Revista Nos Disparan desde el Campanario Año IV Nro. 59 ECONOMÍA Incierto clima de negocios en la Franja de Gaza… por Alejandro Marcó del Pont
Fuente: El Tábano Economista
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¿Cómo nos piden que nos retiremos de los Territorios Ocupados?
Si allí no vive nadie (Golda Meir 1969)
Suena algo extraño que se hable en
medio de una guerra del clima de negocios en la franja de Gaza, pero apelando a
las estrategias neoliberales utilizaremos sus eufemismos y demás artilugios
idiomáticos que han servido de herramienta apropiada a los adeptos de la
postmodernidad capitalista (léase neoliberalismo) para engañar, falsificar y
distorsionar la realidad, porque no nos serviría a nosotros. A nadie se le
podría ocurrir hablar de inversión extranjera directa, estabilidad
macroeconómica, clima de negocios o protección de derechos de propiedad, eso
que llaman seguridad jurídica, menos en Palestina. Pues se equivocan. El
Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su oficina de Asuntos
Económicos Empresarios, realizó un estudio sobre “Declaraciones sobre el clima de
inversión para 2023: Cisjordania y Gaza” donde evalúa, antes de los misiles, of course, las
posibilidades de invertir en Palestina
Comencemos con los detalles del lugar
donde se tendría que invertir. Un pueblo, como ha explicado el escritor
palestino-estadounidense Ra’fat Al-Dajani, donde la deshumanización para el
mundo se basa en dos principios ampliamente difundidos entre los medios
occidentales: «Los palestinos son violentos por quienes son, por algo
intrínseco a su propia naturaleza y la cultura”. Como corolario sostiene:
“dado que los palestinos carecen de estándares básicos de moralidad… la única
manera de interactuar con ellos es mediante el uso de la fuerza, ya sea fuerza
patrocinada por el Estado, por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, o
por actores no estatales, como los colonos israelíes. La fuerza es el
único idioma que entienden”. Esta construcción perversa hace que los civiles
palestinos no sean considerados víctimas inocentes de la guerra, sino que
siguen siendo, en gran medida, responsables de sus propias muertes y destinos
desesperados, por lo que invertir, generar empleo, y hasta explotar a estas
personas es tentador, pero es todo un tema.
Innumerables vidas perdidas,
constante robo de terrenos y tierras, medios de vida y tradiciones antiguas
destruidos en un ciclo agotador de reconstrucción de utopías, sueños e
infraestructura, para luego ver cómo toda las promesas y posibilidades de
prosperar se convierten, en un instante, en polvo y escombros por un
misil. Imaginar el desarrollo económico de un pueblo encarcelado,
encerrado como ganado detrás de muros y cercas de alambre de púas, donde el
agua, la electricidad, los alimentos y el combustible se encienden y apagan
según el capricho de una potencia colonial, es realmente difícil.
La actividad económica que miraremos
tendrá lugar en una carcel que tiene un muro de hormigón que bordea totalmente
la Franja de Gaza con una longitud de 65 kilómetros. Se hunde hasta
20 metros en el suelo para obstruir los túneles que construyen las milicias de
Hamás. Enfrente hay 41 kilómetros de mar, en un territorio sin barcos, y dos
fronteras, una al norte, Israel, y Egipto al sur. El distrito del norte de Gaza
comparte una frontera de 10 kilómetros con Israel. Cualquiera que se
acerque a 1 kilómetro de esta barrera corre el peligro de recibir un disparo
del ejército israelí, que patrulla las fronteras norte y este de Gaza.
En la frontera sur, que podría ser la
puerta de escape o de circulación de ese cautiverio, lo que se llama el cruce
Rafah (Egipto), estuvo abierto solo 125 días en 2021. Todo el tráfico marítimo
hacia y desde Gaza está prohibido. Si bien en virtud del derecho internacional y
de los Acuerdos de Oslo de 1993, Gaza tenía una zona de pesca de 20 millas
náuticas de ancho desde su costa, ahora tiene una zona reducida a 3 millas por
Israel a partir de enero de 2009, y el acceso está prohibido a los pescadores
palestinos en sus franjas septentrional y meridional. En este contexto, las
pescas han disminuido de más del 60%. No obstante, este sector económico es
vital para Palestina. En síntesis, nada entra, nada sale.
