Nos Disparan desde el Campanario... Argentina y la COP 30: una amenaza creciente para la vida de las generaciones presentes y futuras... por Rubén M. Lo Vuolo
Fuente: Sin Permiso
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La cumbre climática o COP 30, se acaba de realizar en la ciudad brasilera de Belém, en medio de tensiones geopolíticas y urgencias para frenar la aceleración de la crisis socio-ecológica de la que el cambio climático es su expresión más visible. Luego de tres cumbres en países productores y comercializadores de petróleo (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiján), Belém era un símbolo que auguraba compromisos fuertes en políticas de mitigación y adaptación a la crisis socio-ecológica colocando a la selva amazónica y a América Latina como foco de atención de los gobiernos.
América Latina es una de las regiones donde más crecieron la temperatura y los fenómenos hidro-meteorológicos extremos. Las tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor, y sus efectos derivados, representaron “el 93% de todos los desastres ocurridos” en la región entre 1998 y 2020, período en el que los fenómenos climáticos y geofísicos “se cobraron 312 000 vidas y afectaron directamente a más de 277 millones de personas” (OMM 2021). Los grupos más afectados son los niños menores de 1 año y los adultos mayores de 65, en especial debido a las más intensas y frecuentes olas de calor (Hartinger 2023). Desde el año 2000, el número estimado de muertes relacionadas con el calor aumentó sostenidamente entre las personas mayores de 65 años en casi todos los países. Brasil, la Argentina, Colombia y Venezuela fueron los países latinoamericanos más afectados. América Latina también es la región que registra el más alto número de personas asesinadas por sus actividades en defensa del medio ambiente.
América Latina no solo sufre por las emisiones de carbono de ciertas industrias, sino también por deforestación, minería a cielo abierto, contaminación de reservas acuíferas, extracción de gas con métodos no convencionales, agotamiento de suelos por uso de agroquímicos. Estos procesos que transforman recursos naturales colectivos para beneficio de minorías opulentas, ya amenazan la disponibilidad de agua, el futuro abastecimiento energético, la salud y la inseguridad de la población, al tiempo que aumentan la probabilidad de eventos catastróficos. Asimismo, aceleran el aumento de la temperatura en el planeta.
Pese a estas y otras evidencias contundentes, la COP 30 finalizó sin compromisos para ir eliminando las actividades de extracción de combustibles fósiles y desmantelando las infraestructuras vinculadas a las mismas. Tampoco hubo compromisos para la promoción de actividades alternativas que son imprescindibles para la transición energética. Una vez más se comprobó que el destino de la humanidad y del planeta está en manos de elites gobernantes y grupos de poder privado dispuestos a desestabilizar la vida en la Tierra para continuar ganando dinero.
El propio Brasil da cuenta de ello. A pocos días de terminada la cumbre, el Parlamento brasilero rechazó la mayoría de los vetos que el presidente Lula había aplicado a la llamada “Ley de Devastación”. Estos vetos colocaban trabas a la acción de empresas contaminantes mediante el pedido de licencias ambientales, incluyendo la construcción de la autopista BR-319 entre Manaos y Porto Velho, lo cual previsiblemente acelerará la destrucción de la selva amazónica y el avance del crimen organizado[1]. Esto pese a las catástrofes ambientales ya verificadas, como el colapso en 2015 de la represa de Fundão, en el municipio de Mariana, en Minas Gerais, lo cual provocó el vertido de más de 40 millones de metros cúbicos de desechos mineros contaminando la cuenca del río Doce hasta el océano Atlántico, provocando 19 muertes comprobadas y más de 600 desalojados.
Las acciones del actual gobierno argentino son otro ejemplo de esta connivencia de elites política y económicas, en tanto se empeña en promover todo tipo de actividades contaminantes, desde el aplaudido proyecto Vaca Muerta de gas no convencional, hasta minería a cielo abierto, aumento de la degradación de suelos productivos por uso de fertilizantes tóxicos, etc. Así, el gobierno argentino lanzó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en julio de 2024 con la anuencia de legisladores y gobernadores provinciales de distintos partidos políticos. Este régimen especial de promoción establece beneficios fiscales, aduaneros y legales por 30 años para proyectos de elevado monto en áreas de minería, hidrocarburos, infraestructura, foresto-industria, turismo, etc. Actualmente se agregó la presión para derogar la ley de glaciares y abrir todo el territorio nacional al extractivismo contaminante en todas sus variantes.
