Revista Nos Disparan Desde el Campanario Año II - Edición Especial - Ajuste y Fuga… por Horacio Rovelli, para El Tábano Economista (Análisis económico integral desde el año 2003 hasta el año 2021)
Fuente
de Origen: Sitio El Tábano Economista del Licenciado Alejandro Marcó del Pont
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/
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de Origen: AQUÍ
Cuando
Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la República el 25 de mayo de 2003
planteó un capitalismo serio que significó qué se produzcan bienes y servicios
en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres,
con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos sostenía
el Presidente), que se defienda el mercado interno, que las exportaciones
paguen una retención que permita al Estado subsidiar la energía y apuntalar a
las industrias para generar mayor valor agregado. Que permita que el Estado
cumpla su función de regulación de los mercados estableciendo claras reglas de
juego por un lado y, de asistencia a los que menos tienen por el otro,
cumpliendo cabalmente los principios constitucionales de “promover el bienestar
general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra
posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino”
La
Argentina crecía y crecía la industria que se expandió a un promedio del 6,8%
anual entre los años 2003 y 2011, según los números del INDEC revisado durante
el macrismo por su Director, Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que
opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, en lugar de
invertir, prefirió hacer el juego que más conoce y que más práctica: fugar
capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer
del exterior ante la mayor producción nacional, prefiriendo ensamblar
importando que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso
le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó
mayor uso de energía que en gran parte se debió comprar al exterior, la
combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde
o temprano debían ser superadas con un nuevo reordenamiento por parte del
Estado. Esto fue anunciado a fin del año 2011 y fue denominado por la
Presidenta de Kirchner como “Sintonía Fina”, que consistía básicamente en hacer
un seguimiento de los principales costos de producción de las principales
industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un
“mapa fiscal” que significa ver cuánto recibe en carácter de subsidio por
desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas
reducidas de servicios públicos, etc., una empresa, y cuanto contribuye esa
empresa con el Estado y con la sociedad.
El
proceso de desinversión y fuga de capitales de los empresarios llevado adelante
por el empresariado, trató de ser compensado con políticas de seguir
impulsando la demanda, que no hubiera estado mal si se hubiera realizado
simultánea y paralelamente con las medidas de “sintonía fina” que, al no
ejecutarse y, ante la restricción de la oferta, generó un proceso inflacionario
que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo
del salario.
Esto
es, se puede expandir la economía desde la demanda agregada donde el
sector público es fundamental para apuntalar las obras de infraestructura,
impulsar el consumo interno y regular la actividad económica, pero es
inflacionario y se anula así mismo si no se cumplen los tres
indicadores mencionados y, eso fue lo que pasó en el fin de la administración
de Cristina Fernández de Kirchner, agravado cuando el grueso de los empresarios
querían un cambio de gobierno.
En
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la situación fiscal tendió a
agravarse, el aumento del gasto público superó los ingresos del fisco llevando
el déficit fiscal a un escenario complicado. La política de subsidios al
consumo de la electricidad, el gas y el agua insumía cada vez más recursos del
fisco. La caída del tipo de cambio real producto de la administración del dólar
se conjugó con el incremento de las importaciones, entre ellas, las derivadas
de consumos energéticos necesarios para sostener la producción y el consumo
interno. La fuga de capitales como la intensificación de la compra de
dólares para ahorro generó también una situación de escasez de divisas
En
pleno auge del modelo kirchnerista, año 2007 por ejemplo, los subsidios a
la energía y al transporte totalizaron en ese año un monto de $ 14.600
millones de pesos (a un dólar promedio de $ 3,10 significaban 4.700 millones
de dólares, que era una suma menor que lo que se recaudó ese año por los
Derechos de Exportación). En el año 2015 dichos subsidios fueron por casi $
240.000 millones de pesos (equivalente a unos 25.000 millones de dólares que
representó el 5% del PIB), cuando la recaudación por retenciones del año 2015
fue de unos $ 75.000 millones de pesos (unos 7.800 millones de dólares).
Esa inconsistencia hizo que en el año 2015 el déficit fiscal fuese de $
221.344 millones y representaba el 15,5% del gasto total de la Administración
Nacional y alrededor del 4,5% del PIB
GOBIERNO
DE CAMBIEMOS
La
lógica económica en el gobierno de Cambiemos fue la búsqueda y apropiación
inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos
mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de
gestión, la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que
los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas
a posteriori. El gobierno de Macri solamente podía superar la
restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y
ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, en ese marco no puede
existir proyectos de inversión productiva, se prioriza la renta
financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se
extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la
desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de
dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como
lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la
deuda externa.
