Revista Nos Disparan desde el Campanario Año V ECONOMÍA Apuntes sobre la coyuntura política argentina… por Rolando Astarita
Fuente: Revista Sin Permiso
Link de Origen: AQUÍ
La aprobación en general, en Diputados, de la
ley Bases y Puntos de Partida, o ley Ómnibus, en medio de una brutal represión
a manifestantes y a trabajadores de prensa, es una ocasión para presentar
algunas reflexiones sobre la coyuntura política y social que atraviesa
Argentina.
Ofensiva de largo alcance contra salarios y
jubilaciones
Si bien todavía no se dispone de los datos
completos, es indudable que la devaluación del 118% del 13 de diciembre, y la
consiguiente inflación (25,5% en diciembre; alrededor del 30% en enero) han
provocado una renovada y fuerte caída de los ingresos de los asalariados y
jubilados. Solo en diciembre los salarios habrían caído, en promedio, un 10%. A
enero de 2024 el salario mínimo ($156.000) tiene el menor poder de compra de
los últimos 23 años.
Pero no se trata de un “sacudón”
episódico, sino de un movimiento tendencial que arrancó, aproximadamente,
en 2017, con el gobierno de Cambiemos. Entre el pico alcanzado ese año y fines
de 2023, los salarios del sector privado registrado cayeron, en términos
reales, 19%; los ingresos de los trabajadores estatales sufrieron una baja del
21%; y los del sector privado no registrado se hundieron un 51% (cálculo de
Santiago Manoukian de Ecolatina en base al INDEC). Por otra parte, la pérdida
de poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y la AUH (asignación por
hijo), solo en 2023, fue de entre el 14% y el 37,4%.
Con una inflación para 2024 que el FMI prevé
del 150%, los aumentos de salarios obtenidos en paritarias tienden
sistemáticamente a quedar por detrás del alza del costo de vida. En esta
lógica, el Gobierno congela partidas –por ejemplo, a reparticiones estatales-
apostando abiertamente a la licuación de los ingresos de los trabajadores y de
los sectores de menores recursos. Y en muchos casos, el Estado se niega a
cumplir lo negociado. Un ejemplo es la decisión del gobernador de Santa Fe,
Maximiliano Pullaro de no abonar el aumento a los docentes del 36%, acordado en
la paritaria.
Aumento de la precarización e informalidad del
trabajo
Lo anterior va de la mano del aumento de la
precarización e informalidad del trabajo. Desde 2017 al tercer trimestre de
2023 la tasa de informalidad de los trabajadores ocupados pasó del 48,4% al
51,3%, La tasa de empleo asalariado no registrado, para el mismo período, subió
del 33,3% al 36,7%. De nuevo, estamos ante un movimiento de largo plazo.
Las propuestas, del Gobierno, de reforma laboral, se inscriben en esta
tendencia. Tres ejemplos: 1) plantea que un trabajador independiente pueda
emplear hasta cinco trabajadores sin que eso configure una relación de
dependencia. 2) El período de prueba cuando se inicia una relación laboral,
pasa de tres a ocho meses. 3) Se derogan sanciones por trabajo no registrado y
por pagos fuera de término de las indemnizaciones.
Recesión
El empeoramiento de las condiciones salariales
y laborales ocurre en una economía en fuerte recesión. Es el resultado de la
caída del consumo; de la debilidad de la inversión privada; el desplome de la
inversión pública; y las restricciones a la importación de insumos básicos para
la industria. Ya en noviembre la actividad económica había caído, en términos
interanuales, 0,9%. En diciembre el asunto empeoró. Las ventas minoristas
cayeron 13,7% interanual; la construcción 17,4%. La tendencia se habría
acentuado en enero. Entre otros indicadores (citados por Natalia Donato
en Infobae 4/02/2024)) se destacan la caída del 28,5% de las ventas
minoristas de las Pymes (dato de la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa); la baja del 30% de las ventas de indumentarias de los shoppings
(Cámara Argentina de la Indumentaria); la caída del 33% de los patentamientos
de automóviles, configurando el peor enero en 20 años (Asociación de
Concesionarios); la caída de las ventas de línea blanca y electrónica de entre
el 45 y 50%. En productos de consumo masivo la caída de ventas en los
supermercados, siempre en enero, fue del 11,6%. El FMI pronostica que en 2024
el PBI caerá 2,8%. Pero si no se considera al agro, la previsión es que la
caída llegue al 5,2%; una cifra que linda con una depresión económica.
