Si la sociedad argentina está dispuesta suicidar a su memoria y con ella a buena parte de su historia bajo los fuegos del olvido, nuestra obligación es que sus restos no lleguen a ser cenizas, para que acaso las futuras generaciones tengan la posibilidad de reconstruirla.
Tiempo aproximado de lectura: 25´
NUNCA MÁS, MÁS QUE NUNCA....
La MEMORIA una construcción colectiva y permanente
Resulta imprescindible volver -una y otra vez- al pasado, para poder aprehender el presente -y tal vez así - poder llegar a construirlo con los eslabones de lo que somos y de lo que queremos ser.
Podríamos representar que la historia de los pueblos, es un permanente rescate de la Memoria ancestral, para mantener vigente sus orígenes, su desarrollo, identidades, proyectos y conquistas. Sin embargo, hablar de la memoria no es hacer un raconto de recuerdos, repaso de fotos viejas, nostalgias y episodios.
La Memoria forma parte del patrimonio cultural, histórico y político de los pueblos. Estos la cuidan y la protegen para valorar y tal vez repetir los procesos virtuosos. También para descartar y combatir aquellos ruinosos, desgarradores y destructivos para la comunidad y sus intereses.
La Memoria se institucionaliza y se convierte en historia oficial cuando un grupo de poder logra imponer su hegemonía. Según cual sea éste, ese grupo enaltecerá y potenciará esa memoria. O bien, la maquillará, esconderá y/o la destruirá.
“La historia la escriben los que ganan, por eso decimos que hay otra historia” (Lito Nebbia)
Podríamos avanzar y afirmar que la historia no es más que la permanente lucha de los distintos sectores que forman parte de una sociedad, para imponer la memoria de sus intereses y a partir de ellos construir la institucionalidad social y jurídica.
La necesidad de reestablecer la Memoria, la Verdad y la Justicia se potenció frente al brutal desgarramiento que sufrió la Argentina con el sanguinario golpe de estado dictatorial, y el genocidio posterior a 1976, que entre otros fines llegó para destruir esos pilares de nuestra sociedad.
Sin ir más allá del nacimiento de nuestra Patria en 1810, vemos que la construcción del relato histórico, económico, social y cultural está teñida –salvo períodos muy concretos- por los sectores conservadores, coloniales y oligárquicos que, al cabo de las décadas, fueron claramente los ganadores que impusieron en el relato su propia versión dominante.
No obstante, no está de más repasar los antecedentes coloniales durante los 500 años de conquista, donde el proyecto estratégico del imperio español, a lo largo y ancho de toda la América Latina era la destrucción de las culturas existentes, su sojuzgamiento, 1a esclavitud, en algunos casos, y el exterminio en otros. El objetivo fue básicamente para imponer a sangre y fuego su propia cultura, religión, idioma, costumbres y categoría de la propiedad privada, inexistente en aquellas culturas, para apropiarse de los recursos tan apreciados por el mundo europeo mercantilizado. En principio el oro y la plata como hoy es el petróleo.
La necesidad de tener en cuenta esa nefasta cultura de apropiación y del saqueo reviste importancia. porque la crueldad y la violencia ejercida, con el ajusticiamiento sin causa y sin justicia, el empalamiento, el azote, la muerte por apaleamiento o piedrazos, las mutilaciones y el degollamiento, la horca y el descuartizamiento de hombres, mujeres, ancianos y niños, será heredada luego en las guerras civiles argentinas por los nuevos socios del poder colonial y la creciente oligarquía terrateniente.
Tengamos en cuenta que las guerras de emancipación contra el imperio español fueron fundamentalmente entre americanos, de uno y otro lado del campo de batalla, con algunos españoles nativos a favor y/o en contra del poder colonial. Ambos, heredaron cuotas de violencias extremas de la misma fuente europea. Más tarde, esas mismas prácticas racistas de odio y barbarie antihumana extrema, fueron ejercidas por los criminales y genocidas de 1976, copiando la matriz ideológica de esa cultura histórica. Esta vez agregándole nuevos métodos, aún más sanguinarios y despiadados. Las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, categorías eurocéntricas inexistentes en el pasado colonial, están referidas a los crímenes cometidos por el aparato del estado y sus agentes oficiales o clandestinos, categorías básicamente creadas durante y después de la Segunda Guerra mundial. Sin embargo, sin esas categorías, los delitos existieron en toda la humanidad y particularmente en nuestra historia nacional. Los mismos, en nuestro caso, tanto como las violaciones a los derechos humanos, siempre han sido un sinónimo de impunidad.
En un breve y sintético derrotero de los crímenes de estado, podemos repasar desde el envenenamiento del prócer Mariano Moreno, verdadero motor de la Revolución de Mayo, a los pocos meses de su gravitante actuación en los días de la emancipación de la colonia. Todavía mucho más evidente y trágico fue el fusilamiento del Cnel. Manuel Dorrego, primer gobernador elegido por la provincia de Buenos Aires, quien sin juicio y sin defensa alguna fue ajusticiado por el Gral. Juan Lavalle. Constituyendo ello, nada menos que el antecedente del primer golpe de estado en nuestra historia y que sin duda inauguró el período violento de nuestras guerras internas fratricidas, al no aceptar, los sectores de poder, dirimir las controversias por el diálogo, el consenso o la disputa electoral. Su autor no sólo no fue juzgado ni condenado, sino por el contrario, desde entonces su nombre riega las calles, avenidas, pueblos, ciudades y plazas de toda la geografía nacional. Incluso, los directos instigadores del crimen también fueron ungidos como próceres -de utilería-. Por ejemplo, un tal Salvador María del Carril, que le llenó la cabeza al incauto Lavalle para que cometiera el asesinato y le aconsejó deshacerse de esas misivas insidiosas y apologistas del crimen, fue colocado, premiado y reconocido en la primera formación de la Corte Suprema de (in)justicia, después del triunfo de Caseros, luego de haber pasado “a dedo” por otros cargos de gran notoriedad. De esa manera oprobiosa se inauguró también la historia del máximo tribunal de justicia del país. Así construyeron el relato los ganadores.
