Revista Nos Disparan desde el Campanario Año II Nro. 45 ¿Para qué sirve un Nobel de Economía?... por Alejandro Marcó del Pont
Fuente:
Sitio El Tábano Economista
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/
Link
del Origen: AQUÍ
El
dinero no te da la felicidad. Yo tengo 50 millones de dólares pero sigo igual
de feliz que cuando tenía 48 millones (J.K.Galbraith)
Cuando,
en diciembre de 1896, Alfred Nobel murió dejó una de las más grandes fortunas
privadas del mundo, y su testamento exhibía el fruto de sus ingresos, más de
trecientas cincuenta patentes internacionales que lo habían hecho famoso y
millonario: el desarrollar nuevos tipos de explosivos, la pólvora sin humo
(llamada balistita) y obviamente, la dinamita, entre otros. Su nombre estaba
estrechamente vinculado con el arte de la guerra, es decir, con la destrucción,
la muerte y el horror. Pero ese sombrío pasado fue prolijamente escondido, al
igual que la inexistencia de un Premio Nobel de Economía.
Para
el desagrado de sus familiares, quienes intentaron que se declarara inválido el
testamento, este reveló planes que Nobel había mantenido en secreto. «La totalidad
de mi patrimonio realizable restante se dispondrá de la siguiente manera: el
capital, invertido en valores seguros por mis ejecutores, constituirá un fondo,
cuyos intereses se otorgarán anualmente como premios a quienes, durante el año
anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”.
El interés se dividirá en
cinco partes iguales, que se distribuirán de la siguiente manera: a las
personas que hayan hecho descubrimiento o invención importante en el campo de
la física, química, medicina, literatura y paz. La
Economía, como se ve, brilla por su ausencia. Tampoco es el eje central del
artículo, aunque si los horrores que se pueden difundir avalados por su
tramposo prestigio.
El
falso Premio Nobel de Economía fue creado en 1968 por el Banco de Suecia, que
estableció el Premio de Ciencias
Económicas en Memoria de Alfred Nobel con motivo del 300 aniversario
de su creación, ocurrida en 1668. Dos tercios de esos premios del Banco Central
Sueco fueron entregados a economistas de Estados Unidos, gente que especula en
mercados de valores y la inmensa mayoría de ellos seguidores del neoliberalismo
que tan bien encarna la Universidad de Chicago.
La
conveniencia de la existencia o ausencia de tal premio dentro del currículo
vitae se ve reflejado en las disputas internas de la economía americana.
Algunos pueden ser falsamente distinguidos con este premio, como Milton
Friedman quien, según Wikipedia, es el ganador del Premio
Nobel de Economía de 1976 como referente del liberalismo económico,
mientras que el mismo portal a Joseph Stiglitz lo describe como
laureado con el Premio
del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel (2001),
no como Premio Nobel de Economía. La evidente diferencia se debe a que no puede
haber semejanza de prestigio entre un neoconservador, por un lado, y alguien
que tiene una visión algo critica de la economía de libre mercado.
Un
poco más controvertido es justificar un beneficio para la humanidad y otorgarle
el “Nobel de 1997” a Robert C. Merton y Myron S. Scholes por
desarrollar un nuevo método –algorítmico– para calcular el valor de los derivados.
Este fue puesto en práctica en el hedge fund Long
Term Capital Management (LTCM), cofundado por los dos premiados, que apenas
un año después quebró y desató tal cataclismo financiero que la Reserva Federal
tuvo que salir al rescate.
Pero
nosotros vamos a examinar a los ganadores del Premio del Banco Central Sueco
para las Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel de 2018, entregado
a William Nordhaus y Paul Romer por haber desarrollado modelos
que muestran el impacto del cambio climático en la economía, pero por
sobre todo a Paul Romer por el impulso a los cambios tecnológicos y
la innovación en el crecimiento económico, bajo el concepto de ciudades
modelo.
Resulta
realmente alarmante la nueva apuesta teórica para atraer inversión mediante los
fabulosos relatos de eruditos con títulos falsamente suntuosos, como el premio
Nobel de Economía. Como veremos, ya no alcanza con las concesiones necesarias
para garantizar la seguridad jurídica y el resguardo de la propiedad privada
para atraer capitales externos. En este mítico juego de seducir capitales, los
países pobres aceptan frívolamente los requisitos de dotar de garantías a los
fondos ingresados, incentivos que, en la mayoría de los casos, ronda la
incoherencia para los beneficios generados. Ahora hay una nueva superposición
de requerimientos corporativos, relacionados con el resguardo de la integridad
de los capitales entrantes por encima de las reivindicaciones
democráticas.