En esta caja de experimentos
económicos no existe moneda nacional, lo que deja a la Autoridad Palestina sin
la posibilidad de recurrir a políticas monetarias y cambiarias para compensar
los desequilibrios macroeconómicos. Los esfuerzos en general son plasmados
como austeridad, siguiendo la lógica de los acuerdos basados en tres monedas
convertibles: el shekel israelí, el dinar jordano y el dólar de los Estados
Unidos. O sea, no existe emisión, no hay devaluación competitiva, no
existen incentivos, el crédito es escaso debido a la reticencia del sistema
bancario a conceder préstamos a largo plazo debido a los riesgos derivados de
la dificultad de igualar la denominación monetaria de sus activos y pasivos.
Como el régimen israelí fiscaliza las
fronteras, controla el tránsito de mercancías y también los ingresos fiscales
palestinos basados en las importaciones que cobran los israelíes y
posteriormente transfieren a la Autoridad Palestina, a la que se le encomendó
la tarea del gasto público. El presupuesto de la Autoridad Palestina depende
desproporcionadamente de los impuestos a las importaciones recaudados por
Israel en su nombre. Sólo en un contexto político tan retorcido puede
surgir un acuerdo peculiar mediante el cual el régimen israelí recauda
impuestos de importación de los territorios que ocupa y posteriormente transfiere
estos ingresos al organismo palestino local encargado de administrar esos
territorios, consiguiendo, además de sojuzgar a Palestina, al manejar a placer
la temporalidad de la distribución de los ingresos, deformar la estructura
fiscal por la ausencia de soberanía.
Como ilustramos, los ingresos por
liquidación de impuestos sobre las importaciones que primero deben ingresar a
través de una frontera controlada por Israel generaron el 65% del presupuesto
total de la Autoridad Palestina. Por el contrario, las fuentes restantes
de ingresos de la Autoridad Palestina bajo su control directo de recaudación
(como los impuestos sobre la renta internos, los impuestos sobre la propiedad y
los ingresos no tributarios) constituyeron el 25.2% de sus ingresos en 2022. Es
muy inusual que un estado obtenga la mayoría de sus ingresos de impuestos
relacionados con las importaciones en lugar de impuestos internos.
La generación y recaudación de
impuestos internos es una función de la productividad económica y la soberanía,
dos cosas de las que carece la franja de Gaza, y el prolongado confinamiento y
control de los palestinos bajo ocupación militar por parte del régimen israelí
ha devastado la capacidad de la Autoridad Palestina para imponer la recaudación
de impuestos. A su vez, sin independencia fiscal o monetaria, la Autoridad
Palestina ha sido incapaz de dirigir políticas hacia las necesidades de
desarrollo local,
debilitando aún más su legitimidad entre el pueblo palestino.
Las principales exportaciones de
Palestina son a Israel, que concentra el 80.5% de ellas, y casi
9% a Jordania, los demás países hacia donde van sus exportaciones, de unos 1.47
millones, son marginales. Pero importa por casi 7 mil millones de dólares, de
los cuales el 60% proviene de Israel, lo que genera un déficit comercial
relevante. El transporte de personas es casi imposible, pero el de mercaderías
no se queda atrás. Desde el 2006, cuando inició el bloqueo de varios cruces, quedando
sólo disponible el cruce Kerem Shalom, la selectividad, velocidad y cantidad de
transporte ingresante o saliente va a gusto del ocupante. En el 2005 ingresaban
a Gaza 10.400 camiones por mes, del 2007 a 2010 sólo 2.400 por mes, una
reducción del 23%; en el primer semestre del 2022 ingresaron 6.087, es decir,
sólo en 50% de las necesidades. Lo mismo pasa con los camiones de
exportaciones, en 2005 salían 833 por mes, en 2022, 139 mensuales.