Mucho peor todavía, entre otras, fue la eliminación salvaje y traicionera del Gral. Ángel Vicente Peñaloza, al igual que Manuel Dorrego, héroes del ejército sanmartiniano. Hombre valiente, de una nobleza y dignidad probada, asesinado por las fuerzas mitristas que no sólo lo lancearon desarmado y rendido, delante de su esposa y sus edecanes, sino que además lo amarraron, ya mal herido, a un horcón de algarrobo donde lo fusilaron. No conformes con ello y para crear el terror, el odio y el escarmiento, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica en la plaza del pueblo de Olta en la Rioja y la dejaron allí para que se pudra. El sanjuanino Domingo Sarmiento festejó el acto criminal y aclaró que lo hacía no sólo por el hecho en sí, sino fundamentalmente “por la forma”.
En nuestro derrotero histórico perdimos muchas batallas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, algunas por no haber dado los combates necesarios. Tal es el caso del exterminio de etnias y nacionalidades completas a manos de usurpadores ingleses en el sur de nuestro país, especialmente en la Tierra del Fuego. Es necesario aclarar, por si existieran algunos desinformados, que las distintas tribus o nacionalidades en todo el continente americano tenían su estructura social, su idioma, su cultura, su religión, que con mayor o menor desarrollo milenario estaban muy lejos de ser esa especie cuasi zoológica y peligrosa que nos intenta mostrar la intencionada crónica del invasor, sólo porque no compartía la visión de su universo existencial. Allí, en el sur del continente, los apropiadores ingleses exterminaron hasta el último de sus miembros de varias etnias ancestrales.
Cuando ya no se podía contener el reclamo y el grito de los sectores postergados, verdaderos dueños del futuro patrio, la violencia criminal pasó del ataque personal a los líderes y se instaló directamente contra los pueblos y sus protagonistas. Existen órdenes virreinales específicas que en distintos casos la muerte debía ser sin juicio y hasta el último de los mortales. Otra vez, con los mismos piratas ingleses, en los bosques del norte santafecino y chaqueño en “La Forestal”, donde a consecuencia del despido de más de 7.000 obreros, la represión asesinó entre 500 y 600 personas.
Otro siniestro episodio, que se conoció como la matanza de Napalpí (1924) donde en una conjunción de estancieros de la zona, policías y miembros del ejército, dieron muerte a más de 500 pobladores, hombres, mujeres y niños, para arrebatarles sus tierras. Tempranamente innovaron con nuevos métodos, lanzando granadas y bombas caseras, tipo molotov, con unos primitivos aeroplanos, en los inicios de esas máquinas voladoras. Este hecho criminal recién se comenzó a juzgar en el año 2006, tuvo su condena una década después, sin la presencia de ninguna víctima ni victimario vivo, habiendo transcurrido casi un siglo de la misma, por lo cual el hecho quedó impune, aunque con el reconocimiento judicial que se trató de un crimen de lesa humanidad. Pero allí no hubo Justicia, cuando ésta llega tarde no es justicia, es impunidad. Éste exitoso antecedente terrorista justificó que medio siglo después, se repitiera la proeza criminal, directamente contra la población civil transeúnte, inerte y desprevenida en la propia Plaza de la Revolución. Allí bombardearon la Casa Rosada para asesinar al presidente constitucional, en lo que fue el bautismo de fuego de la fuerza aérea militar, contra el propio Pueblo Argentino que la creó para su defensa.
Antes de todo ello, perdimos la Memoria con el ejército de los Roca, el mismo que el actual des-gobierno vende-patria pretende sacralizar en el altar de los profanadores como recompensa por haber exterminado y esclavizado a una considerable parte de los pueblos originarios. En nombre de la “civilización” fingían la excusa de hacerlo para entregárselas a miles de pequeños chacareros e inmigrantes labradores de la tierra, cuando en la realidad se la entregaron en bandeja a un puñado de familias, que desde entonces constituyen el núcleo de la clase parasitaria oligárquica extranjerizante, cuna de muchas de nuestras desgracias existenciales. Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a serlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereyra Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, entre otros. Sobre ese genocidio sólo quedan como rastros la profunda desigualdad social y económica y la base de los posicionamientos ideológicos exculpatorios de esos robos y matanzas, y los que vinieron después. Roca había dicho: “Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina, que tiene que formarse, como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de la sangre y el sudor de muchas generaciones” (Pigna, “Los mitos de la historia argentina”, Edit.Planeta, 2005, p. 312). Ningún acusado ni condenado judicial. Para ser más oprobiosa la ofensa homicida, decenas de avenidas, pueblos y ciudades fueron bautizados en la pampa húmeda en un listado de una gran cantidad de militares y terratenientes beneficiados en sus exclusivos provechos con el saqueo a los pueblos originarios.
En el medio otras razzias, tan crueles, inhumanas y criminales como las anteriores. El fusilamiento de más de mil quinientos obreros en la Patagonia porque protestaban contra los patrones avarientos que no les reconocían condiciones humanas de trabajo y de vida en aquellos inhóspitos confines. Allí por supuesto, tampoco hubo Justicia institucional, sólo la pequeña vindicta personal de un obrero sindicalizado, Kurt Gustav Wilckens, que fusiló de cuatro tiros al Tnte. Cnel. Varela, con la misma cantidad de tiros que éste supervisaba le sea asignada a cada protestón obrero rendido y desarmado.
Otro hecho de relevante trascendencia fue la matanza de obreros en la Plaza Once durante la celebración del 1° de mayo de 1919, a las órdenes del Cnel. Ramón Falcón (actual nombre de la academia donde se forman los cuadros policiales). Se reclamaba por la vigencia de la jornada de ocho horas y condiciones laborales menos discrecionales. También hubo impunidad, porque el estado de derecho estuvo ausente, no tomó intervención. Sólo por la intrépida disposición de otro obrero, Simón Radowitzky, pudo vengar la masacre de sus compañeros de lucha dándole muerte al verdugo, haciendo justicia por mano propia. Donde no está el Estado para administrar justicia y darle a cada uno lo que le corresponde conforme a derecho, deja abierta, cada tanto, la aparición del impulso particular para cumplir esa función equiparadora.
