Fuente: Sin Permiso
Link de Origen:
https://www.sinpermiso.info/textos/el-gobierno-contra-la-sociedad-argentina
La ex primera ministra británica
Margaret Thatcher, una reconocida mentora ideológica del actual gobierno
argentino, es recordada, entre otras cosas, por su sentencia durante una
entrevista de 1987: “¿Quién es la sociedad?… no existe tal cosa, tan solo individuos,
hombres y mujeres”. Este dislate que contradice evidencias de innúmeros
estudios históricos, antropológicos, etnográficos, sociales y económicos,
describe la concepción del actual gobierno argentino: destruir cualquier tipo
de acción colectiva, comunitaria y social que conforme lazos sociales.
Esto incluye las relaciones con
instituciones internacionales que, más allá de sus defectos, representen
cualquier signo de pluralismo, búsqueda de integración y cooperación en
cuestiones de interés común de la humanidad. El objetivo del gobierno argentino
y de otros que comparten su afán destructivo y belicista es transformar a la
sociedad argentina en una manada de individuos compitiendo para sobrevivir en
un contexto hostil e inseguro.
¿Qué pasa con la gente que quede cada
vez más vulnerable y marginada en esta reconfiguración de las relaciones
sociales? Otra sentencia reconocida de la llamada Dama de Hierro británica
ilustra la doctrina del gobierno argentino: “Nadie recordaría al buen
samaritano si este solo hubiera tenido buenas intenciones. También tenía
dinero”. En esta reinterpretación de la parábola del buen samaritano, relatada
en el Evangelio de Lucas, se entiende que la mayor virtud de una persona es
tener dinero. Solo quienes tienen dinero se pueden hasta dar el lujo de ser
buenos.
En la práctica, por este camino el
Gobierno lleva a la destrucción de la sociedad argentina que, como toda
sociedad de derechos pluralistas, reconoce múltiples valores que la mantienen
integrada. La prueba más clara es el ataque frontal del Gobierno en dos áreas
que plasman los compromisos intergeneracionales de la sociedad: el sistema de
previsión social y las políticas de lucha frente a la crisis socioecológica, de
la que el cambio climático es su expresión más difundida, pero no la única.
A esto se suma la desarticulación de
toda actividad que genere recursos de valor público, como la científica, la
artística, la educación y la salud públicas, etcétera. También la negación de
todo derecho a los grupos más débiles del entramado social, que han nacido sin
herencia y en contextos de alta vulnerabilidad y pobreza. Esto es, el lazo más
potente en base al cual el Gobierno pretende que se organice la sociedad es la
propiedad y la herencia privada, para que los grupos más opulentos decidan la
vida del resto según su mayor o menor predisposición samaritana.
Entre otras consecuencias de este
ataque a la sociedad desde el poder del Estado, la más evidente es el aumento
del desamparo, el miedo, la inseguridad y la inestabilidad de la vida de la
mayoría de las personas. De hecho, la escalada de violencia verbal se
corresponde con acciones represivas desde el poder político sobre cualquier
expresión crítica y de protesta. La brutalidad e ineficacia de esta concepción
no es percibida en su total magnitud, particularmente por la elite dirigente
que históricamente se acomodó a los poderes de turno en defensa de su interés
particular y que vive, razona y actúa estimulada por beneficios de corto plazo.
Están equivocados quienes piensan que
así se logrará estabilidad económica y social. La atomización social destruye
toda posibilidad de sostener componentes claves de las relaciones económicas y
sociales como la promesa, el compromiso, el contrato y la propia propiedad
privada. Esta inestabilidad e incertidumbre es la antítesis de lo que se
necesita para enfrentar los cambios acelerados que se están verificando en el
mundo: agotamiento potencial de los recursos energéticos tradicionales,
inestabilidad de los mercados, crecimiento de la desigualdad, migraciones
masivas, conflictos bélicos, automatización de los procesos productivos y
operativos, creciente oferta y decreciente demanda de empleo, etc. Estas y
otras transformaciones en curso complejizan cada vez más la vida de las
personas y reclaman cooperación, no confrontación.
Por el contrario, en lugar de
promover la cooperación y el entendimiento entre diferentes grupos, el gobierno
argentino busca simplificar la vida social con una retórica binaria y cada vez
más extremista, que no solo descalifica la crítica económica y social, sino que
pretende digitar la vida privada de las personas. Esta retórica puede aletargar
por un tiempo a una población frustrada por experiencias políticas previas,
pero no puede durar mucho frente a la irracionalidad y los efectos negativos de
una política a contramano de la realidad y que privilegia los beneficios
financieros de corto plazo de una elite frente a las necesidades humanas
básicas de la mayoría.
