Revista Nro. 13… Segundo documento de LA COMUNA ARGENTINA. Lenguas en movimiento hacia una nueva independencia.
Las
lenguas de la emancipación
La
memoria del 9 de julio sigue siendo portadora de una fuerza fundamental en la
historia de nuestros pueblos. Es el momento de la Declaración de
Independencia, cuando nuestro país define formalmente la ruptura de los
vínculos de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la corona española.
Ese gesto, que se aloja en la tradición revolucionaria, es de una magnitud
política mayor; implicó la emancipación del orden colonial, su profundo sentido
cultural se expresó en el carácter plurilingüe de la Declaración, redactada
originalmente en castellano, quechua y aimara. Este 9 de julio de 2020 es
momento de avanzar hacia una nueva Independencia. Una nueva Independencia que
pueda liberar a los pueblos ya no de las viejas monarquías sino de las nuevas
formas neocoloniales de dominación contemporáneas -financieras,
comunicacionales, judiciales- que son todas ellas modos de dominio sobre los cuerpos
y las lenguas. Esta segunda Independencia encuentra al campo popular en una
situación compleja y delicada. En este instante de torbellino pandémico, en el
cual una porción ampliamente mayoritaria del pueblo argentino ha hecho propia
la defensa de la vida sintetizada en la cuarentena, la puesta de cuerpos
militantes en la calle sería una imprudencia vital. Por eso es necesaria la
recreación de la idea de movilización social bajo formas de cuidado. Cuando los
cuerpos están recluidos, deberán ser nuestras lenguas las que se pongan en
movimiento vibrante, militante, enérgicas, festivas, y puedan declarar
firmemente la necesidad de una Argentina popular, igualitaria, plebeya,
asentada sobre un sistema de bienes comunes y de justicia social, soberana, emancipada,
antipatriarcal y feminista, de identidades complejas, múltiples y abiertas. Una
Argentina en común.
La
pandemia y los nombres
El
modo de producción y consumo dominante tal como lo conocemos ha producido la
crisis del coronavirus. La pandemia mostró el tamaño de la desigualdad
entre los Estados, la extensión de la precariedad laboral y la existencia de un
conglomerado –político, empresarial, judicial y comunicacional– que construye
la vida de vastos sectores sociales como vida descartable. Por otra parte, ha
arrojado luz sobre la importancia de los Estados en tanto garantes de los
bienes públicos, al mismo tiempo que ha dado cuenta de su precariedad, en parte
como causa de las políticas neoliberales que los han vaciado de recursos y de
legitimidad para avanzar en las grandes transformaciones colectivas que la
sociedad necesita. En la actualidad nos encontramos extendiendo los límites de
una soberanía bajo las formas en que es requerida como instrumento
emancipatorio en el orden de lo alimentario, lo sanitario y del conocimiento;
pero, a la vez, como apuesta por una economía igualitaria en un sistema de
bienes comunes, que desborde la lógica en la que el neoliberalismo sopesa el
trazado de las nuevas divisorias sociales de las vidas sacrificables.
Argentina
está atravesada por una disputa política, que es siempre una disputa por los
nombres: “Vicentin”, “expropiación”, “propiedad privada”, “soberanía
alimentaria”, “alimentación como derecho humano”, “libertad”, “república”,
“democracia”. Las cuestiones nominales y políticas en el fondo significan
una disputa por la renta, por el sentido de lo común y por los significados que
le damos a la palabra igualdad. Vicentin es el nombre infausto de la hora
actual del país en un conflicto que vuelve a poner a los sectores dominantes de
la Argentina en contra del pueblo. La iniciativa original del gobierno de
presentar ante la Asamblea Nacional Legislativa un proyecto de expropiación de
la empresa Vicentin ha tocado uno de los nervios más sensibles de la estructura
económica y social argentina. Su historia es larga y compleja y por lo tanto
urge indagar en sus capas más profundas.