Devaluaron
violentamente no bien asumieron (el dólar pasó a valer $ 9,70 el 9 de diciembre
de 2015 a $ 13,90 el 31 de enero y a $ 15,80 el 28 de febrero de 2016) y
quitaron las retenciones (Derechos de Exportación) a las exportaciones en
general y disminuyendo la de la soja, plasmando una brutal transferencia de
ingresos de los asalariados y los que perciben sumas fijas, a favor de los
exportadores y entre ellos a los de mayor patrimonio y agudizando el déficit
fiscal que se financiaba con endeudamiento en pesos y en divisas, cerrando el
circuito de deuda y fuga.
Paralelamente
incrementaron fuertemente todas las tasas de interés de manera tal que en
mayo de 2017 el dólar valía (hasta la crisis de Brasil) menos de $ 16.- (precio
similar que un año antes) y las LEBAC pagaron tasas en ese período del 38
al 25% anual, recreando el sistema de “carry trade” (bicicleta financiera) como
fue en todas las etapas en que el liberalismo gobernó al país, con lo que
ingresan dólares financieros, se pasan a pesos, lucran con la tasa de interés y
vuelven a su moneda original y regresan a su país de origen.
Desde
el inicio de la gestión acrecentaron sideralmente las tarifas eléctricas, del
gas, de los combustibles, del agua, de las comunicaciones, redujeron los
impuestos internos para la compra de autos de alta gama y artículos de lujo y
la alícuota de Bienes Personales, siempre beneficiando a los sectores de mayores
ingresos en desmedro de la población.
La
esencia de la propuesta del esbozo de un conjunto de medidas adoptadas por el
gobierno de Cambiemos, no bien asumió, consistía en devaluar nuestra moneda de
manera tal que el tipo de cambio creciera más que las tasas de interés, que el
promedio de los precios y que los salarios, generando una transferencia de
ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de
los sectores más concentrado y de los exportadores. Una segunda etapa era que
una vez producida la devaluación se asegurara que las tasas de interés del país
sean mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso
de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de
José Alfredo Martínez de Hoz y de Domingo Felipe Cavallo.
Solamente
dejaron que los precios de grandes empresas y sobre todo las vinculadas al
equipo gobernante crecieran por encima del dólar (que punta contra punta en el
gobierno de Cambiemos se acrecentó en un 670%), como es el caso de las tarifas
eléctricas (cuya tarifa incluso creció por encima de la devaluación de nuestra
moneda), donde las principales empresas estaban vinculadas a Mauricio
Macri, como es el caso de Pampa Energía SA de Marcelo Mindlin (quién blanqueó
dinero para comprarle la empresa constructora IECSA al grupo Macri) y que
controla también a las energéticas Transener y Edenor. O de Nicolás Caputo,
socio de Macri en Mirgor SA y que tiene participación junto con capitales
chilenos y las firmas española ENDESA y la italiana ENEL en Edesur. O de
Rogelio Pagano que de ser empleado de Marcelo Mindlin en Dolphin SA (que luego
iba a llamarse Pampa Energía SA) pasó a ser titular de todas las empresas
distribuidoras de electricidad de la Provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDES,
EDEA Y EDEN y de la distribuidora de la Provincia de Salta: EDESA.
La
lógica económica en el gobierno de Cambiemos fue la búsqueda y apropiación
inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos
mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de
gestión, la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que
los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas
a posteriori. El gobierno de Macri solamente podía superar la
restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y
ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, en ese marco no puede
existir proyectos de inversión productiva, se prioriza la renta
financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se
extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la
desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de
dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como
lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la
deuda externa.
Devaluaron
violentamente no bien asumieron (el dólar pasó a valer $ 9,70 el 9 de diciembre
de 2015 a $ 13,90 el 31 de enero y a $ 15,80 el 28 de febrero de 2016) y
quitaron las retenciones (Derechos de Exportación) a las exportaciones en
general y disminuyendo la de la soja, plasmando una brutal transferencia de
ingresos de los asalariados y los que perciben sumas fijas, a favor de los exportadores
y entre ellos a los de mayor patrimonio y agudizando el déficit fiscal que se
financiaba con endeudamiento en pesos y en divisas, cerrando el circuito de
deuda y fuga.
