Revista Nos Disparan desde el Campanario Año V Argentina. Un plan de desestabilización social… por Rubén Lo Vuolo
Gráfica: La
plaga de la oscuridad
Autor: Gustave
Doré
Técnica:
Grabado en madera
Fuente: Old
Book Illustrations
https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/plague-darkness/
Desde devaluaciones hasta cambios en
impuestos y servicios públicos, el país enfrenta desafíos sin un programa claro
de estabilización que frene la escalada inflacionaria y el deterioro de la
moneda nacional. ¿Hacia dónde se dirige realmente la economía argentina?
Las medidas económicas aplicadas
hasta aquí por el nuevo gobierno argentino permiten una primera evaluación del
rumbo que puede esperar el país. Durante la campaña electoral se descontaba la
aplicación de un programa de estabilización económica por el complicado
escenario transferido por el gobierno saliente: altísima inflación, reservas
netas negativas en el Banco Central, estancamiento, muy alto déficit fiscal,
múltiples tipos de cambio con amplias brechas, distorsión de precios relativos,
deterioro del empleo y la situación social, etc. Lo que era difícil de prever
era la aplicación de medidas que alimentan aún más el proceso
inflacionario y la incertidumbre, sin ningún tipo de “ancla” para los precios
junto con el deterioro y ausencia de las políticas sociales capaces
de sostener la pérdida del valor real de los ingresos de la mayoría de la
población.
La fuerte devaluación del tipo de
cambio oficial fue acompañada con aumento del impuesto que se cobra sobre estas
operaciones comerciales y que eleva aún más el tipo de cambio para importadores
para recaudar tributos inmediatamente. También, y contrariando las expectativas
de corporaciones que apoyan al gobierno, se anunció que se mantienen
retenciones a las exportaciones e incluso que se suben para ciertos sectores
industriales, con la excepción es minería e hidrocarburos. El gobierno muestra
así su falta de interés en cambiar la matriz energética y su deseo
de acelerar la extracción y la exportación de los recursos naturales del
país; más aún, cuando pretende derogar las pocas leyes de defensa del medio
ambiente que tiene el país para beneficiar un grupo seleccionado de corporaciones
que siguen contaminando y acelerando la crisis climática.
También se inició un
aumento de tarifas de servicios públicos de uso generalizado cuyo nivel
final se desconoce. Más allá de la necesidad de recomponer precios relativos,
el modo en que se está haciendo presiona al aumento inflacionario y aumenta la
incertidumbre para la estimación de costos empresarios; así, parte de la
escalada inflacionaria se explica por aumentos de carácter “preventivo” ante la
incertidumbre futura. Hasta aquí, el único elemento que apunta a frenar la
aceleración inflacionaria es la caída del valor real de los
salarios con impacto directo en costos y en la demanda que profundiza la
recesión. Además, el “impuesto inflacionario” que aceleró el
gobierno licua el gasto público, no solo en los salarios, jubilaciones y
prestaciones sociales, sino por el simple método de atrasar pago a
proveedores.
También el impuesto inflacionario
está licuando el valor real de los agregados monetarios, lo cual reduce el
pasivo en pesos del Banco Central que, al mismo tiempo, está dejando de emitir
deuda que usan los bancos como reserva. En su lugar, parece que se alienta
la emisión de deuda por el Tesoro, aumentándose el costo financiero al
fisco (presión adicional sobre otros gastos estatales). Esto debería impactar
también en los activos bancarios porque los títulos del Tesoro son de menor
“calidad” que los del Central (y pagan menor tasa). En la misma línea, se bajó
la tasa de interés para depósitos de los ahorristas a niveles reales fuertemente
negativos, licuando ahorros del público que no accede a mercados
financieros más sofisticados y empujándolo al mercado de divisas para cubrir la
pérdida de valor de sus ahorros.
La entidad monetaria también busca
cambiar deuda en pesos por deuda en dólares, mediante una emisión que los
importadores pueden tomar en pesos para sus pagos al exterior, pero que a su
vencimiento deberá pagarse en dólares. Esto colabora en la absorción de
liquidez a costa de la pérdida de calidad del patrimonio del Banco Central.
Todo esto es propicio para dolarizar la economía como declama hace tiempo el
actual presidente, aunque esto ya se
desmintió y reconfirmó varias veces por funcionarios oficiales.
Pero lo cierto es que, en lugar de buscar fortalecer la moneda nacional, lo que
se está haciendo la debilita aún más de lo que ya estaba.
