La Justicia
y el fraude intelectual







“Este es un debate eminentemente político, por esa misma razón no debe ser solamente de exclusiva entidad de los juristas” (parte del Discurso del Diputado Dr. Jorge Rivas en la reciente sesión legislativa en donde se trato la reforma judicial).
Algunos hablan de que se intenta politizar a la justicia acaso desconociendo –vamos a ser benévolos - que la justicia hace muchos años ha decidido politizarse. Y ha decidido politizarse institucionalmente producto de sus propios devaneos ante cada coyuntura política. No tenemos más que repasar sus posturas y reacciones durante los últimos cuarenta años para darnos cuenta del dilema. La justicia, institucionalmente, ha sido consecuente en tiempos de dictadura, en tiempos de obediencia debida, en tiempos indultos y en tiempos de juicios por la verdad. Si estas marcadas contradicciones en un tema tan sensible no son políticas, entonces la política en dónde está.
¿Cuál es el temor de ciertos opositores para que los componentes del consejo de la magistratura sean elegidos por el pueblo? Según sus argumentos la incompetencia. Pregunta: ¿Cuántos ciudadanos de los que votan bianualmente adolecen de un conocimiento profundo sobre la concreta gestión política? ¿Cuál será el próximo paso, acaso calificar el voto?.
Y si de pronto y partir de esta nueva responsabilidad los comunes decidimos informamos y tratar de entender la mecánica del poder judicial con mayor profundidad. La oposición no se permite pensar en nuestras propias inquietudes e intereses ciudadanos. La intervención directa del pueblo en la elección de algunos integrantes del poder judicial forma parte de la política de inclusión y ampliación de derechos en la que está inmerso el Gobierno Nacional. Recuerdo que el proyecto para que los jóvenes voten a partir de los 16 años también tuvo un correlato similar: La ausencia de preparación y conocimiento.







Observo en la oposición un temor casi descarnado cuando de participación popular se trata. ¿Sospecharán que estos incentivos participativos puedan provocar en los ciudadanos compromisos superiores que impliquen informarse debidamente y que debido a esto puede resultar más complejo arrearlos desde el discurso dominante?
En lo personal me parece extraordinario que parte del poder judicial tenga representación popular y que cada candidato exprese sus conocimientos de cara a la sociedad. Esta mecánica abre de inmediato el debate sobre cuestiones e interpretaciones hasta hoy encapsuladas. Imaginemos por un instante un debate entre los representantes jurídicos del Radicalismo, del Pro y del FPV. Estimo que enriquecería a la sociedad de modo notorio agregándole conceptos hasta el momento ignorados. Hasta me atrevo afirmar que le daría un correlato técnico que acotaría notablemente cierta demagogia que los políticos tradicionales suelen exponer en sus discursos electorales.
La oposición coincide en que la mayoría de la población está de acuerdo que es necesaria una reforma del poder judicial, pero no de esta forma. Pregunta: ¿Cómo hago para sustentar esa afirmación si al mismo tiempo sentencio que el pueblo no está preparado para comprender ciertos dilemas?. Vale decir, para estos sectores el pueblo tiene posición tomada sobre algo que desconoce. No me resulta lógico el argumento.
Tampoco comprendo las razones por las cuales se afirma que el Gobierno desea manejar a la justicia. ¿Acaso conocen de antemano los resultados electorales? Imaginemos un rotundo triunfo Radical en los comicios de Octubre. Pues automáticamente dicha agrupación ocuparía la mayoría de esos cargos electivos.
Todo concluye en la extrema desconfianza que le tienen a la política determinados políticos. Gestores que necesitan que los poderes fácticos (poder real) sigan teniendo prerrogativas y prebendas de modo acordar con ellos cuando la voluntad popular les es esquiva.



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