Si
bien Honduras se ha convertido en el abanderado de este despojo o privatización
de espacio territorial, es relevante revisar la diferencia teóricas entre el
modelo de Zonas Económicas Especiales y las “ciudades modelo” para
poder entender la apuesta. Las zonas económicas brindan ciertos grados de
cesión en materia fiscal y productiva, no incursionan en términos de autonomía
ni políticas administrativo-territoriales; ejemplos de esto son las zonas
francas industriales, maquilas, zona de libre comercio, etc.
Es
decir, el país decide establecer ciertas condiciones preferenciales para
determinada circunscripción territorial con el objetivo o el propósito de
atraer inversiones extranjeras. En resumen, las Zonas Económicas Especiales
comprenden un amplio rango de áreas espacialmente definidas que combinan
distintos esquemas de política pública e infraestructura, orientadas a la
promoción de la inversión y la exportación. Por ende, y esto es central, en
ellas se mantiene en plena vigencia la competencia de los poderes
estatales.
De
forma diferente a las Zonas Económicas, en las “ciudades modelo” el componente
central radica en el nivel de autonomía que posean. Es decir, tiene
necesariamente que ser una entidad autogobernada cuyos niveles de independencia
deben trascender el plano estrictamente tributario o económico, para abarcar la
esfera de la determinación administrativa, la aplicación de la justicia, el
ejercicio legítimo de la fuerza, entre otros. La diferencia central radica en
que la mayor cuota de autonomía les permite establecer de forma discrecional su
propia política tributaria, a diferencia de las zonas donde los
incentivos tributarios emanan del poder estatal.
La
locura de privatizar un sector de la Nación es tan llamativo como suponer que,
solo con autonomía y una legislación externa se pueden desarrollar innovaciones
tecnológicas tales que impulsen el crecimiento en el resto del país. La mirada
más racional señalaría que el concepto de Ciudad Modelo está más orientado a
asegurar la subordinación del trabajo humano al capital y garantizar la
preeminencia de la maximización de utilidades por encima de un crecimiento con
una justa generación y distribución de la riqueza.
Lo
que está en juego es la idea que el Estado es, en ausencia de una burguesía
nacional, el principal agente de desarrollo y de integración nacional, como
bien dice Sergio
Villenas. En la actualidad el Estado se deslinda en muchos países de la
responsabilidad de ser un instrumento de desarrollo e integración y se
convierte en una que utilizan grupos locales dominantes así como
transnacionales para mantener y profundizar el llamado colonialismo
interno.
No
es extraño que los sectores productivos asociados al golpe de Estado del 2009
en Honduras vivan un auge sin precedente: finanzas, comunicaciones, transporte,
electricidad, distribución de agua, entre otros, obtuvieran crecimiento del
orden del 100% hasta 2019, concentrando los mayores flujos de inversión
extranjera, y son estos mismo, justamente, los sectores que promocionan este
tipo descabellado de propuesta de Ciudades Modelo con el nombre Zonas de Empleo
y Desarrollo Económicos (ZEDE).
En
palabras de Paul Romer, algunos países están en mejores condiciones de
establecer el tipo de reglas que ayudan a que las buenas ideas se difundan,
mientras que otros están atrapados por malas reglas que mantienen las ideas
fuera. Es obvio que las diferencias se encuentran entre países desarrollados y
pobres. Entonces, para que los países en vías de desarrollo puedan
ingresar al grupo de los países responsables, lo mejor es darles un marco
jurídico para enajenar sectores del territorio a agentes extremos con el aval
del congreso y el ejecutivo.
Conceptualmente,
la teoría de Paul Romer se basa en lo que llama el crecimiento endógeno, que
descansa sobre tres premisas fundamentales: la primera indica que el núcleo del
crecimiento económico se encuentra en el “cambio tecnológico”. La segunda
postula el carácter endógeno (interno) de ese proceso. El esquema se cierra con
la tercera premisa, la cual señala que una vez inventados estos conjuntos de
nuevas ideas o técnicas, pueden ser utilizadas una y otra vez sin costos
adicionales.
Bajo
esta absurda base, las Ciudades Modelo en Honduras se aprobaron en agosto de
2011, cuando el Congreso promulgó el Decreto
Legislativo Nº 123, cuyo contenido establecía la creación de las Regiones
Especiales de Desarrollo (RED). Este decreto fue derogado por la Sala de lo
Constitucional el 2 de octubre de 2012 aduciendo que “las inversiones
extranjeras que se espera captar implican para el Estado de Honduras enajenar
el territorio nacional, lo que expresamente prohíbe nuestra Constitución”.