Presión sobre la clase obrera y el chantaje de
la huelga de inversiones
En este escenario para millones de asalariados
la amenaza más inmediata pasa a ser el despido y la posibilidad de caer en la
marginalidad y la indigencia. Una situación que afecta profundamente la vida de
millones de seres humanos. Es que, como dijo alguna vez la economista
keynesiana Joan Robinson, “es terrible ser un trabajador explotado en el
sistema capitalista. Lo único peor es ser un trabajador incapaz de encontrar a
alguien que te explote”. Y este es el hecho en que se apoya la amenaza a los
trabajadores: “si quieren empleos deben renunciar a los derechos más básicos”.
O sea, “primero están los derechos del capital”. Es el argumento, siniestro, de
Milei: “si no aceptás ser explotado, tenés la libertad de morirte de hambre”
(véase aquí).
Es el poder de la propiedad privada de los medos de producción sobre aquellos
que están obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. De ahí el
chantaje de la huelga de inversiones.
Este es el telón de fondo del RIGI, un régimen
de incentivo para grandes inversiones, contenido en la ley Ómnibus propuesta
por Milei. Allí se proponen fuertes reducciones impositivas en Ganancias e IVA
para las empresas de capital extranjero o local que definan proyectos de
inversión de por lo menos 200 millones de dólares y adhieran al sistema (véase
Camila Dolabjian en La Nación, 5/02/2024). Un capítulo de la ley que, no
es de extrañar, no ha sido casi discutido. Observemos que el chantaje de la
huelga de inversiones no es una peculiaridad del capital “foráneo”, sino
de todo el capital, nacional o extranjero, grande o pequeño, privado o estatal.
Es fácil darse cuenta, además, que los ataques al derecho de huelga y de
protesta, contenidos en el mega DNU, y el Protocolo Anti-Piquetes de la
ministra Bullrich, son funcionales a esa exigencia del capital.
Acuerdos fundamentales sobre el DNU y la ley
Ómnibus
Por estos días buena parte de la atención de
la opinión pública está centrada en las objeciones de la llamada oposición
“dialoguista” (UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) a
diversos puntos de la ley Ómnibus, o al mega DNU. Pero existen algunos ítems de
acuerdo profundo de las patronales con LLA. Entre ellos, el levantamiento
generalizado de los controles de precios (apunta a poner en primer plano la
regulación a través del mercado, esto es, la ley del valor); la reforma de la
ley laboral; y el peso del “ajuste” sobre la clase trabajadora.
Ese acuerdo de fondo se expresa en el
apoyo explícito del capital a la orientación del DNU y de la ley Ómnibus. La
Unión Industrial Argentina, la CAME; la Cámara Argentina de Comercio y la
Sociedad Rural Argentina (SRA) se pronunciaron en ese sentido. También la
Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a los grupos económicos más
poderosos, apoyó el DNU y aplaudió la aprobación en general de la ley Ómnibus.
Esta postura del «capital en general» tiene expresión en la “oposición
dialoguista” que votó en general la ley Ómnibus, y en los gobernadores de
Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Chubut, San Juan, San Luis, Misiones, Salta,
Neuquén y Río Negro, además de Ciudad de Buenos Aires, que la apoyaron, a pesar
de diferencias, en especial en la cuestión fiscal. Con el agregado de los tres
diputados por Tucumán que responden al gobernador peronista Osvaldo Jaldo. En
este caso, a cambio de que se mantiene el proteccionismo a la industria
azucarera y cítrica.
