Los últimos acontecimientos han puesto a la luz cosas que siempre estuvieron ahí, que todos sabíamos que estaban, pero en una especie de penumbra, como la que rodea al ilusionista que nos admira desde el escenario, mientras precisamente esa penumbra oculta trucos y triquiñuelas que hacen posible la ilusión. Con respecto a "la Justicia" (en general, en abstracto) siempre existió, a veces con muy fundadas razones, otras no tantas, una sospecha de su connivencia con el poder real. "La ley es tela de araña" nos decía José Hernández, y desde siempre, desde que la ley existe han existido ganadores y perdedores. Pero ahora la cosa pasa por los "aplicadores" de la ley, a los que habrá que hacerles entender que en democracia, el poder es de las mayorías, y no de los poderosos. Ahora que ya nos vamos sacando unos moscardones molestos de encima, y de acuerdo con la consigna de profundizar el modelo va llegando el momento del planteo de democratizar la Corporación Judicial que comprende precisamente a los "aplicadores" de la Justicia que por sus manos pasa de lo abstracto a lo concreto.
Todo el mundo anda alborotado y como cantaba el
Chango Rodríguez en su recordada Chacarera del Cordobés "La cosa no está
muy clara /todos hablan todos gritan/ y ninguno sabe nada..." Desde los
fundamentalistas de la Justicia por mano propia que sueñan con tribunales
populares, los culturizados por las películas, que sueñan con su par de días de
gloria siendo parte de un jurado, a los que alarmados ven que pueden llegar a
ser cuestionados sus privilegios de "casta judicial". Debemos empezar
a clarificar muchos desconocimientos. Por ejemplo, en general el ciudadano de a
pié desconoce la separación entre la justicia Provincial y la Federal. Que hay
delitos que por su índole son de competencia Federal (trata de personas, tráfico
de drogas). Desconoce el mecanismo de selección de los Jueces. Desconoce que
las Fuerzas de Seguridad son auxiliares de la Justicia y no "la
Justicia". A nadie se le ocurriría, por ejemplo, confundir al Centro de
Martilleros con la Comisaría, pero sin embargo ambos son más o menos lo mismo,
en tanto y en cuanto ejecutan órdenes emanadas de la justicia. Son cosas que
deberemos aprender y tener aprendidas para la actividad militante diaria,
porque la lucha no será menor. Son muchos los intereses en juego, y ya están
actuando para contrarrestar este sentimiento extendido. Si no, vean esto. Pero
tengamos una cosa en claro; la democratización de la justicia no será posible
sin una Reforma Constitucional. Esperar la autodepuración de las corporaciones
no nos ha servido más que para perder tiempo.
La justicia a través del tiempo ha sabido
manejarse en una especie de penumbra discreta, generalmente olvidando que no es
ni más ni menos que uno de los tres Poderes del Estado. Y que el Estado no es
el Gobierno, si no todos y cada uno de nosotros. Y que una de las condiciones
de los Poderes Públicos es la mayor transparencia de sus actos. Contamos
puntillosamente las asistencias e inasistencias de Diputados y Senadores.
Contabilizamos minuciosamente las veces que hacen uso de la palabra en las
sesiones y los minutos que utilizan en sus opiniones. Analizamos con dos lupas
sus declaraciones juradas de bienes, solamente superado por el tiempo que
dedicamos a analizar los patrimonios de los integrantes del Poder Ejecutivo. Sin
embargo, los Jueces se oponen sistemáticamente a que sepamos algo sobre sus
patrimonios personales y sus incrementos, si los hubiere, a lo largo de sus
carreras. Y sin embargo, al igual que los integrantes de los demás poderes
"el sueldo se lo pagamos nosotros" como es la remanida frase.
En su momento las audiencias públicas por las
medidas cautelares interpuestas por el Grupo comunicacional más concentrado
sobre la Ley de Medios, trajeron a la luz pública el funcionamiento del máximo
tribunal de Justicia de la Nación, donde las partes y los amigos de las partes
tuvieron oportunidad de exponer sus argumentos. Y fueron las cámaras de la
Televisión Pública las únicas que trasmitieron del principio al fin, y en toda
su totalidad, sin cortes ni ediciones, lo que allí transcurría. Fueron los
medios públicos la única forma que tuvimos de ver a la Justicia y sus actores
"en camiseta". A la luz pública, ante todos nosotros como debe ser.
Sin que nadie nos cuente lo que pasó, colándolo al tamiz de subjetividades no
siempre bien intencionadas.
No sé cuáles fueron las intenciones de la CSJN
al convocar aquellas audiencias en donde se equipararon los intereses
económicos de un particular a los intereses del Estado. Que no es el Gobierno
sino todos nosotros. Los que desde el advenimiento de la democracia en el '83
hemos venido bregando por una igualdad legal al momento de comunicar nuestras
ideas, tal como lo prescribe la Constitución Nacional observamos que no era un
DNU lo que se discutía; se discutía una Ley (o artículos de una Ley) votada por
el Congreso Nacional, con una mayoría de votos que excede largamente a los del
oficialismo. Y es natural que así lo fuera, ya que los dos partidos
mayoritarios FPV y UCR la tenían explícitas en sus plataformas electorales,
pero más aún porque a través de múltiples foros realizados en todas la
Provincias y ciudades, todos nos habíamos expresado, y entre todos habíamos
dado forma a esa Ley. Los legisladores cumplieron con sus compromisos ante sus
votantes, supieron escuchar "la voz del pueblo" y procedieron en
consecuencia.
De todas formas, estas audiencias tuvieron un
efecto tal vez no buscado. Vimos actuar a la CSJN en vivo y en directo; vimos
sus caras, sus actitudes, todo sin cortes ni ediciones a través de la TV
Pública. Pudimos formarnos un criterio propio sobre lo que allí sucedía. Nadie
nos lo contó. Un efecto tal vez no deseado por quienes nos quieren contar como
son las cosas. Pudimos ver y escuchar la peregrina tesis comunicacional del
Grupo Clarín: "Para tener libertad de expresión hay que tener respaldo
económico". Que traducido al dialecto Mayolero se leería: "Acá hablan
libremente los que tienen plata. Los secos se deben limitar a escuchar". Pero
también tuvimos la oportunidad de descubrir cuadros intermedios de la Administración
Publica como la Dra. Graciela Peñafort Colombi, (militante de La Cámpora) de
una notable solvencia intelectual. También el alegato del Dr. Miguel Julio Rodríguez
Villafañe quien lo hizo en representación del Cooperativismo Argentino que en
solo 14 minutos puso las cosas en claro con respecto a la lucha de muchas
Cooperativas de Servicios Públicos contra los monopolios de todo tipo, y
especialmente en este caso el monopolio comunicacional. En fin; hemos visto a
la Justicia en camiseta, en su trabajo. Y ya nos formamos una idea de cómo son
y serán las cosas en el futuro.
Fuente de Origen El Fusilado (2012)
*Antonio Diez (El Mayolero), Periodista, Escritor, Ensayista, columnista del programa Voces Cooperativas, autor del libro Formación y Transformación del Sujeto Agrario, ex candidato a Intendente de Tres Arroyos por el Partido Intransigente (1942-2020)
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