Nos Disparan desde el Campanario... La convergencia ideológica de la nueva ola reaccionaria... por Mònica Clua Losada
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Se repite hasta la saciedad: la extrema derecha avanza porque el “hombre blanco” está enfadado. Enfadado por las migraciones, por el feminismo, por la visibilidad LGTBI, por el cambio cultural, por una globalización que le habría robado empleo, prestigio y futuro. En este relato, la ola reaccionaria sería sobre todo una reacción emocional: un ajuste identitario ante la pérdida de estatus. Y como toda explicación sencilla, resulta útil: cabe en un titular, permite ordenar el caos y ofrece un culpable reconocible.
El problema es que esa explicación funciona como cortina de humo. No porque la dimensión afectiva no exista, sino porque se ha convertido en sustituto de la política. Al reducir el fenómeno a estados de ánimo —miedo, resentimiento, agravio— se elude la pregunta incómoda: ¿qué transformaciones materiales han producido el terreno sobre el que hoy se reorganiza la reacción? ¿Qué reorganización del Estado, del trabajo, de la vivienda, de la deuda y de la reproducción social ha convertido la inseguridad en un modo de vida, y esa inseguridad en combustible político?
Este relato tiene además un efecto político inmediato: invita al apaciguamiento. Si el problema es cultural, la solución parecería cultural: moderar el feminismo, aceptar que “algo habrá que hacer” con la inmigración, ceder terreno en derechos trans para evitar el conflicto, revestir de “sentido común” un giro punitivo en nombre de la convivencia. Es una operación conocida: transformar un conflicto de poder en cuestión de sensibilidades. Y, al hacerlo, legitimar el marco del adversario como punto de partida.
Aquí propongo otra lectura. Lo que vivimos no es un estallido espontáneo de malestar identitario, sino la consolidación de un proyecto político global que se acelera porque el neoliberalismo autoritario ha entrado en fase de agotamiento. El neoliberalismo fue autoritario desde el inicio: nació para limitar la democracia allí donde amenazaba la acumulación. La novedad es que, ante el desgaste de su legitimidad, endurece su forma política y se apoya en una convergencia de corrientes reaccionarias para sostener lo que ya no puede sostener por consenso.
Para entender lo que ocurre hay que volver a 2008. La crisis financiera no fue una recesión más. Fue el momento en que el modelo de acumulación basado en la financiarización desbordó sus límites. Durante décadas, el crecimiento se sostuvo sobre deuda, burbujas inmobiliarias y expansión crediticia. Cuando ese edificio se vino abajo, lo que quedó al descubierto no fue solo la irresponsabilidad de algunos bancos, sino la arquitectura entera del neoliberalismo.
Los Estados rescataron al sistema financiero con recursos públicos y, acto seguido, impusieron austeridad a las mayorías. Se socializaron las pérdidas y se privatizaron las consecuencias. Esa gestión deterioró la legitimidad institucional y dejó a amplias capas atrapadas entre desempleo, precariedad y deuda. Pero, lejos de producir apatía generalizada, activó algo que el neoliberalismo llevaba décadas intentando desarticular: la capacidad de organización colectiva.
En 2011 las plazas se llenaron. El 15M no fue un accidente. Expresó un malestar que ya no cabía en el marco institucional. “No nos representan” apuntaba a algo más profundo que la corrupción: la sensación de que las decisiones fundamentales estaban fuera del alcance democrático. Ese mismo año, Occupy Wall Street puso en el centro la brecha entre el 1% y el 99%. En el mundo árabe, levantamientos masivos cuestionaron regímenes sostenidos durante décadas. Gezi en Turquía desbordó su origen ambiental. Años después, Chile mostró cómo una chispa (el transporte) podía encender una impugnación general con horizonte constituyente. En Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, millones salieron a la calle en una de las mayores movilizaciones desde la época de los derechos civiles.
No eran episodios aislados. Era un ciclo, con un rasgo común: el cuestionamiento de la desigualdad estructural y de la captura de la política por el capital financiero. En el Estado español, ese ciclo adoptó múltiples formas: mareas en defensa de sanidad y educación, la PAH señalando a bancos y fondos responsables de desahucios, huelgas feministas que colocaron la reproducción social en el centro del debate público. La crisis dejó de ser fenómeno abstracto y se convirtió en experiencia cotidiana: alquileres imposibles, salarios que no alcanzan, vidas hipotecadas.
