Revista Nos Disparan desde el Campanario Año IV Nro. 56 ECONOMÍA ¿Quién gobierna en realidad?... por Alejandro Marcó del Pont
Fuente: El Tábano Economista
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/
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Dios no es
el único que para reinar
no tuvo que
dejarse ver
Es cierto que estamos viendo cómo el mapa
mundial se está reestructurando, pasando de aquellos dos bloques de la Guerra
Fría a un contexto múltiple en el que surgen nuevos e inesperados actores;
desglobalización, regionalización, bloque euroasiático, China, los BRICS plus,
etc. Es decir, en 32 años pasamos de la caída del Muro de Berlín, que
transformó por completo la política de bloques, y dio paso a un sistema
unilateral con una potencia hegemónica, Estados Unidos, a una disputa sin final
anunciado, un sistema multipolar y multilateral, para algunos un totalitarismo
neoliberal, un nuevo orden basado en reglas o un nuevo desorden mundial, como
más les guste.
Aun así, como todavía la supremacía está en
disputa, los grandes estados están adquiriendo mayor relevancia. Aun cuando
existan multitud de centros de poder, quienes deciden las cosas siguen siendo
los estados. Las multinacionales son influyentes y poderosas, en su
desplazamiento nos señalan cómo las empresas (financieras y no financieras)
tienen cada vez más peso en el gobierno global. Esto sucedía cuando el gendarme
era la globalización, o ahora en la regionalización, la privatización de la
naturaleza, el auge bélico o la revolución tecnológica.
En los países del primer mundo, o en los
países en vías de desarrollo, las elites políticas y económicas influyen en los
estados para obtener leyes favorables o privilegios fiscales que perpetúan y
aumentan la desigualdad y la pobreza. Que el poder económico intente influir
sobre las decisiones políticas y capturar al estado por medio del lobby económico
y financiero se toma como natural. De tal fenómeno informa Oxfam, y los llama “Democracias capturadas o estados secuestrados”. Allí las élites económicas
manipulan la toma de decisiones de los gobiernos con el fin de maximizar sus
privilegios por encima de los derechos y beneficios de las mayorías. Lo hacen
de numerosas formas, desde las puertas giratorias (ejecutivos de empresas
privadas a puestos públicos y viceversa), en lobby feroces, a través del
financiamiento partidario, pago de sobornos, uso de campañas mediáticas con
información manipulada, administración de candidatos, etc., en síntesis,
poniendo en tela de juicio la democracia.
La idea sería entonces plantarse ¿quién
gobierna en realidad y para quién? Si el progresismo no tiene una alternativa a
lo que se denomina el tsunami fascista, entonces los políticos son simples
marionetas del poder o tienen una seria restricción impuesta por las elites que
realmente gobiernan. En 1956, el sociólogo C. Wright Mills publicó su libro
clásico La élite del poder (en el link está el libro
completo) que analizaba cómo un segmento reducido de la población con
altos cargos en diferentes instituciones (legisladores, corporaciones,
militares) tendía a tomar decisiones por la población en su conjunto, con el
consenso entre estos actores, desplazando la democracia auténtica.
En el 2014 un estudio demoledor, realizado por
dos profesores de ciencias políticas, Martin Gilens, de la Universidad de
Princeton, y Benjamin Page, de la Universidad de Northwestern, encontraron que
los estadounidenses comunes prácticamente no tienen ningún impacto en la
elaboración de la política nacional, en su estudio «Teorías de prueba de la política
estadounidense: élites, grupos de interés y ciudadanos promedio«, publicado por la Universidad de Cambridge
(en el link está el estudio completo), examinaron datos de encuestas sobre
1.779 temas de política nacional para los cuales pudieron medir las
preferencias de los ciudadanos promedio; los estadounidenses comunes tienen un
«nivel no significativo, cercano a cero» en la influencia del proceso de
formulación de políticas. Por otro lado, cuando el poder es controlado por las
élites económicas y complejos industriales, como sucede en la actualidad, la
formulación de políticas es a su favor.
Aquí surgen dos temas interesantes, que no
sólo suceden en EE.UU., sino que pasan, como veremos, en Argentina o en cualquier
país. En principio, en los Estados Unidos existe la estrategia de localización
de las empresas en estados donde existen la mayor cantidad de electores. De
esta manera se puede financiar a los representantes para obtener favores a
cambio, en general leyes que los favorezcan o para que voten en contra de las
leyes que las perjudican. La otra alternativa es ejercer una presión para
magnificar el descontento por la falta de resultados de las políticas
implementadas, en el caso americano el descontento lleva al desinterés de
participar en la compulsa electoral que podría cambiar el rumbo de las
políticas por parte de los gobernantes.