Paralelamente
incrementaron fuertemente todas las tasas de interés de manera tal que en
mayo de 2017 el dólar valía (hasta la crisis de Brasil) menos de $ 16.- (precio
similar que un año antes) y las LEBAC pagaron tasas en ese período del 38
al 25% anual, recreando el sistema de “carry trade” (bicicleta financiera) como
fue en todas las etapas en que el liberalismo gobernó al país, con lo que
ingresan dólares financieros, se pasan a pesos, lucran con la tasa de interés y
vuelven a su moneda original y regresan a su país de origen.
Desde
el inicio de la gestión acrecentaron sideralmente las tarifas eléctricas, del
gas, de los combustibles, del agua, de las comunicaciones, redujeron los
impuestos internos para la compra de autos de alta gama y artículos de lujo y
la alícuota de Bienes Personales, siempre beneficiando a los sectores de
mayores ingresos en desmedro de la población.
La
esencia de la propuesta del esbozo de un conjunto de medidas adoptadas por el
gobierno de Cambiemos, no bien asumió, consistía en devaluar nuestra moneda de
manera tal que el tipo de cambio creciera más que las tasas de interés, que el
promedio de los precios y que los salarios, generando una transferencia de
ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de
los sectores más concentrado y de los exportadores. Una segunda etapa era que
una vez producida la devaluación se asegurara que las tasas de interés del país
sean mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso
de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de
José Alfredo Martínez de Hoz y de Domingo Felipe Cavallo.
Solamente
dejaron que los precios de grandes empresas y sobre todo las vinculadas al
equipo gobernante crecieran por encima del dólar (que punta contra punta en el
gobierno de Cambiemos se acrecentó en un 670%), como es el caso de las tarifas
eléctricas (cuya tarifa incluso creció por encima de la devaluación de nuestra
moneda), donde las principales empresas estaban vinculadas a Mauricio
Macri, como es el caso de Pampa Energía SA de Marcelo Mindlin (quién blanqueó
dinero para comprarle la empresa constructora IECSA al grupo Macri) y que
controla también a las energéticas Transener y Edenor. O de Nicolás Caputo,
socio de Macri en Mirgor SA y que tiene participación junto con capitales
chilenos y las firmas española ENDESA y la italiana ENEL en Edesur. O de
Rogelio Pagano que de ser empleado de Marcelo Mindlin en Dolphin SA (que luego
iba a llamarse Pampa Energía SA) pasó a ser titular de todas las empresas
distribuidoras de electricidad de la Provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDES,
EDEA Y EDEN y de la distribuidora de la Provincia de Salta: EDESA.
Pero
la inmediata y acelerada suba de los precios provocada por los grupos
económicos locales y extranjeros que operan en la Argentina y, el mayor
endeudamiento para pagarle a los fondos buitres que no habían ingresado en los
canjes de los años 2005 y 2010 (NM Elliot de Paul Singer, Aurelius y otros),
con el fin de dejar librado el ingreso de capitales del exterior, sumado a la
incapacidad en el tiempo del repago de la deuda, fruto que desfinanciaron al
Estado por la devaluación y quita y reducción de las retenciones y el mismo
endeudamiento en dólares, sabiendo que la devaluación no implica mayores
exportaciones, esto es, pagan afuera en divisas y demandan determinada
cantidad de bienes (no más que lo que necesitan), al darle más pesos por dólar
beneficia a los exportadores pero eso no significa mayores ventas y si mayor
apropiación de ganancias, pero esa ampliación de los márgenes de ganancias se
deriva a capitales especulativos y a la fuga del circuito económico local, dado
que nadie invierte en un país que se achica y genera desempleo como hizo el
gobierno de Cambiemos.
Ante
la baja en el ingreso al Estado nacional de impuestos provenientes a la
propiedad y a la renta, más la eliminación de las retenciones y disminución de
las exportaciones de soja y, el freno en el nivel de actividad, la recaudación
tributaria también disminuyó, profundizando el déficit fiscal, que financiaron
contrayendo deuda externa, que a su vez fue generando mayores intereses todos
los años y, compensaron parcialmente pero a costa de ajustar el gasto vía obra
pública (Gastos de Capital) y las erogaciones en salud y educación.