Otros gobernadores han estado tendiendo líneas
de negociación con el Gobierno. Un ejemplo es Raúl Jalil de Catamarca, quien
avanzó en el “ajuste” en su provincia. A Jalil le interesa que no se privatice
la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua Dionisio. Es que el
gobierno provincial retiene el 60% de las utilidades de la empresa (véase “Las
maniobras subterráneas de dos gobernadores peronistas para colaborar con el
Gobierno”, La Nación 28/01/2024). En esta nota también se informa que
el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, realizó un “feroz
ajuste”; y los siete diputados que le responden tienen disposición para
colaborar con el Gobierno.
Por otra parte, es llamativa la cantidad de ex
funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que pasó al Gobierno de la LLA.
Además de Daniel Scioli, el más conocido, hay varios que estuvieron con Massa.
Por ejemplo, Favia Royon al frente de la Secretaría de Minería; Lisandro
Catalán, ex director del Registro Nacional de Reincidencia y hoy secretario del
Interior; y Marco Lavagna, que continúa al frente del INDEC. (para no
extrañarse, ¿recuerdan que Alberto Fernández militó bajo las órdenes de
Cavallo? ¿Y que los Kirchner defendieron fervorosamente las privatizaciones de
los 1990 y al gobierno de Menem que las llevó adelante?).
En el mismo sentido, hoy el peronismo cordobés
contribuye con funcionarios en altos cargos. Un ejemplo es Osvaldo Giordano, ex
ministro de Finanzas de Córdoba, nombrado titular de la ANSES por Milei. Por
supuesto, a estos nombres hay que sumar los macristas en puestos claves. En primerísimo
lugar, los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, ex candidatos a presidente
y vice por Juntos por el Cambio.
Por fuera de aspectos anecdóticos, estos
posicionamientos se explican por intereses de clase, que, además, coinciden con
el apoyo del FMI, del gobierno de Biden y de voceros del capital
concentrado (como el Wall Street Journal y el Financial Times) a
la orientación del Gobierno de la LLA. Precisamos que no se trata de una
imposición colonialista del “imperio”, sino de una coincidencia en defensa de
los intereses del capital frente al trabajo.
La oposición del nacionalismo estatista
El salto de ex kirchneristas al oficialismo
puede llevar a la conclusión de que, por fuera de matices, “todo es lo mismo”,
kirchnerismo y neoliberalismo.
Pensamos que es un error. Hemos discutido este
tema (aquí)
cuando en pasadas campañas electorales algunos partidos de izquierda
sostuvieron que todos los candidatos burgueses eran “agentes del FMI” por
igual. Por supuesto, “todos son lo mismo” en la medida en que defienden al
sistema capitalista y están en contra de la emancipación social de los
trabajadores. Pero no tienen el mismo programa. Un D’Elía no defiende el mismo
programa que un Macri. La línea editorial de Página 12 no es la
de La Nación. No es lo mismo plantear que para frenar la inflación hay que
establecer el control estatal de precios, que abstenerse de intervenir y dar
libertad plena al mercado. Como tampoco es lo mismo defender un “modelo” tipo
Chávez Maduro, que rechazarlo de plano. Aunque, por otro lado, sostener que el
programa estatista burgués es distinto de un programa “a lo Macri-Milei” no
significa decir que el primero representa una solución a los problemas y
padecimientos que atraviesan a la clase obrera y al pueblo. Más aún, la
política económica y social de Massa y CFK, durante el gobierno de Alberto
Fernández, puso en evidencia la impotencia del estatismo burgués. Lo cual
favoreció el avance de la ultraderecha (véase aquí).
O sea, hay identidad y diferencia. Y esa diferencia cobra relevancia a la hora
de establecer una política socialista.
De lo anterior se deducen dos peligros: el
primero es adoptar una postura sectaria ante la oposición del nacionalismo
burgués o pequeñoburgués al gobierno de LLA. Es un hecho objetivo que existen
reivindicaciones en torno a las cuales se pueden realizar acciones en común.
Una cuestión que no es menor cuando la mayoría del activismo sindical y de los
movimientos sociales se opone al Gobierno de Milei desde una orientación
pro-estatista y nacionalista. El segundo peligro, sin embargo, es embellecer a la
oposición nacional-estatista. Por eso la unidad de acción (por ejemplo, en
defensa del derecho de huelga; o el derecho de protesta) debería acompañarse,
en un enfoque socialista, de la crítica al programa y estrategia del
nacionalismo burgués.