Comencemos por el último punto. Los individuos
ricos y los intereses comerciales tienen la capacidad de contratar a los
cabilderos que siguen a los legisladores en Washington y de colaborar con las
arcas de campaña de los candidatos políticos para obtener beneficios. Los
ciudadanos comunes, por su parte, son culpables porque eligen no votar. La tasa
de participación electoral de los Estados Unidos los coloca cerca del fondo de
las democracias industrializadas. Más de 120 millones no votaron en las
elecciones intermedias en 2010, 90 millones de estadounidenses elegibles no
votaron en las elecciones presidenciales de 2012, unos 94 millones no lo
hicieron en 2016, en 2020, en una de las mayores afluencias de votación, casi
74 millones no emitieron su voto.
La participación electoral en los Estados
Unidos está altamente relacionada con la posición económica: los
estadounidenses más ricos votan en una proporción mucho mayor que los menos
ricos o pobres. El cuadro muestra la relación de voto por nivel de ingreso en
las últimas dos elecciones presidenciales, 2016 y 2020. Según estos datos, votó
alrededor del 65% de las personas de bajos ingresos, en comparación con el 88%
con altos ingresos.
Fuente: Washington Center for Equitable Growth
En cuanto al primer punto, la localización,
hay, según Michael Hudson, exprofesor investigador de Economía en la
Universidad de Missouri, cuatro grupos oligárquicos principales que han
comprado el control del Congreso para poner a sus propios formuladores de
políticas en el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa con el fin
de mantener y multiplicar los negocios. De acuerdo a la tesis de economía
de guerra permanente, sus batallas en el siglo XXI son de naturaleza económica,
y reflejan una tendencia peligrosa de las relaciones político-militares
estadounidenses, a saber, el «pretorianismo dominado por la
oligarquía», según Samuel Huntington. Los complejos son
el militar-industrial, el del petróleo, gas y minería, y el bancario, de
seguros y bienes raíces, así como el tecnológico.
Para poder cooptar a los miembros del Congreso
o a los representantes de cada partido, sus casas matrices se han distribuido
de manera estratégica para poder influir sobre ellos. Como muestra el cuadro de
los 538 electores, ocho estados concentran el 35% de ellos y, en general, son
los estados que mayor incidencia tienen en las votaciones. Como se ve,
California, Texas y Nueva York es donde se concentran las casas matrices del
poder tecnológico, petrolero y financiero.
Casa matriz de empresas por complejo y por
estados por
Fuente: El Tábano Economista en base a datos
oficiales
De ahí se desprenden las políticas que
benefician al 1% de la población en detrimento del 99% restante, una lógica
sistemática que ha avanzado sin pausa desde el 2008. En su libro Crash.
Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo, Adam Tooze analiza
cómo desde la crisis hipotecaria de 2008 hasta la crisis de la deuda soberana
europea han transformado el panorama económico y político mundial. Pero lo más
importante para el artículo es que Tooze también aborda el auge de la derecha
extrema en Europa y Estados Unidos como respuesta a la crisis financiera.
Analiza cómo la desigualdad económica y la falta de confianza en las élites
políticas y financieras han dado lugar a movimientos políticos populistas y
nacionalistas.
Imponer a Kamala Harris como vicepresidenta de
Estados Unidos es una muestra del poder. Una mujer de color, fiscal general de
California de 2011 a 2017 que se retiró de las internas por no haber obtenido
el 1% de los votos, fue “elegida” por Biden, o entre la pelea de Soros contra
Trump, con un lobby israelí divido entre Benjamín Netanyahu, quien apoya en
tándem junto con el magnate del juego de las Vegas, Sheldon Adelson, que apoyan
a Trump, y George Soros por el otro, quien se adjudica la candidatura de
Kamala. El establishment americano había encontrado la figura perfecta para
dirimir la interna entre California (55 representantes) con buena presencia y
fiel defensora de Wall Street, de Silicon Valley, y las grandes corporaciones
industriales. Sobre todo, acérrima defensora de la autorregulación de las redes
sociales, casi todas en California.
Otro ejemplo de influencia corporativa es el
complejo bélico. Para el año fiscal 2021, las cámaras votaron el presupuesto de
defensa de los EE.UU., llamada National
Defense Authorization Act (NDAA), que autoriza U$S 740.5 mil millones en
gastos militares, con una votación de 335 a favor 78 en contra. Tenga en cuenta
que los contratistas de defensa reciben subsidios públicos. Por
ejemplo, el 70% de los ingresos totales de Lockheed Martin para el año 2019,
unos U$S 41 mil millones, provinieron del Pentágono, y sólo gastó U$S 6 millones
en candidatos que votaran el incremento en el presupuesto de defensa. El piso superior de congresistas que recibían
en promedio de las empresas U$S 96.620 votaron en un 98% favorable a la empresa.
