Edición Especial… Entrevista al Dr. Guillermo Francisco Torremare, Abogado y actual Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

            Escritor, ensayista, docente, abogado, magister en DD.HH, el Dr. Guillermo F. Torremare, nacido en Tres Arroyos, fue nombrado recientemente Presidente de la APDH conformando un triunvirato junto a María Elena Naddeo, reelecta en el cargo y a la politóloga Soledad Astudillo. Tras 25 años de incansable y activa tarea dentro de la entidad, su nombre es sinónimo de compromiso cuando de asignaturas humanísticas en defensa de los derechos esenciales se trata. Hasta su nombramiento estuvo a cargo de la secretaría de asuntos jurídicos, además integró Amnistía Internacional y fue Jefe de Gabinete de Asuntos Parlamentarios de la Nación en estrecha colaboración con los diputados socialistas Alfredo Bravo y más cercano en el tiempo Jorge Rivas. Fue Director del periódico La Vanguardia y lleva escritos cuatro libros sobre la temática y son incontables los números de ponencias, conferencias y ensayos relativos a las políticas públicas de derechos humanos. El último, Luces y Sombras, nos presenta un correlato histórico sobre cómo los DD.HH fueron objeto de interpretación sociopolítica desde 1880 hasta nuestros días. Entre sus intervenciones jurídicas más recientes podemos destacar la causa denominada Monte Pelloni, en el TOF Mar del Plata, ejerciendo la función de abogado querellante en donde se condenó a cinco represores por delitos de lesa humanidad, y la denuncia que afecta a la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich por persecución al pueblo Mapuche. Fue dirigente juvenil, miembro del consejo académico, apoderado y candidato a Diputado Nacional por el Partido Socialista para la Victoria cuyo referente nacional es el ex Diputado Nacional Jorge Rivas.

1-      Como actual Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuáles son los incisos prioritarios en la materia al día de la fecha, por fuera de los referidos a la pandemia.

Los dos déficits históricos más importantes en materia de derechos humanos de la Argentina son la pobreza extrema, la violencia institucional y la violencia de género. Antes de que comenzara la pandemia había dieciséis millones de pobres y entre ellos cuatro millones que viven en la indigencia total. Sin duda este es el mayor drama y también el más importante desafío para el Estado. Y claro, la violencia institucional, que es la violencia que ejercen fuera de la ley las fuerzas de seguridad. Los abusos policiales de todo tipo, que llegan a convertirse en torturas en muchos casos, son frecuentes e inadmisibles. Otro tema central es la violencia de género y la discriminación de la mujer. En lo que va de 2020 se contabiliza casi un femicidio por día.

2-      ¿Cuál es el grado de responsabilidad que le otorga a la administración Cambiemos para que esos temas se hayan transformado en prioritarios? Dicho de otra manera: ¿Usted considera que el anterior gobierno tuvo injerencia directa para amesetar y relantizar la problemática de los DD.HH quitándole entidad jurídica e importancia política?

El gobierno del ex presidente Macri no tuvo compromiso con los derechos humanos en general. Los derechos humanos no fueron temas de su interés. Nadie se debe sentir sorprendido por esto. Cuando era candidato, Macri solo habló de los derechos humanos para decir que eran “un curro”. Los resultados están a la vista. La pobreza extrema y la violencia institucional, que son problemas estructurales y de vieja data, aumentaron considerablemente. Durante el último año de Cambiemos el Estado mató una persona cada 19 horas. Eso no sale en los grandes medios de comunicación. La ex ministra de seguridad Patricia Bullrich tuvo gran responsabilidad en esto. Al mismo tiempo debo decir que algunas expresiones del actual ministro de seguridad provincial Sergio Berni no ayudan a modificar esta situación.  No existieron políticas de género. El Estado asumió posiciones xenófobas. El proceso de juzgamiento del Terrorismo de Estado se ralentizó. De diferentes maneras intentaron negar la entidad de lo ocurrido durante la dictadura militar. Y ahora, a partir de las denuncias de la jueza penal Figueroa y del juez laboral Raffahelli está saliendo a la luz la presión operada sobre el Poder Judicial para conseguir fallos a tono con los intereses del gobierno. A grandes líneas, este es el saldo de los cuatro años de Cambiemos en materia de derechos humanos.        

3-      ¿En qué estado se encuentra la denuncia que elevó contra la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich por la persecución al pueblo Mapuche, en la que además está al frente de la causa?

Nosotros hicimos la denuncia en junio de 2019. En octubre el fiscal Franco Picardi entendió que era una denuncia fundada, abrió la investigación y pidió la imputación de Patricia Bullrich a la jueza federal Eugenia Capuchetti, que es quien debe procesarla. La jueza se está tomando su tiempo porque hasta ahora no dictó ninguna resolución. La denuncia que hicimos explica que la persecución con violencia al pueblo mapuche tiene como trasfondo el valor económico de las tierras de estos, nosotros afirmamos que los persiguió con el propósito de que depongan sus reclamos históricos y que no obstaculicen los negocios de los amigos y socios del gobierno de Macri.

4-      Hace poco afirmó que “Cuando una persona es víctima de un delito, queremos que ese delito se investigue y se sancione, pero al mismo tiempo, que la persona que es acusada tenga derecho a defenderse y tenga un juicio justo, sin ser torturada en una comisaría. Los derechos son de todos, y es obligación del Estado respetarlos y garantizarlos” Según su análisis ¿Los medios de comunicación cuánto favorecen o cuánto entorpecen dicha premisa para que la misma se transforme en postulado cultural?

