Revista Nos Disparan desde el Campanario Año IV Nro. 55 ECONOMÍA DEL THATCHERISMO AL FINANCIAMIENTO ESTATAL… por Alejandro Marcó del Pont
Fuente: El Tábano Economista
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Nadie se acordaría del buen samaritano
si sólo hubiera tenido buenas intenciones.
También tenía dinero
(M. Thatcher)
Nacionalizar empresas ya no es un
tema tabú para ningún estado. En otras épocas, no muy distantes de las
actuales, entre 1980-1990, la primera ministra británica Margaret Thatcher
revolucionó la economía británica. Su desastre económico mutado a éxitos por
los medios hegemónicos inspiró al resto de los países europeos y
latinoamericanos para que adoptaran políticas liberales. El modelo de
privatización y desregulación de Thatcher coincidió con el colapso de la Unión
Soviética en 1991. Fue el fin del auge de la empresa pública.
Tras la década de 1990, y los inicios
de las privatizaciones del siglo XXI y sus desastrosos resultados, la crisis
económica de 2008 devolvió un papel central a la propiedad estatal; el brote de
COVID-19 dio como resultado un salvataje divino a los funestos resultados
económicos, un respiro teórico permitiendo el rescate de las empresas por parte
del Estado, y también abrió las puertas a un aire fresco de financiamiento a
las principales empresas, lo que representó endeudamiento público para
beneficio privado. La lista de sacar provecho al Estado es larga: rescates
bancarios, empresas aeroespaciales, dieron el puntapié inicial, energéticas,
mineras y, por fin, tecnológicas, dan el último sprint a un negocio
que oscila entre beneficios, crecimiento e intrigas de seguridad nacional, todo
por el mismo precio.
Históricamente, el término
“nacionalizar” ha sido visto con profunda desconfianza en la mayoría de los
países. Este sueño húmedo de los partidos de izquierda fue considerado la
peor pesadilla de los partidos de derecha, pero gracias a un excelente relato,
el establishment no solamente esquivó la decadencia del sistema para su
beneficio, sino que descartó que cualquiera de los verbos relacionados con el
comunismo: nacionalizar, estatizar, financiar o subsidiar empresas públicas o
privadas sean malas palabras. Y si se llevan a cabo a través de endeudamiento
estatal, que paga la sociedad en su conjunto, es una ocurrencia maravillosa, un
reaseguro de ganancias futuras de monopolios y transnacionales sin oposición.
A pesar de la habitual percepción
alemana de la intervención estatal en las empresas privadas como
una violación de la ortodoxia del libre mercado, en mayo 2022, el gobierno
de Ángela Merkel rescató
la aerolínea
Lufthansa a cambio del 20% de sus acciones; el Grupo Lufthansa incluye a las
aerolíneas Eurowings, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, entre
otras, con unos 10.000 empleos que se mantendrán con fondos públicos. El
gobierno francés nacionalizó en cuotas su gigante nuclear Electricité de
France SA (EDF), que se encuentra en dificultades financieras, es decir,
un rojo de 43.000 millones de euros, para ayudarlo a superar la peor crisis
energética e invertir en nuevas plantas atómicas, el sueño del poder francés.
Siguiendo con la lógica francesa, el gobierno alemán se hizo cargo
del 98,5% de la importadora de gas UNIPER con un coste total 8.400
millones de dólares.
Cualquier desprevenido podría creer
que debido a la invasión rusa de Ucrania se provocó la crisis energética, lo
que no implica minimizar el impacto de la guerra, pero sí impulsó una ola de
nacionalizaciones en un intento por mantener las luces encendidas, y la
industria funcionando en el invierno. Los números ya indicaban, antes de la
guerra, en abril del 2021, que el índice medio del valor de la energía en
Europa para enero 2021 era 105.66, en enero del
2022, sin guerra, había alcanzado 138.22, es decir, antes de la conflagración los consumidores
enfrentaban un costo 30% mayor.