Durante casi 17 años Israel ha
impuesto un bloqueo asfixiante a la Franja de Gaza, que afecta a todos sus
sectores vitales (sociales, económicos y humanitarios). A pesar de que la
situación humanitaria de Gaza ha alcanzado un deterioro sin precedentes y de la
sucesión de siete gobiernos israelíes desde el comienzo del bloqueo, Israel ha
mantenido su política de castigo colectivo contra más de 2,3 millones de
habitantes de esa zona de una manera que expone claramente la intención de
infligir grandes cantidades de impacto material y daños morales.
El bloqueo provocó la multiplicación
de los indicadores de crisis humanitaria en Gaza. Por ejemplo, la tasa de
desempleo ha aumentado del 25,6%, antes de la imposición del bloqueo en 2005,
al 45,2% del desempleo juvenil a finales de 2021, una de las tasas más altas
del mundo. Asimismo, la pobreza se disparó drásticamente debido a las
restricciones israelíes del 40% en 2005 al 69% en 2021. Los largos
procedimientos de cierre, la prohibición de exportaciones e importaciones y la
destrucción de fábricas e instalaciones económicas durante los ataques
militares dejaron grandes pérdidas en todos los sectores económicos y
productivos. Sólo el ataque militar más reciente, ocurrido en mayo de
2021, destruyó cientos de instalaciones económicas, con una pérdida total de
alrededor de 400 millones de dólares, y no estamos hablando de los ataques
actuales.
A pesar de estas vicisitudes, el PBI
cayó solamente a menos de la mitad. Venía de crecer un 7% al salir de la
pandemia, cayó al 3.9% en el 2022 y se proyectaba un crecimiento del 2.5%, que será
realmente incierto, para fines del 2023. El sector agrícola es uno de los
sectores económicos más importantes de Gaza. Unas 40.000 personas trabajan
en este campo y se estima que indirectamente emplea a unas 200.000 personas. El
control de las autoridades israelíes se extiende, como ya dijimos, a las
tierras agrícolas imponiendo una zona de amortiguación de 1.000 a 1.500 metros
de ancho a lo largo de la valla de separación. Esta zona constituía
aproximadamente el 17% de Gaza y el 35% de sus tierras agrícolas, con lo cual
los agricultores se exponen a graves peligros al acercarse a esa zona y, por
tanto, no pueden realizar sus actividades con normalidad.
Los pescadores de Gaza sufren la
imposibilidad de ejercer libremente su trabajo en la zona en la que tienen
permitido navegar y trabajar como consecuencia de los repetidos ataques
israelíes, limitando la zona de pesca, además de prohibir la pesca y el ingreso
de suministro de equipos. Debido a restricciones, ataques periódicos y
prohibiciones a la entrada de abastecimientos necesarios para que los
pescadores continúen su trabajo, el número de personas que trabajan en la pesca
disminuyó de aproximadamente 10.000 en el año 2000 a aproximadamente 4.000 en
2022, lo mismo sucede con alrededor de unos 500 trabajadores de profesiones
relacionadas con el ramo, como pescaderos, mecánicos, electricistas,
constructores de barcos y comerciantes de equipos de pesca que se quedaron sin
trabajo. Estas personas mantienen a unas 50.000 más, lo que significa que
amenazar el sustento de estos pescadores lo hace también con las vidas de
decenas de miles de ciudadanos en Gaza.
Una de las últimas escalas del
experimento económico nos lleva a la crisis energética, que se remonta al 28 de
junio de 2006, cuando el ejército israelí bombardeó la única central eléctrica
de la Franja de Gaza durante una de sus operaciones militares. Esto
provocó la destrucción de seis transformadores principales de la
estación. Desde entonces, Gaza ha sufrido un gran déficit energético, y por
lo tanto de agua.
La prohibición israelí de la entrada
de combustible a Gaza significa que la producción de electricidad está
gravemente limitada. En 2023, Gaza tenía sólo 13 horas de electricidad al
día. Esto, a su vez, ha causado graves problemas con el suministro de agua
y el saneamiento, los constantes apagones han impedido que las plantas de
tratamiento de agua funcionen correctamente. Los acuíferos de Gaza, su
principal fuente de agua, también están casi agotados y contaminados por aguas
marinas y residuales. Una parte importante de todas las enfermedades
reportadas en la zona es causada por el acceso
deficiente al agua potable. El bloqueo también ha afectado a las instalaciones médicas de la
franja. Los hospitales carecen de suministros, equipos e infraestructura
básicos y no pueden atender casos graves ni brindar atención adecuada a los
enfermos crónicos.
