Revista Nos Disparan desde el Campanario Año II Nro 34 DISFRAZADO… Por Horacio Rovelli, para El Cohete a la Luna
Fuente:
El Cohete a la Luna
https://www.elcohetealaluna.com/
Link
de Origen:
https://www.elcohetealaluna.com/disfrazado/
El
Estado debe intervenir para acortar la brecha entre los ricos y el pueblo
argentino
El
6 de septiembre de 1930 se produjo el golpe militar que descargó la crisis
económica de ese año sobre el pueblo argentino. El gobierno de José Félix
Uriburu encareció los alimentos para disminuir su consumo y así poder
exportarlos. Ello fue posible porque liberó el tipo de cambio y derogó los
derechos de exportación (retenciones), lo que permitió igualar el precio
externo con el interno. Esa medida benefició exclusivamente a los grandes
propietarios del sector agropecuario exportador[i] y perjudicó severamente al resto de
la población. De este modo, se acumuló una extrema riqueza con una extrema
pobreza, característica saliente de la matriz productiva de ese modelo,
exacerbada por la crisis.
Agustín
Magaldi, un eximio cantor popular, lo retrata en la interpretación del tema
“Disfrazado” sobre el carnaval de 1940:
“El eco de madrugada trae el vaivén
de los coches,
de seres que alegremente van
vivando el carnaval.
Mientras me ha sido imposible
dormir durante la noche,
pensando para los míos poder
conseguir el pan…”.
Y
no es otra cosa lo que proponen las distintas entidades empresariales cuando
plantean la flexibilidad en las normativas que afectan al conjunto de sus
trabajadores (lo cual, además, requiere del apoyo estatal). Por ejemplo,
adelanto de jubilaciones a quienes no tienen la edad suficiente, retiros
voluntarios y otras medidas laborales que permitan dar de baja a su plantel de
empleados. O cuando paralelamente exigen que el gobierno suspenda todos los
vencimientos impositivos, laborales y previsionales nacionales, provinciales y
municipales, más la prórroga de los vencimientos bancarios, que se repongan los
ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción) y se suspenda el
pago de servicios. Todo para garantizarles el menor costo empresarial, pero a
costa de la exclusión de los asalariados y de sus jubilaciones o pensiones al
disminuir sistemáticamente las contribuciones previsionales, medida tomada con
diversos sectores de la economía argentina.
La
imposición de la matriz extractivista, agropecuaria-exportadora se acredita a
la deuda externa y se ejecuta gracias a la extranjerización y concentración
económica, que es a la vez la principal razón por la cual no se desarrollan
industrias que sustituyan importaciones, no se genera trabajo y no se integra
la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la
demanda del exterior y el sector externo refleja claramente esa situación.
En
consecuencia, nuestro país vuelve a presentar como en la llamada “Década
Infame”, los problemas estructurales propios de una economía sesgada a las
exportaciones primarias, por ende la macroeconomía y la matriz comercial están
en función de priorizar la venta de materias primas y alimentos. Los cambios
macroeconómicos aún esperados (en materia de inflación, déficit fiscal, presión
tributaria, tasa de interés, tipo de cambio, marco regulatorio,
infraestructura, exigencias administrativas públicas) son funcionales a la
matriz productivo-comercial de subordinación a los mercados externos.
En
este marco, el objetivo es garantizar el superávit comercial para básicamente
financiar el pago de una deuda externa con fuertes vencimientos, que obligan a
reprogramar los mismos en un estado de negociación permanente. Para ello el
gobierno ofrece, en primer término, que las exportaciones (a como dé lugar)
superen a las importaciones y, a la vez, que el déficit fiscal primario sea el
menor posible para no agravar el endeudamiento.
Esto
implica un brutal ajuste de la economía nacional. Por ende, debe exportarse lo
que sea, sin miramiento y sin importar como afecta al consumo interno. Un
ejemplo claro es el de las exportaciones de 37 millones de toneladas de granos
de maíz en 2020 y su impacto sobre los precios de la carne aviar y porcina –e
incluso, sobre la bovina– en el mercado local. Asimismo, las exportaciones de
la res entera declaradas por casi un millón de toneladas el año pasado y el
encarecimiento en un 75% de su precio interno, según asevera el Instituto de
Promoción de la Venta de Carne Vacuna que depende de la Bolsa de Comercio de
Rosario, Santa Fe.