Dejando fuera la crisis monetaria de
1991, tequila 1994, asiática 1997, las puntocom 2.000, colapso inmobiliario
2.009, guerra de divisas 2.010, crisis de tasas de Silicon Valley Bank 2023,
todas acarrearon sálvate y deuda estatal, omitiendo, entonces, todas estas
crisis bancarias generadoras de deuda estatal, el Covid potenció un
endeudamiento sideral de los estados centrales y de los emergentes.
Si los bancos fueron las principales
empresas nacionalizadas durante la última crisis económica de 2008, hoy es el
momento de las aerolíneas. La Comisión Europea aprobó ayudas públicas en
el canje de participaciones en Alemania, con el desembolso de 9.000 millones
de euros a Lufthansa y 1,25 mil
millones de euros a TUI; en Finlandia, con 286 millones a
Finnair; en
Letonia, con 250 millones a
airBaltic; en
Dinamarca y Suecia, con mil millones de
euros entre los dos para SAS. Italia estuvo cerca de recapitalizar Alitalia, pero
finalmente optó por crear una nueva aerolínea sustituta, Ita. Mientras tanto, Francia aún no ha nacionalizado
ninguna empresa, y su estrategia hasta ahora ha sido inyectar 5.000 millones
de euros a Renault.
Como se ve, el peso económico de las
empresas públicas en la UE como porcentaje del PIB es importante y valdría la
pena rescatarla. Pero la idea no es esa, no es salvar el empleo o minimizar la
protesta social, va un poco más allá. Tiene que ver, a través del relato de la
seguridad nacional en todo Occidente, darle vía libre al endeudamiento estatal
para justificar la independencia energética, financiera, tecnológica, etc.
Los países desarrollados continuaron
desplegando la regionalización, sobre todo con la inversión extranjera directa
(IED), marcando una tendencia a regular la inversión de manera más estricta, y
proporcionar medidas menos favorables a los extranjeros. El número de
operaciones de fusiones y adquisiciones valoradas en más de 50 millones de
dólares que se retiraron por motivos reguladores o políticos se mantuvo estable
(14 operaciones), pero su valor se cuadruplicó, hasta más de 47.000 millones de
dólares.
En su mayoría, los países
desarrollados introdujeron mecanismos de control de las inversiones sobre la
base de criterios de seguridad nacional, reforzaron los ya existentes o
ampliaron los mecanismos temporales creados durante la pandemia para proteger a
las empresas estratégicas de las adquisiciones extranjeras. Con estas nuevas
políticas, el número total de países que controlan la IED por motivos de
seguridad nacional asciende a 36.
Por el contrario, los países en
desarrollo siguieron adoptando principalmente políticas para liberalizar,
promover o facilitar la inversión, confirmando el importante papel que
desempeña la IED en sus estrategias de recuperación económica. Las políticas de
facilitación de la inversión constituyeron casi el 40% de todas las políticas
favorables a las inversiones, seguidas por la apertura de nuevas actividades a
la IED y por los nuevos incentivos.
En general, las políticas nacionales
de inversión adoptadas en el último decenio revelan un uso generalizado de los incentivos
fiscales a la
inversión en todas las regiones. De los 100 países que adoptaron políticas de
inversión relacionadas con la fiscalidad, 90 redujeron los impuestos,
introdujeron nuevos incentivos fiscales o hicieron más generosos los
existentes. Más de un tercio de los incentivos fiscales introducidos (39%) se
basan en los beneficios como: moratorias fiscales y reducción del impuesto de
sociedades. Por el contrario, algo más de 1 de cada 10 nuevos incentivos
fiscales se basan en el gasto, es decir, recompensan la inversión o la
reinversión reduciendo el coste después de impuestos de los gastos de capital
mediante deducciones, depreciaciones aceleradas o créditos fiscales.
Solo en un 30% de los casos los
incentivos se conceden sobre la base de criterios automáticos de logros, es
decir, con alguna meta real como el importe invertido, volumen de empleo
generado o la ubicación de la inversión, mientras que el resto se asigna sobre
la base de la discrecionalidad, de criterios no publicados o de la negociación
con los inversionistas. Además, sólo alrededor de la mitad de los incentivos
fiscales a la inversión introducidos en todo el mundo durante el último decenio
tenían una duración determinada. Esto tiene importantes repercusiones para los
ingresos no percibidos, la posibilidad de realizar evaluaciones de impacto y el
potencial de distorsión del mercado.