DATOS
DE LAS CUENTAS FISCALES NACIONALES
El
25 de abril de 2018 ante la suba de la tasa de interés de largo plazo (10 años)
de los EEUU, acercándola al 3% anual, se profundiza en el país la fuga de
capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda
argentinos en los mercados internacionales (JP Morgan, HSBC, Deustche Bank,
Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.) y aquellos que no pudieron irse por tener
vencimientos a posteriori, esperaron cierta estabilidad para vender títulos
públicos y privados argentinos, pero, paralelamente, aparecen en el mercado
financiero local grandes administradores de fondo de cobertura como Blackrock,
Franklin Templeton, Fidelity, Vanguard y Pimco entre otros que, en la mayoría
de los casos, no le prestaron directamente al Tesoro de la Nación Argentina y
si compraron los títulos de deuda a precio muy menor al nominal a los que
querían salir de esa acreencia, en los mercados secundarios de títulos y
acciones.
Ante
la corrida cambiaria el gobierno de Cambiemos firma dos acuerdos con el FMI,
aceptando la reducción de salarios y del empleo público, la disminución de la
obra pública y el recorte de los subsidios a la energía y al transporte, es
más, descargaba parte del ajuste en las provincias trasladando el subsidio de
transporte y limitando las transferencias. Por esa política iban a recibir en
DEG (Derechos Especiales de Giro) por 40.714 millones, equivalente a 57.000
millones de dólares, pero después por severos incumplimientos fiscales y
monetarios, le fueron otorgados finalmente DEG 32.200 millones, el equivalente
a 44.000 millones de dólares, pero superando ampliamente el monto máximo que le
hubiera correspondido a la Argentina que no superaba los 15.900 millones de
DEG.
Sin
tomar una sola medida que frene la compra de divisas (como sería la de fijar un
impuesto que encarecería dicha moneda y significaría un ingreso genuino al
fisco), el gobierno de Cambiemos cayó en un proceso recesivo. Sin dólares para
cumplir con sus compromisos externos, cuando había permitido sin límite alguno
las compras de dólares desfinanciando al Tesoro de la Nación [1],
situación que se complicó cuando el FMI a posteriori le sacó el apoyo
financiero. Tras las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias) que se realizaron el 11 de agosto de 2019 y que significó
una derrota terminal del frente oficialista de Juntos por el Cambio, se vieron
obligados a un plan de contingencia para arribar a las elecciones nacionales y
luego a la entrega del gobierno al Presidente Alberto Fernández, recién allí
pusieron límites a la compra de divisas para las personas física y jurídicas de
200 dólares por mes.
El
gobierno de Cambiemos nos volvió atar al FMI y capitales trasnacionales
incrementaron la participación en la economía nacional, no solo en las más
grandes empresas (como es la participación de BlackRock en Tenaris y en YPF SA
por ejemplo), sino cuando Glencore [2] se
queda con Oleaginosa Moreno y con lo mejor del negocio de Vicentin SAIC,
incluida la participación de la misma en Renova SA (biodiesel, glicerina,
molienda y aceite de soja) perfilando en conjunto, un país agropecuario
extractivista exportador, en desmedro del trabajo y la producción nacional.
EL
GOBIERNO DE ALBERTO FERNANDEZ
A
quién beneficia que la Argentina del año 2020 haya exportado 39 millones de
toneladas de maíz en granos, encareciendo el costo de producir
carne de aves y cerdos y con ellos su precio en el país. A quién
beneficia que se hayan exportado un millón de toneladas de carne vacuna y a la
par el consumo per cápita es el menor de los últimos cien años (50,1kg de carne
de vaca en el año 2020). A quién beneficia cuando los principales alimentos
que vendemos (granos y carnes) vieron incrementado sus precios en dólares en el
mercado externo a un promedio del 40% y, el tipo de cambio comercial paso
de valer $ 59,60 el 10 de diciembre de 2019 a $ 97,50 al 31 de marzo de 2021,
se deprecia nuestra moneda en un 65% y esa combinación de mayor precio en dólar
y ajuste de la paridad solo es frenada con un derecho de exportación del 12% y
solo la soja tiene una tasa del 30%.
