A su paso, durante los últimos 40 años, el neoliberalismo fue y va sedimentando sus herrumbres sociales con el auxilio del Poder Judicial
Derogación de la ley de subversión
económica por el ex Presidente Eduardo Alberto Duhalde, a pedido del FMI como
forma de defender a sus intereses y sus asociados internos. Mayo del año 2002.
Juan Carlos Maqueda, actual integrante de la Corte Suprema de Injusticias, era
por entonces Senador y votó a favor garantizando la impunidad del establishment
solicitante. Tiempos de mayorías automáticas, salvatajes de contrabandistas y
estafadores del Estado devenidos hoy en mandantarios, gracias a la perversión
colectiva y el olvido dolarizado de una mayoría psicótica y maleable. Y como
siempre los silentes luchadores en desventaja contra los molinos de viento del
saqueo... como ahora... Tres lecturas anexas completan un rico manantial que
iluminan algunos agujeros negros del presente, por caso la coherencia histórica
e ideológica de la Senadora Cristina Fernández de Kirchner y del Senador Raúl
Alfonsín votando en contra de esta suerte de amnistía financiera, y el sinuoso
camino que exhibían algunos amanuenses del corporativismo, por caso Pichetto, además
de notables hallazgos que no dejarán de sorprender..
Ruina
jurídica y esperanza – Por Julián Axat para La Tecl@ Eñe
Fuente
http://lateclaenerevista.com/2018/07/26/ruina-juridica-y-esperanza-por-julian-axat/
Sobre planes criminales y subversión
económica, un recuerdo de Alberto Pedroncini
Julián Axat recupera
en tiempos de un nuevo acuerdo con el FMI la figura de Alberto Pedroncini, un
luchador incansable por los DDHH quien durante el gobierno de la Alianza
denunció el corazón del sistema neoliberal de los 90 mediante una pieza
doctrinaria que colocó en el mismo plano los conceptos de genocidio
económico-social y de subversión económica.
Hay ciertas ruinas del derecho que hablan del
presente más que del pasado; en ellas, a veces, reside la esperanza de
justicia, también la memoria. Hace un año murió Alberto Pedroncini, un
incansable luchador por los derechos humanos, amigo de mi abuelo Carlos Axat.
Ambos abogados, coincidieron en la APDH en plena dictadura militar.
Mi abuelo me lo presentó hace ya más de veinte
años, yo andaba en el final de la carrera y Alberto era como un faro para
muchos de nosotros que frecuentábamos HIJOS y pensábamos cómo salir del
laberinto legal de la impunidad noventista.
Recuerdo que, por entonces, Alberto juntaba
firmas para una gran denuncia que había redactado con el patrocinio de grandes
juristas de la talla de David Baigún y Beinusz Szmukler, y cuyo encabezado
rezaba: “Querella por subversión económica”. Las víctimas directas que firmaban
de puño y letra el escrito eran personas excluidas: cartoneros, villeros,
personas en situación de calle, piqueteros, trabajadores desocupados, docentes,
etc. Y encabezaba en texto las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas,
Arturo Blatezky. Se ofrecía como testigo al entonces cardenal primado Jorge
Bergoglio, y un listado de obispos, reconocidos economistas, periodistas
especializados. Como moño final, la denuncia estaba dedicada a la memoria de
los Obispos Jaime de Nevares y Jorge Novak.
En un ejercicio de detective del pasado,
decido buscar y desempolvar aquella maravillosa ruina del derecho, el documento
que tengo guardado en mis viejos archivos de la computadora. Similar a la
denuncia de Alejandro Olmos sobre la deuda externa, en la denuncia de
Pedroncini aparece el coraje de “querellar al sistema” en su complejo fraude al
pueblo. Se trata de una medulosa pieza de doctrina que colocaba en el mismo
plano el concepto de genocidio económico social por rebajar a pobreza y
eliminar a grupos sociales (cuando el concepto de genocidio todavía no era
utilizado en los tribunales), la utilización del concepto de tratos inhumanos y
degradantes para porciones de población que dolosamente reciben un tratamiento
de crueldad al caerse en el abismo. Por último, la idea de subversión económica
(ley 20.840) como organizadores de aparatos de poder que perpetran un plan
criminal de vaciamiento financiero, a través de la especulación digitada.