Contradicción central y conflictos entre
fracciones burguesas
Por lo planteado hasta aquí, caracterizamos
que la contradicción central está planteada en términos de clase. O sea,
no coincidimos con la idea, sostenida por la oposición nacionalista y
estatista, de que el conflicto está planteado en términos de “patria versus
antipatria”, como afirma el periodista Víctor Hugo Morales. Una idea que se
expresa cuando las manifestaciones corean masivamente “la patria no se vende”.
La misma CGT convocó al paro y acto del 24 de enero con esa consigna.
Somos de la opinión que los conflictos
abiertos entre fracciones de la clase dominante no tienen que ver con temas
patrióticos, sino con la forma en que se reparten la plusvalía. Los conflictos
y tensiones entre facciones del capital, y partidos políticos, giran
principalmente en torno a impuestos y subsidios; las transferencias a los
gobiernos provinciales; medidas proteccionistas; y reglamentaciones que
afectan, o benefician, a distintas expresiones del capital. Como ejemplos, las
disputas sobre las retenciones a las exportaciones (complejo sojero en primer
lugar); en torno a los regímenes para el azúcar, yerba mate, pesca,
biocombustibles, tabaco. También las tensiones por el freno a la obra pública.
Asimismo, existen conflictos y tensiones por el manejo de cajas de organismos
estatales o asociadas al capitalismo de Estado. Por las transferencias a las
provincias. Y en torno a eventuales privatizaciones de compañías estatales: qué
empresas pueden ser privatizadas, y en qué condiciones y formas
(participaciones de capitales privados, injerencia del Estado).
Pero no se trata solo del dinero. En muchos
sectores de la política burguesa, o pequeñoburguesa, existe un fuerte temor a
que la vertiginosa caída de los ingresos de los trabajadores y sectores
populares, y el agravamiento de la pobreza e indigencia, terminen en un
estallido social de proporciones.
El rol de la burocracia sindical
En este entramado de intereses en disputa es
necesario referirse a la burocracia sindical “tradicional”. Con estos términos
significamos que no nos referimos a los dirigentes sindicales del reformismo
nacionalista y estatista, sino a la dirigencia sindical que participa de
los frutos de la explotación del trabajo, sin ser por ello capitalistas (aunque
también hay sindicalistas que son empresarios). La caracterización social de
este estrato es esencial. Al respecto, en una entrada anterior señalábamos:
“La función de la burocracia es mediar entre
el capital y el trabajo; para eso se ocupa de controlar, canalizar conflictos y
bloquear corrientes revolucionarias o contestatarias al interior de las filas
obreras. En tanto cumple ese rol, el capital y el Estado consienten en que se
apropie de una parte de la plusvalía. Sin embargo, esa apropiación no deriva directamente
de la relación de producción capitalista. De ahí que los ingresos del burócrata
sindical no tengan la estabilidad de la que goza la ganancia empresaria o el
dividendo del accionista”. De ahí su posición contradictoria, y la necesidad
de, en determinadas coyunturas, asumir la defensa de algunas demandas obreras
puntuales (véase aquí).
Pues bien, como mediadora de las relaciones
entre el capital y el trabajo, la burocracia está obligada a oponerse, al menos
parcialmente, a algunas de las medidas más claramente anti obreras y anti
democráticas del Gobierno. Sin embargo, como formación social es parte del
sistema de explotación. Su cuidado pasa por “no sacar los pies del plato”. De
ahí que la política «de exigencias» -en la idea de que así se radicalizará la
conciencia de las masas trabajadoras- no tiene mucho sentido. La mayoría de los
trabajadores asumen que la dirección sindical es conservadora y está integrada
al sistema. Y esto se confirma a cada rato. De hecho, el discurso de los
dirigentes de la CGT en el acto del 24 de enero se limitó a criticar a los
diputados que colaboran con LLA y solo ofreció como perspectiva el llamado a
recomponer el peronismo. Esto sin contar que dirigentes como Cavallieri, de
Empelados de Comercio, y Barrionuevo, de Gastronómicos, directamente no
hicieron nada por el paro, en aras de mantener buenas relaciones con el
Gobierno.