Pero sin duda alguna, el mayor acto de terrorismo estatal lo constituyó hasta 1955, el bombardeo a la población civil en la Playa de Mayo. Inédito y tremendo antecedente, donde las propias fuerzas armadas argentinas asesinaron a su propio pueblo. La sorpresa y desconcierto fue tal, que la gente que transitaba, camino a sus hogares o a sus trabajos, miraban los aviones rasantes creyendo que se trataba de un desfile militar, mientras arrojaban más de doce toneladas de bombas, produciendo centenas de muertos y más de un millar de heridos. Luego, estudiosos independientes extranjeros como el francés Alain Rouquié, dos décadas después, elevó las cifras oficiales de la llamada “revolución libertadora” a casi mil muertos y cerca de dos mil heridos. Si se trata de revisar matriz y orígenes de la violencia –sobre todo estatal- en la Argentina, en el largo reguero de matanzas y genocidios, indudablemente se debe inscribir ese brutal asesinato y masacre de civiles desarmados, “inocentes”, en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, nada menos que para derrocar y asesinar a un presidente constitucional.
LA MEMORIA Y LA VERDAD, pero muchísimo más LA JUSTICIA resulta ser el mejor y más eficaz remedio y antídoto contra las recaídas y las repeticiones. Allí no hubo Justicia. La impunidad absoluta favorece la repetición de estos tremendos actos criminales, tal y como ocurrió recientemente contra quien fuera dos veces Presidenta constitucional de la Argentina, y nuevamente un intento de asesinato, sin investigar ni profundizar a instigadores, financiadores y agentes varios, cómplices del mismo, que afortunadamente -como el anterior- no logró su cometido.
Atento ser quienes intentan y/o asesinan a los presidentes y líderes populares los sectores concentrados de las clases dominantes, no existe en nuestra legislación penal el delito de “magnicidio”, como sí existía cuando las víctimas eran los reyes. Si hubiera tenido éxito este episodio de 1955, hubiera sido fácil encontrar algún sicario, vendedor ambulante, desquiciado o “perejil” para dejar impune a los verdaderos responsables, como ocurrió en el intento reciente de 2022.
“Paco” Manrique, veinte años después candidato a presidente, fue uno de los jefes de aquella magna aventura golpista. Claro que hubo otros más famosos que él por su impronta criminal (solo existía una diferencia de grado en la mejor puntería). Por ejemplo, el capitán de fragata Néstor Noriega, que fue quien tiró la bomba que impactó contra el trolebús 305, donde la casi totalidad de sus víctimas fueron niños. O el teniente 1º Carlos Carus que tiró la última bomba con sus tanques suplementarios de combustibles, como una especie de gigantesca molotov o napalm casera, sobre unos cuantos miles de trabajadores que habían concurrido a apoyar al jefe de Estado. Muchos de los principales jerarcas del golpe genocida que tomaron parte de las matanzas contra el Pueblo en 1955, fueron premiados con altos cargos dictatoriales. Uno de los comandantes de tan criminal acción, el vicealmirante Gargiulo, después de su rendición fue invitado a pegarse un tiro, a lo que accedió por “el honor”. Otros secuaces reos, como el almirante Olivieri y el vice Toranzo Calderón, no aceptaron tal convite, prefirieron el deshonor y la condena a perpetua, tal vez pensando, sabiamente, que cuando lograran por fin el derrocamiento del gobierno (lo que ocurrió inmediatamente) los llenarían de “honores perpetuos”. Así fue con muchísimos otros autores, cómplices o partícipes primarios en la masacre, militares o civiles. En la genealogía del mayor grado de odio criminal, mayor grado escalafonario para los militares, y de nombramiento funcional para civiles antiperonistas o en las poltronas curialescas para las oscurantistas sotanas. Massera, Cacciatore, de Pablo Pardo, Benegas Lynch, Zabala Ortiz, Ghioldi, Mario Amadeo, Gainza Paz, Siro de Martini, Torcuato de Alvear (nieto), “Paco” Manrique, Menéndez, Invierno, Rivero Kelly, Mariano Grondona, y tantos otros que pasaron de ser delincuentes de lesa humanidad a “próceres” a todo servicio de las próximas dictaduras y gobiernos autoritarios o anti constitucionales. De hecho, ocuparon desde entonces destacados lugares en los ejecutivos, legislativos, en la magistratura y en la curia, borrando las huellas de sus infamantes crímenes contra la humanidad. De esa manera dejaron expedito el camino para volver (o permanecer) cuando hiciera falta. Igualmente, ello no era una novedad porque de la misma manera funcionó la negación a la MEMORIA y a la VERDAD histórica en tantas otras matanzas desde 1810 en adelante, como ya hemos repasado en las luchas de independencia.
El genocidio indígena a puro fusil, contra pueblos y tribus enteras con arcos y flechas, o arreándolas a pie desde Tucumán durante 1200 Km con hombres, mujeres, niños y ancianos hasta las tolderías de los Quilmes, donde la gran mayoría de ellos ya murió en el camino o luego por las pestes y maltratos. Copiando el mismo mecanismo que el utilizado por los “yanquis” del sur norteamericano con las poblaciones indígenas, extraditándolos de sus propios territorios y hacinándolos en otros en pleno desierto, totalmente desposeídos e improductivos. Los sobrevivientes mujeres y niños fueron esclavizados, allá y más acá. O las purgas y fusilamientos para combatir “las ideologías foráneas” de inmigrantes sindicalizados de principios de siglo XX en los talleres Vasena, donde hubo más de 700 muertos y de 4000 heridos en las revueltas y manifestaciones. O en “la Patagonia Rebelde y Trágica”, o en “la Forestal”, todos durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, como ya vimos.
La historia es la de siempre, el poder dominante violento que protagoniza masacres y genocidios, como los perpetrados prolijamente en nuestro país contra negros, indios y gauchos mal entretenidos, “para mejorar la raza”, en un precursor anticipo del nazismo del siglo siguiente. Luego también contra obreros sindicalizados, contra el peronismo en la Plaza de Mayo y en los basurales para escarmentar a la “chusma”, o más reciente contra “los subversivos”, ¡SIEMPRE ELLOS!
Toda esta dolorosa y cruenta cronología resulta imprescindible para conocer la matriz ideológica y la práctica in crescendo de la represión estatal a las ambiciones y exigencias del pueblo, de mayor igualdad, justicia, de la defensa de la vida, de la identidad cultural, de los derechos sociales y laborales y en resguardo del patrimonio común de la Nación.
Nada resulta sorpresivo entonces, todo responde a la secuencia de episodios anteriores, que tal como lo analizamos, siempre quedaron impunes y por lo tanto invitan a los sectores reaccionarios y oligárquicos, anti democráticos de la sociedad, a insistir en los mismos mecanismos del pasado, que tanto resultado les produjo, para mantener su enorme y desmedida cuota de poder a costa del total de la población.
Así llegamos al golpe de 1976, con un país recién salido, tres años antes, de una larga noche dictatorial de represiones, proscripciones, torturas, encarcelamientos, homicidios, fusilamientos y largos exilios. Pese a todo, se encontraba encaminado a sobresalir sobre el concierto de países sudamericanos y del Caribe en lo más alto del podio, por su desarrollo industrial, precursor en energía atómica, de altos hornos siderúrgicos, en la producción de energía convencional, de aluminio, en superiores niveles de estándar cultural, profesional, educativo, científico, de salarios medios más altos del continente, de mayor porcentaje salarial en la renta global, de derechos sociales, en muy bajos índices de desocupación, de endeudamiento externo, de capacidad industrial ociosa, etc. El nuevo “proceso de reorganización nacional” básicamente llegó para arrasar con la mayoría, sino con todos, los guarismos anteriores. Cambió la matriz productivista por el plan neoliberal de financiamiento externo, y la acumulación con la “bicicleta financiera” a través de los fondos proveídos por el FMI y los provenientes de la subasta de los activos nacionales “las joyas de la abuela” en el mercado del capitalismo externo. Ambos elementos de la cultura económica incorporados y profundizados a partir de 1955. Para lograr este objetivo digitado por el Consenso de Washington y la Comisión Trilateral se necesitaba montar un siniestro plan represivo, con epicentro fundamental en Argentina, pero con ramificación regional con el Plan Cóndor, atento tener nuestro país sectores sociales y políticos, sindicales y empresarios poderosos, con mayor grado de institucionalización, organización, conciencia social y desarrollo territorial, todo asentado en una larga y probada tradición de lucha. Desde el lado del sistema de poder contaba también con una larga tradición de represión y de subordinación a variados tipos de injerencia extranjera, cimentada en dos siglos de violencias y gobiernos antidemocráticos. Se repitieron todas las perversiones criminales que su genealogía histórica represiva les había enseñado y provisto de impunidad. Esas prácticas sanguinarias y cobardes no las abandonaron jamás.
Sin embargo, incorporaron a la perversión, la modalidad del “detenido-desaparecido”, inédita en las cacerías y matanzas anteriores. Ser un “desaparecido” es infinitamente peor que ser un muerto asesinado. No sólo se implementó todo lo conocido, sino que se innovó en mecanismos y acciones tendientes a destruir todos los avances logrados por la sociedad, con un implacable ataque al pueblo individual y colectivo, y un ataque sistémico a la condición humana en todos sus aspectos, desde la integridad a la vida, la salud, la cultura y el mundo del trabajo, haciendo especial esfuerzo en la desintegración social. Todo ello resumido en la frase directriz del verdadero jefe dictatorial José Martínez de Hoz, del 2 de mayo de 1976, venimos a “dar vuelta la página” de la historia y “dejar en libertad” a las fuerzas de la sociedad. Tal como lo hicieron en 1955 y lo repiten actualmente.
Se instituyeron como prácticas comunes la tortura y el secuestro de personas, sin distingos etarios, de género, ni condición humana, esto es, su extensión a personas inválidas, mutiladas, enfermas o en estado de gravidez. También la tortura sobre las personas mutiladas, o despellejadas vivas o con brazos o extremidades rotos, a propósito de los mismos tormentos padecidos. Se robaron todos los bienes de las víctimas que se pudieran individualizar, desde los bienes personales y objetos de una vivienda familiar, vehículos, hasta cuentas bancarias, ahorros dinerarios, maquinarias, propiedades importantes, campos y empresas. Se secuestró, asesinó e incluso fusiló a presos políticos, incluido a familiares, arrancados de las cárceles y eliminados con la figura ficcional de la “ley de fuga” o “el suicidio”. Se montaron aparatos clandestinos y paralelos con los mismos miembros de las fuerzas armadas y/o de seguridad que cumplían roles indistintos, con o sin uniformes oficiales, de formas rotativas. Parte de esos mismos grupos operativos montaron verdaderos emporios económicos y financieros clandestinos con el producto de sus robos, desde donde sostenían económicamente la estructura. Luego de finalizada la dictadura fueron empresas personales para sus propios beneficios, con ramificaciones nacionales y/o internacionales en paraísos fiscales y/o empresas off shore. Algunas de ellas también son el soporte económico para mantener a las familias de genocidas, pago de honorarios a sus abogados, viajes, y campañas de propaganda, que se encuentran en plena vigencia en la actualidad. Se colonizó al poder judicial, que pasó a ser parte y cómplice del aparato represivo. Se aniquiló, proscribió o prohibió toda la prensa que no respondiera al régimen. A través de la apropiación de la empresa Papel Prensa, única de producción de papel de diario en el sur continente, arrebatada en una mesa de torturas a la esposa de su dueño, Lidia Papaleo de Graiver y sus gerentes. Se monopolizó la información pública, la que quedó en manos del Clarín, La Nación y la Razón, y desde entonces la única voz potente monopólica durante toda la dictadura, completado también con la censura, la persecución a las voces disidentes y la falta de libertad de prensa y de expresión. Se crearon cientos de campos de concentración clandestinos para la tortura infinita, la muerte y la desaparición de los detenidos.
La monstruosa figura del “detenido desaparecido” fue un avance sustancial al crimen de estado repetido a lo largo de la historia. Figura tétrica que nos hizo famosos a lo largo del mundo, siguiendo los pasos del nazismo de la segunda guerra. El castigo del “desaparecido” asume varios grados mayores de perversidad, monstruosidad y terror que el simple asesinato y la muerte violenta. Hunde en la incertidumbre, la desesperación y la desestructuración -ante la ignorancia del destino- a familiares, compañeros y amigos de las víctimas y a la sociedad toda, con la pretensión -por parte de los verdugos- que la misma sea infinita, indefinida y perpetua. Jorge Videla, el máximo jefe del terrorismo de estado, repetía como un karma que “el desaparecido no está, no existe, es una entelequia…un desaparecido”. Ya no se trataba de conocer el paradero o recuperar los cadáveres, sino que con mayor crueldad patológica los cuerpos eran disueltos en cal, para evitar su reconocimiento e identificación. Arrojados al río, incinerados con gasoil, o enterrados dentro de tachos de 200 litros rellenos de cemento y/o fondeados para su imposible descubrimiento. O enterrados clandestinamente en fosas comunes, cuya ubicación aún hoy se desconoce.
Miles de alumnos, docentes, trabajadores, profesionales, familiares de las víctimas, religiosos, sacerdotes y monjas, dirigentes políticos, barriales, deportistas, sindicalistas, empresarios, fueron arrojados vivos y desnudos al mar desde aviones militares, sin distingos de hombres, mujeres, niños o ancianos. Ese monstruoso método de hacer desaparecer, no ya a sus víctimas sino también sus restos, fue bautizado en la jerga genocida como “el traslado”. Sus autores y cómplices, que ascendieron a niveles de perversión anti humana jamás vistos, nunca pagaron el costo de los dolores que produjeron. En cualquier otra legislación, ergo la de la “Europa civilizada” “occidental y cristiana” hubieran sido ahorcados o fusilados, como así ocurrió en la segunda guerra mundial.
El robo de los bienes materiales hace que a las fuerzas represivas se las catalogue como simples bandas de ladrones delincuentes. No obstante, ello no resulta lo más grave de su reguero criminal, su “manual de combate” incluía el robo de niños y de bebés a sus madres, la mayoría en el mismo lugar e instante de su nacimiento, en cuevas clandestinas o en el interior de los cuarteles. Ello remite a la peor estofa de la condición humana, aunque muchos de ellos se amparen canallesca y cínicamente detrás de la hostia y la sotana de algún cura cómplice, incluidas las máximas jerarquías eclesiásticas de aquel momento.
El crimen no sólo es contra las víctimas, las madres parturientas, prolijamente torturadas hasta el hartazgo antes de parir e inmediatamente asesinadas o tiradas de un avión militar, sino que el crimen se perpetúa durante toda la vida del recién nacido, que no tiene posibilidad alguna de conocer sus raíces, y permanece de por vida como huérfano o con una identidad robada o mentirosa. Por lo tanto, los crímenes de los detenidos desaparecidos son sobre cuerpos muertos insepultos y sobre cuerpos vivos arrebatados, robados y escondidos. En ambos casos crímenes de ejecución continua. Sus autores materiales o intelectuales (o cómplices) son seres aborrecibles, qué de haber sido contemporáneos del Dante, éste debería haber creado algún círculo especial del infierno eterno, donde arrojarlos, ellos si, por los siglos de los siglos.
Finalmente, antes de tener que dejar el gobierno y para evitar ello y perpetuarse, las fuerzas armadas decidieron iniciar la guerra de Malvinas contra el Reino Unido y la OTAN, que junto a EE.UU., eran sus máximos sostenes y aliados internacionales. En esa aventura, donde no tenían ninguna posibilidad de triunfo, murieron 649 soldados y otro tanto, luego, por efecto de los suicidios, productos del maltrato, del desamparo y de la más amplia orfandad de recursos de todo tipo para retomar sus vidas. En el breve transcurso del enfrentamiento los militares, siguiendo su “manual de combate”, torturaron a una cantidad de soldados ¿enemigos ingleses?
¡No! a sus propios soldados argentinos… que debemos sumarlos a todos los años dictatoriales de violación sistémica y brutal de los derechos humanos, incluso de las convenciones internacionales sobre la guerra.
Respondiendo a un reclamo popular surgido, en principio, de los Organismos de Derechos Humanos (particularmente de las Madres y luego las Abuelas de Plaza de Mayo), pero refrendado y apoyados por importantes franjas del pueblo, con sus organizaciones libres, políticas, sindicales, partidos políticos o sectores de ellos, para conocer la Verdad de lo ocurrido durante la dictadura, juzgar los hechos e intentar cortar el ciclo histórico de impunidad frente a los delitos de lesa humanidad que lucen en nuestra historia política, el gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín, que asumió el 10 de diciembre de 1983, creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Pese a que el reclamo mayoritario era crear una comisión parlamentaria, ésta Comisión, al cabo de nueve meses produjo el Informe NUNCA MÁS, dando la primera información oficial sobre lo que había ocurrido durante toda la dictadura cívico militar, eclesiástica, judicial y mediática. El producto condensado en poco menos de 500 páginas es una breve síntesis de más de 50.000 fojas de testimonios, denuncias y documentación probatoria de lo que desde ese momento se conoció como un verdadero genocidio.
El NUNCA MÁS entonces se constituyó en el más diabólico manual de la perversión y degeneración de la condición humana, superando incluso lo tétrico que el mundo había padecido en otros procesos de masacres y represiones del terrorismo de estado mundial. La importancia del NUNCA MÁS también radica en que desde su información se pudo fundamentar las acciones penales, que desde ese mismo instante se comenzarían a promover en todo el territorio nacional.
Paralelamente a ello, se inició la Causa 13/84 conocida popularmente como “el juicio a las juntas militares.” Después de varias vueltas, finalmente quien se abocó a dicha faena fue la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, con la composición de jueces civiles en ejercicio del mismo fuero. Varios incluso nombrados por los dictadores encausados. Estos últimos gozaron de la más plena defensa en juicio, con las mismas leyes que se encontraban vigentes, varias con reformas incorporadas por ellos mismos durante el período dictatorial. O sea, el juicio se realizó con sus propios jueces y sus leyes penales comunes, siendo que ellos también habían sometidos a civiles, arbitraria e ilegalmente, a consejos de guerra militares sin garantías constitucionales. El resultado de ello luego de varios meses, y el desfile de un total de 708 testigos que dieron prueba fehaciente de los más aberrantes delitos, crímenes de lesa humanidad, cometidos por los miembros de las tres primeras juntas militares, que debieron comparecer ante dicho tribunal, arribó a una sentencia. Sin embargo, nunca se explicó bien (no había forma de justificarlo) por qué no estuvieron imputados los miembros de la última de esas máximas instancias cupulares castrenses, siendo que el aparato criminal oficial estuvo operativo hasta el último minuto del 9 de diciembre de 1983. Mucho más aún, lo siguió estando en las sombras muy adentrado el gobierno radical. Incluso, con la certeza que todavía mantuvieron vivos muchos detenidos desaparecidos, que finalmente fueron eliminados, por responsabilidad directa de esos individuos prematuramente exculpados.