La relación conceptual se explica a través de
la sistemática exclusión social como forma dolosa de genocidio económico, un sistema
aparentemente impersonal que desplaza de hecho la soberanía nacional y
suprime el derecho de autodeterminación del pueblo argentino, abriendo así paso
a la destrucción de los derechos individuales de gran parte de los habitantes
del país (librados a su suerte por el apartamiento del Estado como garante de
la existencia de tales derechos e impulsor de su realización). Es decir, la
denuncia ponía en tela de juicio toda la estructura del esquema neoliberal de
los 90 y en ese entonces del gobierno de la Alianza, como “plan criminal”
orquestado para producir un magnífico negocio que era el megacanje acordado con
los organismos internacionales de crédito, con intermediarios (Pedro Pou, como
presidente del Banco Central) y destinatarios (Presidentes de los Bancos que
participaron de la especulación). “… No existe “la fuerza ciega de los
mercados”, dice Pedroncini, y sigue “… se trata en realidad de conductas
transgresoras de agentes claramente individualizables, que persiguen
fines incompatibles con la efectiva vigencia de la Constitución Nacional
y de los derechos humanos. La ilicitud de los fines perseguidos y/o de
los medios empleados como fuente de responsabilidad penal…”. La “especulación
financiera”, la timba, buscaba fugar dinero que ingresaba como dinero fresco
prestado.
“… El llamado “megacanje”, mediante el cual el
Estado Nacional sustituyó títulos de la deuda pública por 19.000 millones de
dólares, pagando tasas superiores al 15 % de interés anual (calificadas de
“ruinosas” por el propio Ministro de Economía de entonces). Este
megacanje fue acompañado por el pago de comisiones por 160 millones de dólares
a grandes Bancos, que en muchos casos tenían en cartera los títulos que se
canjeaban (de donde resulta que no existía servicio de intermediación alguna en
tales casos). Los Bancos que lideraron esta operación fueron el JP Morgan y el
Credit Suisse First Boston. La conjunción de ambos procesos condujo a una
abierta especulación con títulos de la deuda pública, que demostraba claramente
la presencia del delito de subversión económica…”.
La leo y releo y no puedo dejar de pensar que
“la querella Pedroncini” debe estar perdida o cajoneada en algún osario de
causas de Comodoro Py, durmiendo el sueño de los justos, como Alberto que nos
dejó hace un año, pero que nos mira desde algún lado. Y no puedo dejar de
comparar los sucesos que se querellan con los que vivimos en el presente;
en realidad me pregunto si –a la larga- tendrán el mismo tratamiento de
impunidad. Si en el futuro, pos 2020, existirá o no una derogación como la de
2002 que dejó sin efecto la Ley de subversión económica como cumplido con el
FMI y el establishment, para lograr la impunidad de Pou, Escazany y compañía.
Lo que queda de aquella debacle orquestada de 2001, los restos de la complicidad
civil económica de la dictadura de 1976/83, como capas tectónicas superpuestas
al defalco actual.
El filósofo Theodor Adorno decía que “solo en
los vestigios y las ruinas existe la esperanza de encontrar una realidad
genuina y justa”. Hay ruinas del derecho que nos hacen pensar el presente:
¿Cómo enjuiciar al sistema? ¿Es impotente la justicia ante semejante ardid?
¿Qué ingeniería se necesita para sentar en el banquillo a todo un esquema de
vaciamientos y vaciadores? Como cuando veíamos de lejos la ingeniería para
juzgar los procesos de memoria, verdad y justicia. Nada es descabellado aun,
las ruinas abren el derecho a la esperanza.
Lecturas
indispensables:
-
Cuando Duhalde hizo derogar la ley de subversión económica
para cumplir con el FMI. Mayo 2002.
-
El Clarín estridente sonó..
El chantaje de la ley de bienes culturales...
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