Si bien el primer mundo ha adoptado,
como vimos, una política de reinversión en sus países, restricción externa para
la inversión extranjera, fusiones y adquisiciones y beneficios estatales, para
el caso de Sudamérica priman las fusiones y adquisiciones dada por las
devaluaciones, y se enfocan en los servicios, sobre todo en suministros de
electricidad, agua, gas y telecomunicaciones (ver La Inversión Extranjera Directa en
América Latina y el Caribe 2022, CEPAL). Por el lado de la protección de las materia primas y
desarrollo tecnológico ni siquiera se menciona. Para tener una idea, Brasil cumplió un año con el servicio
5G con 10
millones de usuarios, tema que en la Argentina con sus internas presidenciales,
no se nombra ni es motivo de debate.
Hace unas semanas se confirmó que Alemania desembolsará
cerca de 10.000 millones de euros en subvenciones con el fin de garantizar que
Intel instale una megafábrica de chips en Magdeburgo. Y a principios de este mes se
conoció que la Corporación Japonesa de Inversión (JIC, por sus siglas en
inglés), entidad pública controlada por el gobierno, adquirirá la empresa
especializada en semiconductores Japan Synthetic Rubber Corporation (JSR),
dedicada a la fabricación de resinas fotosensibles, esenciales para el grabado
litográfico de los chips más potentes del mundo, tras un desembolso de 5.815
millones de euros. Esta adquisición se produce cuando Japón se acerca más a las
restricciones de EE.UU. sobre la exportación de chips de alta gama y equipos de
fabricación de chips a China.
Con esta adquisición, el ejecutivo
nipón pretende asegurar las cadenas de suministro de sectores definidos como
clave según la Ley para la Promoción de la Seguridad Económica de 2022. En
coordinación con los EE.UU., Tokio juega las cartas de Estados Unidos como
aliado, endureciendo los controles de exportación a China de ciertos materiales
y componentes clave, usados por Pekín para acelerar la ampliación de su propia
industria de semiconductores, pero con propiedad estatal. En el mismo
sentido, Japón ha
destinado 3.040 millones de euros para subvencionar la construcción de una
fábrica de TSMC en el país. También ha financiado la creación de la compañía Rapidus, impulsada
por empresas japonesas (Sony, NTT, Toyota, SoftBank, Nec y Kioxia) que planea
producir chips en la región de Hokkaido, y ha proporcionado fondos a Samsung
para impulsar una fábrica en Yokohama.
Beijing devolvió el golpe en la lucha
tecnológica con restricciones a la exportación de material de chips. La
decisión de China fue restringir las exportaciones de dos metales ampliamente
utilizados en semiconductores y vehículos eléctricos, galio y germanio, que
congelaron o podría causar más interrupciones en las cadenas de suministro
globales. Los analistas vieron la medida del Ministerio de Comercio de China
para proteger la seguridad nacional, como una respuesta a los crecientes
esfuerzos de Washington para frenar los avances tecnológicos de China. «China
ha golpeado las restricciones comerciales estadounidenses donde más le duele»,
dijo Peter Arkell, presidente de la Asociación Minera Global de China. El
anuncio se produjo en vísperas del Día de la Independencia de Estados Unidos y
justo antes de que la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen
pise suelo chino.
Una buena parte de los movimientos
sectoriales y de bloques mundiales se llevarán a cabo con endeudamiento estatal
en todas sus formas, sobre todo en políticas fiscales con alto costo para
beneficios de las multinacionales o subsidios encubiertos, fuera de la vista de
la sociedad, ocultos en el gasto primario que no se tiene que reducir. Lo peor
es que mientras esto sucede, el modelo de país, la carrera tecnológica, los
beneficios de las materias primas y el brutal endeudamiento no se discuten,
todos están de acuerdo que el extractivismo y la concentración del ingreso y un
nuevo endeudamiento sustentable forman parte del nuevo diseño mundial.
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*Alejandro Marcó del Pont, Licenciado en Economía de la UNLP. Autor y editor del sitio especializado en temas económicos El Tábano Economista, columnista radial, analista.
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