Ningún
gremio consiguió semejante tasa de aumento como aumentaron los productos de
primera necesidad por la combinación antedicha. Ello en medio de la
pandemia con la economía seriamente limitada para desenvolverse, incluso con
despidos francos y otros encubiertos, entonces no nos puede sorprender
que la pobreza sea según el INDEC de un 42% (si el país tiene un poco más de 45
millones de habitantes alcanza a unas 19.000.000 de personas) y que la
indigencia sea del 10,5% (4.700.000 personas) y sabemos que castiga más a los
niños y a la franja etaria de los más jóvenes que recién ingresan al mercado
laboral o que si lo hicieron con el gobierno de Cambiemos y la pandemia
perdieron el trabajo. Las disponibilidades laborales son informales y precarias
en la inmensa mayoría de los casos y, en el trabajo registrado, el
salario mínimo vital y móvil es operativo y es de solo $ 21.600 por mes, y en
jornalero de $ 108.- por hora, cuando la Canasta Básica Total para una familia
compuesta por matrimonio y dos hijos (y sin contemplar el pago del alquiler)
fue de $ 57.997.- para el mes de febrero 2021, según el INDEC. Trabajan
dos personas en la familia y no pueden superar el umbral de la pobreza.
Mercado
de Trabajo
Datos
IV Trimestre de cada año
Finalmente
demostrando la correlación entre la depreciación de nuestra moneda y la
inflación, si tomamos el período marzo 2015 a febrero de 2021, el IPC (Índice
de Precios al Consumidor) del INDEC creció en un 1.033% y el tipo de
cambio lo hizo en 1.061% (el dólar tipo de cambio comercial promedio paso
a valer $ 8,62 en marzo 2015 a $ 91,50 en febrero 2021), esto es porque
básicamente vendemos alimentos, entonces al igualarse los precios externos al
interno sucede esa proporcional y directa relación.
EL
AJUSTE COMERCIAL
La
Argentina no tiene un problema de restricción externa, no es que no
podemos crecer porque faltan divisas, al contrario, las divisas deberían
sobrar, si tomamos un período largo de nuestra historia reciente, por
ejemplo del año 2003 al año 2020 el superávit comercial fue de 156.712 millones
de dólares. De hecho en el año 2020 las exportaciones superaron a las
importaciones en 12.528 millones de dólares y sin embargo, las reservas
internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares en ese
año. Y esto fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas
de empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC, que
seguramente tienen deudas pero tienen mucho más activos afuera que esa deuda
que el BCRA les autorizó pagar y que en conjunto para todos los que fueron y le
compraron dólares al BCRA pata pagar supuestas obligaciones externas fue por
6.200 millones de dólares.
Es
más, el BCRA les permitió a los importadores pagar en forma adelantada
importaciones (antes que los productos ingresaran al país) por unos 5.000
millones de dólares, y todo ello cumpliendo con la legislación de la reforma
financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz. La corrida cambiaria
no debería haber existido si el BCRA priorizará la defensa de nuestra moneda
cumpliendo acabadamente con el Art. 3ero. de su Carta Orgánica que dice
“Preservar el valor de la moneda”.
El
gobierno todo debería trabajar en un mayor control y supervisión del comercio
exterior y, sin embargo, se publicó el Decreto 949/20 el 26 de noviembre de
2020 que continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y
comercializadoras de productos agropecuarios y en Hidrovía Paraná SA, sociedad
cuyo principal accionista es la empresa Jan De Nul Group, con casa central en
Luxemburgo, en lugar de que ese rol lo asuma el Consejo Federal de Hidrovía que
lo constituyen la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca
del Plata que se había creado por Decreto el 28 de agosto de 2020.
Por
ende, no es necesario sacrificar el consumo interno para tener mayor saldo
exportable, sino que se debe contemporizar uno y otro, priorizando la demanda
interna como hizo Néstor Kirchner en su momento, por ejemplo, con las
exportaciones de carne y de trigo, primero se abastece al mercado local y luego
el saldo exportable y los precios desacoplados por retenciones del 35%. Y
por supuesto se debe tener un plan para agregar valor a nuestras ventas
externas que debe partir de limitar la venta de granos y carnes sin elaboración
alguna.