No se trata solo del gobierno nacional sino también de gobiernos provinciales; no es solo el oficialismo sino también la oposición abraza este rumbo. Así recientemente la legislatura de la Provincia de Mendoza aprobó el proyecto San Jorge Cobre, con el voto positivo de la mayoría de las bancadas. De este modo, se abre la puerta a la explotación a cielo abierto de este mineral en el valle de Uspallata. Además, se aprobó el permiso para la exploración de 27 proyectos en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) II, habilitando así un protocolo para actuar en ambientes periglaciares. Estos proyectos afectan directamente la cuenca acuífera más importante de la Provincia de Mendoza, debido al previsible drenaje ácido de las futuras escombreras y otros daños. La medida desató protestas ciudadanas en defensa del agua y la integridad territorial que fueron y son violentamente reprimidas por orden del poder político.
Argentina muestra que, luego de la COP 30 y en el contexto de crecientes confrontaciones geopolíticas y caída del precio del petróleo, continuará la complicidad entre gobiernos y corporaciones para promover la extracción de combustibles fósiles, ampliar la red de gasoductos y otras infraestructuras de larga vida útil, cuya amortización no será factible porque el eco-sistema no lo puede resistir. Según el Global Energy Monitor, más de 200 proyectos nuevos o ampliados de petróleo y gas y más de 850 minas de carbón están en desarrollo o han recibido aprobación en el mundo. Además, en 2023 existían 825 refinerías y se prevé que la capacidad total de las unidades de destilación de crudo aumente en 15% para 2027. Los daños de estas infraestructuras persistirán mucho después de su eventual abandono, debido a fugas de metano y otras consecuencias dañosas. De hecho, el desmantelamiento de estas infraestructuras y su posible reconversión no está previsto en los proyectos que se siguen aprobando.
Todo lo anterior refuerza incentivos perversos que estimulan la continuidad de actividades que aceleran y profundizan la crisis socio-ecológica. En la última década, los combustibles fósiles fueron responsables del 86% de las emisiones de dióxido de carbono y las minas de carbón arrasan terrenos, contaminan las vías fluviales con drenaje ácido y liberan polvo y partículas nocivas para la vida. Así, no debe extrañar que las evidencias científicas indiquen que prácticamente ya se agotó la posibilidad de alcanzar el objetivo de 1,5°C de temperatura planetaria por encima de la registrada en épocas pre-industriales: a la velocidad que se extraían y quemaban combustibles fósiles en 2022, se estimaba que en solo nueve años más se agotaría ese margen (Malm y Carlton 2024).
Estos procesos destructivos de la vida en beneficio de los grupos más opulentos, se vinculan directamente con la creciente desigualdad económica y social: las responsabilidades, los costos y beneficios de la crisis socio-ecológica se distribuyen de manera desigual tanto entre países como dentro de ellos. De inicio, cabe señalar que la mayoría de los activos de empresas contaminantes están en manos de inversores privados en países de la OCDE, con intereses y socios en países periféricos donde realizan gran parte de sus actividades. Se estima que el 89% de la población mundial que está expuesta a inundaciones vive en países de ingresos bajos y medios.
Además, se calcula que el 50% más pobre del mundo es responsable a través de su consumo de sólo del 10% de las emisiones globales, mientras que el 10 % más rico representa el 47% (Chancel y Mohren 2025). Las emisiones per cápita de una persona perteneciente al 1% más rico a nivel mundial son 75 veces mayores que las de una persona del 50% más pobre. Como esa mitad más pobre de la población mundial posee solo el 3% de la riqueza global, no tiene recursos propios para cubrirse de los daños, soporta la mayoría de las pérdidas relativas de ingresos, sufre los impactos de desplazamientos, el deterioro de viviendas y salud, etc. En contraste, el 10 % más rico posee el 74% de la riqueza global y sigue acumulando recursos para aliviar los impactos dañosos de la crisis socio-ecológica que los reconoce como principales responsables. Pese a ello, los ricos del mundo continúan decidiendo la trayectoria de la mayoría de las inversiones contaminantes que generan gran parte de sus ganancias.
El rechazo de estos grupos opulentos y sus cómplices gubernamentales a asumir pérdidas y cambiar su patrón de consumo es la principal causa del retraso en políticas para mitigar y adaptarse a la crisis socio-ecológica. Esto, pese a que sus potenciales pérdidas son proporcionalmente pequeñas en comparación con su riqueza total: se estima que en Estados Unidos el valor agregado de los activos que perderían valor por el cambio de matriz energética representa apenas el 0,4% de la riqueza neta del 10% más rico (Chancel y Mohren 2025).
