Revista Nos Disparan desde el Campanario - LA CIBERCRACIA: ” Confirmado, el agua moja”… por Alejandro Marcó del Pont
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de Origen: Sitio El Tábano Economista
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de Origen: AQUÍ
“La
democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción
de todos los demás”. (Winston Churchill)
Extraño
faro de libertad y de derechos es Estados Unidos, país que se muestra como
modelo democrático pero necesita 25.000 miembros de la Guardia Nacional para la
que un presidente electo asuma sus funciones, cinco veces más tropas que las
que mantienen en Irak. Su capital fue una ciudad blindada. En la explanada de
Washington se plantaron 200 mil banderas cuando antes había gente. ¿Por el
Covid? Trump se fue y dejó tras de sí un país intervencionista, violento, con
un arraigado racismo social y policial y profundamente desigual. Los demócratas
ocupan la presidencia y se encargaran que Estados Unidos vuelva a ser lo que
era antes. Un país intervencionista, violento, con un arraigado racismo social
y policial y profundamente desigual, como dicen en “Ahí les va”.
La
grotesca y hollywoodense toma del Capitolio tiene más dudas que respuestas. Las
tesis no son muchas y ninguna pregunta obvia fue contestada. La idea es que
Trump, dado su ilimitado ego y su falta de pericia política, sucumbió ante un
hábil ardid político cuyos únicos ganadores fueron los demócratas, en especial
el binomio vencedor de las elecciones en un país profundamente dividido, que comenzó
a afianzar su poder, mientras que al ex presidente se le dinamita el suyo, bajo
la idea de un trumpismo sin Trump.
Estados
Unidos tiene una democracia de baja participación en las urnas. El promedio de
concurrencia en las últimas diez elecciones (1984-2020) da un 52% para
presidente, mientras que los demás cargos no superan el 40% de asistencia a las
urnas. Se estima que en cada elección unos siete millones de estadounidenses no
pueden votar porque han sido condenados por algún delito, aunque ya hayan
cumplido sus penas. Se obstaculiza especialmente a las minorías étnicas y
raciales. Permisos laborales, verificaciones de papeles, hacen que la votación
se convierta para las minorías en un verdadero calvario, para beneplácito del
establishment.
Hoy,
en el Congreso en general se ha sedimentado una elite política y económica que
logra perpetuarse en el poder elección tras elección. Quienes son elegidos al
Congreso se encuentran dentro del 1% más rico de los estadounidenses, según un
análisis realizado por el Center
for Responsive Politics. De los 534 miembros de la Cámara de Representantes
y del Senado, la mitad son millonarios. De hecho, de los primeros 50
congresales para el 2018, ninguno tiene un patrimonio
menor a 10 millones de dólares, y destacan desde Nancy Pelosi, con U$S
114.7 millones en su haber, a Mark Warner, demócrata de Virginia, que ocupa el
primer lugar con U$S 214 millones.
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Al
parecer Estados Unidos ha decidido que el dinero se imponga a la soberanía
popular, aunque el debata gire sobre la participación de género y color en el
gabinete actual. La polémica si bien no es intrascendente es, al menos,
secundaria. Lo que uno tendría que preguntarse es ¿a quién responde el binomio
triunfante en las elecciones? ¿A quién representan los miembros del gabinete? y
por qué se afianzó la puerta giratoria en esta singular democracia.
En
términos generales, se renuevan los ejemplos de puerta giratoria, integrando a
exCEO de grandes corporaciones y directores o miembros de Think Tanks
renombrados. Destacan, entre otros, el secretario de Defensa, general retirado
Lloyd Austin, miembro de la junta directiva de empresas del complejo industrial-militar
y, sobre todo, de Pine Island Capital Partners, el brazo financiero de WestExec Advisors, fundada por Tony Blinken,
actual Secretario de Estado
WestExec
fue creada en 2017 para acoger a miembros del gobierno de Barack Obama tras la
elección de Donald Trump. La compañía de lobistas se anuncia en su página web
como un puente entre la Casa Blanca y las corporaciones, teniendo el tupé
de mostrar que se encuentra en la calle lateral de la Casa Blanca (véase su página
en internet), pegado al ala oeste en la calle West Executive Avenue, como
muestra la figura.