Mientras tanto, el gobierno desde su
inicio buscó imponer un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (cuestionado
por su contenido y por inconstitucional) y un proyecto de ley omnicomprensivo que
busca modificar centenares de normas que van desde un amplio blanqueo
fiscal para evasores de todo tipo, privatizaciones y derogación de
regulaciones en todos los órdenes sociales, cambios en derecho civil, comercial
y penal, autorización para privatizar empresas públicas, desregulación de
mercados como hidrocarburos y aeronáutico, la casi total liberalización de
tarifas de servicios públicos, la absorción por parte del Tesoro del Fondo de
Garantía Solidaria que actualmente administra la Administración Nacional de la
Seguridad Social, autorización del Congreso para que el Ejecutivo tome
deuda sin control de otros poderes, etc. Además, buscan transferir poderes
especiales al Ejecutivo para tomar decisiones que corresponden a otros
poderes del Estado.
Estos procedimientos suman más
incertidumbre. No sólo no se conocen evaluaciones sobre los efectos de los
cambios pretendidos, sino que las negociaciones con legisladores y gobernadores
han ido provocando cambios que ni siquiera se conocen. Más allá del resultado
final de estas negociaciones, que parecen apuntar a cuestiones sectoriales y de
interés particular, ya se generó un escenario de inseguridad
jurídica e incertidumbre que es exactamente lo contrario que necesita un
país sumido hace tiempo en una profunda crisis económica, política y social. Si
tantas normas pueden ser modificadas de este modo, el procedimiento podrá
volver a aplicarse por este u otro gobierno. Asimismo, es evidente la
improvisación y la preeminencia de intereses corporativos y sectoriales por
encima del interés general del país con lo cual no puede esperarse nada
positivo para la economía y la sociedad.
Con estas y otras medidas del mismo
tenor, seguramente va a profundizarse la recesión, con aumento del costo de
insumos nacionales e importados para la industria, con caída de salarios y
beneficios sociales y con ello de la demanda de consumo e inversión. Si bien es
probable que aumenten exportaciones agropecuarias, el sector también sufrirá
aumento de los costos de sus insumos alimentando aún más a la inflación. En
fin, la recesión, los salarios (formales e informales) y el recorte abrupto del
gasto público, reciben todo el peso para frenar la inflación, pero hay
demasiados elementos que la empujan para arriba. ¿Inversiones? Muy difícil
en este contexto.
El anuncio del retiro por parte del
gobierno del “capítulo fiscal” de las normas que pretende hacer aprobar por el
congreso, también suma incertidumbre porque el objetivo está claro pero el
procedimiento no. Más aún cuando la recesión debería hacer caer la recaudación
de impuestos indirectos, aumentar la evasión y falta de pago de contribuyentes
necesitados de financiamiento. Y, por supuesto, cuando el sesgo
ideológico del gobierno es contrario a los tributos que se debaten en el mundo
como riqueza, daños ambientales, herencia, etc. Todo indica que el esfuerzo
estará más en el ajuste de gastos de servicios sociales esenciales, que junto
con la caída de ingresos de la población ha de provocar un deterioro del
bienestar de la mayoría de la población.
Asimismo,
la propia recuperación de reservas que comenzó luego
de la devaluación puede no seguir el ritmo esperado a medida que se tenga
que pagar importaciones y compromisos de la deuda pública. Otra vez, la
incertidumbre es creciente y es muy probable que el gobierno recurra a
un segundo shock en un nuevo intento
por acomodar desbalances y precios relativos que hasta aquí viene
desacomodando aún más de lo que estaban. Según sean los negocios que habilite
el gobierno para capitales extranjeros, puede esperarse en un primer momento
entrada de capitales especulativos. Pero poca esperanza puede haber en la
inversión productiva, mucho menos cuando el gobierno se autoexcluye del mundo
con su posición frente a la crisis climática y otros temas sensibles de
política exterior.
En este contexto es llamativo que se
reclame que “hay que esperar a ver los resultados”. Algo parecido se reclamaba
para experiencias pasadas, no sólo de ortodoxia neoliberal sino de heterodoxia
popular inconsistente: lo único que se logró fue dejar que el gobierno de turno
profundice los problemas del país hasta un nuevo episodio de crisis terminal.
Lo que hay que hacer es reclamar un
urgente, informado y consistente programa de estabilización, que frene la
escalada inflacionaria y el deterioro de la moneda nacional. También, que
atienda las urgentes necesidades de los grupos de población más vulnerables, y
no los intereses particulares de corporaciones afines con el poder.
Lamentablemente, hasta aquí ese programa de estabilización económica sigue
ausente y el gobierno argentino está aplicando un desarticulado programa de
desestabilización económica y social que no puede traer beneficios para el
país.
*Economista. Director académico e investigador del Centro
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp).
Fuente: Revista Sin Permiso
Link de Origen: AQUÍ
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