Nos Disparan desde el Campanario Letra chica, grandes negocios. El acuerdo EEUU – Ucrania… por Alejandro Marcó del Pont
Fuente: El Tábano Economista
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La neblina estratégica
es una buena solución para los distraídos
(El Tábano Economista)
Aranceles, deportaciones, anexiones
territoriales, control de minerales y energía, intimidación a otros países,
apuesta por los combustibles fósiles e incorporación de billonarios al
Gobierno, nada de lo que hace Donald Trump, como representante de la élite de
poder, es casual. Tampoco lo es el accionar del sistema corporativo del que
forma parte, con una estrategia global que va mucho más allá de sus exabruptos.
No se pueden entender los aranceles
de Trump sin analizar la lucha de las grandes corporaciones estadounidenses por
el control de recursos minerales, energía y rutas estratégicas. El mapa del
poder norteamericano no se sostiene sin enclaves como Groenlandia, el Canal de
Panamá, Ucrania o la República Democrática del Congo. No es casual que China
controle el 60% de las reservas mundiales de tierras raras y el 85% de su
procesamiento. Ese dato, por sí solo, explica buena parte del tablero
geoeconómico.
Estados Unidos ha dejado en claro que
su objetivo no es solo asistir a Ucrania militarmente, sino cobrar lo más
posible por esa ayuda, y pronto. La única forma de pago aceptada es la cesión
de sus recursos minerales: litio, titanio, grafito, oro, zinc, plomo, níquel y
tierras raras. A eso se suman uno de los suelos más fértiles de Europa y
reservas de carbón, que —aunque no son objetivo directo de Washington— sí están
en la mira de la Unión Europea, en plena disputa imperial por el control del
territorio ucraniano.
El modelo es claro: recursos a cambio
de supervivencia política. Lo mismo se vio en África. El presidente del Congo,
Félix Tshisekedi, ofreció a EE.UU. acceso a minerales clave para la industria
tecnológica a cambio de un “pacto formal de seguridad”. Un trueque de
permanencia en el poder. Mientras tanto, el grupo M23 —apoyado por Ruanda—
controla zonas ricas en oro, cobalto y tantalio del norte del Congo. El
ofrecimiento a Trump es una invitación a aplastar a M23 a cambio de minerales
esenciales para Apple, HP o Intel, o para el mejor postor.
Nada muy distinto a lo que ocurre en
Argentina, donde los recursos naturales también se entregan para sostener un
modelo de dependencia, ahora bajo el mando de Javier Milei. La lógica se
repite, bajo el disfraz de acuerdos bilaterales, se consolida una transferencia
estructural de soberanía.
El acuerdo firmado el 30 de abril
entre EE.UU. y Ucrania, vendido como un pacto para la reconstrucción, es en
realidad un affaire corporativo con cláusulas blindadas a 20 años. A cambio de
“beneficios y regalías mutuas”, Ucrania cede derechos sobre sus recursos
naturales, mientras empresas estadounidenses aseguran ganancias en dólares, con
rendiciones de cuenta tan difusas como la niebla que cubre Kiev.
Aunque los medios lo presentan como
una alianza estratégica, el documento dista de ser un tratado internacional.
Fue formalizado como memorándum de entendimiento, evitando así que
requiera aprobación de la Rada ucraniana (Parlamento). Un atajo legal para
eludir cualquier debate interno.
Según Financial Times, la
viceprimera ministra ucraniana Yulia Svyrydenko fue presionada en pleno vuelo
hacia Washington que la convino a estar
lista para firmar todos los acuerdos o regresar a casa«. Esa
“diplomacia” del Departamento del Tesoro pinta de cuerpo entero el margen de
maniobra que tuvo Ucrania: piedra, papel o tijera.
Los objetivos reales son los
recursos, control y exclusión de competidores, es decir Estados Unidos consigue
varias cosas a la vez:
Acceso a tierras raras (el segundo
mayor depósito de Europa).
Sustitución del combustible nuclear
ruso por tecnología de Westinghouse.
Exclusión de empresas chinas, como
China Rare Earth Group, de los yacimientos clave.
Consolidación del dominio empresarial
con contratos blindados hasta 2040.
Y todo esto sin ofrecer garantías de
seguridad explícitas. Ucrania deberá cumplir el acuerdo, haya o no acuerdo de
paz con Rusia.