Según Daily
Poster, el actual secretario de Estado Blinken asesoró a siete compañías que
recientemente presionaron al Departamento de Estado, incluidos el fabricante
aeroespacial Boeing; Blackstone Group, la firma de capital privado
más grande del mundo; el gigante de las redes sociales Facebook, y
la empresa farmacéutica Gilead.
Otra
que hizo grandes negocios relacionados con las mismas empresas fue la elegida Secretaria
del Tesoro, Janet Yellen. Según informó Politico, la
Secretaria del Tesoro ha recaudado más de U$S 7.2 millones en honorarios por
conferencias a grandes corporaciones o por asesorarlos a través de WestExec
Advisors. Esos clientes incluían al gigante inversor Blackstone, Bank of
America, Facebook, Uber, McKinsey & Company, la empresa
farmacéutica Gilead, el banco de inversión Lazard, Boeing, AT&T,
el Royal Bank of Canada, LinkedIn y el venerable Sotheby’s, prestigiosa casa de
subastas. Cualquier relación con la actualidad es pura coincidencia.
Aunque
es interesante el accionar demócrata, que guarda una asombrosa similitud con el
de los republicanos, los que nos interesa es la capacidad de las Big Tech de
determinar la libertad de expresión de Estados Unidos en general, y de su
presidente en particular. “El hecho de que un CEO pueda desconectar la cuenta
del presidente sin ningún control ni equilibrio es desconcertante. No es
solo una confirmación del poder de estas plataformas, sino que también muestra
profundas debilidades en la forma en que nuestra sociedad se organiza en el
espacio digital”. Quien dice esto es un ex ministro de economía francés
Thierry Bretton.
Para
que se entienda: las grandes empresas de medios como ABC, CBS, CNBC después de
la elección, el 5 de noviembre, decidieron sacar del aire el discurso del
presidente, mientras que CNN y Fox la dejaron. El seis de enero fue donde se
impuso la agenda de la cibercracia, tanto Facebook, Reddit, Pinterest,
YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok y Twiter decidieron dejar sin voz al
presidente americano, lo cual puede estar bien para algunos. Lo extraño, y que
genera debates, es que cuando Donald Trump lanzó su campaña presidencial
injurió a los mexicanos, tildándolos de violadores, criminales y
narcotraficantes. Ninguna cuenta de redes sociales ni los grandes medios lo
censuraron, menos aún cuando dijo que tomaran desinfectante o utilizaran luz
ultravioleta para paliar la pandemia del Covid.
El
persistente discurso sobre la prensa libre como piedra angular de cualquier
sociedad democrática se fue por las cloacas. Nos guste o no, en solo unos
pocos años, las compañías masivas en línea han superado con creces el alcance
de los medios de comunicación heredados, y las noticias generalmente se
publican en Twitter antes que en cualquier otro
lugar. Empresas como Google y Facebook se han
convertido en monopolios por diseño, comprando a la
competencia, según la Comisión Federal de Comercio y más de 40 estados. No
existen alternativas prácticas de ningún tamaño a estos gigantes, lo que
plantea dudas y centra el debate en la concentración y la regulación de estas
redes sociales, tema tratado de manera amplia en nuestro artículo El
contrato social digital, el ADN de la guerra tecnológica.
Lo
que nos importa de las redes sociales no es solamente si tienen que
autorregularse o el Estado lo tiene que hacer, con, por ejemplo, la Ley
de Decencia de las Comunicaciones y su Sección 230. Por eso eligieron
como vicepresidente
a Kamala Harris, que prometió dejarlos autorregularse. Tampoco que los
datos de las personas (metadatos) sean robados e integrados a la Big Data con
lo cual se pueden focalizar el destino de la propaganda. Más allá de lo
escalofriante de estas cualidades, su capacidad de decidir políticamente la
libertad de lo que se diga e impulsar o vigilar, en connivencia con los
organismos de seguridad, es aún peor.
El
68% de los adultos estadounidenses utilizan Facebook y el 25% Twitter.