El 1 de octubre de 2017 en Cataluña debe leerse dentro de ese contexto. No fue únicamente un conflicto territorial ni una disputa jurídica sobre soberanía. Fue un momento de desbordamiento del marco institucional, de autoorganización y de ruptura emancipatoria. Aunque fugaz y atravesado por contradicciones, permitió experimentar que el orden no era inamovible. Unas instituciones desbordadas por el movimiento popular acabaron desobedeciendo a un estado incapaz de gestionar los conflictos nacionales de forma democrática. Ese tipo de momentos muestran el carácter inacabado (e inacabable) de la hegemonía, y en su conjunto, provocan la necesidad de reconfigurar las relaciones sociales y políticas existentes.
Entre 2011 y 2020 se abrió, en distintos lugares, la posibilidad de que el conflicto social volviera a nombrarse en términos de clase, aunque ya no en el lenguaje clásico del siglo XX. Se articuló con feminismo, antirracismo, vivienda, conflictos territoriales. No llegó a consolidarse como proyecto hegemónico, pero fue suficiente para encender alarmas entre quienes habían administrado la crisis en clave de disciplina. La ola reaccionaria surge sobre ese terreno: no para “calmar” a nadie, sino para redirigir el conflicto antes de que cristalice en algo más peligroso para quienes concentran poder.
Recientemente, parte de las élites económicas empezó a hablar con una franqueza poco habitual. Una de esas intervenciones fue la de Peter Thiel, figura central del tecnofascimo, y fundador de Paypal y Palantir. En una entrevista difundida a finales de 2025, afirmó que, si conviertes a la gente joven en proletarios, no deberías sorprenderte si se vuelven comunistas.
La frase condensa un diagnóstico estratégico. Lo que inquieta no es el “exceso” cultural, sino la posibilidad de que condiciones materiales terminen en conciencia de clase. Una generación sin acceso a la vivienda, cargada de deuda, encadenando trabajos precarios y enfrentada a un horizonte ecológico incierto puede empezar a interpretar su situación en términos estructurales: preguntarse quién se beneficia, cómo se organiza la desigualdad, qué papel juegan fondos, bancos, rentas y los Estados.
Por eso el desplazamiento es clave. Una de las operaciones más eficaces ha sido reconvertir el conflicto social en conflicto generacional. La crisis de vivienda deja de leerse como resultado de la financiarización y se presenta como consecuencia de que “los mayores acaparan propiedades”. La tensión presupuestaria se convierte en guerra entre pensiones y futuro juvenil. El conflicto se horizontaliza y se fragmenta. El marco se alimenta de datos reales, pero los reinterpreta para desviar el foco: la atención se aleja de las relaciones sociales de la propiedad y se centra en identidades generacionales, étnicas, religiosas o de género.
El desplazamiento, por lo tanto, opera en clave cultural. La precariedad laboral, la externalización de servicios o la degradación de lo público quedan subordinadas a pánicos morales (género, inmigración, seguridad). Y se completa con un tercer movimiento: la securitización del conflicto social. Solidaridad con Palestina, acampadas universitarias, protestas climáticas: todo puede traducirse a amenaza interna. La izquierda deja de ser adversario legítimo y pasa a figurar como enemigo a neutralizar. La guerra cultural no sustituye al conflicto económico: lo cubre y lo reorganiza.
Sobre ese terreno se articula la convergencia ideológica de la ola reaccionaria que hoy vemos. Esta ola no responde a una tradición única. Es una alineación funcional entre corrientes heterogéneas que se necesitan y, a la vez, existen en tensión y contradicción.
1) Neoliberalismo autoritario. Es el núcleo estructural. No se trata de “menos Estado”, sino de un Estado reconfigurado para proteger la propiedad privada, disciplinar trabajo y aislar decisiones del control popular. Lo nuevo no es su autoritarismo, sino la necesidad de endurecer su forma política ante el desgaste de legitimidad. Su prioridad sigue siendo la acumulación: contratos, rentas, financiarización, plataformas. Las guerras culturales pueden dominar titulares, pero el eje material no se mueve.
2) Nacionalconservadurismo. Funciona como bisagra institucional y como terreno de disputa. Durante el apogeo neoliberal, pudo combinar identidad nacional con reformas de mercado. Cuando esa promesa se rompe, emerge una tensión difícil de sostener: soberanía simbólica frente a capital transnacional. Por eso oscila, se fragmenta, duda, y ahí se vuelve objeto de disciplinamiento. En Cataluña, la reconfiguración del campo nacionalconservador es un laboratorio: la convergencia empuja a reconducir el conflicto hacia marcos de orden moral y exclusión.
