Nos Disparan desde el Campanario Podemos derrotar a Milei y a la ultraderecha… por Pedro Perucca

 

 

Fuente: Jacobin

Link de Origen:

https://jacobinlat.com/2025/03/podemos-derrotar-a-milei-y-a-la-ultraderecha/

 

El gobierno de una ultraderecha cada vez más autoritaria y antidemocrática nos exige nuevos análisis y estrategias. Y existen recursos sociales de resistencia para la conformación de un frente antifascista que son alentadores.

El ciclo de resistencia y luchas sociales argentinas desde el inicio de la gestión de Gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, registró algunas movilizaciones históricas (como las que se realizaron en defensa de la universidad pública) e importantes períodos de quietismo. Más allá de un posible análisis un tanto superficial, gracias al que constatemos tranquilizadoramente que siguen existiendo reservas de energía de combate en grandes sectores sociales, sería importante tratar de comprender si podemos analizar estas altas y bajas e intervenir en la lucha con las mismas herramientas que en el ciclo anterior o debemos comenzar a forjar algunas nuevas.

 

Para abajo

El pasado 10 de diciembre, el Gobierno argentino de Javier Milei hacía el balance de su primer año de gestión con alegría, festejando un dato de inflación de 2,4% para el onceavo mes del año (algo que para cualquier otro país podría ser una cifra preocupante de inflación anual pero que en nuestra Argentina de los últimos tiempos resulta ser un dato mensual a la baja), celebrando junto a la extrema derecha internacional el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos (con la esperanza más o menos explícita de obtener beneficios políticos y económicos de su alineación sin mediaciones con la nueva administración estadounidense) y con el contexto local de lucha y resistencia social más bajo en varias décadas. 

Aunque la Confederación General del Trabajo (CGT) había iniciado su relación con el gobierno libertariano con dos muy tempranas huelgas generales (24 de enero y 9 de mayo de 2024), para el segundo semestre ya había abandonado la lucha frontal contra el oficialismo, empezado a ralear a los sectores gremiales relativamente más combativos y explicitado su apuesta por el «dialoguismo». Esta «estrategia» se sostuvo contra viento y marea hasta hace pocos días, cuando se anunció una tercera huelga general para el 10 de abril, incluso después de las reiteradas humillaciones a las que el Poder Ejecutivo sometió a los líderes sindicales, avanzando sin cuidado ni intento de negociación alguna con toda una serie de reformas regresivas de la legislación laboral, atacando el sistema de obras sociales e incluso acelerando el ritmo de los despidos en el Estado y la destrucción de distintos organismos públicos, incluyendo a algunos tan emblemáticos como los Espacios de la Memoria o el Archivo de la Memoria (testimonios de la última dictadura cívico-militar).

Tras la floja huelga convocada a fines de octubre por la Mesa Nacional del Transporte (herramienta con la que el líder camionero Pablo Moyano intentó, sin éxito, paralelizar la conducción cegetista para seguir presionando al oficialismo) y la salida del propio Moyano del triunvirato dirigente de la central obrera, el final de 2024 fue deprimente en cuanto a conflictividad social. Luchas gremiales testigo, como la de los trabajadores aeronáuticos, se cerraban silenciosamente, la huelga general que tímidamente se había evaluado para el último mes del año nunca se concretó y la mayoría de los sindicatos acabaron por aceptar el «techo» paritario fijado por el oficialismo (en muchos casos firmando aumentos salariales por debajo de la inflación, salvo dignas excepciones como bancarios o aceiteros, entre muy pocos otros). Con las organizaciones sociales muy golpeadas por la ofensiva económica y judicial que el Gobierno desató en su contra apenas asumió, ni siquiera se respetó la tradición de los «diciembres calientes» argentinos, que en otros años desembocaron en grandes movilizaciones populares para garantizar una digna mesa navideña. El año cerraba así con una Argentina desmovilizada, casi desconocida. 

