Revista Nos Disparan desde el Campanario Año II Nro. 36 La Filantropía no compra la igualdad por Alejandro Marcó del Pont
Fuente:
Sitio El Tábano Economista
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/
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de Origen: AQUÍ
El desarrollo desarrolla la
desigualdad
(Eduardo Galeano)
A
principios de este año, los delegados de Sudáfrica y la India ante la
Organización Mundial del Comercio hicieron un elocuente llamado a los países
ricos para que dejaran de bloquear una propuesta para eliminar las patentes de
las vacunas y tratamientos Covid-19. La idea, respaldada por la gran
mayoría del mundo, permitiría a países como Sudáfrica comenzar a producir
vacunas, aumentando masivamente la producción mundial sin la necesidad de
licencias de las grandes corporaciones farmacéuticas que controlan esos
medicamentos.
Países
como Gran Bretaña dieron una conferencia sobre la necesidad de respetar la
propiedad intelectual y prometieron que el problema de la desigualdad de
vacunas podría resolverse mucho mejor mediante una inyección de fondos
benéficos. El delegado de Sudáfrica respondió con franqueza, afirmando que “el
problema con la filantropía es que no puede comprar la igualdad”.
La
desigualdad resultante ha dañado la cohesión social hasta un punto de
ruptura. La obsesión por las ganancias a corto plazo nos ha llevado al
borde de un cambio climático desbocado. La extrema desigualdad en el despliegue
de vacunas en todo el mundo ha sido el síntoma más reciente de este
problema. Mientras que las naciones del G7 están vacunando a sus
ciudadanos a un ritmo de 4,6 millones de personas al día, los países de bajos
ingresos solo pueden administrar 63.000 vacunas diarias. El G7 habrá
vacunado a casi todos sus ciudadanos para fin de año, pero con las tasas
actuales de vacunación, los países de bajos ingresos tendrían que esperar unos
57 años para que todos estén completamente inmunizados.
Desafortunadamente,
el problema se extiende mucho más allá de las vacunas y del tiempo. Un
gran número de países de África, Asia y América Latina ya estaban sufriendo una
enorme carga de deuda antes de que golpeara la pandemia y llevara, a muchos, a
una crisis con todas sus letras. Esperar que el G7 brinde algo de “alivio”,
cuando casi ninguna deuda se ha perdonado y tanto bancos como los fondos de
cobertura continúan drenando miles de millones de dólares al año de los países
del Sur a los centros financieros, resulta ilusorio. Lo que nos demuestra que
la generosidad de los países desarrollados a lo largo de la historia ha seguido
una misma línea y no ha dado buenos resultados.
El
1 de mayo de 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) aprobó el documento y su posterior resolución 3201 (S-VI)
“Declaración sobre un Nuevo Orden Económico Internacional” y la resolución 3202
(S-VI) que describía un Plan de Acción para el establecimiento de este Nuevo
Orden Económico Internacional, donde uno de sus puntos sobresaliente era el
proyecto titulado “Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados”.
A
47 años de distancia, las proclamas parecen salidas de un manual de política
económica contra la pandemia. Básicamente las ideas globales de la comunidad
internacional, con ciertos oponentes, por cierto, se limitaban a que el Nuevo
Orden Económico Internacional estaría basado en la equidad, en la igualdad
soberana. Sin importar los sistemas económicos, se trataba de eliminar la
disparidad existente entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo.
En ese momento un número importante de países había salido de la dominación
colonial o extranjera para convertirse en pueblos libres, pero con grandes
diferencias.
Uno
de los puntos tratados por la asamblea refería a la inclusión de los países
pobres a los avances técnicos, extrapolado a la actualidad los avances
científicos incluirían a las vacunas. Estos beneficios del progreso técnico no
eran compartidos con la comunidad internacional. Además, una de las mayores
quejas se centraba que los países pobres, que representaban el 70% de la
población mundial, recibían únicamente el 30% de los ingresos en 1974. Para
2018, los números daban que el 50% de los pobres se apropiaban solo del 13% de
los ingresos mientras que en 2017, el 1% de los individuos mas
ricos del mundo se apropiaba del 82% de la riqueza generada por el
mundo. Se hubieran quedado sin aliento de haberse enterado que, para ese mismo
año, 8 millonarios tiene más dinero que la mitad de la población mundial.