¿Qué posición tiene la pequeña burguesía?
Planteamos el interrogante: ¿cuál es la
posición de la pequeña burguesía, del pequeño propietario de un comercio, un
taller, o similares, frente al programa Milei? Como evidencia anecdótica, en el
trato diario encontramos pequeños patrones que apoyan la vía libre al trabajo
informal contenido en el DNU y la ley Ómnibus. Muchos de estos sectores han
sido base electoral de Juntos por el Cambio, primero, y de LLA (de la misma
manera que en EEUU o en Italia amplias franjas de los pequeños propietarios
constituyen la base social de un Trump, o de una Meloni).
Sin embargo, y por otra parte, la
liberalización de los mercados y la supresión de regímenes especiales, afectan
directamente a sectores de la pequeña y mediana producción. Por ejemplo, la
propuesta, contenida en el mega DNU, de eliminar la potestad del Instituto
Nacional de la Yerba Mate de regular los precios de la materia prima, fue
rechazada por los productores pequeños y medianos (unos 13.000, la mayoría de
los cuales poseen menos de 25 hectáreas). Su argumento es que los deja sin
poder de negociación ante las empresas elaboradoras.
Otro ejemplo de medidas que afectan a la
pequeña empresa es la propuesta de la ley Ómnibus de eliminar la ley de
“Defensa de la Actividad Librera”. Esta ley que se inspira en otras similares
que hay en Francia y otros países, establece el precio uniforme de la venta de
libros al público. Con esto busca proteger a las librerías frente a los
supermercados y cadenas de grandes superficies. La cuestión sin embargo no es
solo económica, ya que está en juego la defensa de la libertad y diversidad
cultural. Muchos libreros se manifestaron en contra de ese capítulo de la ley
Ómnibus.
Por otra parte, el rechazo en sectores de las
clases medias a los ataques del Gobierno al arte y la cultura; a la
investigación científica y el Conicet; así como la negación del calentamiento
global y de los problemas medioambientales; y las avanzadas de la LLA
contra el derecho al aborto, generan fuertes resistencias en la intelectualidad
y muchas franjas de los sectores medios. Con esto se abren espacios para la
intervención en unidad, de nuevo por puntos reivindicativos concretos, de las
fuerzas de izquierda.
Intento de avance bonapartista, ataques a las
libertades
A las disputas por intereses económicos hay
que sumar la preocupación, incluso entre muchos que se consideran liberales y
pertenecen al establishment, por la delegación de facultades legislativas al
Ejecutivo para legislar en materia económica, financiera, tarifaria, energética
y administrativa. Lo cual está en línea con la intención de modificar o anular
una gran cantidad de leyes por medio del mega DNU. Este intento de avance
bonapartista cobra especial relevancia en la medida que el Gobierno anuncia que
continuará con las medidas de “ajuste” sobre salarios y jubilaciones, a pesar
del retiro del tema fiscal de la ley.
La avanzada bonapartismo enlaza con los
ataques, ya mencionados, al derecho de protesta y de manifestarse. Entre las
medidas propuestas en la ley Ómnibus contamos la suba de penas de uno a tres
años y seis meses para quien, sin crear una situación de peligro común, bloquee
el normal funcionamiento del tránsito. La pena será de dos a cuatro años si una
persona que bloqueara la circulación causa daño a la integridad física de otra.
Asimismo, se propone penar con prisión de dos a cinco años a los organizadores
de una manifestación, estén o no presentes en ella. Además, los organizadores
serán responsables por los daños a los bienes públicos que ocasionen los
manifestantes. Por otra parte, toda manifestación deberá ser notificada al
Ministerio de Seguridad con una antelación de 48 horas. En otro orden, el
proyecto establece que no será punible de delito la persona que “obrare en
cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o
cargo”. Esto incluye a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. En
criollo, es dar carta blanca al gatillo fácil.