No
se puede permitir bajo ningún concepto que los grandes comercializadores de
alimentos, las ocho grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos [3];
el Consorcio ABC que representa el 80% de las exportaciones de carne vacuna,
etc. igualen el precio externo con el interno, cuando el salario promedio en la
Argentina actual no alcanza a ser de 820 dólares por mes y, en Europa central
es (en euros) el equivalente a 2.000 dólares mensuales. En
Europa pueden pagar la botella de aceite mezcla 1,8 euros, pero nosotros
no la podemos pagar $ 200.- cuando acá se produce y el costo total es menos de
la mitad de esa suma.
El
margen de ganancia y fuga de los grandes formadores de precios en la Argentina,
llámese Techint, Aluar, Loma Negra, Cementera Avellaneda, Total, Pan
American Energy, Cargill, AGD, Ledesma, La Serenísima, Frigorífico
Rioplatense, etc. es abismal como es abismal la pobreza y la indigencia
de gran parte de nuestro pueblo.
Se
acumula superávit comercial y se pierde en autorizaciones del BCRA que se
habrían evitado,si la ley 27.541de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva, hubiera incluido la Emergencia Cambiaria, emergencia que fue
derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos,
luego de casi 53 años de vigencia desde el Decreto 2581/1964, con diez de
interrupción por el Decreto 530/1991 hasta el DNU 1606/2001, Decreto 1638/2001,
que preserva las divisas en poder del BCRA y obliga a los exportadores a
liquidar sus operaciones en tiempos perentorios.
AJUSTE
FISCAL
Las
cuentas de la Administración Nacional también se benefician del proceso
inflacionario por la simple razón que se incrementan nominalmente los ingresos,
principalmente los derechos de exportación y aranceles ante la depreciación de
nuestra moneda y los mayores precios internacionales [4]
y los impuestos ligados a los precios (IVA, Internos, Combustibles), ante el
menor gasto al ajustarse las partidas, principalmente jubilaciones y pensiones
(que representan más del 40% del gasto público de la administración nacional) y
los salarios que se acrecientan por debajo de la inflación acumulada.
En
el Ministerio de Economía insisten que la Argentina puede llegar a crecer
un 7% este año 2021 y que el déficit fiscal de la ley de Presupuesto Nacional
2021 que se estimaba en el 4,5% del PIB será menor e incluso cercano al 3%.En
primer lugar no parece que así sea con los números fiscales del primer bimestre
del año, donde el déficit fiscal total suma $ 67.347 millones y es una suma
mayor a todo el gasto de capital del período.
Y
es peor, cuando se dieron a conocer la caída del PIB del 9,9% en el año 2020,
motivada por un descenso del 13,1% en el Consumo y del 13% en la Inversión
Bruta Fijacon respecto al año 2019, año en que había disminuido el PIB en un
2,1%. Y cuando la pobreza alcanza al 42,2% de la población, es
obvio que es ética y moralmente criticable insistir con pautas que distan de la
realidad, solo para asegurar un ajuste fiscal que permita comprar los dólares
del ajuste externo y de es amanera honrar la deuda.
Primero
y antes que nada se debe auditar quienes se beneficiaron con la deuda. El BCRA
en un trabajo titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos
externos, 2015-2019”, sostiene que fueron casi siete millones de personas
físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión
de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de
dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle
señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que
compraron, de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un
avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.
Es
fácil suponer quienes son los que fugaron gran parte de los dólares del año
2015-2019 (el BCRA tiene los datos fehacientes de cada compra de divisas,
fecha y monto) y son los beneficiados del macrismo, las grandes empresas
acopiadoras y comercializadoras de granos, las exractivistas de minerales
líquido, sólidos y gas y, las empresas de telecomunicaciones. Se los
audita y se los multa y con ello se hace un fuerte avance en la fiscalización
del país y en el ingreso del Tesoro de la Nación.
Obviamente
se debe realizar un sideral cambio en las cuentas públicas si se quiere
realmente impulsar el mercado interno. Se debe sí o sí cobrar impuestos a los sectores
de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación (retenciones) que
implica mayores recursos para el fisco y a la vez menores precios para el
mercado local. Paralelamente se debe incrementar fuertemente la obra
pública (gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra) y las
transferencias (gasto social, subsidio al transporte y la energía en las
provincias más pobres).