 

Para arriba

Entusiasmado con ese escenario, Milei arrancó el año exultante, desbocado, defendiendo el saludo nazi de Elon Musk en la asunción de Trump y amenazando: «Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas, tiemblen» (esta última coma no estaba en el posteo original, pero no pude resistirme a la corrección). Las posteriores explicaciones de sus funcionarios de que nos iban a venir a buscar «para dialogar» no consiguieron tranquilizarnos del todo. En ese estado de ánimo triunfal, el presidente argentino participó del Foro Económico Mundial de Davos el 23 de enero, instancia en la que intentó ratificar su servil alineamiento con el presidente estadounidense, sosteniendo que «el wokismo es la epidemia que hay que curar y el cáncer que hay que extirpar» y listando de manera contundente a sus enemigos principales: «Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género». 

En su discurso sostuvo que la ideología de género «constituye lisa y llanamente abuso infantil» y que sus defensores «son pedófilos»; que las políticas trans «están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa»; que el «feminismo radical» es «una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante» porque «todo lo demás es búsqueda de privilegios» y que «hordas de migrantes» hoy «abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular». «Pero cuando uno cuestiona estas situaciones es tildado de racista, xenófobo o nazi», concluyó. 

Tras estos escandalosos dichos en Suiza grandes sectores de la sociedad argentina reaccionaron con furia y convocaron a una impactante y masiva «Marcha federal del orgullo antifascista, antirracista, LGBTIQ+» que el 1 de febrero sacudió la modorra veraniega del país. La protesta, nacida de una autoconvocada asamblea antifascista LGBTIQ+, fue multiplicada por organizaciones feministas y de la diversidad sexual, por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremios y partidos políticos. Aunque la marcha principal, que movilizó a cientos de miles de personas entre Congreso y Plaza de Mayo, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, se replicaron convocatorias en cerca de 130 ciudades argentinas (y hasta en 15 del extranjero, incluyendo a Lisboa, Madrid, Roma, París, Londres y Berlín). Quedó claro que la provocación discursiva contra algunas conquistas históricas había tocado puntos sensibles para grandes sectores sociales, que consideraron necesario marcarle un límite a la brutal verborrea presidencial.

Este auténtico punto de inflexión fue seguido por un gravísimo «error no forzado» del Gobierno: la estafa de la criptomoneda $LIBRA. El 14 de febrero a las 19, Milei publicó en su cuenta de X el llamado a invertir en el token $LIBRA, lanzado segundos antes, con un enlace al sitio donde se podía realizar la operación y los datos del contrato de la cripto. La publicación recién fue borrada después de la medianoche, cuando sus valores ya se habían desplomado, momento en que el presidente argentino intentó despegarse del escándalo afirmando que «no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto». Durante las primeras horas, y gracias a la difusión de Milei, la criptomoneda convocó a más de 44 mil inversores y multiplicó exponencialmente su valor hasta que sus creadores realizaron un clásico «rug pull» que hizo que perdiera en minutos el 89% de lo conseguido, dejándole ganancias de hasta 87 millones de dólares a algunas pocas cuentas y generando perjuicios (en algunos casos millonarios) para la gran mayoría de quienes creyeron en la promoción de Milei. El posterior análisis del caso develó también responsabilidades de su entorno, particularmente de su hermana Karina, donde imperaba una lógica de recaudación ilegal, por la que se cobraban sumas millonarias para garantizar reuniones con el presidente argentino. Más allá de las derivaciones judiciales del caso, tanto en Argentina como en Europa y Estados Unidos, la maniobra generó un importante quiebre de confianza de muchos de los seguidores de Milei y le adosó la etiqueta de «estafador», difícil de remover pese a la impúdica complicidad mediática con los intentos oficiales de lavarse las manos y esconder su evidente responsabilidad. Muchas encuestas señalan que a partir del caso la imagen negativa de Milei comenzó a superar a la positiva.

Con el perfil presidencial deteriorado y algunos datos macroeconómicos preocupantes, el oficialismo se abocó desesperadamente a intentar garantizar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permita llegar con algo de aire a las elecciones de medio término de este año. Con el aval del organismo de crédito internacional, que anticipó su voluntad de volver a prestarle al país una cifra que, según trascendidos (porque no hay informes oficiales) estaría entre los 10 y 20 mil millones de dólares (que se sumarían a los 44 mil millones ya entregados a la administración de Mauricio Macri, que en su mayor parte terminaron en la fuga de divisas), el Gobierno firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para habilitar el nuevo endeudamiento, pese a que la legislación vigente obliga a que este tipo de operaciones sean aprobadas por ley. En el cuestionable sistema legal argentino, basta con que una de las Cámaras del Congreso avale un DNU para que éste quede «blindado» y en vigencia. El oficialismo necesitaba de este apoyo legislativo y, sin sorpresa para nadie, lo obtuvo. 