Vicentin:
una genealogía del capital agroexportador
La
historia de Vicentin es la historia del gran capital nacional en la Argentina. Fundada
en 1929, poco antes del inicio de la “década infame”, en pleno crack del
capitalismo, en los comienzos de la Gran depresión económica mundial, se radicó
en Avellaneda, norte de la provincia de Santa Fe, como un comercio modesto de
acopio y ramos generales. Se desarrolló con el esfuerzo de pequeños productores
nucleados en cooperativas que depositaron en la empresa la confianza para la
comercialización de granos. La destrucción del modelo productivo orientado al
mercado interno de un Estado de bienestar comenzado en 1946, fue horadando las
bases productivas de la empresa hasta que en 1982 Cavallo estatizó la deuda
privada y 2 millones de dólares de deuda de Vicentin pasaron a ser deuda del
Estado. Durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica la historia
política de Vicentin muestra su costado más oscuro por la desaparición de 22
trabajadores, 14 de ellos delegados gremiales, difícil de consumar sin la
participación o el conocimiento de los directivos de la empresa.
A
lo largo del siglo XX y los inicios del XXI Vicentin pluralizó y diversificó
sus rubros: en el desmonte del algodón, en la molienda de lino, maní, soja,
girasol, maíz, sorgo, en la producción y manufacturado de aceites, harinas,
pellets, en hilandería y tejeduría, como distribuidora de carne y productora de
biodiesel y bioetanol. Desde mitad de la década de 1980 posee una terminal de
embarque propia (no es la única) en San Lorenzo, a orillas del río Paraná, eje
fluvial y mercantil vertebrador de la Argentina, pieza relevante de cultura como
ilustra la Oda al majestuoso río Paraná de Manuel de Lavardén, en la
que se prefigura el propio nombre de la Argentina. Y más cerca nuestro, sin
dudas, en la poesía de Juan L. Ortiz que evoca el nombre de los Tupac, palabra
de origen incaico que aloja, en la profundidad de las aguas del río, la
pluralidad y diversidad de las lenguas que necesita la Argentina para ser
nombrada. Trazada esta genealogía, también Vicentin forma parte de la historia
de nuestro país, del río y en lo que concierne a su historia política, está
ensamblada con aquella de los grandes capitales nacionales, construidos a
expensas de recursos públicos mientras se articula un mecanismo de evasión y
ocultamiento de ganancias. Vicentin condensa nudos históricos que van desde la
fundación de Avellaneda en 1879, las políticas migratorias que en esa región se
conocen bajo el nombre de “pampa gringa”, las de reparto de la propiedad de la
tierra, el exterminio y subordinación de las comunidades indígenas y la
colocación de Argentina en los mercados internacionales, hasta la alianza de
las oligarquías locales con el capital financiero y los ecos pasados y
recientes del golpismo agroexportador.
Durante
el gobierno de Mauricio Macri, el patrimonio de Vicentin creció
exponencialmente. El Banco de la Nación Argentina, presidido por Javier
González Fraga, sólo a lo largo de 2019, le otorgó 24 créditos y 39 préstamos;
ya para junio de 2019 era la séptima empresa con mayor facturación en el país.
Sin embargo, el destino de esa cuantiosa asistencia pública no fue destinada ni
a la inversión productiva ni a la mejora de las condiciones de lxs
trabajadorxs, sino a la volarización del capital, el vaciamiento programado en
complejas operaciones especulativas y triangulaciones internacionales en las
que Vicentin se constituyó en un actor financiero destinado a la fuga de
capitales. Una súbita declaración de cesación de pagos que deja a la empresa
inviable para recomenzar su actividad cuando salta a la luz una estrategia de
ocultamiento de activos y disminución de su patrimonio, a la par de un proceso
de extranjerización de la compañía que extrema el predominio del capital
transnacional en un mercado fuertemente concentrado.
