Nos Disparan desde el Campanario El ocaso de la política… por Gustavo Marcelo Sala

 

Gráfica: Obra de Zdzislaw Beksinski

 

Desde los tiempos de la 125 venimos advirtiendo sobre lo extremadamente peligroso que encierra la natural y frecuente judicialización de la política, oficiando el poder leguleyo como substitución del poder popular, tanto del ejecutivo como del legislativo. Recuerdo aquellas columnas sabatinas en una radio dorreguense en donde insistía que la construcción dialéctica “gobierno de turno” estaba conspirando y debilitando las virtudes de las decisiones populares pues las colocaba por debajo de un poder fáctico, portador de privilegios, leyes y reglamentaciones autárquicas especiales, el cual podía llegar a hostigar los caminos escogidos vía democrática por el pueblo y por las instituciones de la república.  La idea central se basaba en la siguiente pregunta: ¿Qué podía llegar a suceder, de avanzar dicha judicialización, ante el caso que una élite interesada en determinadas políticas judicialice cada acción que se contraponga a sus intereses? 

De tener éxito la fórmula desaparecería la voluntad popular y esta sería reemplazada por una democracia tutelada, elitista y de muy baja intensidad, con simples gestionadores de turno, y no con gobiernos los cuales estén en la obligación de responder a los mandatos soberanos otorgados vía comicios libres, refundando de ese modo el nefasto teorema de Baglini. Pues ese tiempo llegó.

Eran días aquellos en donde los términos lawfare y fake news no figuraban en el vademécum político, y si bien eran preexistentes sus acciones no se hallaban tipificadas ni definidas políticamente de modo categórico pues hasta entonces laboraban disimuladamente.

Desde los inicios de la democracia helénica y la República Romana la divulgación de noticias falsas y las persecuciones judiciales a sectores opuestos al orden establecido, resultantes de ellas, fueron naturales a la génesis del sistema, debido a ello, y a pesar de los recaudos republicanos, la mayoría de estas controversias se resolvían de manera sangrienta, sea a través de guerras civiles o de vulgares asesinatos, pues en política hay intereses y ofensas que no tienen retorno, y su resolución solo puede hallarse mediante la eliminación integral o subsumisión completa del adversario.

Irremediablemente este desenlace desembocaba en una dictadura, formato asequible por las sociedades de antaño por gracia que el término no poseía la connotación negativa del presente. El cargo Dictador, ergo, el poderhabiente absoluto que determinaría las políticas sostenía prestigio teniendo al Senado como cuerpo consultivo y a la justicia como aval legal. De hecho Julio César, hijo de la República y combatiente en varias guerras civiles, insistió con ese formato desechando la idea de erigirse como Rey o Emperador, eliminando para siempre el paradigma republicano en Roma, pues varios años después, luego de su asesinato y de años de luchas intestinas, el Imperio fue el formato que se afianzó definitivamente hasta su desmembramiento.

Las dictaduras modernas poseen ese mismo formato. Lo hemos vivido en nuestra Patria en varios segmentos del siglo pasado, pero el dilema radica cuando se arriba a ese laberinto a través de la democracia, con la anuencia y la apatía popular, sin violencia ni con un golpe institucional mediante. Pues solo alcanza que un grupo de poder político determinado se asocie a la estructura judicial alcanzando intereses mutuos con el doble objetivo de preservar dichos intereses, proteger a sus actores y perseguir a sus opositores. Nuestro presente no es una mera coincidencia.

Y aquí deseo advertir que si bien durante el menemismo, el poder judicial, en instancias superiores, logró ser cooptado so color de la llamada mayoría automática, jamás este formato fue persecutorio. Sobre el gobierno de Menem podemos escribir tomos y tomos sobre sus desatinos políticos, culturales y económicos los cuales dejaron un tendal social irreparable, pero lo que jamás vamos a poder testificar es que fue un gobierno represivo o que utilizó esas herramientas judiciales aliadas de modo sistemático para perseguir opositores. Esas herramientas las utilizó para cubrir sus intereses y los de sus socios, evitar ser escrutados, y sobre todo para proteger las acciones de cada uno de sus gestores. De hecho cuando se vio acorralado por la causa sobre el tráfico de armas, y ya cumplido su segundo mandato, la pena que sufrió Menem fue bastante condescendiente, casi risible a pesar de la gravedad de los sucesos ya que involucraba la voladura de la ciudad de Río III, coyuntura que reveló el sistema de protección y contraprestación antes mencionado.

Es necesario observar los matices en las formas y los modos a pesar de observar que los paradigmas económicos actuales y lo que dominaron la última década del noventa del siglo pasado son equivalentes, modelo aquel que pervivió durante más de una década con su prolongación residual con la Alianza, teniendo durante ese período, aún en derrota, cómodas mayorías legislativas.

Estamos delante de un modelo similar a aquel de los noventa pero que le añade una impronta dictatorial y criminal. El actual no es un menemismo recargado como se suele sintetizar, pues en lo social, lo cultural y lo económico, a pesar de tener los mismos objetivos, no respeta el contrato social y democrático establecido en 1983

La democracia está sujeta al poder judicial, es éste, en función de su pertenencia el que escoge por acción u omisión (persecución o permisividad) quién está habilitado y quién no para ser representativo, es quien diseña el menú según su omnímodo y subjetivo poder de daño el ahora sí "gobierno de turno".    

 

*Gustavo Marcelo Sala. Editor

 

 

 

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