Su construcción significaría que “se
habrá privatizado el Estado de Honduras y, por tanto, habrá
desaparecido como tal para dar paso a una gran corporación mercantil”.
La
reacción del establishment no se hizo esperar, y a pesar que el artículo Nº 205
de la constitución
hondureña le da al Congreso facultades para revisar las actuaciones
judiciales pero sin emitir sanciones, en diciembre de 2012 el Congreso
dinamitó la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia, a través de la aprobación de un dictamen que
contenía la destitución de cuatro de sus magistrados. Casualmente, los cuatro
magistrados separados de sus cargos habían votado a favor de la
inconstitucionalidad de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), y
únicamente fue mantenido en su cargo quien se opuso, y además fue nombrado
Magistrado Presidente de la nueva Sala de lo Constitucional.
El decreto
120/2013 sancionó la Ley orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económicos (ZEDE) dándoles personalidad jurídica propia, autorizarlas para
establecer su propia política y normativa, gozando de autonomía funcional y
administrativa, incluyendo las mismas funciones, facultades y obligaciones que
tanto la Constitución de la República. Quien rige los destinos es un Comité
para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) como un órgano con un alto grado
de poder, elegido discrecionalmente por la Presidencia de la República, y que
en la práctica tendrá el mando sobre los demás órganos administrativos y
políticos de las ZEDE, compuesto por 4 hondureños, 9 americanos, 4 europeos, 3
latinoamericanos y un ex presidente hondureño con doble nacionalidad.
La
“ciudades modelo” se consideran una “burbuja” en comparación el resto de la
Nación que está inmersa en un Estado fallido, donde la inequidad, la
pobreza extrema, la exclusión, violencia, corrupción, impunidad, ineficiencia e
ineficacia no existirán en la Honduras de acá, pero si en la Honduras de allá.
Y cómo no serlo, si contarían con “tribunales autónomos e independientes con
competencia exclusiva en las mismas, los que pueden adoptar sistemas o
tradiciones jurídicas de otras partes del mundo”. Todo lo que está en el ámbito
del país y manejado por lo corruptos hondureños no es confiable.
Lo
que se postula desde el premio Nobel es que los Estados, dentro de ellos el
hondureño, deberían estar dispuestos a ver reducido su papel como nicho de
acumulación y convertirse en un medio tangencial de acumulación, que
progresivamente traslada sus dispositivos de recursos y riqueza hacia el
dominio privado legítimo. La idea desde el consenso de Washington no ha
cambiado demasiado.
Paul
Romer da una línea de acción adicional para los habitantes de Honduras que no
quisieran estar en la obligación de vivir dentro de una ciudad modelo en la que
las reglas son diferentes. La principal línea defensiva ha sido la noción
de votar con los propios pies. Este es un concepto que expresa la
posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar sus preferencias
sobre ingresos y gastos públicos, desplazándose a aquel territorio en el que
las políticas públicas se aproximan más a sus preferencias, que
claramente no serían las deleznables utilizadas en su territorio. O sea,
vivirían quienes estén de acuerdo con los ideales de leyes establecidas que
nada tiene que ver con su país, aunque estén en él.
La
respuesta a esta disparatada idea por parte de la mayoría de la sociedad
hondureña, ante la inminente implementación de las Zonas de Empleo y
Desarrollo (ZEDE) en diferentes lugares del país, ha sido “Honduras
no se Zede” Estas zonas ya definidas como áreas del territorio
nacional que están sujetas a un “régimen especial” y donde los
inversionistas estarán a cargo de la política fiscal, de seguridad y de
resolución de conflictos, no han pasado desapercibidas por las sociedad civil
hondureña. Advierten que se trata de la venta del territorio, la soberanía y
los derechos de todas las personas hondureñas y, que su instalación
desencadenará graves afectaciones sociales, económicas y
medioambientales.
Nada
diferente, entonces, aunque llame la atención este tipo de iniciativa para el
desarrollo, a los requerimientos de las Inversión Extranjera, las
privatizaciones o a los condicionamientos de los organismos internacionales.
Todo sea por salir de la pobreza, con la idea que entregar el patrimonio, la
administración y las leyes a quienes nos sumieron en ella… lo que es una buena
forma de forjar un futuro para salir de la situación que ellos mismos
fomentaron. ¿O no?
*Alejandro Marcó del Pont, Licenciado en Economía de la UNLP. Autor y editor del sitio especializado en temas económicos El Tábano Economista, columnista radial, analista.
Comentarios
Publicar un comentario