Expropiación:
fronteras entre capitalismo, democracia, Estado y nación
Las
décadas de tartamudeo masivo de consignas neoliberales nos han inducido a una
asociación inmediata entre corrupción y política, entre estafa y Estado. Es una
urgente tarea política encontrar las palabras justas para nombrar la corrupción
estructural privada, que no es tan solo un delito contra la propiedad sino
contra los bienes públicos que sostienen la vida digna de millones de
compatriotas. En este sentido, Vicentin también representa un símbolo
inquietante del canibalismo del capital en su fase financiera-especulativa: la
degradación de la fertilidad de la tierra por el monocultivo, la destrucción
del medioambiente por la utilización intensiva de agroquímicos, la
precarización del trabajo agropecuario por el sojuzgamiento gremial a manos del
gran capital y, en un último gesto, la malversación del crédito productivo en
maniobras especulativas. Decimos “canibalismo” porque las últimas décadas de
Vicentin representan la voracidad del gran capital especulativo, financiero y
concentrado respecto de los propios medios de producción que cualquier
capitalismo requiere para su expansión productiva: tierra, ambiente, trabajo y
crédito. Por eso creemos que es momento de recuperar la capacidad regulatoria
pública en las actividades vinculadas al complejo agroindustrial. En definitiva,
el nombre Vicentin es una pregunta urgente por el modelo de desarrollo, más aún
en el contexto de descalabro económico y social producido por la pandemia.
Hay
sectores de la sociedad que han salido a boicotear la cuarentena y a defender
la empresa ante el temor al fantasma del comunismo o del populismo, sin
reconocer que su expropiación beneficiará los intereses y deseos colectivos.
Estas acciones nos obligan a pensar la naturaleza de las contradicciones. Sin
dudas, la cuestión acerca de por qué hay dominación y no más bien libertad
constituye el “núcleo duro” de la política que no debemos dejar de
desentrañar. ¿Cuáles son las fuerzas que nos pueden movilizar a
identificarnos con ciertas demandas que podrían ir en perjuicio de nuestras
vidas? Es aquí donde el viejo enigma de la servidumbre voluntaria -¿por
qué muchas veces se lucha por el sometimiento como si se estuviese luchando por
la libertad?- debe complementarse con una interrogación sobre los procesos de
sujeción y subjetivación. Porque siempre hay posibilidad para la política. Hay
política y no simple dominación cada vez que logramos interrogarnos por la
posibilidad de un orden social más justo y hacemos de ello una lucha por lo
común. La colonización del Estado por las grandes corporaciones económicas
tiene un correlato en la colonización de los sentidos y las conciencias por un
individualismo posesivo en el que emerge la falsa discusión en torno a la
propiedad privada. ¿Acaso no ha sido la misma Vicentin la que ha puesto en
cuestión la propiedad de los pequeños productores, cooperativas, trabajadores,
bancos públicos?
Somos
conscientes de la deslegitimación que ha sufrido el Estado en estas
décadas de monolingüismo neoliberal, resistido por cierto por la unidad de
la clase trabajadora y los distintos movimientos y organizaciones del campo
popular. Somos conscientes también de las propias dificultades de gestión de un
Estado desfinanciado en un marco de ineficacia legal, afectado por los efectos
de la prédica neoliberal y del desmantelamiento que en su nombre se le
perpetró. Pero el Estado es también campo de lucha por el sentido común.
Por eso acompañamos la idea de expropiación como una forma de impulsar lo
público, esto es, de volver a vincular a los productores cooperativos con la
tierra y los productos de su trabajo; como una oportunidad de rediscutir la
relación entre exportación de materias primas, agroindustria, sustentabilidad
ambiental y modelo de desarrollo nacional. Expropiar no es poner un bien a
disposición de una corporación sino al servicio de una comunidad de productorxs
y ciudadanxs. No de élites y burocracias.