En
2020 las exportaciones declaradas fueron por 54.884 millones de dólares y
superaron a las importaciones de 42.356 millones de dólares, en 12.528 millones
de dólares. Sin embargo, en ese año las reservas internacionales del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) descendieron en 5.780 millones de esa
moneda[ii].
Paralelamente,
la recaudación de los derechos de exportación (retenciones) en 2020 fue menor
en términos nominales (con una inflación según el INDEC del 36,1% y una
devaluación de nuestra moneda del 42% en el año pasado) que en 2019. Esto no
puede explicarse solamente porque se exportaron más productos primarios y
manufacturas de origen agropecuario. Por un lado, porque la diferencia no es
tan significativa y, por otra parte, porque han adelantado el pago de esos
derechos en 2019 por temor a un fuerte incremento en la alícuota de las
retenciones. En efecto, lo recaudado por la AFIP por derechos de exportación en
moneda corriente en 2019 ascendió a $398.311,9 millones y en 2020 fue de
$387.642,7 millones, un 2,7% menos.
Obviamente,
unas de las causas que explican la menor recaudación es que se han detectado
operaciones de exportación realizadas por empresas no inscriptas en el Registro
Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). De esta forma se logró
desnudar la operatoria de varias organizaciones que se dedicaban a la
exportación de carne y granos con la finalidad de evadir los controles del
Estado nacional para su propio beneficio, en competencia desleal sobre el resto
de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas.
Al
gobierno le llevó un año y medio darse cuenta de que la administración anterior
desmanteló todos los controles, desde los registros de exportaciones a la
simplificación de constitución de sociedades anónimas. Estas medidas
permitieron, por ejemplo, la creación de empresas fantasmas para subfacturar la
mercadería que figuraba que iba a la República Oriental del Uruguay, para
después exportarle a la República Popular China al precio completo. En el
Uruguay quedaba la diferencia, que ingresaba a la Argentina mediante el CCL
(contado con liqui, se compraban a sí mismos con esos dólares títulos y
acciones) o en billetes. La carne a China se vende a 4.400 dólares por
tonelada. Mediante el mecanismo de triangulación descripto, se la facturaba a
la supuesta empresa compradora del Uruguay a 3.400 dólares la tonelada. La
empresa fantasma uruguaya la facturaba a China al precio real.
En
los primeros cuatro meses de 2021 las exportaciones sumaron 21.550 millones de
dólares y las importaciones fueron por 17.549 millones, por lo que el superávit
se redujo a 4.001 millones de la divisa estadounidense. Las reservas
internacionales del BCRA sólo se acrecentaron en 950 millones de dólares[iii] por el pago de los intereses de la
deuda pública y por las divisas que debe transferirle a los importadores, a las
empresas y a las provincias para que paguen sus deudas externas.
Un
modelo con números que no cierran
En
2020 y en los primeros cuatro meses de 2021 se observa una fuerte caída en las
exportaciones industriales (manufacturas de origen industrial), a la par que se
incrementa la venta de productos primarios. El complejo sojero representó en
2020 el 27,1% de nuestras exportaciones y, si sumamos a todo el sector
oleaginoso (harina, pellet, aceite y biodiesel de soja, más los complejos de
girasol, maní, y olivo), significa el 30,5% de nuestras ventas externas. El
cerealero (complejo maíz, trigo, cebada y arroz) es el 17,4%; el bovino el 8%;
el minero metalífero y litio (donde más del 60% es la exportación de oro) es el
6,8%; el complejo petrolero-petroquímico representa el 6,7%; el sector
frutícola contribuye con el 4%; y el pesquero con el 3,2%. Sólo aparece en la
faz industrial el sector automotor –por su fuerte interrelación con la región,
esencialmente Brasil y México– que representó el 7,9% de nuestras
exportaciones, por 4.309 millones de dólares en 2020.
