Revista Nos Disparan desde el Campanario Año III Nro. 52 Economía: Brasil 0 - Argentina 0… por Alejandro Marcó del Pont
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El demonio dispone de un amplio guardarropa
y no solo viste de rojo
(Eduardo Galeano)
El Brasil que surgió de las
elecciones de 2022 tiene un sin número de desafíos que necesita afrontar para
retomar el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de su población,
dentro de un acotado abanico de posibilidades de maniobra. Algo parecido pasa
en Argentina, donde el frente gobernante ha aceptado y validado todas y cada
uno de los desaciertos del neoliberalismo, precipitando la inacción
administrativa de los tres poderes del Estado de manera alarmante.
Esta degradación de los poderes
estatales se ve, desde el intento de magnicidio de la vicepresidenta, su
absurda condena, la revelación de audios y chats entre jueces, funcionarios,
empresarios de medios (Clarín) para ocultar el viaje a la residencia del
empresario Joe Lewis en Lago Escondido. En este lugar afianzaron
abiertamente sus acusaciones anteriores, confabularon acerca del futuro
procesal de la vicepresidenta. Pretendieron maquillar todos sus delitos, desde
incumplimiento de los deberes de funcionario público, dádivas, falsificación de
documento público, evasión impositiva o lo que les ocurrió. Pero, sobre todo,
evidenció la atrevida y descarnada manifestación de un poder real que manipula
a la justicia, a los medios, a los candidatos presidenciales y modelos
económicos a través del Lava Jato o la causa Vialidad, no importa el nombre o
el país. Pero nunca la “Colaboración Combinada”, descubierta por Intercept
Brasil, para desbaratar el Lava Jato o Lago Escondido Gate que eliminaría estas
patrañas de acusación.
La degradación de los partidos políticos,
producto de su inoperancia para brindar una mínima solución a las carencias
sociales, ha colaborado para el ascenso de la ultraderecha, su legitimación
social a través de la aceptación tanto teórica como práctica de medidas
económicas que condujeron en ambos países a severos planes de ajuste y
austeridad. La idea será tratar de dilucidar las probabilidades de maniobra
ante este horizonte que tendrá el nuevo gobierno de Brasil, y en el caso de
Argentina, las posibilidades de redireccionar un país cuya podredumbre
económica y moral se han salido de control. Intentaremos demostrar que no se
llegó hasta aquí por azar, sino que fue como consecuencia de aceptar
lineamientos económicos que lograron trasladar la idea de un plan de desarrollo
a un modelo de país extraccioncita, fuertemente promotor de exclusión social,
dependiente y con total falta de autonomía.
La diferencia de apenas 2,1 millones
de votos en favor de Lula para la presidencia de la República con una
composición del Congreso Nacional predominantemente conservador y neoliberal,
así como el desafío de la desmilitarización en la transición al gobierno del
aparato represivo del Estado, desde fuerzas armadas, policía, guardias
estatales y municipales, hasta la persistente oposición de extrema derecha
armada, movilizada y financiada por el establishment, señalan tiempos de una
gobernanza fuera de lo normal.
Para tener un panorama real,
consideremos lo siguiente. Solo antes de iniciar su gobierno, Lula tiene que
comenzar garantizando las condiciones presupuestarias mínimas para la ejecución
de las principales políticas públicos para el 2023, haciendo foco de la
transición en la negociación de una Propuesta de Enmienda Constitucional a la
Ley de Presupuesto, que le permita obtener recursos para el pago de
transferencias de ingreso para los más postergados de un valor de R$ 600 (U$S
120), con suplemento de R$ 150 (U$S 30) por hijo hasta los seis años, sin la
restricción del llamado “tope de gasto”, vigente desde el gobierno de Temer. Es
curioso que esta propuesta de transición tenga como objetivo asegurar los
fondos para Bolsa Familia, equiparándola al mismo principio garantizado en la
Constitución Federal a los gastos financieros de la Unión (pago de intereses y
amortizaciones de la deuda pública), donde no hay límite máximo a las
cantidades utilizadas para su pago.