Ambas plataformas son enormes portales de distribuidores de noticias en todo el
mundo. Facebook es, con mucho, la fuente de noticias más utilizada en
los Estados Unidos, y ambas plataformas tienen bases de usuarios mucho más
grandes que los diarios estadounidenses de circulación nacional (28.6
millones de ejemplares durante días laborales, 30.8 millones los domingos).
A quién difunden y a quién eliminan de sus cuentas es el debate de la libertad
de expresión.
Los
gobiernos occidentales no ejercen control sobre el contenido de las redes
sociales, pero cuando lo hacen es para sus propios intereses, no para la
sociedad. En 2018, Facebook anunció que trabajaría en estrecha
colaboración con el Atlantic Council para ayudarlo a seleccionar sus fuentes de
noticias y eliminar la información falsa. Este grupo de expertos es tildado de
“no partidista”, pero está financiado por
el Departamento de Estado de los EEUU, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea
y la OTAN. Su junta
directiva incluye a altos funcionarios de la era Bush, como
Condoleezza Rice y Colin Powell, generales militares estadounidenses y no menos
de ocho ex jefes de la CIA, ¡¡¡para controlar las noticias falsas!!!.
Hay
dos metas que de ser posible tendrían que alcanzarse en simultáneo, más allá de
las antes expuestas por las Big Tech. La primera es lograr que la idea
impulsada por el Departamento de Defensa CISPA (Cyber Intelligence Sharing and
Protection), sin anuencia del Congreso y con desconocimiento de los ciudadanos,
que permite compartir el tráfico de información de internet entre el gobierno
de EEUU y las tecnológicas que captan los datos, se deje de hacer de manera
encubierta. Que se permita la autorregulación de las redes sociales sin
intervención estatal. A cambio se puede ejecutar virtualmente la imposición de
una implacable censura, como la realizada con Trump por la cibercracia en
favor del Deep State.
En
economía la puerta giratoria funciona a las mil maravillas, pero esta vez
inclinada hacia los fondos de pensiones y, en particular, hacia BlackRock,
quien capturó las finanzas americanas y ahora su política económica. El primero
y más visualizado miembro de BlackRock en ingresar al actual gobierno fue Brian
Deese. Hombre de Obama, pasó a BlackRock y ahora encabezará el Consejo Económico Nacional (NEC). El
cargo implica asumir el máximo órgano consultivo en materia económica del
gobierno de Estados Unidos. Pero no va estar solo. Michael Pyle, actualmente
el principal estratega de inversiones global de gestión
de activos de BlackRock, pasará a formar parte de la administración
Biden-Harris. Pyle, un veterano de la administración Obama, que también se
desempeño en política económica en la campaña presidencial de Hillary Clinton,
se convertirá en el economista jefe de la vicepresidenta electa
Kamala Harris.
Lo
interesante es que Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, Gary David Cohn,
asesor económico de Trump, y Steve Bannon, estratega en jefe de la Casa Blanca,
provienen de Goldman Sachs. Los grandes bancos han quedado fuera del juego por
estos fondos de pensiones. Michael Pyle es la cara más visible del gigante de
inversiones y ha recibido críticas por su capacidad para usar su
influencia dentro de los gobiernos y obtener políticas favorables para sus
resultados. Se le acusa
de enriquecimiento ilícito mientras gestionaba la compra de deuda
corporativa de la Reserva Federal durante la pandemia.
Adewale
Adeyemo cierra el tridente del fondo de pensiones. Elegido por Biden para ser
el funcionario N° 2 en el Tesoro, es el actual presidente de la fundación
Obama,ex una organización sin fines de lucro creada por el presidente. Durante
el mandato de Obama trabajó como asesor económico internacional del presidente
y fue jefe de Gabinete de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor,
así como subjefe de Gabinete en el Departamento del Tesoro. Adeyemo se
convertirá en el primer subsecretario del Tesoro afroamericano en la historia
de Estados Unidos.
Con
Trump fueron contratados para hacer negocios propios y con la FED, ahora en el
gobierno, todos están relacionados con las Big Tech. Extraño futuro para el
mundo, al que habrá que seguir de cerca.
*Alejandro Marcó del Pont. Licenciado en Economía de la UNLP, columnista en temas económicos en medios nacional e internacionales. Propietario, autor y editor del sitio El Tábano Economista
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