Retiro del paquete fiscal, continuidad de la
ofensiva del Gobierno
Ante las dificultades para avanzar, el Gobierno
terminó retirando del proyecto de ley el capítulo fiscal. Se puede admitir
entonces que, debido a las ideas y venidas de las negociaciones, al
empeoramiento de las condiciones sociales, y las manifestaciones de protesta,
el Gobierno se ha debilitado un tanto. Es lo que sostienen algunos analistas.
Pero esto no significa un retroceso sustancial en el ataque a la clase
trabajadora.
Para ver por qué, recordemos que el plan del
Gobierno era reducir el déficit fiscal vía aumento generalizado de las retenciones;
la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria; la moratoria impositiva y
el blanqueo de capitales; y la reimposición del impuesto de ganancias (en
realidad a los salarios) para la cuarta categoría. En el debate en el
Congreso, ese programa tropezó con el rechazo parcial de los “dialoguistas” y
los gobernadores “amigos”. Estos sectores se opusieron ante todo al aumento de
las retenciones, a la suspensión de la actualización de las jubilaciones, y a
algunas privatizaciones, o cuestionaron la forma de realizarlas, o de
controlarlas. En respuesta el Gobierno retiró el capítulo fiscal de la ley
Ómnibus; frenó la reposición del impuesto a las ganancias.; y sacó a
algunas empresas estatales de la lista de las privatizables. ¿Un avance de las
reivindicaciones de los trabajadores y las masas?
La respuesta es que no, que solo cambian
las formas, no el contenido. Por ejemplo, los ajustes jubilatorios tal como
están, garantizan que los jubilados sigan perdiendo con respecto a la
inflación. Por otro lado, algunas empresas que el Gobierno quería privatizar,
no se privatizarán. Pero esto esto no impide que sean sometidas a la lógica del
mercado y la rentabilidad. Después de todo, la explotación del trabajo no
cambia porque la patronal sea estatal o privada (o una combinación de ambas).
Pero, además, están en marcha: 1) la reducción
de subsidios a transporte y energía, con la contrapartida es un fuerte aumento
de las tarifas. Según un informe técnico del FMi (La Nación 2/02/2024), y
en base a una comunicación del Gobierno, las tarifas de electricidad tendrán
aumentos de más del 200% y las de gas de más del 150% a partir de febrero, o
tal vez marzo. Y está prevista una fuerte alza del boleto del transporte.
2) El despido de trabajadores estatales (ya no se están renovando miles
de contratos). 3) Menos transferencias a las provincias. Un ejemplo: en lo que
va de 2024 el Gobierno nacional no envió dinero a las provincias por el Fondo
de Incentivo Docente, que había perdido vigencia el 31 de diciembre. Ese dinero
servía a los gobernadores para complementar los salarios docentes, que son
cubiertos por las provincias (M. Boetner en Infobae 29/01/2024). 4)
Fuerte reducción de las partidas sociales. Por ejemplo, el Gobierno congeló en
los niveles de fines de 2023 los montos correspondientes a los planes Potenciar
Trabajo. 5) Aumento, a partir del 1 de marzo, del impuesto a los combustibles,
con incidencia directa en los precios de la nafta y el gasoil. 6) Fuerte
disminución de la obra pública. Según la Cámara Argentina de la Construcción,
en enero había cerca de 3500 proyectos inconclusos en todo el país, lo que
afectaba a unas 1400 empresas que emplean unos 500.000 trabajadores.
Todo esto se suma a la caída que seguirían
experimentando los salarios al quedar rezagados con respecto a la inflación.
Precisemos también que la agenda de la reforma laboral, frenada ahora en la
Justicia, seguirá abierta.
A la vista de estas circunstancias se explica
la “comprensión” del FMI de la retirada del paquete fiscal. “Fue una decisión
pragmática”, justificó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva
(según el Financial Times, citado por La Nación). “Te mueves donde
tienes más consenso. También examinamos las consecuencias de esta decisión
sobre los objetivos apropiados y quedamos satisfechos de que hay un plan de
contingencia en marcha” (Georgieva, La Nación 3/02/2024).