Pero el significativo triunfo parlamentario se vio contrapesado por dos enormes movilizaciones callejeras, que los miércoles 12 y 19 de marzo, conmocionaron al país y plantearon un contraste indisimulable entre un inmenso sector social activo y movilizado y un Congreso cómplice del Gobierno, que debió sesionar rodeado por un impactante operativo de seguridad. Hace años, incluso desde la gestión de Alberto Fernández, que un sector de jubilados viene movilizando semanalmente a la Plaza de los dos Congresos para protestar por el deterioro de sus haberes. Estos reclamos se potenciaron con la gestión Milei, que no sólo cargó el peso del ajuste estatal sobre la tercera edad sino que además eliminó beneficios clave como la provisión gratuita de medicamentos. Después de reiteradas represiones a estas protestas durante los últimos meses, hasta entonces sólo acompañadas por algunas organizaciones de izquierda, el 12 de marzo se sumaron solidariamente al reclamo organizaciones informales de hinchas de numerosos clubes de fútbol y diversas organizaciones gremiales, incluyendo a la CGT (a último momento y con una columna testimonial). La movilización, que apuntaba a ser masiva, fue reprimida brutalmente por un operativo de seguridad que comenzó con las agresiones incluso antes de la hora de convocatoria. El operativo diseñado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dejó a más de 100 detenidos y decenas de heridos, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, quien quedó en coma por el impacto de una granada de gas lacrimógeno que le fracturó el cráneo (afortunadamente en las últimas horas presentó signos iniciales de recuperación). Las denuncias por la represión injustificada e ilegal y las escenas de combate callejero, que en algunos casos recordaban al 2001, recorrieron el mundo.

En la protesta del miércoles 19, las fuerzas de seguridad no reprimieron (porque, más allá del consenso social de un sector muy afín al Gobierno, hubiera implicado un costo político muy alto), por lo que la cartera de Seguridad apostó a la «disuasión». En las principales estaciones de tren de acceso a la Ciudad, se difundió por pantallas y altavoces un mensaje que decía: «Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República». También se implementaron controles vehiculares y de pasajeros, y hasta se hizo público un aviso que prometía una «recompensa» de 10 millones de pesos (alrededor de 10 mil dólares, mucho más que lo que se ofrece en otros casos policiales) para quien compartiera información que permitiera identificar a alguno de los responsables de la violencia durante las manifestaciones. Cualquier similitud con un estado policial, no es pura coincidencia. Sin embargo, más allá de las amenazas y los intentos de intimidación, el masivo repudio a la represión previa garantizó una convocatoria aún más masiva que la del miércoles anterior, con el apoyo activo de organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles, de derechos humanos y de sectores de la cultura. 

 

¿Y ahora?

¿Esto significa que la correlación de fuerzas se revirtió y que ahora el gobierno está al borde del abismo y a la defensiva ante un ascenso de la lucha social que lo tiene contra las cuerdas? ¿Ahora sí se cae el proyecto libertariano?

Más allá del «impresionismo» de buena parte de la izquierda local, lo cierto es que la situación es algo más compleja, como lo demuestran los sucesivos logros parlamentarios, la sostenida destrucción de organismos estatales, la permanencia de los despidos y la ofensiva antiderechos. Es que la aparente debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), con su evidente incapacidad para garantizar mayorías propias en ninguna de las dos cámaras del Congreso, no implicó una gestión signada por la debilidad sino que, pese a las más flagrantes torpezas parlamentarias, el Gobierno logró que el Parlamento acompañe todas y cada una de las leyes que necesitó, desde la inicial Ley Bases hasta el reciente proyecto de nuevo endeudamiento con el FMI. A cada momento hubo legisladores de sus aliados de partidos de derecha o centro (PRO, UCR, Coalición Cívica, el heterogéneo bloque Encuentro Federal o incluso del peronismo provincial) que garantizaron las leyes reclamadas por el Poder Ejecutivo. De una forma u otra, incluyendo las más básicas motivaciones monetarias o de promesa de cargos, el Gobierno logró siempre los votos necesarios. 