Creo que esa afirmación fue una respuesta a una pregunta que siempre se repite: “¿ustedes solo defienden los derechos humanos de los delincuentes?” La cuestión es bien sencilla, los derechos humanos son de todas las personas. Si los medios de comunicación lo señalaran con honestidad y claridad estarían colaborando a que seamos una sociedad más respetuosa y segura. El tema de la seguridad está siempre presente. La seguridad también es un derecho humano y nosotros le reclamamos al Estado que se ocupe de garantizarla, pero tenemos claro que eso no se puede hacer a expensas de la violación de otros derechos. A veces parecería que nos quieren hacer creer que si torturamos a un sospechoso en una comisaría tendremos mejores resultados en la lucha contra la inseguridad, y eso, además de ser ilegal, es falso. Cuesta mucho hacer entender que las únicas sociedades seguras son aquellas que garantizan la plena vigencia de los derechos humanos y que por ello las políticas de seguridad y en especial la formación y la actuación de las policías debe basarse, precisamente, en la teoría y la práctica de los derechos humanos. Cuando los medios de comunicación propician políticas de “mano dura” y “gatillo fácil” y de violación de garantías constitucionales en general, contribuyen a la inseguridad ciudadana.

5-      Por fuera de las lamentables operaciones que fomentaron algunos actores mediáticos y judiciales. ¿Qué posición tiene la APDH con relación a los ciudadanos que ante la pandemia se encuentran privados de su libertad?

Tenemos la posición que tiene la Constitución Nacional desde hace más de un siglo y medio: “las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos alojados en ellas”. Sostenemos que las cárceles deben servir al proceso de resocialización de las personas para que puedan reinsertarse en la sociedad y no vuelvan a delinquir. Los procedimientos para que esto sea posible están estudiados y son objeto de protocolos aprobados por Naciones Unidas y vigentes en Argentina. Sin embargo estamos lejísimo de ello. Los sistemas penitenciarios, tanto el federal como los provinciales, no sirven. En la provincia de Buenos Aires la situación es terrible. En enero de este año había 45.000 presos en las prisiones donde hay lugar para albergar a 21.000. En las comisarías bonaerenses había más de 4.000 y allí hay lugar para alojar a 1.000. Esa superpoblación, en gran medida, es producto del uso abusivo de la prisión preventiva que hacen los jueces y que posibilita la ley. Al hacinamiento se le suman todas las carencias que podamos imaginar. Las denuncias de torturas son habituales y las muertes violentas dentro de los penales son frecuentes. Y eso siempre queda impune porque no está visualizado como un problema y no se le cree a las víctimas. Los gobiernos temen que si se dedican seriamente a esto serán hostigados por ocuparse de “los malos”, que son los que están presos, en detrimento de “los buenos”, que somos quienes no lo estamos.

6-      En qué punto están las denuncias que la APDH, en conjunto con otras organizaciones de DD.HH Latinoamericanas efectuaron en contra del régimen dictatorial boliviano y la represión hacia el pueblo chileno por parte del gobierno de Piñera.

Nosotros denunciamos a los usurpadores del gobierno boliviano por entender que están cometiendo delitos de lesa humanidad porque utilizaban los medios del Estado para perseguir, encarcelar, lesionar y matar personas, en general opositores políticos. Lo hicimos en Argentina pidiendo la aplicación del principio de jurisdicción universal, que posibilita que cuando un Estado no juzga a los crímenes que se cometen en su territorio, estos puedan juzgarse en cualquier otro país. La causa está tramitando ante un juzgado federal de Córdoba porque ahí se hizo la primera denuncia. El fiscal interviniente se expresó en contra de nuestra petición y ahora el juez debe resolver qué hacer. Distinto es el problema en Chile. Allí, junto a la organización más importante de derechos humanos de ese país, hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando que la extendida y violenta represión estatal implicaba violación a los derechos humanos. Los testimonios de las víctimas que recogimos en el lugar son terribles. Pedimos medidas de protección especiales para los sectores más castigados. A partir de la denuncia la Comisión viajó a Chile y estamos a la espera de su pronunciamiento.  

7.- ¿Usted cree que esa ola de negacionismo que vivimos durante el macrismo fue la resultante de una política premeditada del oficialismo, acaso como un globo de ensayo social, o solo fue parte del deseo y albedrío de algunos de sus operadores mediáticos?  

El negacionismo fue real. Desde cuestionar el número de desaparecidos hasta intentar el desprestigio de las organizaciones de derechos humanos; desde desfinanciar los programas vinculados al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad hasta cerrar todas las investigaciones oficiales en marcha sobre la responsabilidad empresarial en el genocidio argentino.  El negacionismo está en el ADN del Pro y también en el de muchos radicales que lo acompañaron. Desde el gobierno intentaron inocular esas ideas en las formas que pudieron. Enfrente hubo un valladar social infranqueable. Creo que la inmensa y generalizada movilización contra la sentencia de Corte que disponía la eventual libertad de muchos genocidas por aplicación del llamado “dos por uno” fue decisiva. Estoy convencido que se ha ganado una batalla cultural en torno a esto. El juzgamiento del terrorismo de Estado en Argentina no tiene vuelta atrás. Es cierto que en muchos casos aún no ha llegado y en otros ha llegado tarde pero así son los tiempos de las sociedades. Por algo Alfredo Zitarrosa canta “No hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia”