Nos Disparan desde el Campanario... Autoritarismo laboral y desmantelamiento de la ciencia pública en Silicon Valley... por Valerio De Stefano y Hirsh Chitkara
Fuente: Sin Permiso
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El giro antidemocrático de Silicon Valley comienza en el trabajo
Valerio De Stefano
La reciente serie de conferencias privadas de Peter Thiel en Roma sobre el Anticristo no deberían despacharse como otra mera excentricidad de un multimillonario. De forma inusitadamente descarnada, condensaron una visión del mundo que gana cada vez más influencia en ciertos sectores de Silicon Valley, la derecha estadounidense y, también, en facciones de la extrema derecha europea. Thiel suele invocar el fantasma de un gobierno mundial único —capaz de regular la inteligencia artificial o de atajar el cambio climático— presentándolo como «el Anticristo». Este marco conceptual erige la contención democrática y la autoridad supranacional en amenazas existenciales, a la par que encumbra a unas élites excepcionales como las auténticas portadoras de la libertad. Así pues, las conferencias de Roma no resultaron reveladoras por ser una curiosidad cultural, sino como síntoma de una convergencia política mucho más amplia.
Esto quedó especialmente patente a finales del año pasado. Casi al mismo tiempo que Elon Musk recrudecía sus ataques contra la Unión Europea tras las medidas regulatorias impuestas a X —llegando incluso a exigir la abolición de la Unión—, la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump tildaba a la UE de antidemocrática y declaraba que Estados Unidos debía ayudar a Europa a «corregir su trayectoria actual». Lo que aquí se dirime trasciende, con creces, el mero desacuerdo sobre la regulación de los mercados digitales o la disputa diplomática. Es una pugna por el poder privado y, más concretamente, por quién ostentará el control sobre el despliegue tecnológico en nuestras sociedades.
Tal como sostuve en una ponencia reciente para FES – Future of Work, en ningún sitio es tan evidente la magnitud de esta confrontación entre tecnología y democracia como en el entorno laboral: en la relación de empleo, en la prerrogativa directiva y en el entramado institucional y jurídico que determina si los trabajadores conservan su estatus de ciudadanos en el trabajo o si, por el contrario, se ven reducidos a meros súbditos.
Esta es, precisamente, la dimensión que suele pasarse por alto en los análisis sobre la derecha tecnológica. Oímos hablar profusamente de civilización, soberanía, declive de Occidente y guerras culturales, pero apenas se menciona la organización de la producción. Sin embargo, si queremos comprender por qué tantas élites tecnológicas se sienten seducidas por políticas antidemocráticas, no basta con examinar su discurso sobre el Estado; debemos observar también qué esperan de la empresa. Hay que fijar la mirada en el lugar de trabajo, ese espacio donde se normaliza la jerarquía, se rutiniza la obediencia y donde la vigilancia se integra, cada vez más, en la propia arquitectura de la cotidianidad. Es ahí donde se asimila, en la práctica, una pedagogía de la subordinación. Y esa pedagogía no se circunscribe al ámbito laboral, sino que reverbera en el conjunto de la vida democrática.
Thiel no es un simple polemista que arremete contra la democracia liberal en abstracto. Se inscribe en una constelación intelectual más amplia que entrelaza el recelo hacia la democracia con una profunda admiración por la concentración de autoridad. Una de las figuras prominentes de esa constelación, Curtis Yarvin, concibe el orden político en términos que reducen la ciudadanía a una disyuntiva de salida sin voz: si a uno le disgusta cómo le gobiernan, puede marcharse, pero carece de vías para participar significativamente, impugnar o compartir el ejercicio del poder. Esto podría sonar a exótica fantasía reaccionaria, pero en el mundo laboral, su lógica resulta del todo familiar. Durante décadas, se les ha dicho a los trabajadores que, si están descontentos, son libres de irse, pero que no tienen derecho a desafiar a la dirección, a negociar la organización del trabajo de igual a igual ni a impugnar el ejercicio unilateral del poder empresarial. Lo que en teoría política parece radical, a menudo no hace sino reproducir una gramática del control gerencial mucho más antigua.
De Silicon Valley al centro de trabajo
Esta conexión no es ninguna especulación. Marc Andreessen se quejaba recientemente de que la ruptura de Silicon Valley con el Partido Demócrata se precipitó cuando los empresarios perdieron la capacidad de controlar de forma absoluta a sus propias plantillas, en particular cuando los empleados empezaron a exigir que las compañías se tomaran en serio los valores que ellas mismas pregonaban. Según su relato, el detonante no fue solo la política fiscal o la legislación antimonopolio, sino el lugar de trabajo. Más exactamente, se trataba de dirimir si los trabajadores tendrían o no voz. Este episodio revela un elemento crucial sobre el realineamiento político de la derecha tecnológica: uno de los intereses ocultos que subyacen a este movimiento es quién controla el centro de trabajo y bajo qué condiciones.
Por este motivo, el derecho laboral debe situarse en el epicentro de estos debates. El derecho del trabajo no es un mero corpus técnico destinado a regular salarios, contratos y despidos, sino una de las vías principales por las que el Estado de derecho penetra en las empresas. A los empleadores se les confieren potestades legales para dirigir, supervisar y sancionar a los trabajadores, pero dichos poderes no son hechos emanados de la naturaleza: están constituidos por la ley. El derecho laboral existe, en parte, para garantizar que esas facultades no se tornen arbitrarias ni omnímodas, y para asegurar que los trabajadores no se despojen de su condición de ciudadanos en el instante en que cruzan la puerta de su empresa. Los derechos laborales, en este sentido, no son meras conquistas sociales, sino verdaderas salvaguardas democráticas.
La urgencia de esta cuestión cobra aún más nitidez cuando analizamos el impacto de la inteligencia artificial y la gestión algorítmica en el entorno laboral. Es habitual revestir estas tecnologías con un lenguaje de innovación, eficiencia y competitividad, pero lo cierto es que también reorganizan y apuntalan la autoridad. Las empresas recurren, cada vez más, a sistemas digitales para contratar, dirigir, evaluar y disciplinar a las plantillas, acopiando simultáneamente volúmenes ingentes de datos sobre productividad, ritmos, ubicación, comunicaciones y comportamientos. El problema no radica únicamente en la amenaza a la privacidad —que la hay—, sino en que la tecnología está operando como un amplificador del mando empresarial. Estos sistemas facilitan una monitorización ininterrumpida, estandarizan la evaluación, automatizan las sanciones y asfixian los espacios de discrecionalidad, criterio propio y resistencia colectiva que sustentan el trabajo democrático.
Un aprendizaje para el autoritarismo
En este sentido, el lugar de trabajo se está erigiendo en un laboratorio privilegiado para moldear una cultura política más vasta. Un mundo en el que las personas son rastreadas de forma incesante, evaluadas mediante sistemas opacos, clasificadas en base a métricas que escapan a su control y despojadas de toda participación real en las normas que las rigen, no es solo un nuevo paradigma laboral: es un adiestramiento para el autoritarismo. Cuando los individuos pasan la mayor parte de su vida consciente en entornos regidos por la autoridad unilateral y la vigilancia omnipresente, no debería sorprendernos que sus inclinaciones democráticas se marchiten también fuera de la oficina. Los hábitos que se cultivan en el trabajo configuran las expectativas que la ciudadanía traslada a la esfera política.
Por consiguiente, la protección de datos, aun siendo indispensable, resulta insuficiente. Urge articular una respuesta legal y colectiva mucho más contundente frente a la implantación de tecnologías digitales en el trabajo: hay que imponer límites estrictos a la vigilancia, robustecer la negociación colectiva y los derechos de cogestión, y reconocer de forma inequívoca que la gobernanza laboral es una cuestión tanto constitucional como económica. El debate no se limita a cómo regular la innovación, sino a quién ostenta el poder, a través de qué mecanismos lo ejerce, y a si quienes están sujetos a dicho poder conservan una voz que sea verdaderamente significativa.
Así pues, las elucubraciones de Thiel en Roma en torno al Anticristo cobran relevancia no por su extravagancia, sino porque arrojan luz sobre una tendencia más profunda de nuestra época: la hibridación entre tecnocracia, mando corporativo privado y aversión a la democracia. Una sociedad en la que millones de ciudadanos pasan su vida adulta bajo el yugo de jerarquías inflexibles, vigilancia ubicua y una voz colectiva silenciada, es una sociedad que los adiestra para percibir las asimetrías de poder como la norma. La gente se acostumbra a la idea de que los de arriba dictan y los de abajo acatan, y asimila que la libertad consiste en amoldarse a normas redactadas por terceros, en lugar de participar en su elaboración. De ahí que la erosión de la democracia en el puesto de trabajo no se detenga en la puerta de la empresa, sino que reverbera inexorablemente en el tejido mismo de la democracia política.
Si Europa aspira a defender la democracia, no puede limitarse a hacerlo en las sedes parlamentarias, en los tribunales o mediante comunicados de política exterior. Debe garantizar también el imperio de la ley allí donde millones de personas se topan con el poder a diario: en el trabajo. Es ahí donde la batalla por la voz, contra la subordinación y en defensa de la ciudadanía, ya se está librando.
Fuente: Social Europe, 16 de abril 2026
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Cómo Silicon Valley está convirtiendo a los científicos en trabajadores explotados en la gig economy
Hirsh Chitkara
Silicon Valley no existiría sin la investigación financiada con fondos públicos. Tecnologías fundamentales, como los semiconductores y el internet, surgieron de programas de investigación militar de la época de la Guerra Fría. En su etapa como estudiantes de posgrado en Stanford, Larry Page y Sergey Brin dependieron de la financiación de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) para desarrollar los algoritmos de búsqueda que acabarían convirtiéndose en Google. Las pantallas táctiles y las baterías de iones de litio que hoy llevamos a todas partes también se desarrollaron en laboratorios universitarios sufragados con subvenciones estatales. Incluso la inteligencia artificial generativa —incesantemente ensalzada como el logro supremo del libre mercado y de la que supuestamente depende el destino de la economía estadounidense— surgió tras décadas de investigación respaldada por el Departamento de Defensa. Geoffrey Hinton, el premio Nobel conocido como el «padrino de la IA», abandonó su puesto académico en Estados Unidos precisamente porque quería evitar contratos con el Pentágono. Sin embargo, recurrió al gobierno canadiense para ayudar a financiar su laboratorio en la Universidad de Toronto, del que acabaron saliendo investigadores punteros en IA para OpenAI, Google y Meta.
Dado lo mucho que Silicon Valley se ha lucrado a costa de la investigación gubernamental a lo largo de los años, cabría esperar cierta reverencia hacia el sistema. Como mínimo, incluso los más acérrimos racionalistas tecnolibertarios deberían reconocer que no conviene matar a la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, las élites de Silicon Valley se encuentran en el epicentro del devastador asalto de la administración Trump a la financiación científica pública y, no por casualidad, se han posicionado para sacar tajada de las ruinas. En concreto, los inversores de capital riesgo conservadores Peter Thiel y Marc Andreessen han instrumentalizado sus estrechos vínculos con el presidente para lanzar un ataque descarado contra las universidades y la ciencia institucional. En mensajes de texto privados filtrados al Washington Post el año pasado, Andreessen escribía que «las universidades son la zona cero del contraataque». Caracterizó a Stanford y al MIT como «operaciones de presión política que, a estas alturas, combaten la innovación estadounidense», y juró que las universidades «pagarían las consecuencias» tras haber «declarado la guerra al 70 % del país». Lo más alarmante es que Andreessen abogó por que se aplicara «la pena de muerte burocrática» a la Fundación Nacional de Ciencias.
Thiel lleva tiempo con la mirada puesta en desviar los fondos federales de investigación de las universidades hacia la industria privada. En numerosas entrevistas, ha señalado que hoy tenemos cien veces más doctores en ciencias que hace un siglo, pero que el ritmo de progreso es prácticamente el mismo. La afirmación en sí es dudosa. No ofrece un criterio claro con el que medir el avance científico, ni contempla la posibilidad de que la ciencia se haya vuelto más compleja tras un siglo de descubrimientos. ¿Acaso no es posible que se requiera más burocracia —por defectuosa que sea— para operar el Gran Colisionador de Hadrones en comparación con un microscopio y un mechero Bunsen? Para Thiel, la respuesta es un no rotundo: «El doctor medio es un 99 % menos productivo que hace 100 años», sentencia con una confianza inquebrantable. Pero ni siquiera él puede ignorar los éxitos de los programas de investigación de la Guerra Fría. Por mucho que le duela a su alma libertaria, Thiel reconoce que la DARPA —la rama de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa— funcionó bien en sus inicios, si bien ha decidido convenientemente que se trató de una aceleración puntual que «costó la corrupción total de las instituciones».
En cualquier caso, las justificaciones importan ahora menos que los resultados tangibles. Trump inició su segundo mandato con un plan para recortar la financiación federal a la ciencia y extorsionar a universidades prestigiosas con la amenaza de recortes presupuestarios selectivos. Los ataques fueron orquestados por Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, quien anteriormente había ejercido como jefe de gabinete de Thiel en su fondo de capital riesgo. El presupuesto propuesto contemplaba reducciones de fondos del 40 % para los Institutos Nacionales de Salud (NIH), del 57 % para la Fundación Nacional de Ciencias y del 24 % para la NASA.
Aunque desde entonces el Congreso ha intentado revertir algunos de estos recortes, la administración ya ha infligido un daño descomunal. Más de 10.000 empleados federales con doctorados en campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) abandonaron la administración pública el año pasado. Los laboratorios universitarios se han visto obligados a despedir investigadores, cancelar estudios o, directamente, a cerrar por completo. Algunos académicos han buscado refugio en Europa; otros se han jubilado anticipadamente. Un innegable efecto paralizador se ha apoderado de la comunidad científica, un frío que perdurará mucho después de la presidencia de Trump.
¿Por qué iban unos multimillonarios tecnológicos a atacar un sistema que los hizo inmensamente ricos prácticamente sin coste personal? La explicación más obvia es que gran parte de esa financiación recién liberada puede redirigirse a la industria tecnológica. Thiel y Andreessen erigen a las start-ups en el antídoto contra la supuestamente hipertrofiada e ineficiente burocracia científica. Se presentan a sí mismos como los verdaderos defensores de la ciencia, enzarzados en una batalla existencial contra charlatanes de despacho. Según esta lógica, si Newton viviera hoy, estaría enviando su candidatura a Y Combinator y encargando merchandising para su start-up de software B2B. Esta megalomanía va aparejada a un agudo sentido de la paranoia. En una entrevista de 2025, Andreessen describió a la administración Biden como un ente obsesionado con «la aplicación cruda del poder del Estado administrativo, la aplicación cruda de la regulación y, posteriormente, la cruda promulgación y ejecución arbitraria de la misma», para concluir: «Intentaron matarnos, sin duda alguna».
Cuando Trump asumió el poder, les llegó el turno de contraatacar. A medida que se fulminaban los presupuestos científicos, las empresas en cartera respaldadas por Thiel o Andreessen —y a veces por ambos— recibieron miles de millones de dólares en contratos federales. La administración desreguló rápidamente las criptomonedas y amenazó con castigar a los estados que promulgaran «leyes onerosas y excesivas» en relación con la IA. Esta agenda fue capitaneada por los asesores políticos de Trump, entre ellos el multimillonario inversor de capital riesgo David Sacks, que dirigió PayPal junto a Thiel, y Sriram Krishnan, antiguo socio de la firma de inversiones de Andreessen.
Los ataques a la ciencia también generaron una nueva cantera de talento lista para ser explotada por Silicon Valley: los investigadores STEM recién desplazados. En la industria de la inteligencia artificial, los directivos suelen citar el objetivo de crear modelos que sean «expertos de nivel de doctorado» en diversas disciplinas académicas. Sin embargo, entrenar a esos modelos exige contar con verdaderos expertos con doctorado que redacten prompts relevantes, generen datos de entrenamiento y verifiquen los resultados. ¿Cómo consigues que alguien con un doctorado en física o matemáticas se siente a resolver cientos de problemas complejos? Una opción es contratarlo, pagarle un salario competitivo y ofrecerle seguro médico. Otra vía, quizás menos obvia, consiste en fulminar el mayor número posible de sus antiguas oportunidades laborales, de modo que investigadores con credenciales estelares se vean tentados a realizar un trabajo alienante y esporádico en la gig economy (la economía de los pequeños encargos) por 30 dólares la hora.
Precisamente para esta función surgió una industria multimillonaria. Las dos empresas más destacadas, Mercor y ScaleAI, recibieron fondos de capital riesgo de Thiel. Al parecer, aquellas inversiones tempranas dieron sus frutos: recientemente, Mercor ha captado fondos con una valoración de 10.000 millones de dólares, mientras que Meta compró una participación del 49 % en ScaleAI con una valoración de 29.000 millones. Este sector ha crecido a un ritmo vertiginoso emulando la misma estrategia que Uber y Lyft emplearon para atraer a conductores en los albores del transporte colaborativo. Sus anuncios subrayan la flexibilidad y la libertad del trabajo gig. Muestran a académicos desempleados haciendo senderismo por el bosque, leyendo libros en hamacas o haciendo deporte con amigos. Sus testimonios en voz en off explican que, a pesar de que el mercado laboral académico carece de oportunidades, este modelo les permite ganar dinero sin abandonar su campo, aunque no sea exactamente de la manera que habían imaginado. «Encontrar trabajo en el mundo académico siempre ha sido una lucha», señala un investigador, explicando que recurrió a Mercor después de que su institución le retirara la financiación de verano. En un anuncio de una plataforma competidora, un químico formado en Stanford expresa su esperanza de que trabajar con IA le abra futuras oportunidades, a pesar del desolador panorama del mercado laboral para los doctorados.
Al igual que ocurre en el sector de las VTC, las promesas iniciales de dinero fácil suelen dar paso a una realidad mucho más cruda. A un estudiante de doctorado en matemáticas aplicadas le asignaron la tarea de resolver problemas matemáticos de altísima complejidad por unos 90 dólares la hora. Las preguntas suponían un reto formidable, incluso para alguien con su pericia. Sin embargo, la empresa solo pagaba dos horas y media de trabajo por pregunta, y las respuestas incorrectas o incompletas no recibían compensación alguna. Esto significaba enfrentarse a un dilema: o seguía trabajando gratis en problemas dificilísimos o se rendía y renunciaba a cobrar. Otros investigadores relataron experiencias similares en diversas plataformas de gig economy. Una recién doctorada en un programa de ingeniería del MIT recordaba haber sumado todas sus horas no remuneradas en un proyecto, solo para darse cuenta de que la tarifa por hora efectiva era considerablemente inferior a la anunciada. «Al principio pensé que era una cantidad muy justa y generosa», explicaba, «pero luego empecé a llevar la cuenta de todas las horas no registradas por las que en realidad no me pagaban y la verdad es que acabó por no compensarme demasiado».
Los libertarios de Silicon Valley podrían argumentar que esto no es más que el libre mercado en acción. A fin de cuentas, nadie coaccionó a los doctorandos ni a los científicos subempleados para que aceptaran este tipo de tareas. Pero esta narrativa ignora las clarísimas decisiones políticas que moldearon ese mercado «libre» para los investigadores y académicos. Todos los científicos entrevistados para este artículo explicaron que recurrieron a estas plataformas porque los recortes federales de la administración Trump hacían que fuera mucho más difícil encontrar oportunidades en su campo. La relación de causa y efecto es meridiana: el Departamento de Energía recorta fondos y, en consecuencia, desaparece un estipendio de verano; o la Casa Blanca amenaza a una universidad y se esfuman múltiples puestos posdoctorales. «Diría que es parecido a que te críen en una granja», apuntó el estudiante de doctorado en matemáticas aplicadas. Calificó los anuncios de este tipo de empleos de puro clickbait, explicando que, como estudiante de posgrado con dificultades para encontrar trabajo en medio de los recortes presupuestarios, resulta difícil resistirse a una oferta que promete trabajo remoto, flexible y asíncrono a unas tarifas aparentemente altas.
Tal y como están las cosas, dependemos cada vez más del altruismo de unos jóvenes que conciben la ciencia como una vocación, pero ese paradigma solo puede tensarse hasta cierto punto antes de que se quiebre. La mayoría de los científicos no se dedican a esto por dinero; no puede decirse lo mismo de Silicon Valley. De ahí que el fundador de Mercor, Brendan Foody, de 23 años, se haya convertido en un multimillonario sobre el papel en cuestión de meses al suministrar a los laboratorios de IA el talento de investigadores que se desviven por mantenerse a flote en sus largas y arduas trayectorias profesionales. «Las empresas más ricas del mundo están dispuestas a gastar lo que haga falta para mejorar las capacidades de los modelos, y ahí Mercor se sitúa a la vanguardia y, en cierto modo, constituye el principal cuello de botella», explicaba Foody en una entrevista reciente. En realidad, los humanos que entrenan a los modelos son el verdadero cuello de botella; las plataformas, todo hay que decirlo, simplemente han descubierto cómo exprimirles beneficio.
A menudo se invoca el mito del libre mercado para camuflar lo que, en el fondo, son juicios de valor. Incluso el libertarismo de Peter Thiel termina allí donde empiezan los intereses de su empresa, Palantir. La investigación científica básica nunca ha sido especialmente rentable por sí misma, pero la sociedad se ha beneficiado inmensamente de sus avances. El nuevo pacto forjado por Silicon Valley confunde la generación de riqueza con el progreso. Es el equivalente a decidir que ya no hace falta regar las raíces de un árbol porque la fruta solo crece en sus ramas. Puede que la industria tecnológica sufra a largo plazo, pero un puñado de inversores de capital riesgo obtendrá unos rendimientos extraordinarios a corto plazo. Mientras tanto, corremos el riesgo de dejar a toda una generación de científicos en la cuneta.
Fuente: The Nation, 14 de abril 2026
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