El 9 de diciembre de 1985 se pronunció la sentencia, condenando a prisión perpetua a Jorge Videla y a Emilio Massera, máximos jefes del aparato terrorista y responsables directos de las más cruentas aberraciones de la condición humana. Si bien las víctimas y gran parte de la sociedad no esperaban otra cosa distinta, dicha sentencia en principio significó, una compuerta que se abría a tanta angustia, desolación, bronca, impotencia, miedo y desesperanza. También la posibilidad cierta de poder cumplir con la penosa y larga lucha de la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con un futuro venturoso, si se comparaba con los siglos de impunidad, negación y oscurantismo. En principio, era muy promisorio el horizonte que se vislumbraba para cerrar con Justicia esa oprobiosa página de nuestra historia reciente.
El juicio constituyó un precedente casi inédito en el concierto mundial, donde se pudo juzgar a los miembros cabecillas de lo que se comenzó a conocer como un verdadero genocidio, o sea, el intento de hacer desaparecer a toda una porción multitudinaria de la sociedad que representaba un modelo de país y de sociedad contrario al status quo dictatorial. La condena también alcanzó a Viola a 17 años de prisión, a Lambruschini a 8 años y a Agosti, jefe de la fuerza aérea del primer trío dictatorial, a quien le concedieron 4 años y 6 meses de prisión, lo que pareció a todas luces como una inmensa burla. Mucho peor aún, quedaron absueltos Anaya, jefe del mayor aparato (junto a Massera) del exterminio masivo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). También fue absuelto el brigadier Lami Dozo y el Gral. Galtieri, dueño de la vida y de la muerte en toda la Mesopotamia, máximo escalafón en decenas de campos de concentración clandestinos.
Previo y paralelamente a la CONADEP y al NUNCA MAS se pretendió institucionalizar lo que se bautizó como “la teoría de los dos demonios”, culpando a las víctimas por los hechos criminales cometidos por sus asesinos, desconociendo el carácter del delito de lesa humanidad, que tiene como únicos legitimados activamente, únicos autores, los miembros de fuerzas estatales amparados por el aparato oficial o clandestino del Estado. Para las víctimas incursas en delitos comunes individuales, en banda o en guerrilla, rige el código penal, tal cual fue aplicado implacablemente durante toda la dictadura, sin las garantías procesales, sin derecho a defensa, sin juez natural, y con un código penal reformado ilegal y anti constitucionalmente por los propios militares. Pero básicamente la gran cantidad de detenidos durante todo el período fue ultimado, hecho desaparecer, y nunca llegaron a ninguna instancia judicial, luego de brutales e interminables torturas salvajes. Con esta “teoría” se pretendía seguir estigmatizando, persiguiendo y encarcelando a las víctimas del genocidio que quedaron con vida después de 1983, aquí o en el exterior. También justificando de manera pueril el genocidio perpetrado.
No obstante, todos los nubarrones negros que se presagiaban en el horizonte, la trilogía de la CONADEP, Informe NUNCA MÁS y juicio a las juntas militares, sin duda, constituyó un hecho fundante de la nueva institucionalidad argentina. Con posterioridad, una década después, en 1994 con la Reforma Constitucional, se incorporaron con jerarquía constitucional los Tratados y Convenciones Internacionales de Protección a los Derechos Humanos, contra la tortura, el genocidio y distintas otras de protección a la Niñez, a las personas con discapacidad, a las personas LGTBI, al trabajo, a la libertad de prensa y de expresión y a la defensa y cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, luego de la esperada sentencia contra la cúpula genocida y cuando la sociedad, los Organismos de DD.HH. y sobre todo las propias víctimas o sus familiares, se encontraban preparando las primeras demandas para dar lugar a la tan necesaria Justicia, el Parlamento sancionó la llamada “Ley de Punto Final”, por la cual se otorgaba un plazo perentorio de 60 días para iniciar dichas acciones judiciales, so pena de caducidad. Fue sancionada el 24 de diciembre de 1986, como funesto regalo de Navidad para las víctimas y sus representantes. Mientras se entraba en un frenesí enloquecedor para cumplir con los caprichosos plazos legales, y una vez iniciados una cantidad de juicios que la incipiente prueba permitía, se sancionó otra ley en junio de 1987. La “Ley de Obediencia Debida” por la cual quedaban fuera y exentos de persecución penal todos aquellos que ostentaran grados por debajo de coronel o su equivalente en las otras fuerzas. Por ello, todas las acciones contra torturadores, violadores, homicidas, ladrones de bienes materiales, los famosos “botines de guerra”, por debajo del límite que establecía esa perversa legislación quedaban desprocesados e impunes. Toda la mano de obra criminal ejecutora permanecía por fuera de la ley, del reproche estatal y de la persecución penal.
En aquellos momentos todo se diluyó, una nueva traición a la esperanza, a la Justicia, al derecho de los familiares y de toda la sociedad de lograr conocer la Verdad. Todos los años de lucha, de dolor y de miedo cayeron en saco roto y todo el período, pese al NUNCA MÁS, al “juicio a las juntas” a las condenas de Videla y Massera, se asemejó a los de la impunidad crónica y viral del poder dominante en toda la historia nacional. Una profunda sensación de estafa, de burla, de juego diabólico, se apoderó de la sociedad con un manto sombrío de incredulidad, asombro, bronca, desprotección e impotencia. Apenas concluyó -anticipadamente- el gobierno radical de Alfonsín, el siguiente de Carlos Menem, entre las primeras medidas, decretó el indulto, para los condenados que no habían podido zafar de las “leyes del perdón” anteriores. Sin embargo, es posible que dicha medida ya estuviera establecida durante el gobierno radical y por circunstancias fácticas no se llegó a implementar.