La
intervención de Vicentin y su constitución en una institución público-estatal a
través de su posterior expropiación abre una discusión acerca de los sentidos
de la democracia. Permitiría que el Estado pueda intervenir en un mercado tan
concentrado y sensible como el de la producción de alimentos, promoviendo el
derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Posibilitaría tener un
mayor control fiscal tributario sobre las divisas y sobre los puertos, esto es,
sobre la riqueza que entra y sale de la Argentina. Inauguraría una
interesantísima y postergada discusión acerca del modelo dominante del
agronegocio; importante no solo para la Argentina sino para el mundo. A la inversa, si
Vicentin no se transforma en patrimonio común y no se avanza en la dirección de
un mayor control público de los grandes capitales que expolian la renta
nacional, el Estado –fragilizado por el macrismo– quedará, entre otras
consideraciones, con menos recursos para avanzar hacia una mayor distribución
de la riqueza. En este sentido, expropiar Vicentin implicaría un movimiento,
hacia la igualdad y la justicia social. Un leve pero fundamental movimiento
hacia lo que toda “gran tradición” de pensamiento político democrático,
nacional, popular y republicano concibió como fundamento de toda comunidad
organizada: el cuidado de la cosa pública, de la riqueza comunal que produce y
de la cual depende. Expropiar tiene el sentido de un paso inicial hacia una ciudadanía
que garantice la participación en la herencia común para todxs, de manera de
reconocernos lxs unxs a lxs otrxs en nuestras diferencias indeclinables como
vidas dignas de ser vividas, en lugar de temernos como amenazas; para poder
quebrar esa obsesión por el miedo al otrx que la derecha ha cultivado desde
siempre.
Cuidar
la democracia entre todxs
Entre
las reacciones a la propuesta del gobierno preocupa la bravata
secesionista proferida por un alto dirigente opositor y ex gobernador de
Mendoza. La declaración es funcional a un capitalismo contemporáneo arrasador
de la soberanía a través de políticas que vinculan economías de enclave o
regiones pasibles de extracción intensiva de recursos naturales con el gran
capital financiero global. Esa operación suprime de hecho la regulación legal
que el Estado de Derecho impone para representar la soberanía popular y
garantizar los derechos de lxs ciudadanxs. La “gran prensa” calibró las
declaraciones del ex gobernador de una manera curiosa. Se intentó auscultar en
el reclamo un efecto demostrativo -en las élites locales- de los procesos
separatistas en la Comunidad Europea, desde los movimientos autonomistas en
España hasta el Brexit. Esa perspectiva resuena en los discursos que se
escucharon en las movilizaciones de Avellaneda en defensa de Vicentin, en la
construcción mediática del “cordobecismo” y en esta suerte de “MendoExit” que
pone en cuestión la propia integración nacional. Contrariamente a este
imaginario globalizador antiestatista, en nuestra región los espasmos
autonomistas vienen indefectiblemente a detener los procesos democráticos
populares legítimos. Un caso emblemático en este sentido es el de la
insurrección de “la media luna” en Bolivia.
Bajo
el nombre de macrismo se indica una identidad política capaz de activar
–incluso hoy– un conjunto de aparatos biopolíticos, tecnológicos, jurídicos,
financieros y comunicacionales que son de orden nacional y global. En el vecino
Brasil –laboratorio social y político de características fascistas y ultraneoliberales–
el macrismo pasa a llamarse bolsonarización de la vida. La
destrucción política, cultural, económica que el macrismo ha llevado a cabo en
cuatro años no tiene antecedentes en la historia de la posdictadura. Ese
conjunto de aparatos hoy (ab)usa la cuestión Vicentin para ocultar una trama
desatada durante su gobierno. Se trata de las escuchas (i)legales cambiemitas,
activadas contra opositores políticos, científicxs, académicxs, intelectualxs,
obispos, que auscultaban también a cuadros políticos propios y propagandistas
ideológicos regimentados en su matriz de poder. Las escuchas activadas por la
AFI y aquellas llevadas a cabo para sobrevigilar a presos políticos y
empresarios son escuchas (i)legales. Ilegales porque responden a la lógica
de la inteligencia interior con fines privados –en beneficio de una facción
política–, perpetradas por agentes al servicio del Estado nacional. Esa forma
de acción que se sitúa en un umbral de indistinción entre lo legal y lo ilegal
responde a la lógica de un orden mafioso. En efecto, estamos frente a una
manifestación mafiosa del doble Estado oculto enquistado en las fisuras del
Estado de derecho. Ese doble Estado oculto es una suerte de conjura secreta que
cuando se anuda con los tejidos vivos y activos de la legalidad institucional
crea fricciones con el poder constituido y genera para-estatalidad,
para-economía, para-legalidad. Usar bienes del Estado en beneficio particular
-a disposición de una facción política- es un delito que debe ser perseguido
por el Estado de derecho, atacado en su justa iniciativa por la intervención y
eventual expropiación de Vicentin. Es imperiosa la existencia de una oposición
responsable y democrática, que aun con diferencias sustanciales, prevalezca
frente a los sectores más reaccionarios.