Esta capacidad de forjar las alianzas parlamentarias necesarias en cada momento no se compatibiliza con algunas de las caracterizaciones iniciales que anticipaban que el no haber logrado construir mayorías propias en Diputados o Senadores sería un talón de Aquiles de la administración libertariana. Pese a no tenerlas, el oficialismo logró avanzar con apoyo legislativo en la construcción de un proyecto cada vez más represivo, pulverizando el poder adquisitivo de los salarios, destruyendo derechos laborales históricos y normalizando niveles represivos que en Argentina no se veían hace décadas. Esto no significa, ni mucho menos, que el oficialismo tenga un panorama despejado hacia adelante, ya que sigue siendo extremadamente sensible a perturbaciones macroeconómicas y una gran conmoción en los mercados internacionales podría destruir el castillo de naipes de fuga de dólares y «bicicleta financiera» que construyeron, para cuya defensa tal vez podría no ser suficiente siquiera el nuevo préstamo del FMI.

El problema es con las caracterizaciones estáticas y superficiales que ante cualquier tambaleo oficial caracterizan una crisis terminal. Así, lo vivido durante el primer año de gestión libertariana habría simplemente un interregno insólito de pasivización social para el que, ahora que parece haberse reactivado una cierta dinámica de movilización callejera, ya no necesitamos buscar explicaciones ni motivos. El hecho de que sectores tan duramente golpeados por las políticas oficiales (como estatales, organizaciones sociales y sectores de trabajadores como el de la construcción, con récord de destrucción de empleos) no hayan podido mostrar una mayor capacidad de reacción ¿no debiera llevarnos a buscar los motivos profundos de esa dinámica? Porque está claro que ya no basta (si es que alguna vez bastó) con la clásica explicación unívoca de las traiciones o defecciones de las direcciones burocráticas de los gremios, únicas responsables de «contener» la sempiterna voluntad de lucha de sus bases. ¿Tenemos que considerar sólo como una anomalía, como un fenómeno pasajero, el hecho de que en un país que fue ejemplo mundial de lucha por los derechos humanos se hayan naturalizado tan rápidamente discursos que reivindican explícitamente a la ultraderecha, a la dictadura y a la represión estatal contra los opositores?  Que un proyecto político sin tradición y sin estructura haya logrado implementar el ajuste más brutal de la historia argentina ¿no nos exige indagar seriamente en las posibles transformaciones subjetivas de fondo que lo permitieron?

En cualquier caso, no conviene apurar caracterizaciones ni dejarnos llevar por impresiones momentáneas. Más allá de los golpes que efectivamente sufrió Milei en los últimos meses, lo cierto es que conserva un masivo apoyo social que, pese a todo, no baja del 40%, con un núcleo duro de 20 o 25% al que la propaganda oficial dirige las brutalidades propagandísticas más extremas, que está dispuesto a celebrar el apaleo a los jubilados, el asesinato de opositores y el endeudamiento con el FMI en el marco de una lucha a muerte contra «los zurdos». «El socialismo no se discute, se erradica. La casta no se reforma, se destruye. Los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan. Y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca», sintetizó una cuenta de Twitter atribuída al asesor presidencial estrella Santiago Caputo. Si no fueran suficientes otros motivos, la proliferación de discursos que buscan nuestra eliminación física, debiera obligar a todo militante de izquierda a seguir afinando los análisis sobre las causas y condiciones de posibilidad de un escenario que hasta hace unos pocos años era inimaginable para nuestro país, lo mismo que sobre todas las implicancias políticas de la irrupción de una nueva derecha que parece haber llegado a la política argentina para quedarse.

 

Síntomas de recomposición y necesidad de una nueva izquierda

Sin embargo, también podría estar conformándose un bloque opositor heterogéneo, que empieza a recomponerse después de la devastación subjetiva que implicó el nefasto gobierno de Alberto Fernández (que podría haber cerrado el ciclo abierto en 2001). Hoy todas las encuestas muestran que más de la mitad de la población argentina repudia claramente los principales ejes de la política mileísta. En algunos casos, como el de la defensa de la educación y la salud pública, el apoyo social a estas políticas supera el 80%, marcando los límites de la «batalla cultural» de redes sociales que impulsa el Gobierno. Pero esto todavía no se traduce en un discurso político opositor articulado sino, por ahora, en malestar social generalizado. La masiva y diversa reacción popular del 1 de febrero  no sólo dio pruebas de que más de la mitad del país está dispuesto a marcarle un límite a las brutalidades libertarianas, sino que también incorporó un elemento clave como articulador de la heterogeneidad opositora: el antifascismo. La lucha contra el fascismo (más allá de la necesidad de seguir afinando caracterizaciones respecto de esta definición y sus límites) permite articular las luchas de colectivos tan diversos como el sindical, estudiantil, feminista, LGBTIQ+, antirrepresivo, de la cultura, etcétera, etcétera. Y la reactivación de la movilización callejera, ahora en apoyo a los jubilados pero seguro seguirán otras, puede contribuir a cohesionar y a revitalizar a este potencial bloque opositor hoy absolutamente huérfano de alternativas políticas.  

La traducción política de los diversos reclamos de un bloque social multiforme, que en alguna medida se define por la oposición a una gestión y a un proyecto político, no se logra rápida ni sencillamente. La derecha necesitó de siete años para «hacer un partido y ganar las elecciones», pasando de las seminales movilizaciones de 2008 en defensa «del campo» a la articulación de un proyecto político triunfante que sin contradicciones sirviera de vehículo a la «coalición política del agronegocio», algo conseguido recién con la presidencia de Macri en 2015. Aunque la actual crisis subjetiva de los sectores populares es profunda, nos vemos ante el desafío de hacerlo más rápido, entre otras cosas porque no hay forma de soportar mucho tiempo más esta devastación generalizada. 

Pero todo un sector de la izquierda tradicional argentina (trotskista y no trotskista) parece incapaz de ajustar su política al nuevo escenario que nos propone una ultraderecha en el poder, limitándose a actuar por reflejo condicionado sin dar cuenta de que el crescendo autoritario y antidemocrático exige una apuesta creciente por la unidad, sin tanta preocupación por la «demarcación» o por «no quedar pegados» en acciones comunes con organizaciones afines al peronismo. 

Así, la caracterización superficial de esta izquierda sobre la supuesta «debilidad» del Gobierno de Milei, inamovible contra toda evidencia durante estos fatales 15 meses en que soportamos un brutal embate político y económico desde el Estado, se traduce también en la reproducción de tácticas sectarias. Desde este punto de vista, que no es patrimonio sólo de la izquierda de nuestro país, no sería tan importante garantizar la existencia de un frente unitario y diverso para derrotar los planes de la ultraderecha, ya que estos se encontrarían al borde del desplome por acción de la creciente movilización social, sino que la prioridad pasa por «diferenciarse» de cualquier alternativa reformista o socialdemócrata para así poder «capitalizar» la crisis inevitable en forma de autoconstrucción del partido revolucionario, manteniendo la pureza y evitando cualquier peligro de contaminación peronista. Pero no sólo que esta estrategia ya se demostró como fallida en distintos momentos históricos (el más cercano fue el de la crisis del peronismo tras el gobierno de Alberto Fernández, que en absoluto se tradujo en crecimiento de la izquierda y fue íntegramente capitalizado por la derecha) sino que hoy sólo contribuye a debilitar el imprescindible frente opositor antifascista que debemos construir para echar abajo al Gobierno de Milei. Y, más a mediano plazo, también resulta una apuesta absolutamente contraria a la construcción de un proyecto y una organización de nueva izquierda diversa y plural que efectivamente se proponga como alternativa de poder, más allá de las tranquilizadoras autoproclamaciones revolucionarias de hoy y de ayer.

 

Pedro Perucca Sociólogo, periodista, editor asistente de Jacobin América latina.