Si esta misma clase gobernante, durante los 70, torturaba y mataba con la anuencia del poder judicial para apropiarse de empresas, mirá si ahora no van a extorsionar…
Hace poco cuando columnista de TN,
en el presente un hereje
Stornelli, extorsión y
empresariado nacional – Por E. Raúl Zaffaroni
En el caso de las denuncias por extorsión contra el
fiscal Carlos Stornelli se pone en juego, junto a la persecución política
judicial que deriva de la causa de los cuadernos fotocopiados, la polarización
histórica latinoamericana entre autonomía y desarrollo o sometimiento y
subdesarrollo de nuestras naciones.
Fuente La Tecl@ Eñe
Leo con asombro las noticias sobre el caso Stornelli.
Se trata de una denuncia que involucra al representante del Ministerio Público
que actúa en uno de los procesos más controvertidos y discutibles del momento.
No sólo trasciende una extraña compulsión a prisiones preventivas selectivas
respecto de los imputados que no se autoincriminan como arrepentidos, sino
que sus consecuencias son inimaginables para el futuro de nuestra Nación.
Más allá del intenso tufo a persecución política judicial que
envuelve el caso de los curiosos cuadernos fotocopiados, que procederían de un
no menos curioso grafómano y que, de por sí, pone en duda la existencia del
Estado de derecho en nuestro país, este proceso puede tener consecuencias mucho
más destructivas en miras al futuro.
En efecto: se están involucrando en el proceso a empresarios
argentinos, o sea, a los titulares de las empresas de capital nacional, lo que
los marxistas llamarían la burguesía nacional. Más
allá de las ideologías, la agresión a nuestros empresarios implica el riesgo de
destrucción de sus empresas, o de su venta a trasnacionales a precios viles.
El capitalismo puro y sano no ha existido nunca, más que como una
fábula resultante de una mala interpretación de Max Weber, que se refería al
origen del capitalismo, a sus primeros pasos puritanos y sobrios, pero que no
pretendía extenderse a todo el ulterior fenómeno capitalista del mundo.
Todo capitalismo, en alguna medida, tiene aspectos de la hoy mentada corrupción,
quizá atribuibles a su propia esencia competitiva, que hace que el diablo, que
siempre habla a la oreja, despierte la tentación de trampear al otro o primerearlo.
El nuestro supongo que no es ninguna excepción, porque no somos la
mosca blanca del planeta. Pero quienes creemos en los ahora pretendidamente
descalificados populismos, en
especial porque pensamos que sin ellos en nuestra historia es casi seguro que
hoy no estaríamos escribiendo estas líneas, dado que nunca habríamos llegado a
las universidades y quizá incluso fuésemos analfabetos, sabemos de sobra que
debemos arreglárnoslas con el capital y con sus defectos esenciales.
Desde esta perspectiva, también sabemos que con nuestros
empresarios -convenientemente vigilados- el valor agregado (el trabajo) por lo
menos quedará en el país y eso permitirá que luego discutamos si se reparte más
o menos. En esta discusión, siempre dirán algunos que los que pretenden más
reparto son izquierdistas, calificativo
claramente eurocéntrico mal trasplantado, por cierto. Cabe precisar que esta
discusión por el reparto la adelantaba en su tiempo nada menos que el propio
Adam Smith, tan deformado por sus lectores de hoy que, por cierto, se
aprovechan de que el pobre escocés esté muerto desde hace más de dos siglos.
Pero por ahora –y aunque parezca mentira- eso no importa mucho,
porque lo que está en riesgo es nada menos que la tentativa misma de que el
valor agregado por manos argentinas quede aquí, porque si se malvenden nuestras
empresas (que se devalúan con las denuncias y prisiones preventivas de sus
dueños) no vendrá el socialismo ni la igualdad, como pretenden algunos ingenuos
e ilusos, sino que el valor agregado se lo llevarán las empresas trasnacionales
que las reemplacen o compren y que forman parte del totalitarismo financiero
que en (y desde) el hemisferio norte vacía soberanías y democracias.
Se trata, como siempre, de la eterna y básica polarización
histórica latinoamericana entre soberanía y colonialismo, entre autonomía y
desarrollo o sometimiento y subdesarrollo de nuestras naciones, con todas las
consecuencias letales que le conocemos al subdesarrollo, que se traducen, por
decirlo sintéticamente, en un verdadero genocidio por goteo.
El caso Stornelli se
plantea, pues, nada menos que en el proceso en que se juegan estos astronómicos
intereses. Es obvio que no por eso se debe condenar anticipadamente a nadie,
cualquiera sea la persona involucrada y graves las circunstancias concretas del
caso, y aunque nos resulte simpática o antipática la persona y su actuación.
Todos sabemos las consecuencias desgraciadas de manejos mediáticos
de desgaste
y pulimiento y, quienes tratamos de mantenernos más o menos
serenos en medio de un carnaval en que no se manejan lanzaperfumes sino que se
distribuye estiércol maloliente a diestra y siniestra, no podemos permitirnos
caer en los mismos procedimientos.