Hacia
una nueva Independencia: Argentina en común
La
cultura dominante, sobre todo en contextos de pretendido monolingüismo global,
oscurece y abandona a su suerte la riqueza, la diversidad y complejidad de las
lenguas, tanto en lo que atañe a las variedades de nuestro español, sus rasgos
regionales, inmigratorios, de mixtura y frontera latinoamericana, como a la
presencia viva de las lenguas de pueblos y comunidades indígenas. Las lenguas
quechuas, las tupí-guaraníes, las mapuche, el aimara, las mataco, el wichi, el
qom, el mocoví forman conjuntos de una economía lingüística en la que se
inscriben tradiciones, miradas y legados culturales de extraordinaria
significación. Se hablan en el país más de 15 lenguas, tanto en territorios
específicos como en grandes conglomerados y periferias urbanas; excepto por las
provincias de Corrientes, que en 2004 estableció la cooficialidad del guaraní,
el Chaco, que dio rango oficial al qom, el wichi y el mocoví en 2010, y
Santiago del Estero, que incorporó en su Constitución provincial, en 2005, un
artículo en defensa y cuidado del quichua, sigue pendiente en Argentina la
discusión sobre el carácter multicultural y plurilingüístico de su composición
nacional. Esas lenguas, iluminadas en los procesos independentistas,
quedaron sin embargo sepultadas en los enfrentamientos que dieron lugar a la
construcción liberal del Estado, y más tarde en la genealogía y las prácticas
de los saberes y disciplinas etnográficas de corte europeísta que las
concibieron como parte de un mundo muerto. Un gobierno como el del Frente
de Todxs, que vuelve a asumir una interrogación por lo nacional, por la
convergencia y unidad latinoamericana, está en condiciones de abrir una crucial
deliberación democrática acerca de lo que en esas lenguas, y con ellas, se
expresa como causa histórica, de afirmación de identidades complejas, múltiples
y abiertas.
Las
sociedades latinoamericanas comenzaron el siglo XXI con una fuerte impugnación
del modelo neoliberal y con una rediscusión del espacio de experiencias y el
horizonte de esperanzas. Este proceso político latinoamericano de gobiernos
populares y democratización social, interrumpido por el giro a la derecha de
los últimos años que incluyó seis golpes de Estado, ha ido en sentido contrario
al separatismo y la fragmentación regional; y deberá encarar el problema
central en la construcción de la unidad de un pluralismo de lenguas e identidades
teniendo en cuenta las relaciones de poder que atraviesan las cuestiones de
género, clase y raza. La interseccionalidad democrática resulta impensable sin
Estado de derecho y comunidad política nacional.
Hay
un nervio democrático que vincula la expropiación de Vicentin con el problema
urgente de cumplir con la política sanitaria del gobierno frente a la pandemia.
En condiciones donde la vida está en juego, cuidar las medidas de aislamiento
social preventivo y obligatorio, como así también las condiciones que hacen
posible la cuarentena, se ha vuelto una cuestión política de primerísimo orden.
Entendemos que la expropiación de Vicentin junto con una gran discusión
sobre el impuesto a las grandes riquezas, la soberanía alimentaria y la renta
básica universal, constituyen algunos de los instrumentos que permitirían la
sostenibilidad de millones de vidas. Lxs argentinxs sabemos por nuestra
historia reciente qué significa vivir en democracia: principio ineludible de
preservación de la vida de todxs en condiciones de libertad, igualdad y respeto
de la soberanía popular.
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Página 12
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