3) Herederos del fascismo. Radicalizan el campo, elevan el umbral de lo decible, normalizan la excepción. En España operan sobre una memoria histórica incompleta: la Transición reorganizó el sistema, pero no produjo una ruptura fuerte con el franquismo; parte de la cultura autoritaria quedó disponible. En el espacio catalán, Aliança Catalana actúa como mecanismo de desarticulación: reapropia lenguaje de “pueblo” y “soberanía” para vaciarlo de contenido emancipador y llenarlo de etnonacionalismo punitivo. El enemigo deja de ser el régimen o la precarización y pasa a ser el islam, la feminista, “el progre”.
Aquí aparece una contradicción estructural: Israel. Su centralidad geopolítica y securitaria entra en fricción con genealogías antisemitas presentes en sectores de esta corriente. Esa tensión no se resuelve: se gestiona, se desplaza, se codifica. Precisamente por eso es una fisura.
4) Fundamentalismo cristiano. Aporta legitimidad moral, especialmente mediante la guerra antigénero. El crecimiento evangélico en el Estado español, América Latina y EEUU, con raíces en redes anticomunistas de los setenta, reconfigura la amenaza: hoy se llama “ideología de género”, “marxismo cultural”, “globalismo”. El Opus Dei continúa utilizando sus tentáculos institucionales para alimentar y educar a la reacción. España es un nodo relevante: Hazte Oír/CitizenGo exportan campañas y marcos antigénero, conectando activismo, financiación y presión institucional. La defensa de la “familia natural” desplaza el debate económico y legitima un punitivismo que intenta acabar con los feminismos y los derechos LGTBI.
5) Anarcocapitalismo y tecnolibertarismo. Su retórica es la fuga del Estado, pero su práctica es la reorganización del poder. The Sovereign Individual circula como texto de culto: el Estado-nación sería obsoleto, la regulación un obstáculo, la riqueza la vía para comprar soberanía privada. Búnkeres, enclaves, ciudades a medida (Próspera Inc. en Honduras), fantasías de colonización espacial (Marte) forman parte del mismo imaginario. No es anti-Estado: necesita Estado para contratos públicos, infraestructuras, seguridad.
6) Conspiracionismo, espiritualidades eugenésicas y ecofascismo. La pandemia activó una subjetividad de desconfianza sistémica: la ciencia como control, la salud pública como tiranía, la “libertad corporal” como derecho absoluto (siempre y cuando no se refiera a los derechos reproductivos). Movimientos como MAHA, asociados a RFK Jr., mezclan crítica a la ciencia médica, con un mercado en expansión de suplementos, biohacking y longevidad, y derivan hacia la desregulación de la sanidad. Aquí asoma una eugenesia “blanda”: optimización genética, jerarquías naturalizadas, ecofascismo que convierte la crisis climática en argumento para exclusión. Su función política es devastar el conocimiento científico y producir subjetividades compatibles con el giro autoritario.
Reconfiguración del poder y contradicciones
El núcleo de esta rearticulación no es cultural: es material. Se trata de reconfigurar el poder político y económico para garantizar que la acumulación continúe incluso cuando la legitimidad democrática se erosiona. La cuestión no es reducir el Estado, sino redefinir su función: de mediador social pasa a convertirse en garante directo de condiciones favorables al capital, aunque eso implique restringir la deliberación, endurecer marcos legales o intensificar la vigilancia.
El eje imperial —con la articulación estratégica entre Estados Unidos e Israel— opera como soporte y acelerador de esa reorganización: integración entre defensa, tecnología, inteligencia y gobernanza securitaria. La seguridad externa e interna tienden a fusionarse. Las izquierdas se convierten en amenaza. Las protestas se criminalizan. Pero incluso ahí emergen tensiones: la centralidad geopolítica de Israel no elimina las genealogías antisemitas presentes en sectores del campo reaccionario. Las desplaza, las recodifica, las mantiene en suspenso.
El punto decisivo es que esta convergencia no constituye un bloque coherente. Funciona mediante alineamientos parciales y enemigos compartidos, pero está atravesada por choques reales: soberanismo retórico frente a capital transnacional; moralismo cristiano frente a tecnolibertarismo reconvertido en tecnofascismo; fantasías de fuga frente a la necesidad de un aparato estatal fuerte; nacionalismos excluyentes que dependen de infraestructuras de la reacción globales (como por ejemplo la Red Atlas). Identificar estas fisuras y contradicciones, permiten evitar creer en la inevitabilidad del proyecto neofascista. No es un destino histórico inamovible, es una operación política diseñada, financiada y ordenada por un capitalismo incapaz de mantener la dominación neoliberal.
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