El producto central de este acuerdo
es el llamado Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania
(FIR). Una sociedad entre la Corporación Financiera de Desarrollo
Internacional de EE.UU. y la Agencia de Apoyo a Asociaciones Público-Privadas
de Ucrania. El capital inicial: U$S 5.000 millones (50% EE.UU., 50% Ucrania +
UE).
EE.UU. aporta:
U$S 1.700 millones del presupuesto de
ayuda a Ucrania (2024-2025).
U$S 800 millones del DFC, destinados
a préstamos para empresas estadounidenses que operen en Ucrania.
Ucrania aporta:
U$S 900 millones por privatización de
activos estatales.
U$S 600 millones por emisión de
“Recovery Bonds 2030”.
U$S 1.000 millones de la UE.
La Junta Directiva estará
compuesta por 3 representantes de cada país. Los estadounidenses provienen del
Departamento de Estado, de Comercio y del sector privado. El elegido del sector
empresarial: James Litinsky, CEO de MP Materials, empresa que ya obtuvo
derechos exclusivos para explotar el 20% de las reservas de tierras raras de
Zhytomyr sin licitación pública, con inmunidad regulatoria hasta 2040 es el que
debería genera conflicto de intereses.
Aunque el acuerdo reafirma que los
recursos siguen siendo «propiedad soberana» de Ucrania, se establecen
mecanismos para la explotación y comercialización controlados por empresas
estadounidenses. Varias estatales funcionan como fachada del negocio:
UkrRudProm (minería), Naftogaz (gas), VostGOK (uranio) y Energoatom (nuclear).
Un caso emblemático es United Mining
and Chemical Company (UMCC), la empresa minera más importantes de Ucrania,
especializada en la extracción y procesamiento de minerales estratégicos,
principalmente titanio y circonio, esenciales para industrias de alta
tecnología y defensa, privatizada parcialmente desde 2023. Hoy el 49% está en
manos de fondos como Blackrock, Vanguard, State Street y Hancock Prospecting.
Su producto estrella: titanio para Boeing y Airbus.
El 22 de junio de 2023 entró en vigor
una nueva ley Nº 3137-IX que permite la privatización a gran escala, exhibiendo
las urgentes necesidades económicas de Ucrania. La guerra ha afectado las
finanzas públicas (casi la mitad del presupuesto de 2024 se financió con ayuda
extranjera) y ha dejado a muchas empresas estatales con un bajo rendimiento. La
privatización se considera una forma de aumentar los ingresos presupuestarios y
reducir el gasto fiscal en empresas estatales deficitarias.
El impulso simultáneo a la
privatización de activos estatales y la firma del acuerdo sobre minerales entre
Estados Unidos y Ucrania son iniciativas que se refuerzan mutuamente. Cada una
influye en la otra en términos de cambios regulatorios, dinámicas de inversión
y gestión de recursos estratégicos. Comprar empresas estatales durante la
guerra, es un gran negocio por la incertidumbre que hunde valor.
Los beneficios de estas empresas
tendrán exenciones fiscales y arancelarias. Ni Ucrania ni EE.UU. cobrarán
impuestos por esas ganancias. Se establece, formalmente, que los beneficios
serán reinvertidos en Ucrania. Sin embargo, se garantiza también la convertibilidad
libre del grivna a dólares, lo que levanta sospechas sobre la verdadera
dirección de esos flujos.
La convertibilidad busca facilitar la
repatriación de utilidades y protegerse de la devaluación del grivna. Además,
permite cubrir deudas emitidas en dólares, como los bonos corporativos de MP
Materials.
También se justifica por la necesidad
de importar bienes esenciales para la reconstrucción: tecnología nuclear,
maquinaria, repuestos, equipamiento. Todo eso se paga en dólares o euros. Pero
el punto central es otro. Las corporaciones necesitan ganancias en moneda dura
para satisfacer a sus accionistas globales.
Lejos de reconstruir a Ucrania, este
acuerdo la convierte en una plataforma de negocios para las corporaciones
estadounidenses, donde la soberanía se hipoteca en nombre de la inversión. La
letra chica revela, en realidad, el guion mayor del poder, un modelo
extractivo, blindado jurídicamente, legitimado por la narrativa de la ayuda y
ejecutado bajo presión diplomática. La niebla no está en Kiev, está en los ojos
de quienes aún creen que esto se trata de solidaridad internacional.
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*Alejandro Marcó del Pont, Licenciado en Economía de la UNLP. Autor y
editor del sitio especializado en temas económicos El Tábano Economista,
columnista radial, analista
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