su electorado con políticas antiinmigrantes, como la prohibición del uso del velo en las escuelas. El panorama es ampliamente similar en los Países Bajos, donde una coalición liderada por el Partido por la Libertad de Geert Wilders se desmoronó recientemente por no ser «suficientemente dura» en materia de políticas migratorias.
Tras perder una candidatura parlamentaria en 2023, el partido polaco Ley y Justicia reafirmó su fuerza en la carrera presidencial de 2025, dos años después de ser derrotado en las elecciones parlamentarias por la Coalición Cívica. En Alemania, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, liderado por Alice Weidel, se convirtió en el segundo partido más grande del Bundestag; asimismo, Chega en Portugal y Vox en España emergieron como fuertes voces reaccionarias de oposición. En Italia, el atractivo personal de la primera ministra Giorgia Meloni llevó al partido nacional-conservador Hermanos de Italia (Fratelli d’Italia) a la presidencia, y su moderación del euroescepticismo la hace aparecer como una líder de derecha radical aceptable para sus contrapartes liberal-democráticas. E incluso en países donde los gobiernos centristas lograron aislar a la extrema derecha, como en Francia y el Reino Unido, la inestabilidad política le dio dado paso a políticas cada vez más antidemocráticas y desplazó el espectro político hacia la derecha (en parte con la complicidad de la centroizquierda).
Esta fortaleza electoral, sin embargo, no refleja necesariamente la prevalencia de la ideología de extrema derecha en los electorados. Si bien lograron ampliar sus bastiones, la mayoría aún depende de persuadir a electorados más amplios y no comprometidos. Su éxito, por lo tanto, depende de responder a las inseguridades materiales, los efectos nocivos de la concentración del ingreso y a una sensación generalizada de desempoderamiento político. Aprovechando a menudo el cansancio y la insatisfacción general del público con un Estado restringido e indiferente, algunos de estos movimientos ofrecen variaciones sobre el grito de guerra de «recuperar el control», en una compleja distorsión de la soberanía popular y nacional. Esto resuena en electorados que van más allá de los ultraconservadores y los reaccionarios.
Más que la cruel exclusión de lo diferente, o la restauración reaccionaria de un supuesto orden, los movimientos autocráticos articulan también la promesa de eficacia política. Sin las ataduras de la «vieja política» ni de los enrevesados compromisos internacionales, se presentan como actores fuertes que van a cumplir sus promesas. Apelan a la desilusión, a la incredulidad total de que las alternativas democráticas mejorarán la vida de sus votantes, o a la idea de que algo indefinible va a cambiar. Este atractivo puede condensarse en grandes temas —como la inflación (tal fue el caso de las elecciones estadounidenses de 2024), la corrupción (como en las elecciones presidenciales brasileñas de 2018), o una burocracia estatal inflada (como en Argentina en 2023)— o bien en demandas sociales vagas. En cualquier caso, más que instrumentalizar el racismo, la xenofobia y el conservadurismo moral, los nuevos autócratas movilizan la esperanza. Esto les permite a los movimientos autocráticos instilar entusiasmo revolucionario y sentido de pertenencia comunitaria.
Más allá de la mano dura
Para apelar a bases electorales más amplias y diversas, el autoritarismo contemporáneo no puede apoyarse únicamente en las promesas de mano dura para restablecer el orden ni esperar una delegación incondicional del poder a un líder omniproveedor. La fantasía absolutista del ejercicio monocrático del poder, patrocinada, por ejemplo, por el bloguero de extrema derecha y héroe del MAGA Curtis Yarvin —elevado al estatus de «intelectual público» con la ayuda de los medios de comunicación principales estadounidenses—, no aportó nada para desinflar la burbuja. En los países donde el autoritarismo prospera actualmente —desde los sistemas representativos de larga data como los de Europa Occidental o los Estados Unidos hasta las constituciones democráticas relativamente más nuevas adoptadas en los países latinoamericanos, africanos, del Pacífico Sur y postsoviéticos en las últimas décadas del siglo XX—, la democracia consolidó su posición como la única forma legítima de organización política. En la diversidad de sus espectros políticos, estos países tendieron a reconocer el pluralismo, los derechos de las minorías y la legitimidad de la disidencia como condiciones mínimas para una gobernanza justa, incluso cuando persistían los debates sobre los arreglos institucionales y su capacidad para implementar políticas democráticas de amplio alcance. Los autócratas contemporáneos, por lo tanto, tienen que lidiar con una experiencia colectiva de inclusión democrática y luchas emancipadoras.
Este ajuste de cuentas da lugar a un rasgo fundamental —y aparentemente paradójico— del autoritarismo contemporáneo: hasta ahora preservó las elecciones competitivas, presentándose como la única alternativa a la restauración de la democracia, cuyo significado fue, en muchos sentidos, vaciado por la tecnocracia liberal. Los líderes autoritarios saben que para alcanzar y expandir su poder a través de los resultados electorales, deben negociar su autoridad con votantes que no aceptarán el despotismo, incluidos miembros de las minorías emancipadas a cuyas principales bases de apoyo desean excluir. Tienen que ofrecer eficacia política a través de medios democráticos, ya que sus electorados están motivados por la posibilidad de ejercer agencia sobre el gobierno.
Al apropiarse de las nociones de democracia y libertad como propias, los autócratas contemporáneos, a su vez, acusan a sus oponentes de ejercer una «violenta opresión», tildándolos de «tiranos» y «dictadores». Más que un mero tropo, esta subversión discursiva podría ser un elemento central del extraordinario poder de persuasión del autoritarismo contemporáneo, que atraviesa realidades nacionales, sectores sociales y divisiones demográficas. Aunque una vez en el cargo rompan el pacto democrático que legitimó su ascenso, ignorando las promesas electorales de cumplimiento y enfrentando a menudo tasas de aprobación en caída, estos líderes siguen aferrándose a su autoproclamada pose de legítimos vectores de la voluntad popular, esperando posiblemente que sus propias versiones subvertidas y excluyentes de la democracia y la soberanía lleguen a prevalecer hasta el punto de volverse hegemónicas.
Resistiendo el impulso de contradecir a los autócratas y entrar en una batalla conceptual para restaurar el significado de la democracia, los demócratas pueden hacer mejor las cosas resistiendo activamente el vaciamiento y la cooptación de los medios democráticos de representación, protección social y rendición de cuentas en las instituciones políticas. Sobre todo, pueden transmitirle al electorado un mensaje claro sobre la agencia, la incidencia y la soberanía popular. Así como la memoria colectiva de la democracia le da forma al discurso autoritario, la experiencia de un pasado autocrático, compartida por muchos de los países que ahora se deslizan hacia el autoritarismo, ofrece una historia de advertencia. Y los demócratas pueden utilizar esta experiencia a su favor.
Este ensayo forma parte del proyecto After Order del Instituto Alameda, que examina las transformaciones de la soberanía en estos tiempos catastróficos.
Anna Raposo de Mello es investigadora y coordinadora de proyectos en Alameda e investigadora asociada en el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP).
Comentarios
Publicar un comentario