Tampoco podemos admitir lo que lamentablemente alguna vez dijo un
político de nuestro país: en política hay mala suerte y en
tales casos se debe dar un paso al costado. No, nadie debe dar
un paso al costado si tiene la conciencia tranquila. De lo contrario, estamos a
merced de cualquier manipulación mediática y eso es injustificable, porque
acabaría con nuestra democracia, ya de suyo bastante precaria. Aunque la mujer
del César no sólo sea casta sino incluso virgen, aquí se la hace prostituta
mediante la creación mediática de medios monopólicos (o se la hace virgen
aunque se acueste con toda la soldadesca).
Cuando el totalitarismo financiero se apodera de la política –como
sucede hoy en el mundo- y sus monopolios mediáticos se convierten en árbitros
de quiénes se quedan o salen del ring, afirmaciones tan estúpidas como que
quien es acosado por la difamación deba dar un paso al costado son
inaceptables, porque implican la muerte definitiva de la política.
Quienes hemos pasado décadas en los tribunales sabemos lo que en
la jerga se llama girar el nombre. Se
trata de estafadores que venden humo, falsas
influencias para obtener dinero de algún incauto con el pretexto de que es
para el juez. Sabemos que la creatividad de los estafadores es
enorme. A quien no lo crea, le recomendamos leer el estudio criminológico sobre
la estafa de Hans von Hentig, que tiene más de sesenta años de antigüedad, al
que habría que sumarle todos los ejemplos de esas décadas.
Por lo general, estos
estafadores no tienen ningún vínculo con el funcionario para quien pretenden
que destinan el dinero del supuesto cohecho. En otros casos pueden ganarse la
confianza de éste, pero son casos menos comunes y más dudosos, lo que no excluye
su posibilidad.
En el caso Stornelli el
vínculo existe y no parece superficial, por lo menos a partir de las noticias
periodísticas y de las comunicaciones que se han dado a publicidad. Esto no es
ninguna prueba concluyente e insistimos en que nadie debe ser condenado
anticipadamente, pero es claro que merece ser investigado a fondo por la
justicia. ¿El propio Stornelli fue estafado? ¿No tuvo la sagacidad de reconocer
el carácter de estafador del supuesto interpuesto?
El personaje que interviene en este episodio proporciona
explicaciones que no son ni lejanamente verosímiles, porque a quien paga en una
extorsión no se le pregunta de dónde sacó el dinero y, si se le preguntase,
tampoco tendría sentido que se lo explique al extorsionador o bien podría mentirle
con total impunidad. Ese argumento resulta infantil y, por cierto, no
contribuye a esclarecer lo sucedido sino a oscurecerlo aún más.
Lo único cierto hasta el momento es que el hecho resulta
escandaloso, dadas las circunstancias y las personas involucradas, y que
requiere una investigación judicial urgente.
Poco contribuyen a esto las descalificaciones ideológicas del juez
competente o la pretensión de inventar maniobras o encubrir mediáticamente el
hecho. Sea cual fuere la ideología de un funcionario judicial, y dado que no lo
hay sin una ideología o una concepción del mundo que lo haga simpatizar más con
el oficialismo o con la oposición, no puede ponerse en duda nada de lo que
investigue en función de atribuirle una ideología. Precisamente, la imparcialidad
judicial no es otra cosa que el producto del pluralismo ideológico entre los
jueces.
Además, nadie en su sano juicio condena o absuelve arbitrariamente
en función de ideologías o simpatías, porque hay límites jurídicos, hay
conciencia en los hombres y mujeres y hay revisiones de segunda instancia,
casatorias y extraordinarias.
Si bien puede haber quien no esté en su sano juicio –y al parecer
algunos no faltan-, esto sólo puede verse a partir de su actuación y no
mediante una descalificación ideológica previa que tienda a sacar del juez
natural una investigación, más en circunstancias tan delicadas como las del
mentado caso.
Debemos ser extremadamente cuidadosos en esta situación, que es
prácticamente donde se juega el poco prestigio que le resta a nuestra justicia,
por efecto de una cadena de decisiones insólitas, como el desopilante invento
de los vínculos
residuales, las prisiones preventivas extorsivas, el reclamo de jueces
propios del ejecutivo, la persecución de jueces laborales
históricos del fuero, la omisión de asistencia médica al ex-canciller, la
clonación de procesamientos contra la ex-presidenta, por no mencionar a los
pseudojueces de Jujuy contra Milagro Sala y sus compañeros.
Somos conscientes de que hay miles de jueces en la República y que
la inmensa mayoría es ajena a estos episodios, pero todos deben tener sumo
cuidado, poner la debida distancia de estas desviaciones del poder, no sólo
expresarlo en privado sino hacer pública su disidencia con ellas. No se trata
de asumir ninguna posición en el complicado panorama político actual, sino de
salvaguardar la dignidad de la inmensa mayoría de los jueces.
De lo contrario, cuando el diluvio pase, como siempre pasa, y la
paloma llegue, nuestro pueblo (despectivamente llamado la
gente) no distinguirá y, en el fondo, tampoco le faltará razón,
porque nos reclamará a todos para qué sirve lo que enseñamos en las
universidades, para qué diablos sirven nuestros libros y tratados, si al final
quedamos inmóviles frente a unos pocos que proceden al margen del derecho.
De momento, si no somos capaces de garantizar que este caso se
esclarezca como corresponde, la responsabilidad por el silencio será aún más
fuerte el día que el diluvio pase.
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