En ambos países el crecimiento
económico del 2022 es lento, pero la distribución del ingreso y la pobreza son
veloces. En Brasil, las desigualdades sociales y económicas y la pobreza
aumentan a un ritmo acelerado. En 2022, 14 millones de brasileños se suman a
otros 19 millones que ya sobrevivieron en situación de hambre en el país. Hay
33 millones de personas sin alimentos y más de la mitad de la población se
halla en algún grado de la inseguridad alimentaria, según un informe de Rede
Penssan (Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional), lo que representa unos 125 millones. El
país ha retrocedido a un nivel equivalente al de la década de 1990.
La diferencia entre Brasil y la
Argentina, en este punto, es que el PBI de Brasil ha crecido a tasas mucho más
modestas que el argentino, sin embargo, esta última nación muestra un proceso
de fuerte regresividad en la distribución de los ingresos, que se refleja en un
rápido deterioro en la participación de la clase trabajadora en el producto
social y, consecuentemente, un salto en la apropiación del excedente por parte
del capital. La ampliación de la desigualdad, si bien comenzó durante el
gobierno macrista, continuó en la gestión del Frente de Todos.
Al segundo trimestre 2022, la pobreza
alcanzó al 38,2% de la población, mientras la indigencia afectó al 8,8%. Así,
estos indicadores se encuentran en niveles por encima de finales del 2019
(35.5%), aun cuando la economía creció un 5,7% desde entonces. Esta dinámica se
debe en parte al incremento de la desigualdad que tuvo lugar en el gobierno de
Alberto Fernández: entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de
2022, la participación de la clase trabajadora en el producto de manera
constante, como muestra la figura, en favor del beneficio privado.
La figura siguiente muestra una de
las paradójicas particularidades del desempeño de ambos países, que alude a la
caída en la tasa de desempleo con continuos incrementos de la pobreza. La tasa
de desempleo en Brasil alcanzó el 8,7% en el trimestre finalizado en
septiembre, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La
tasa de informalidad se ha mantenido estable, en un nivel muy alto, alcanzando
el 39,4% de la población ocupada, el número de empleados no registrados en el
sector privado (13,2 millones de personas) fue el más alto de la serie
histórica, iniciado en 2012. y aquí comienza a esclarecerse lo que parecía un
contrasentido. La frutilla del postre, es que, según el Departamento Intersindical de Estadísticas y
Estudios Socioeconómicos (DIEESE), de los 16.673 acuerdos y convenios
colectivos de trabajo analizados, definieron reajustes por encima de la
inflación solo el 22%; el 36%, quedó igual a la inflación, y el 42% por debajo
de la variación del índice de inflación, es decir, el 78% o empardo o perdió
contra la inflación.
La tasa de desocupación en
Argentina fue del 6,9% en el segundo trimestre, la cifra más baja en 7 años,
retroceso que coincide con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del
6,9 % en el segundo trimestre, pero la cifra de ayuda social con este
indicador de empleo es alarmante: actualmente, son 22
millones los ciudadanos con problemas socioeconómicos asistidos por el Estado.
En relación con un año atrás, en
Argentina los salarios subieron el 78,8% y la inflación fue del
88,0%. Equivale a una pérdida del 9.16%; según el Gobierno, los salarios
registraron una pérdida, con
respecto al 2015, del 25,6% de su valor real. Hay 10 millones de
trabajadores, que representan la mitad de todos los puestos de trabajo formales
e informales del país (monotributistas, autónomos, asalariados sin descuento
jubilatorio y trabajadores por cuenta propia informales), donde ha sido más
potente la pérdida salarial que la perdida de empleo.
Brasil desde 2014, y Argentina desde
finales del 2015, fueron sometidos al arcaico relato de la austeridad como
único camino para recuperar la economía. Según el discurso neoliberal, el
objetivo era mejorar las cuentas públicas, restaurar la competitividad de la
economía a través de la caída de los salarios y el gasto público. Veremos la
secuencia de errores, enfocándonos más en Brasil, quien tendrá un nuevo
gobierno, pero la idea es válida para ambos lados de la frontera. Lo que
tendrán que modificar Lula, y quien gane en Argentina, es la idea que la austeridad
es un tema económico. Las políticas de austeridad son un problema político de
distribución del ingreso, no de contabilidad fiscal.
La segunda presidencia de Dilma
Rousseff aplicó la llamada agenda FIESP, de la Federación Industrial de San
Pablo, que básicamente contenía la política económica de los derrotados en el
2014. Subsidios y extensiones impositivas a la inversión privada, caída de la
inversión pública, caída del gasto, salarios y jubilaciones, shock de precios
administrados etc.