Hundir la Franja en una completa oscuridad
y hacer imposible seguir proporcionando todos los servicios básicos de vida, no
hablemos de la producción, todos los cuales dependen de la electricidad, que es
posible operar parcialmente con generadores, y la imposibilidad de suministrar
combustible, generará una crisis humanitaria para todos los residentes de
la Franja de Gaza. Es decir, las represalias de Israel serán uno de los mayores
crímenes colectivos contra civiles indefensos en la historia moderna.
Para la OIT, en su informe “La situación de los trabajadores en
los territorios árabes ocupados 2023”, la salida del Covid marcó el reinicio de los mercados
laborales en todo el mundo, menos en Palestina, donde otras restricciones y
limitaciones juegan más allá de la pandemia. La ocupación de 55 años restringe
la circulación de personas, los derechos laborales dada la limitada creación de
empleo. Esta idea ya derivó hacia el derecho internacional humanitario, por lo
que la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia que determinara las
consecuencias jurídicas de la continua violación de los derechos del pueblo
palestino y sus consecuencias. La corte laudó a favor de Palestina y propuso
que se terminara tal atropello. La contestación israelí fue apropiarse de 40
millones de dólares que cobra por impuesto a las importaciones y desviarlo a
familias israelíes asesinadas por ataques palestinos. Imagínense la inversa.
Lo anterior fue sólo una muestra que
un sitio bloqueado por tierra, mar y aire, con mínimo apoyo internacional, es
un lugar complejo para generar trabajo y un blanco perfecto para explotarlo. Un
día de trabajo en Gaza, sin contar la cantidad de horas, es de 13 dólares y en
Israel de 80 dólares, por lo que aspirar a trabajar en Israel es el deseo de
cualquier palestino, aun y cuando se le pague la mitad. En el 2022 se
expidieron 27.000 permisos laborales para que los habitantes de Gaza pudieran
trabajar en Israel, la cifra más alta desde el bloqueo, determinación que ayudó
a la economía de Gaza y que será elimina en la actualidad.
Uno de cada dos habitantes
económicamente activos en Gaza está desempleado, para jóvenes y mujeres la
situación es desesperante. El incremento de la inflación se ha deglutido el 10%
de los ingresos de los trabajadores de esta región, ya que los alimentos
representan el 38% de los gastos del 10% más pobre. La falta de moneda y de una
política fiscal laxa, que ayude a las pequeñas empresas a generar trabajo o
producir los alimentos y bienes necesarios por las limitaciones de ingresos al
país, vuelve a la franja de Gaza un recipiente de pobreza e inmovilidad.
Los liberales suelen denominar a los
países que carecen de libertad económica autárquicos. En el caso de Palestina,
el carcelero es quien impide la movilidad de bienes, inversiones y personas.
Bloqueado por tierra, mar y aire, sin moneda ni capacidad tributaria, sin
permiso a probar suerte en otro lugar del mundo, sin trabajo, luz, agua, sanidad,
ayuda social, sin poder sembrar, exportar ni producir, los malos hombres de
este mundo se encuentran en Gaza. Eliminar, arrasar, destruir, borrar,
hambrear, dejar sin medicamentos o alimentos a los combatientes de Hamas, solo
esa idea en el siglo XXI es algo inverosímil de aceptar, de digerir. Que medios
mundiales hablen sueltos de cuerpo, sin la más mínima reacción social de las
futuras humillaciones, de crímenes a Hamas para toda la sociedad civil
palestina, es la aceptación del trayecto de los indignos escalones que llevan a
la humanidad a la cima de la vergüenza.
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*Alejandro Marcó del Pont, Licenciado en Economía de la UNLP. Autor y editor del sitio especializado en temas económicos El Tábano Economista, columnista radial, analista.
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