Los cambios profundos que se están
verificando en el entorno de vida de las personas no se resuelven con tablita
cambiaria y bicicleta financiera, sino que reclaman acciones colectivas y
coordinadas dentro del país y con otros Estados. Todo lo contrario de la
política oficial. Por ejemplo, pese a la avalancha de datos sobre la crisis
climática y su probable evolución catastrófica, alertada por científicos e
instituciones de todo el mundo, el gobierno argentino se empeña en negar la
gravedad de la situación y exponer a la población del país a eventos
catastróficos (incendios, inundaciones, contaminación ambiental, etc.) para que
unos pocos grupos privados exploten indiscriminadamente los recursos naturales
comunes. Así, un grupo reducido de corporaciones decide sobre el agua, el aire,
los bosques y otros recursos naturales imprescindibles para la vida de las
generaciones presentes y futuras en el país.
Esta es la parte oculta del programa
de la motosierra que disfruta destruyendo sin crear nada. Una cosa es utilizar
fondos para inversión productiva que busque cambiar la matriz energética
contaminante y otra muy distinta es seguir subsidiando la extracción de
minerales y combustibles fósiles para cambiar la matriz energética. Una cosa es
estabilizar precios con políticas económicas coordinadas y otra muy diferente
controlar el tipo de cambio, aumentar la deuda, provocar recesión, destruir
empleos y bajar salarios para habilitar rentas financieras e ilusión monetaria
que mantienen reprimida la inflación. Una cosa es luchar contra la corrupción
en el Estado y otra muy diferente dejar desamparada a la población más
vulnerable, incluyendo a los trabajadores pasivos.
Justificar todo esto señalando las
malas prácticas de gobiernos anteriores es una estrategia artera y temporal que
simplemente prueba el desamparo de la población argentina frente a las opciones
que ofrece el sistema político. Las malas acciones contra la sociedad de
gobiernos pasados no justifican las malas acciones de gobiernos presentes y
futuros.
Que funcionarios de gobiernos
anteriores sean corruptos no habilita que corruptos formen parte de este
gobierno y mucho menos que se abandone la protección de la población vulnerable
y marginada. Que otras personas hayan lucrado personalmente con el patrimonio
público en el pasado no justifica la concesión sin controles a intereses
privados del patrimonio público y la destrucción del medio ambiente. La
historia demuestra que la privatización descontrolada de patrimonio público es
una de las fuentes de corrupción más potentes en Argentina y otros países, lo
cual lo saben muchos funcionarios de este gobierno que fueron parte de estos
procesos con otros gobiernos del pasado.
Ya está claro para dónde va la
coalición que tomó el poder en el país: su objetivo es destruir toda
posibilidad de acción colectiva para transformar a la sociedad argentina en un
enjambre de personas aisladas, aterrorizadas y a merced de un grupo de
poderosos. No es necesario ni razonable esperar más tiempo para ver los
resultados de este ataque contra la sociedad argentina. Este es un argumento
tan falaz como pedir más tiempo para ver si realmente se calienta el planeta y
aumenten las catástrofes climáticas, mientras se acelera la crisis
socioecológica con la extracción de combustibles fósiles, la depredación
forestal, el consumo opulento, etcétera.
No debe extrañar que se busque cortar
relaciones con los organismos internacionales que se ocupan, con todos sus
defectos, de estos y otros temas trascendentes para la humanidad. Lo que se
busca es abandonar todas las instituciones capaces de trabajar por una integración
internacional más equilibrada, para en su reemplazo colocar al país como
eslabón subordinado de una globalización económica y política bajo el mando de
unos pocos.
El presente y el futuro de la
sociedad argentina no serán promisorios si se sigue dejando que un grupo de
poderosos se apropie de los recursos comunes de la sociedad y destruya todos
los lazos de integración social para favorecer intercambios mercantiles
desiguales y especulativos. Hay que oponerse firmemente a esta violencia con
proyectos colectivos, cooperativos y solidarios que no tienen nada que ver con
las prácticas de gobiernos anteriores cuyo accionar habilitó el ascenso del
actual. No se trata simplemente de resistir, sino de construir alternativas que
salven a la sociedad argentina de los crecientes ataques que buscan su
destrucción.
Rubén Lo Vuolo
Presidente de la Red Argentina por el Ingreso Ciudadano.
Fuente:
https://www.perfil.com/noticias/economia/el-gobierno-contra-la-sociedad-argentina-por-ruben-m-lo-vuolo.phtml
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