Del
lado del gasto, el 40% del mismo son pagos de jubilaciones y pensiones, cuando
en su más amplia mayoría los supuestos beneficiaros después de trabajar toda la
vida, perciben la mínima o cerca de la mínima (en torno a los $ 22.000.-
mensuales para marzo 2021), y los salarios de la administración pública también
se han retrasado por la inflación, más los servicios de salud, educación y
asistencia social que se debe seguir ejecutando.
Si
no se adoptan medidas de cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública, el
Estado no puede garantizar que la economía crezca un 7% anual y, es
desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit
fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y
acelerador del nivel de actividad.
El
déficit fiscal total del año 2020 de la Administración Nacional fue de
2.292.730 millones de pesos y representó un tercio del total del gasto, gasto
que se incrementó fuertemente por los programas de salud y asistenciales por la
pandemia del covid 19. Dicho déficit fiscal fue financiado parcialmente por el
BCRA, por dos vías, una transfiriendo utilidades de la autoridad monetaria (que
se generan básicamente porque las reservas internacionales brutas en oro y
divisas al devaluarse nuestra moneda, valen más en pesos) por casi un billón de
pesos y, otra parte, por Adelantos Transitorio al Tesoro por 467.720 millones,
por lo tanto la Administración Nacional debió endeudarse en el año 2020 en
pesos, por la diferencia, que fue de 827.700 millones de pesos [5.
Esquema que plantea repetir este año 2021, para que el 60% del déficit sea
financiado por el BCRA y, 40% por deuda, pero con cifras menores (el objetivo
de la ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional 2021 es reducir
el déficit fiscal total del 8% al 4,5% del PIB).
Pero
de allí a afirmar que la política de reducir el déficit fiscal no es de derecha
o de izquierda, dista de la realidad, en un país donde a la injusta
distribución del ingreso se suma un más injusto y regresivo sistema
impositivo. El Ministro Guzmán tiene una idea teórica del tema formado en
las universidades de los EEUU, en ese país los impuestos respetan la proporción
en la recaudación entre gravámenes a la riqueza (patrimoniales), a las
ganancias (rentas) y, al consumo y la actividad, que es de aproximadamente un
tercio para cada división, por un lado y, por el otro, esa Nación, una vez
descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, vemos que
el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que
es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estado la
presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste
americano.
Muy
distinto es en nuestro país, donde sumando las imposiciones de las provincias,
el total de los impuestos al consumo y a la actividad (IVA; Combustible;
Internos; Débito y Crédito Bancario; etc. a nivel nacional y el Impuesto a los
Ingresos Brutos a nivel provincial) representan más del 75% de lo que se
recauda. El Impuesto a las Ganancias no alcanza a ser el 22% de la
recaudación total (donde más de un tercio es a la cuarta categoría – trabajo
personal) y, el gravamen a las riquezas supera levemente el 3%. Por
ejemplo teniendo las tierras más fértiles del mundo, el impuesto inmobiliario
rural (que recaudan las provincias) no alcanza a ser el 0,3% del PIB,
cuando el IVA representa el 10,5% del producto bruto interno argentino.
Por
ende se puede lograr reducir el déficit fiscal, pero el camino correcto es
esencialmente cobrándole impuestos a los que no pagan o lo hacen mínimamente,
que son los sectores más ricos de nuestra sociedad. La presión impositiva
es importante para la mayor parte de la población, no así para los que detentan
un gran patrimonio.
Por
ejemplo, la recaudación de impuesto a los Ingreso Brutos, que se traslada
y lo paga el consumidor final, representó en la Provincia de Buenos Aires en el
año 2020 el 72,6% de la recaudación de la provincia ($ 339.086 millones),
mientras que el Impuesto Inmobiliario Rural fue de solo $ 14.131 millones (el
3% de la recaudación propia), cuando la concentración de la propiedad de la
tierra, según informa el Censo Nacional Agropecuario, 2.516 establecimientos
son dueños de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas
cultivables de la Provincia), pero a su vez, cuando a comienzo del año 2020 en
el Senado bonaerense se trató el Código Fiscal, nos enteramos que los dueños de
esos establecimientos son 211 familias y/o sociedades. Estamos hablando
de la tierra más fértil del país (y una de las más fértiles del mundo), donde
más rinde por hectáreas tiene el maíz, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol,
etc., paga solamente el 3% de los ingresos propios de la provincia.