El proyecto original de 1983 estaba secretamente diagramado para que dentro del mismo período presidencial se produjera la denuncia, investigación, acusación, juicio, condena, absolución e indulto de todo lo vinculado al terrorismo de estado y “a la cuestión de los derechos humanos”. “Y aquí no pasó nada…”
Entonces, allí sí, se produjo un ominoso período de oscuridad, desolación y sensación de derrota, sólo resistida por minúsculos grupos de la sociedad comprometida y consciente, las víctimas y sus familiares, los Organismos de DD.HH. y fundamentalmente la perseverancia y dignidad de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Se abrió un larguísimo y maligno período de impunidad que duró veinte años. La asunción a la presidencia de la Nación del Dr. Néstor Carlos Kirchner derogó con una ley del Congreso las infames leyes de impunidad del “perdón”. Durante todo ese lapso gran cantidad de víctimas y sus familiares ya habían fallecido. Igualmente lo ocurrido con los acusados, muchos aprovecharon para fugarse, varios buscaron refugio en países extranjeros, sacaron sus nacionalidades y se mantuvieron ocultos. Otros acusaron problemas clínicos de incapacidad y buscaron protección legislativa a sus supuestos estados de salud. En cuanto a la defensa de los derechos humanos, sino hubiera existido el gobierno de Kirchner hoy no se podría estar hablando de este tema, nuevamente hubiera caído en el más profundo pozo depresivo de impunidad, repitiendo el cíclico circulo vicioso de nuestra matriz histórica, al que poderosas fuerzas siempre nos quieren retrotraer.
Con distintas acciones, a lo largo de ese período impune, tendientes a mantener viva la MEMORIA, difusión y esclarecimiento, y los llamados “Juicios por la Verdad”, se pudo, a partir de 2006, iniciar o reabrir los juicios penales previamente clausurados. En el camino, sin embargo, como si no hubiera ocurrido esta tragedia histórica del genocidio, siguieron ocurriendo casos de desapariciones forzadas, y asesinatos políticos de militantes cometidos por el accionar de fuerzas estatales, tanto en el gobierno de Alfonsín como de Carlos Menem, en ambos casos con mantos de silencio, ayudado por el poder mediático hegemónico. El hecho más involutivo y criminal ocurrió con la represión del ataque al cuartel La Tablada donde se volvió a torturar salvajemente, asesinando a una detenida gravemente herida de bala con el “submarino seco”, fusilando a varios desarmados y rendidos, o violando sexualmente a otros antes de asesinarlos y desaparecerlos. Varios de los atacantes que se habían rendido fueron filmados por las cámaras de televisión en el propio cuartel, con la prueba de los hechos a la luz pública, con la presencia del presidente de la República, fueron torturados, asesinados y desaparecidos y hasta la fecha se desconocen sus paraderos y el destino de sus cadáveres. Un hecho de una gravedad inusitada y de ruptura total con el gobierno que había llegado para defender los DD.HH., que costó y sigue costando décadas de reconstrucción.
A la par del deterioro económico insalvable que le producían los dueños del poder económico, mediático, político y militar, Alfonsín no tuvo otro camino que adelantar el traspaso del gobierno a otro mucho más dócil en resignar la soberanía nacional ante el poder dominante local y multinacional. Los detenidos del intento de copamiento del cuartel, que pudieron conservar la vida, fueron sometidos a un engendro jurídico peor que el aplicado durante la dictadura, llamado “ley de defensa de la democracia” sancionado por el Congreso Nacional, según el cual los juicios deberían durar hasta un máximo de 60 días (una fijación sicótica con ese ridículo plazo) donde hubo de todo menos justicia. Restricción absoluta al derecho de defensa, y a la producción, confrontación y revisión de la prueba, entre otras, a las denuncias de tormentos y ejecuciones sumarias. Juicio con instancia única, sin revisión ni apelación. Los hechos y denuncias fueron constatados años después por la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) que condenaron al Estado Argentino, quien nunca juzgó a ninguno de los acusados por éstos crímenes de lesa humanidad. Más impunidad, que pretendía combatirse desde 1983.
La sensación generalizada en el país fue que todo el movimiento de defensa de los DD.HH. había sido burlado y derrotado. Máxime por un estado de conciencia social que se vio sobrepasado por los acontecimientos y entró en un cono de resignación y abatimiento. Todavía durante el período menemista hubo algunos casos de conspicuos represores acusados por delitos de lesa humanidad que accedieron a cargos públicos electivos. Aún peor a ello, se cometió otro gravísimo hecho de lesa humanidad, se hizo volar todo un pueblo, la ciudad de Río Tercero, con destrucción y muerte de personas, para encubrir la clandestina venta ilegal de armas del Estado Argentino a dos países beligerantes que se encontraban enfrentados. La persecución penal desde el máximo nivel de responsabilidad, que era el presidente Carlos Menem, se perdió en los laberintos burocráticos (aquí no hubo sentencia a los 60 días). Cuando finalmente recayó una condena vino la protección y amparo legal con el cargo electivo de senador nacional, que acompañó a Menem de manera impune hasta su fallecimiento.
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa nuevamente se protagonizó una represión y matanza de población civil que se movilizaba para protestar y resistir el caos económico, social y humanitario que había provocado otra vez las políticas de saqueo y de endeudamiento del FMI. Estas recetas neoliberales se mantuvieron con escasas variantes desde la dictadura, produciendo un crecimiento exponencial de todo el endeudamiento externo. Esta vez con órdenes provenientes de los mismos salones gubernamentales de Balcarce 50 se produjeron 39 asesinatos de joven sangre argentina, muchos en la misma Plaza de Mayo y más de 4.100 heridos, repitiéndose la masacre de 1955. Se utilizaron además de las disuasivas- todo tipo de armas letales contra manifestantes, ahorristas y comerciantes estafados. Después de más de veinte años recayó una condena penal en firme contra algunos de los responsables políticos, sin conmover la sensación de impunidad que volvió a quedar inmutable, luego de tan larga y premeditada espera, a propósito del fallecimiento de los más importantes responsables de las órdenes cumplidas o la falta de persecución penal a otros.