Esta conducta codiciosa es más grave porque, a nivel mundial, se verifica un crecimiento de la participación en la riqueza total del sector privado. Para cerrar este cerco sobre los Estados y la mayoría de la población, se imponen costos muy elevados en relación con litigios que se deberán afrontar si se abandonan los contratos firmados para continuar con actividades contaminantes. El señalado RIGI en Argentina es un ejemplo de estas prácticas chantajistas que no sólo otorgan beneficios a privados en el presente, sino que obligan a los Estados a soportar inexorables costos económicos y sociales futuros por las cláusulas salvaguarda de los intereses de las corporaciones privadas.
Frente a este descalabro potenciado por el ascenso de gobiernos con ambiciones imperialistas y bélicas que niegan la crisis socio-ambiental, se sigue confundiendo a la opinión pública señalando que estas actividades son necesarias para el crecimiento y argumentando que el problema no es tan grave y hay tiempo para encontrar soluciones “técnicas”. No es así: ya se han transgredido seis de las nueve fronteras planetarias identificadas para evaluar la evolución de la crisis socio-ecológica (Richardson et al. 2023), por lo cual es urgente aplicar medidas drásticas para frenar la aceleración de todas las variables que llevan inexorablemente a una catástrofe de desconocidas consecuencias.
Por lo señalado, y más allá del lógico pesimismo, se impone una movilización que presione a los gobiernos y los obligue a tomar urgentes medidas que coloquen en el centro de la estrategia la relación entre desigualdad distributiva y régimen económico y social contaminante. Así, es urgente prohibir inmediatamente todas las inversiones en combustibles fósiles y otras actividades contaminantes. En lugar de subsidiar actividades contaminantes, hay que penalizar fiscalmente el contenido de carbono de todos los activos, ya sean físicos o financieros, y derivar recursos a otras actividades propias de la transición energética (Chancel y Mohren 2025). La tributación sobre activos contaminantes es incluso más justa que la que penaliza el consumo, porque la mayoría de los consumidores carecen de capacidad de decisión, información o alternativas asequibles que permitan modificar sus patrones de consumo En cambio, los propietarios de activos contaminantes pueden decidir invertir en otros activos su descomunal riqueza y de ese modo influir positivamente en la ya desesperante carrera para frenar la degradación ambiental.
Se trata de forzar el cambio de régimen económico y social. Para ello, también hay que imponer salvaguardias legales para proteger a las generaciones futuras del latrocinio que significan los costos públicos de los potenciales litigios por abandonar esas actividades contaminantes. En su reemplazo, se requiere un amplio programa para la construcción de nueva infraestructura en el sentido que reclama la transición energética: estas son las inversiones social y económicamente rentables hacia futuro.
Son muchas las medidas urgentes que complementan lo señalado y que vienen siendo propuestas desde distintas organizaciones y estudios que vinculan la actividad humana contaminante, la desigualdad distributiva y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Lamentablemente, no solo en Argentina sino prácticamente en todo el mundo, las elites gobernantes van por otro camino. Así, se sigue subsidiando actividades contaminantes para beneficio de unos pocos y en contra de la prosperidad de la mayoría de las generaciones presentes y futuras, mientras se recortan gastos sociales y cualquier promoción a actividades no contaminantes.
Argentina no es sólo un ejemplo de las consecuencias económicas y sociales de los crecientes experimentos de la extrema derecha política. También se ha vuelto un escenario dramático para entender hacia donde van las elites gobernantes y el modo en que están condicionando la vida presente y futuro.
Esta situación no deja otro camino: hay que sublevarse desde abajo contra la irracionalidad y codicia de quienes están arriba, para obligar a un cambio de este régimen económico y social contaminante. Sublevarse contra quienes se apropian de recursos comunes y amenazan la vida en nuestras sociedades ya no es una opción: es una necesidad imperiosa dada la irracionalidad y la codicia de las elites dirigentes.
Chancel, L. y C. Mohren. 2025. Climate Inequality Report 2025. Why Climate Policy Must Tackle Ownership. World Inequality Lab, Paris.
Hartinger, S. e. a. 2023. The Lancet countdown 2022. The Lancet Regional Health - Americas, https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(23)00044-3/fulltext.
Malm, A. y W. Carlton. 2024. Overshoot: How the World Surrendered to Climate Breakdown. Verso Books.
OMM. 2021. El estado del clima en América Latina y el Caribe, 2020. Organización Metereológica Mundial, Ginebra.
Richardson, K., W. Steffen, et al. 2023. "Earth beyond six of nine planetary boundaries", Science Advance, Vol, No 9, 13 September.
[1] Brum, Eliane: “La ‘Ley de la Devastación’ del Congreso brasileño impone una derrota a la humanidad”.
https://elpais.com/opinion/2025-12-03/la-ley-de-la-devastacion-del-congr...
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