Es
claro que se necesita una reforma integral del sistema tributario y que no se
puede realizar una disminución del déficit sino se lo hace principalmente desde
los ingresos.
EL
DIFICIT CUASI FISCAL
Lo
más llamativo es que el equipo económico no muestra la misma preocupación por
el déficit del BCRA o cuasi fiscal, cuando las Leliq (letras de Liquidez
del BCRA) más los pases pasivos (que es plata que los bancos le prestan al
BCRA) suman en total al 30 de marzo de 2021, 3,1 Billones de pesos,
superando a la Base Monetaria que es el total de dinero creado y puesto en
circulación por el BCRA que era a esa fecha de 2,5 billones de pesos e
incluso, es mayor al déficit fiscal acumulado del año 2020 de $ 2,3
Billones
Esa
masa de dinero inmovilizada devenga intereses todos los meses, que en marzo
de 2021 fue por unos $ 90.000 millones[6],
que paga religiosamente la autoridad monetaria. En la gestión actual del
BCRA el renglón que más se incrementó fueron la Leliq, creció de $ 758.453
millones en el inicio de la gestión al 31 de marzo 2021 que ascendía a
1.891.864 millones, en un 149%, cuando en igual lapso, toda la base monetaria
lo hizo solo en un 38%. Por lo tanto en la Argentina el crédito y la liquidez
(dinero en la calle) es mínimo e insuficiente para impulsar la actividad
económica y, no solo no se puede concebir que el BCRA le pague a los Bancos por
no prestar, sino que esas inmovilizaciones han tomado una magnitud
inconmensurable y, el nivel de esterilización del dinero es de mayor magnitud
que el déficit fiscal de Tesoro de la Nación, con el grave riesgo que se
convierta en una “bola de nieve” imposible de pagar.
Cínicamente
los economistas del sistema critican el déficit fiscal, básicamente ocasionado
para poder hacer frente al drama de la pandemia generada por el covid-19, pero
nada dicen del déficit cuasi fiscal o déficit del BCRA que crece sin cesar y
por motus proprio y, dada la concentración del sistema financiero local, donde
diez grandes bancos privados concentran la mayor parte de las Leliq y pases
pasivos y, son los mismos que compraron para sí y para sus clientes la mayor
parte de los 86.200 millones que se fugaron en la gestión del gobierno de
Cambiemos.
Por
ende, en medio de la llamada Segunda Ola de la Pandemia del Covid 19 se deben
tomar medidas de regulación estatal para apuntalar a la población, a su
producción y a su trabajo, en cumplimiento del Art. 16 de nuestra Constitución
Nacional: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la base
del impuesto y de las cargas públicas”. Y del mandato
constitucional:”… promover el bienestar general, y asegurar los beneficios
de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
[1]
El marco propicio lo creó el gobierno de Cambiemos que en diciembre de 2015
eliminó el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias de la AFIP y elevó el
máximo a comprar a dos millones de dólares mensuales para las personas
físicas y jurídicas. En mayo de 2016 lo elevaron a cinco millones de
dólares y desde agosto de 2016 se liberó totalmente, hecho que permitió que el
25 de abril de 2018 se fueran ese solo día 1.225 millones de dólares a $ 20,20
en promedio cada dólar.
[2]
Glencore tiene el 50% de la explotación minera de Farallón Negro y a su
vez, Larry Finck reconoce que BlacRock posee el 6% del capital accionario
de Glencore.
3] ADM;
Bunge Ceval; Cofco; Cargill; Glecnore; Louis Dreyfus; Aceitera General Deheza;
y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).
[4]
Como se explicó al principio de la nota.
5] En
el mercado local y colocando títulos de deuda que se pagan en pesos pero
ajustados al valor dólar (por ejemplo los llamados Bonos Linked) y en
pesos ajustables (Los BONCER), el CER es el Coeficiente de Estabilización
de Referencia y se basa en el IPC del INDEC. Desde el 10 de diciembre de
2015 al 28 de febrero de 2021 ambos índices crecieron en forma similar en
un 1.000%.
[6] Monto
similar al IFE (ingreso Familiar de Emergencia) cada vez que se pagó
*Horacio Rovelli es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
*Alejandro Marcó del Pont. Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Autor y editor del sitio especializado en temas económicos El Tábano Economista. Analista, columnista tanto de medios escritos tradicionales como digitales, radiales y televisivos.
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