En este caso como en los anteriores, de Menem y Alfonsín, la aplicación de recetas ordenadas por el FMI producto del feroz endeudamiento reiterado en cada uno de los casos, como herencia diabólica y verdadera motivación del golpe dictatorial de 1955 y más reciente de 1976, terminaron nuevamente en catástrofes económico social y políticas. Condujo a violaciones de los derechos humanos básicos, la pérdida de cantidad de vidas humanas y la ruptura del orden constitucional, con el consiguiente retraso y deterioro de todo el crecimiento y desarrollo de la Argentina, su sociedad y su Pueblo.
Durante 1985, en momentos que se estaba realizando el “juicio a las juntas militares” se desarrolló en La Habana, Cuba, la Conferencia Sindical de América Latina y el Caribe y posteriormente un Encuentro Político Latinoamericano sobre la deuda externa, con multitudinaria presencia de líderes sindicales y políticos del continente al sur del rio Colorado. Hubo representantes de todos los partidos políticos democráticos de la Argentina, un delegado de la CGT y de numerosos sindicatos. Estuvo invitado también el Dr. Raúl Alfonsín, quien envió en su nombre a su amigo y ministro de salud Dr. Aldo Neri. La delegación argentina, la más numerosa, también era la que ostentaba la mayor deuda externa, de 45 mil millones de dólares con el FMI, contraída por la usurpación dictatorial. Entonces la deuda externa total de América Latina y el Caribe era aproximadamente de 360 mil millones de dólares. La resolución de ambos encuentros -sindical y político- votó la denuncia y el “No Pago de la Deuda”. No obstante, aquí se tradujo en el primero de los 21 puntos del plan de lucha de la CGT como “La Moratoria de la Deuda”, hasta tanto se pudiera revisar, estudiar y auditar el origen y destino de los fondos. Ello nunca se pudo llevar a cabo.
No obstante, un fallo judicial ejemplar del juez Dr. Jorge Ballesteros dictaminó y condenó varias centenas (470) de delitos que pudo individualizar y tipificar. El mismo juez posteriormente fue echado de la magistratura en forma ilegal por el gobierno de Macri, uno de los neoliberales que ya en democracia contrajo otra exorbitante, ilegal y fraudulenta deuda externa, sin la participación del Congreso Nacional. Dicho gobierno no pudo justificar el destino de uno solo de los 57 mil millones de dólares con los que endeudó al país. Una década antes el presidente Dr. Néstor Kirchner había cancelado la totalidad de la deuda con el FMI y nos libramos de su dependencia económica y política. Hoy nuevamente la deuda externa pública y privada de la Argentina, es de casi 500 mil millones de dólares, 50% mayor que el total de la deuda externa con el FMI que tenía todo el continente en 1985.
Finalmente, frente al desgraciado panorama anterior a 1983, de absoluta impunidad de los delitos de lesa de humanidad en 200 años, pareciera que el saldo fue positivo para cambiar la matriz con la que se formó nuestra Patria.
El período de justicia que se pudo retomar a partir de 2003 logró al día de hoy llevar a juicio en más de 330 causas y condenar a más de 1200 acusados. Dicho logro se dio gracias a la determinación de los gobiernos kirchneristas y el firme compromiso y lucha de víctimas, familiares, Organismos de DD.HH. y particularmente de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy sólo permanecen en prisión efectiva menos de 80 condenados, el resto eufemísticamente en “domiciliarias”, prácticamente sin controles efectivos del cumplimiento de las condenas, algunos con residencias en ignotas estancias del sur, en edificios o countrys protegidos. Sin embargo, frente a ese descomunal esfuerzo de una parte de la sociedad por lograr Justicia, es necesario tener en cuenta que aquella cantidad de condenados es ínfima, irrisoria.
Si tenemos en cuenta que hubo 30.000 detenidos desaparecidos, más de 10.000 presos políticos, una cantidad imprecisa de personas que fueron secuestradas y liberadas, (todas previamente torturadas), miles muertas en el trayecto, sumado a robos de bienes y recién nacidos, a lo largo y ancho del país durante siete años. Más la persecución y las cacerías producidas en otros países, limítrofes y europeos, se precisó un aparato represivo -oficial y clandestino- nacional y provincial, de una dimensión superlativa para llevar a cabo el terrorismo de estado, que supera muchas veces el insignificante número de condenados. El resto permanecen ocultos e impunes.
Ahora nuevamente vienen por la Memoria, ésta vez surgido de un gobierno elegido por el voto ciudadano, que es negacionista de toda nuestra historia. Más aún, es apologista del más reciente genocidio, desde las más altas esferas, al servicio nuevamente del FMI y los ceos multinacionales para el saqueo del país.
La Memoria (o la falta de ella) se institucionaliza y se convierte en historia oficial cuando un grupo de poder logra imponer su hegemonía, como ya dijimos. Necesitamos dar la batalla por imponer definitivamente, y para siempre, la hegemonía de los intereses populares, democráticos, la defensa de la vida, la identidad cultural histórica, de nuestros recursos naturales, de la igualdad, la justicia social y los intereses de la Nación Argentina Libre e Independiente.
Hoy la MEMORIA es el arma para construir el futuro.
Y todo ello, antes que destruyan irreversiblemente nuestra autodeterminación Soberana.
EDUARDO SCHIEL es abogado, integrante de la CONADEP
como miembro redactor del NUNCA MÁS.
Fue docente como ayudante en derecho constitucional II en la cátedra de la UBA
del Dr. Arturo Enrique Sampay (1973/74) quien fuera presidente de la Convención
Constituyente en la Reforma de 1949, y Profesor Adjunto en igual cátedra de la
UNLZ del Dr. César Arias (1986/87), ministro de justicia y firme
impulsor de la reforma constitucional de 1994. Eduardo Schiel es autor del
Libro NUNCA MÁS, NI NUNCA MENOS, además
fue ex dirigente sindical de la seguridad social, detenido
desaparecido y preso político entre 1976-1981. Testigo en el “Juicio a
las Juntas Militares”, Causa 13/84. Abogado laboralista en varios sindicatos e integró distintos Organismos de DD.HH. Querellante en causas de lesa
humanidad, apoderado de Abuelas de Plaza de Mayo en el Juicio por la Verdad de
Mar del Plata (2000).
Comentarios
Publicar un comentario