En
el caso de las importaciones sucede todo lo contrario: compramos productos
industriales con alto valor agregado. En 2020 los productos industriales
representaron el 86% de nuestras compras al exterior, unos 36.426 millones de
dólares que superan holgadamente los 4.309 millones de dólares de exportación
de automóviles de nuestro país. Aun si a ese total se agregan el complejo
textil, farmacéutico, químico, plásticos y otros menores que conforman un total
de manufacturas de origen industrial de 13.313 millones, esa cifra representa
sólo el 36,5% de las importaciones industriales, que además son de mayor complejidad
y de mayor valor agregado.
Ese
déficit inter industrial entre las manufacturas de ese origen que se compran y
las que se venden se agrava en los cuatro meses de 2021. En ese período se
incrementan por encima del 45% en dólares con respecto a igual lapso de 2020,
las importaciones de máquinas y herramientas del exterior, de piezas y
accesorios para esos equipos y de bienes intermedios. Lo notable es que pese a
la fuerte devaluación de nuestra moneda –que es del 56,5% desde el 30 de
diciembre de 2019 en que el dólar determinado por el Banco de la Nación
Argentina valía $62,95, al valor del 30 de abril de 2021 de $98,5– más el
descenso del producto interno bruto (PIB) de 2020 y el leve repunte de 2021,
las importaciones industriales y también de vehículos para pasajeros se
incrementaron sideralmente, reduciendo el superávit comercial.
Tenemos
una economía parada, con desocupación de trabajadores y de equipos y, sin
embargo las importaciones siguen creciendo porque las grandes empresas
(Tecpetrol, Ford, Molino Agro, Renova, Refinor, YPF, Pan American Energy, Pampa
Energía, entre otras) prefieren importar máquinas y equipos con sus respectivas
piezas y accesorios y bienes intermedios, que producirlos en el país. Y se
importan autos y embarcaciones de lujo por esa apropiación exagerada de la
renta extractiva y agropecuaria.
La verdadera brecha entre ricos y el pueblo argentino se extiende a pasos agigantados y va a seguir así, si el Estado no interviene. Por un lado, debe defender el mercado interno y dejar de devaluar, imponer cupos de exportación y aumentar las retenciones y, paralelamente, con esos recursos apuntalar la sustitución de importaciones, premiando a los que inviertan para producir para el mercado local.
Se debe generar un shock productivo que recupere el poder de compra de los argentinos, pero no para que vaya a los grandes grupos agroexportadores, o a las grandes empresas monopólicas, sino para que aumente el tejido económico y productivo de abajo hacia arriba. Para esto es fundamental el control de los precios y el acceso al crédito. Es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente al sector de la población que está conformado por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio, y a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello se debe transformar el stock de Leliq (letras del BCRA), por más de 2 billones de pesos en mayo de 2021 –equivalente a unos 20.000 millones de dólares– en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de Leliq se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento del crédito a la producción y al trabajo.
No
puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de
prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos. Sólo un Estado
consciente, con un plan que asegure la participación de la población (a través
de los correspondientes canales e instrumentos) puede ponerle límites y
obligarla a cumplir las leyes, a fin de conformar una sociedad más justa, más
inclusiva y más igualitaria.
[i] El ministro de Hacienda del
primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, Domingo Salaberry, fue el primero que
propuso en el país el impuesto a las ganancias o rédito, que el Senado de la
Nación, adverso y conservador, no aprobó. Pero Marcelo Torcuato de Alvear, ni
bien asumió la Presidencia de la República en octubre de 1922, presentó al
Congreso de la Nación un proyecto de ley para promover la producción industrial
local, por medio de la elevación de un 25% de todos los aranceles aduaneros,
incluidas las retenciones a las exportaciones. Fue aprobado pese a la férrea
resistencia de los legisladores conservadores.
[ii] Las reservas internacionales
del BCRA eran de 45.190 millones de dólares al 30 de diciembre de 2019 y
pasaron a ser de 39.410 millones de dólares al 30 de diciembre de 2020.
[iii] Las reservas internacionales
del BCRA al 30 de abril de 2021 ascendían a 40.360 millones de dólares.
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