La política de ajuste en una economía
frágil resultó contraproducente, redujo el crecimiento, la recaudación fiscal
y, por tanto, aumentó el déficit y aceleró la deuda mientras la población
estaba peor. El gobierno no logró mejorar las expectativas de los agentes privados
y el ajuste resultó letal. El golpe de Estado y el gobierno de Temer
establecieron un “nuevo régimen fiscal” a través de un Propuesta de Enmienda
Constitucional, en este caso la Nº 241, que ponía un techo por 20 años al gasto
publico vinculado solo a la inflación. Este disparate fue burlado por Bolsonaro
y tendrá que serlo por Lula.
La idea era reducir, como siempre, el
gasto primario del gobierno federal en 20% 2016, 16% hasta el 2026 y 12% al
2036. Siempre, al igual que con el peronismo, en Brasil el neoliberalismo tiene
el mismo discurso que en el mundo, el Partido de los Trabajares expandió el
gasto por encima de las posibilidades, lo cierto es que la tasa media de
crecimiento del gasto de los cuatro gobierno fue: Fernando
Henrique Cardozo (3.9%), Lula I (5.2), Lula II (5.5%) y Dilma (3.8%). El
verdadero problema en ambos lados de la frontera es que el 50% o más del gasto
primario está en jubilaciones, beneficios sociales, subsidios, seguro de
desempleo, bolsa de familia o planes sociales. Igual volumen del gasto se lleva
el pago de intereses de la deuda, R$ 500 billones, el nivel más alto desde el
2016, según el Banco
Central de Brasil.
La deuda en Argentina es el gran
problema, su falta de discusión y el ahogo económico que han provocado los
pésimos acuerdos con bonistas privados y el FMI, impone un modelo de país a favor
de las elites y contra sus habitantes. La necesidad de financiamiento interno
obligó al BCRA a elevar la tasa de interés más del 100%, y darle al sistema
financiero el pago de intereses anual por un monto similar a la deuda contraída
por Macri. Del otro lado de la frontera, en septiembre el Comité de Política
Monetaria (COPOM) del Banco Central subió por doceava vez consecutiva la tasa
básica de interés (Selic). Brasil sigue siendo el
líder de tasa de interés real en el mundo, Argentina está en el puesto 11.
Los cuatro mayores banco de Brasil se
alzaron en lo que va del 2022
con 25.000 millones de dólares, casi lo mismo en 8 meses que lo que
ganaron en 2019. En la Argentina, mucho más modesta, la ganancia en el
2021 fue de unos U$S 1.400 millones. Nadie en el sistema financiero se
puede quejar de las ganancias obtenidas por deuda, con tasas de interés de
magnitudes extravagantes para financiar sus beneficios.
Para un país subdesarrollado, con una
economía cada vez más dependiente del capital extranjero, gran población y
renta media muy baja, como Brasil, un sector industrial-manufacturero próspero
y con centros de decisión internalizados es esencial, ya sea por la posibilidad
de recuperar empleo y salarios de calidad para los trabajadores o por los
encadenamientos que dinamiza la industria en toda la economía. El fortalecimiento
de la industria significa el movimiento de la cadena en su conjunto: comercio,
sector de investigación, servicios en general, transporte, logística,
infraestructura, etc.
La crisis de la industria de la
transformación en Brasil es dramática. En 74 años, desde 1947, en 2021 la
participación de la industria para la formación del PIB (Producto Interno
Bruto) en el país fue el más bajo en la historia, solo 11.3%. En 1985, ápice de
la industrialización brasileña, el sector aportaba el 35,9% del PIB.
En ese momento se necesitaría un
vigoroso proyecto nacional para posibilitar la reanudación de industria del
país. Es decir, sería fundamental hacer exactamente lo contrario de lo que se
ha hecho: venta de empresas estatales estratégicas, entrega de Pre-Sal y otros
recursos naturales, reducción del mercado de consumo interno a través de la
caída del salario, regresión en décadas en la regulación del trabajo,
vaciamiento del Brics, debilitamiento del Mercosur. Cualquiera de estas
barbaridades realizadas para Brasil, encajan perfectamente, con otros nombres,
en Argentina.
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*Alejandro Marcó del Pont, Licenciado en Economía de la UNLP. Autor y editor del sitio especializado en temas económicos El Tábano Economista, columnista radial, analista.
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