En Argentina, a lo largo de su historia, ha
habido diferentes leyes y políticas que han favorecido a ciertos grupos
económicos. A continuación, mencionaré algunos ejemplos destacados:
Ley de Promoción Industrial (1954): esta ley
otorgaba beneficios fiscales y arancelarios a las empresas que invertían en la
industrialización del país.
Ley de Entidades Financieras (1977): durante
la última dictadura militar permitió la liberalización y concentración del
sistema financiero. Facilitó la fusión y adquisición de bancos, lo que llevó a
la formación de conglomerados financieros poderosos. Esto consolidó la
influencia de grupos económicos en el sector financiero y su capacidad para
influir en las políticas económicas.
Ley de Reforma del Estado (1989): fue
impulsada durante el gobierno de Carlos Menem y buscaba privatizar numerosas
empresas estatales. Más allá del mecanismo, validar bonos de tenedores con un
valor de mercado menor al 30%, si ingresaba en la privatización se lo tomaba a
100%, es decir, si un bien estatal valía 100 dólares se lo pagaba 30, esto
benefició a ciertos grupos económicos cercanos al poder político, quienes
adquirieron empresas a precios muy bajos.
Ley de Convertibilidad
(1991-2001): estableció una paridad fija entre el peso argentino y el
dólar estadounidense. En la práctica benefició a grupos económicos vinculados a
la exportación y a sectores dolarizados, como el sector agroexportador y los
grandes exportadores de commodities, a expensas de otros sectores de la
economía.
Quienes se beneficiaron con estas leyes fueron
las grandes empresas que contribuyen o son el poder real y digital gran parte
de las leyes: Grupo Techint: es uno de los conglomerados industriales más
grandes de Argentina. Grupo Perez Companc: intereses en la industria petrolera,
agroindustria y alimentos. Grupo Clarín: es el conglomerado mediático más
grande de Argentina. Grupo Arcor: durante el período mencionado, el Grupo Arcor
continuó consolidándose como uno de los principales productores de alimentos y
golosinas en Argentina y en el ámbito internacional. La empresa ha
diversificado su portafolio de productos, ampliando su oferta en categorías
como alimentos para el desayuno, galletas y snacks.
Por último, para tener una idea nombraremos algunas
de las grandes empresas que se beneficiaron de las leyes y políticas
específicas durante el período de 2016 a 2021:
Mercado Libre: se beneficia de la Ley de
Economía del Conocimiento al recibir beneficios fiscales y financieros
para fomentar el desarrollo y la exportación de servicios basados en el
conocimiento, como el comercio electrónico y la tecnología.
Toyota Argentina: se ve favorecida por
la Ley de Promoción de la Industria Automotriz al obtener incentivos
para la producción y exportación de vehículos y autopartes, incluyendo
exenciones impositivas y acceso a financiamiento preferencial.
Arcor: se beneficia de la Ley de
Promoción de Inversiones Mineras al recibir incentivos para invertir en
proyectos de extracción y procesamiento de minerales, incluyendo beneficios
fiscales y acceso a financiamiento preferencial.
Pampa Energía: se beneficia de la Ley de
Energía Renovable al recibir incentivos para desarrollar y operar
proyectos de energía renovable, como parques eólicos y solares, incluyendo estabilidad
fiscal y tarifas de compra garantizadas.
Ternium Argentina: se beneficia de la Ley
de Promoción de Inversiones Mineras al obtener incentivos para la
producción y exportación de productos siderúrgicos, incluyendo beneficios
fiscales y acceso a financiamiento.
Como se ve, la lógica de cada ley es la misma:
beneficios fiscales, estabilidad fiscal, tarifas garantizadas, acceso al
financiamiento, financiamiento preferencial, tipos de cambio preferencial,
exenciones impositivas, etc. Todas aportadas por el contribuyente, aunque las
únicas que se vean sean los escasos beneficios sociales.
La democracia es un problema de las élites si
no intervenimos, y no cada 2 años para votar algo que, si sirviera para cambiar
un poco, ya hubiera sido eliminada, según Eduardo Galeano.
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*Alejandro Marcó del Pont, Licenciado en Economía de la UNLP. Autor y editor del sitio especializado en temas económicos El Tábano Economista, columnista radial, analista.
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