De
hecho, desde 1980 hasta el 2019, en Latinoamérica el 50% más pobre no ha
modificado el 9.5% de los ingresos de los que se apropia. O sea, en 41 años sus
ingresos no han variado, solo experimentaron
incrementos de 2013 a 2015. El de la desigualdad, materia a todas luces
destruida en los últimos cuarenta años, era solo una de los veinte principios
propuestos, que abarcaban desde la plena cooperación internacional hasta el
control de las meterías primas. Que los recursos sean dirigidos al desarrollo
de sus países, que el Estado ponga fin al despilfarro de los recursos
naturales, en especial los alimenticios. Permitir el acceso a la ciencia y la
tecnología, así como la creación de una tecnología autóctona relacionada con su
desarrollo y generar las condiciones necesarias para las transferencias de
recursos financieros.
En
diciembre del mismo año se lanzó el Plan de Acción del Nuevo Orden Económico
donde se recalcó la urgente necesidad de establecer normas obligatorias que
rijan en forma sistemática y universal las relaciones económicas entre los
Estados y reconoció que no es factible alcanzar un orden internacional
justo ni un mundo estable en tanto no se formule la Carta que ha de
proteger debidamente los derechos de todos los países y, en particular, de los
países en desarrollo. De los diez puntos que formaban el índice del programa,
quizás el más mencionado haya sido la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados. En ese momento, las materias primas de América Latina
representaban el 70% de las exportaciones. Hoy, obviando a México, el 74% de
las exportaciones latinoamericanas están concentradas en alimentos, cereales,
petróleo y minería.
Desde
el preámbulo
de la Carta, hasta los 34 artículos que ella encierra, no sería necesario
mover una coma 47 años después, por lo que expondremos un simple sumario, para
que, aunque mal no sea, alguien copie algunos puntos como su plataforma
política para lograr un mundo mejor.
Del
capítulo primero, que abarca los Principios fundamentales de las relaciones
económicas internacionales se destacan: independencia y soberanía estatal, así
como la no intervención. El siguiente capítulo versa sobre Derechos y deberes
económicos de los Estados, que al leerlo enciende una alerta acerca del
retroceso de los mismos a lo largo del tiempo, a saber:
Todo
Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso
posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y
actividades económicas.
Reglamentar
y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su
jurisdicción nacional.
Reglamentar
y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen dentro de
su jurisdicción nacional.
Nacionalizar,
expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el
Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada,
teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las
circunstancias que el Estado considere pertinentes.
Todos
los Estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de
materias primas a fin de desarrollar sus economías nacionales.
Todo
Estado tiene el derecho de aprovechar los avances y el desarrollo de la ciencia
y la tecnología para acelerar su desarrollo económico y social. En particular,
todos los Estados deben facilitar el acceso de los países en desarrollo a los
avances de la ciencia y la tecnología modernas, la transmisión de tecnología y
la creación de tecnología autóctona en beneficio de los países en desarrollo,
según formas y procedimientos que convengan a las economías y necesidades de
estos países.
Todos
los Estados tienen el deber de cooperar a fin de lograr ajustes en los precios
de las exportaciones de los países en desarrollo con relación a los precios de
sus importaciones con el propósito de promover relaciones de intercambio justas
y equitativas para estos, de manera tal que sean remunerativos para los
productores y equitativos tanto para los productores como para los
consumidores.
Aquí
nos detenemos por una cuestión de pudor, no obstante, de forma marginal fuimos
tejiendo la trama del aplazamiento hasta su desaparición de los sencillos
reclamos del grupo de los 77 países en vías de desarrollo. A esta letanía con
47 años de postergación, retroceso y concentración la pandemia permite revivir
algunos puntos. De todas maneras, como vimos a lo largo del artículo, los
países desarrollados no son buenos receptores de los pedidos de colaboración.
Los gobiernos internamente, tampoco han colaborado demasiado.
