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de Origen: Sitio El Tábano Economista AQUÍ
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Engañar a unos pocos es fácil;
engañar a miles de personas
es una obra de ingeniería social y
financiera.
Tanto
millonarios como grandes corporaciones multinacionales y autóctonas se
presentan ante la sociedad como los consagrados triunfadores por esfuerzo
propio o como vencedores del mercado. El concepto podría dar la errónea
apariencia que estos grupos del establishment no han tenido ningún tipo de
ayuda estatal, o, al menos, así lo reconocen la sociedad y los medios de
difusión que se encargan meticulosamente de ocultar el acopio de estas
asistencias.
La
tesis de la perversidad supone que quienes necesitan protección social están en
esa posición debido a una falta de “autodisciplina” (haraganería), porque quien
quiera esforzarse y trabajar más saldrá adelante. La idea del mérito está
profundamente arraigada en el relato del poder. Por lo que quienes reciben
ayuda estatal son fracasados, perdedores, a los que la sociedad en su conjunto
tiene que soportar fiscalmente dada su manifiesta incapacidad. Pero cuando la
ayuda estatal va a privados, sean empresas o personas, parecería ser que es
algo aceptado por la población que simula no tener conciencia de que también
soporta fiscalmente tales ayudas.
La
madrugada del 4 de septiembre de 2012, cuando el consorcio alemán Audi dio a
conocer la decisión de instalar su primera planta en el continente americano, y
que esta se establecería en el municipio de San José Chiapa, los segmentos
productivos de la industria automotriz del mundo voltearon hacia una minúscula
comunidad del estado mexicano de Puebla. Podría haber elegido Tennessee, en
Estados Unidos, alguna localidad brasileña, y hasta algún otro estado mexicano,
¿Por qué en este municipio de solo 8 mil habitantes, desértico, sin
infraestructura alguna, una pequeña localidad de campesinos donde 8 de cada 10
habitantes es pobres? ¿Ahí invertiría Audi U$S300 millones?
Bien,
aquí tenemos una magnífica exposición de la terminología que distrae a la clase
media. Los pobres recibe ayuda estatal y los multimillonarios o las
corporaciones reciben incentivos. Bueno, estaría bien mirar de qué se
trata esto de los incentivos y quién los solventa.
Mientras
Audi se “compromete” a invertir U$S 300 millones para general 3.800 puestos de
trabajo, el estado de Puebla, “como contrapartida”, se responsabiliza en
invertir 642 millones de dólares, más del doble de la inversión de la
automotriz alemana por todo concepto. En caso que el estado poblano quisiera
pagarle 400 dólares de salario a cada uno de 3.800 puestos que la multinacional
creará, los podría abonar con su inversión por el módico espacio de 35 años.
De
qué constan estos
incentivos: condonación de impuestos por un periodo de 12 años y la
enajenación de 460 hectáreas para la automotriz; la construcción de obras
de adecuación vial, hidráulica, de seguridad y salud (hospital); edificación de
las oficinas temporales de Audi y de su Centro de Capacitación y Entrenamiento,
obras de drenaje, la construcción de una línea ferroviaria y de un acceso al
complejo industrial de la misma vía, una subestación eléctrica para brindar
energía, y un camino perimetral. En el mismo estado las autoridades dieron un
subsidio gubernamental a Volkswagen por U$S 32 millones, más la compra de
automóviles patrulla, para ayudar a la pobre empresa alemana a paliar el
escándalo del dieselgate.
Cuando
las empresas extranjeras arriban a nuestros países deberíamos analizar el
interés de los inversionistas extranjeros en algunos temas. En primer lugar,
debemos pensar que las empresas extranjeras vienen por ventajas que no tienen
en otro lugar del planeta y por una inmensa ayuda estatal: menores salarios,
derechos sociales y laborales bajos o nulos, en general exceptuados de alguno;
impuestos y obligaciones tributarias bajas o nulas; acceso fácil y barato a
recursos naturales y energía; normas ambientales, laborales y financieras
permisivas o inexistentes, y un sistemas judicial débiles y vulnerables. Todo
esto a cambio de “generar empleo”.
Todas
las ayudas indirectas antes mencionadas no están simbolizadas como activo en
ningún lado. Pero figuran en el top ten de la desfachatez: grandes empresas,
empresas trasnacionales, corporaciones locales, medios de difusión,
periodistas, entre otros, que se las arreglan para no pagar impuestos en sus
países, estableciendo su sede principal en paraísos fiscales, de las cuales no
vamos a hablar aquí, pero reclamaron la ayuda pública a cuenta de la crisis del
coronavirus.
Diferentes
medidas de socorro a los ricos se implementaron en el mundo. Argentina, por
ejemplo, acordó recortar el 15% del salario de los trabajadores que
permanecieran en sus hogares, el restante 75% del salario sería afrontado en
dos partes, 50% por el Estado y el resto, 15%, sería pagado por las empresas.
Aun hoy, el Estado sigue afrontando la nómina salarial, cosa que no está
mal,aunque se vuelve un problema cuando ayuda a las mayores empresas, Clarín y
Techint, Coca Cola, Pepsi, etc. Cuando estas reciben ayuda no son criticadas
como los pobres, pero, además de blanquear dinero, fugarlo y evadir impuestos
desde hace décadas, algunas de ellas, con la pandemia, ganaron más dinero por
tener plataformas, medios, internet, cable, que la gente consumía de manera
desesperada contra el aburrimiento.