La misma recomendación encontramos en el
informe del FMI. Sostiene que el plan económico está condicionado por un
“contexto político y social complejo, con un Congreso fragmentado, caída de los
salarios reales y alta pobreza”. Por eso, si el Gobierno no cumple inicialmente
todos sus objetivos, lo que importa es que de todas maneras se habrán
tomado las medidas “para corregir los graves desequilibrios de Argentina”. La
recomendación del Fondo, de ampliar la ayuda social para los sectores más
sumergidos se inscribe en el temor a que esta historia desemboque en un
estallido social mayúsculo. Por eso también hay conciencia en el establishment
económico, y en “los poderes económicos concentrados”, de la necesidad de un
acuerdo básico para sostener el “ajuste” en curso. Miguel Ángel Pichetto,
principal referente de Hacemos Coalición Federal, lo explicita cuando aboga por
un gobierno de coalición.
Acentuación de un discurso pronunciadamente de
derecha
En lo discursivo, la orientación del gobierno
de LLA es hondamente reaccionaria. En una nota anterior escribimos: «no hay que
minusvalorar el peso ideológico y político del discurso de la ultraderecha. En
particular, su exaltación del individualismo, que apunta a quebrar todo
sentimiento de solidaridad, de hermandad de clase de los explotados. Este
mensaje encuentra oídos receptivos en coyunturas de crisis y en ausencia de
programas y perspectivas superadoras por la izquierda. (…) El comportamiento
egoísta es fomentado de todas las formas posibles. Es la esencia de la “batalla
cultural” de los Milei y Benegas Lynch».
Esta ofensiva ideológica es alimentada por
cientos y miles de canales. Y se combina con el apoyo explícito del Gobierno de
LLA a gobiernos, personajes y regímenes represivos y de derecha (Trump,
Bolsonaro, Meloni, Bukele) y, más brutalmente, con la defensa y apoyo al
genocidio que está llevando adelante Israel en Gaza. La lucha ideológica de los
socialistas contra la ultraderecha cobra especial relevancia.
Tres enfoques ideológicos y programáticos de
la resistencia
Consideramos que hay tres enfoques generales
en los que se enmarca la resistencia a la ofensiva de LLA y aliados. El
primero, interpreta que el eje del conflicto es “nacional”. La defensa de la
patria frente al capital financiero (el FMI a la cabeza), la burguesía
entreguista, y la ultraderecha neoliberal, está en primer plano. Junto a la
reivindicación de «las banderas de Evita y Perón». El objetivo es reconstituir
un frente nacional – como proponen Grabois y otros dirigentes afines al
kirchnerismo- que vuelva al programa estatista burgués.
El segundo enfoque está a medio camino del
anterior. Coincide con el kirchnerismo en que el conflicto está planteado en
términos nacionales (el enemigo principal es el FMI; Argentina está sometida a
potencias colonialistas; el estatismo burgués es progresivo). Pero critica al
nacionalismo burgués por no luchar de manera consecuente por el programa
nacional y estatista. Con esto se sugiere la táctica de “superar desde adentro”
al peronismo y a la CGT o a la CTA, siendo más nacionalistas que los
nacionalistas, y más estatistas que los estatistas. Con este encuadre, se
atenúan las críticas al nacionalismo reformista. El énfasis está en la unidad
“contra el imperialismo y los neoliberales”.
Por último, el tercer enfoque caracteriza
que el conflicto está planteado en términos de clase; sostiene que el programa
del nacionalismo burgués o pequeño burgués no representa una solución para la
clase obrera; y plantea la necesidad de, a la par de luchar por las demandas
inmediatas, agitar y propagandizar las ideas del socialismo marxista (o sea, el
socialismo obrero e internacionalista). Reconocemos que esta perspectiva hoy es
ultra minoritaria. Es la que reivindicamos.
MILEI,
EL REBUZNO DE LA BARBARIE
*Rolando Astarita. Economista. Profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires.
Sitio: https://rolandoastarita.blog/
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