Veamos
algunos no tan curiosos efectos de la pandemia, en dos países que a prima
facie la derecha tildaría de progresistas. Argentina, que está negociando
con el FMI, el Club de París, y con cualquier laboratorio que provea vacunas
por sus niveles de contagio, lo que lo pone en el podio de los defensores del
superávit fiscal. Con un 45% de pobres, los números del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, en su informe sobre Evolución
del Ingreso para el primer trimestre de 2021 son aterradores, para
pensar en un superávit.
El
ingreso promedio de casi 29 millones de personas en el primer trimestre dio una
mediana per cápita de 183 dólares. Las personas ocupadas registran un ingreso
medio de U$S 395. “El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la
población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de $14.179 (141
dólares). Para ponerlo simple, el 10% más pobre de la población total obtuvo en
el primer trimestre apenas el 1,1 % del total de ingresos, en tanto que el 10%
más rico se quedó con el 31,8% en ese período. La soberanía estatal parece
haberse quedado sojuzgada a los designios de cualquiera de los organismos
internacionales, que suponemos, serán quienes capten los beneficios del
superávit fiscal.
México,
por su parte, que soportó un aluvión con el Covid-19 y hoy tiene unas 200
muertes por día, implementó, como casi toda América Latina, los “programas
sociales” para ricos, que son menos conocidos que los estigmatizados para
pobres, en general camuflados, y que en muchos casos fascinan a la clase media,
guiándolas a creer que son convenientes, como vimos en “El
Estado benefactor de delincuentes”. Los programas sociales para ricos se
ven menos porque no se otorgan como efectivo, no requieren la acción del Estado
sino su inacción. En dos artículos excelentes la doctora y analista política
mexicana Viridiana
Ríos concentra la reforma fiscal y el aumento de impuestos si se
erradicara el gasto publico que solo beneficia a los ricos.
López
Obrador se ha propuesto algo aparentemente imposible: aumentar la recaudación
de México sin una mayor carga impositiva. O como él lo llama, “una reforma
fiscal sin subir impuestos”. De hecho, y aunque parezca absurdo, lo que se
quiere es que los que tienen que pagar impuestos los paguen. El Servicio de
Administración Tributaria (SAT) de México presentó públicamente un documento mostrando que la tasa efectiva de
impuestos que pagan las empresas en dicho país no es del 30%, como estipula
ley, sino de apenas un 6%.
La
reforma plantea reducir la elusión de los grandes corporativos mediante el
cierre de lagunas legales que los despachos contables utilizan para evitar el
pago de impuestos. Los pocos datos que existen sobre elusión fiscal muestran
que en México se eluden 8.300 millones de dólares anuales debido a abusos
corporativos de la ley fiscal. Esta cantidad es enorme y coloca a México como
el decimosegundo mayor evasor fiscal de 179 países. Las corporaciones mexicanas
son responsables de 2,4 de cada 100 dólares eludidos en el mundo.
Es
decir, si quienes tienen que pagar pagan, lo que ley dice, y se elimina los
programas sociales para los ricos, por ejemplo, se podrían ampliar los
programas sociales para los más necesitados.. Actualmente, el gobierno permite
que las personas no paguen impuestos por la venta de una vivienda si esta vale
menos de U$S 230 mil. Este beneficio, aunque pareciera para todos, en realidad
solo es para al 3% más rico, porque el 97% de las personas en México tienen
casas que valen mucho menos.
En
realidad, lo que se quiere en general en Latinoamérica, es realizar reformas
impositivas cuando no se cumplen las leyes actuales. La soberanía y el poder de
decisión de los Estados esta en el centro de la disputa, pelea que parece
haberse perdido una y otra vez. No es una batalla impositiva, es volver a tener
un mínimo grado de autonomía fiscal, monetaria y hasta sanitaria. No es posible
que se tenga que modificar el marco normativo para avanzar con los contratos de
vacunación dentro de un nuevo marco regulativo para la compra de
vacunas para que Pfizer tenga inmunidad legal. Así, los ideales
de Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados quedan más
lejos que 1974.
*Alejandro Marcó del Pont, Licenciado en Economía de la UNLP. Autor y editor del sitio especializado en temas económicos El Tábano Economista, columnista radial, analista.
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