Por
otra parte, en Argentina, para ser presidente desde el retorno a la democracia,
se puede carecer del plan de gobierno, pero no debe faltar un blanqueo de
capitales para bandidos que han arruinado al país, y que tienen sus fondos
ilegal en el exterior. En la letra chica debe figurar entre las principales
políticas del Estado benefactor de delincuentes. Obvio, no es como cuando se
ayuda a los pobres, estos ricos sí son una bomba económica para el país, pero
dicen traer crecimiento, empleo e inversiones.
Desde
el retorno a la democracia hubo cinco (5) blanqueos, asistencia estatal a
ricos, y se está pensando un sexto. En 1987, con el gobierno de Raúl Alfonsín,
el blanqueo se llamó “Régimen de Normalización de Impuestos” que,
básicamente, perdonaba que las empresas y las personas físicas se hubieran
olvidado, extraviado o simplemente omitido declarar ganancias o incrementos
patrimoniales desde 1985-1987. El neoliberal Carlos Menem amplió un poco el
blanqueo y la facilidad del Estado benefactor de ladrones. Durante su gobierno
no solo se podían blanquear capitales, sino ahorros en dólares sacados del país
evitando al fisco (o llamando a algún narco amigo) por menos de 500 mil
dólares.
La
penalidad por legalmente blanquear fondos provenientes de coimas, secuestros,
venta de armas, drogas o evasión, no necesitaban ninguna explicación porque lo
dejaba claro la ley: “no se exigía al contribuyente declarar el origen de
sus fondos”, según la ley
24.073 de abril 1992. Ahora, eso sí, con una firmeza ejemplar, la
ley tenían una “penalidad”. Si exhibía su desfalco al Estado en el
primer año, pagaba solo el 0.5% pero si no le creía y tardaba más tiempo, tenía
que pagar 2.5%, una verdadera expropiación. El pueblo les perdonaba sus robos,
no los cuestionaba, y encima, todo servía para un slogan, “Tráigala de
vuelta… y póngala a producir”.
El
gobierno kirchnerista realizó dos blanqueos, uno en 2009, el “Régimen de
regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado,
exteriorización y repatriación de capitales.” con ley
26.476, y un segundo en el 2012 para reactivar la construcción con un
instrumento llamado Cedin (Certificado de Depósito para la Inversión
Inmobiliaria).
Pero
la más desopilante colaboración estatal para negocios privados para activar el
Estado benefactor de delincuentes (EBD) fue el presidente Mauricio Macri. El
blanqueo lo ingreso como una ayuda a jubilados con el nombre “Programa
nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados” que
estafa al fisco en varios frentes, pero en el caso de blanqueo en sí, los
saqueadores del país, para ocultar sus intenciones, lo bautizaron exteriorización
o sinceramiento. Ni siquiera tenían que traer el dinero, solo mostrar lo
adquirido con la evasión. Por cierto, una vez que la ley fue aprobada, no
permitía que los parientes de autoridades pudieran blanquear. Pero el
presidente sacó el decreto
Nº 1.206/16 que los habilitaba; de hecho, su hermano blanqueó
U$S 63.5 millones. Por último, se recaudaron U$S 148 millones y se
sinceraron U$S 130.000 millones. Nos devolvieron el 0.1% de lo evadido. Así son
los incentivos para apuntalar el despegue del país.
Otra
forma de colaboración estatal fue la destinada durante la pendemia a las
pequeñas empresas en el mundo que pidieron créditos blandos para mantenerse a
flote. En general, no obtuvieron respuesta. Y, en Latinoamérica en especial,
las pymes, que suelen generar más del 70% de los puestos de trabajo, no
consiguieron la ayuda deseada. Sin embargo, quienes no la necesitaban, si la
obtuvieron. Como se dice, el banco te presta dinero cuando no lo necesitas.
Quizás la más conocida de las ayudas a los poco desamparados haya sido la
cadena de hamburgueserías Shake Shack en Estados Unidos, que está devolviendo
un préstamo federal de $ 10 millones después que el Programa de Protección de
Cheques de Pago, destinado a ayudar a las pequeñas empresas, favoreció a la
firma, quedando tan expuesto su beneficio fiscal que fue atacada ferozmente en
las redes sociales.
La
brillante idea americana para los restaurantes era ayudar a aquellos que
tuvieran menos de 500 personas por ubicación. La cadena de hamburguesería
efectivamente tenía menos de 500 empleados por ubicación, solo 45 por centro de
comida. El problema es que tiene 185 centros Shake Shak en todo Estados Unidos,
lo que suma más de 8 mil empleados. En este caso las redes sociales acosaron a
la firma, porque con los impuestos de todos los estadounidenses, como dice la
derecha, le estaban subsidiando un préstamo de 10 millones a una cadena de
restaurantes que vale 1.6 MM de dólares.
Que
el presidente americano haya pagado únicamente U$S 750 dólares por ganancias en
2016, según el New York Times, y que no publique su declaración jurada,
forma parte de ser presidente y ayudarse uno mismo, pero ¿quiénes creen los
contribuyentes que soportan todos los paquetes de estímulos fiscales en
cualquier lugar del mundo si los ricos no pagan?
Las
deducciones patrimoniales y de donaciones ayudan a reducir los ingresos sujetos
a impuestos, pero ahora hay más razones para aprovecharlas. Los ricos evaden o
deducen de manera abismal, y encima el relato económico es que hay que bajarles
los impuestos, como lo hizo Trump, del 39.5% al 35%, para que puedan
“invertir”, cosa que no hicieron. Pero esto está sucediendo en todos lados, los
impuestos a las ganancias han caído en la mayor parte del mundo en unos 20
puntos, solo en Alemania pasaron del 56.8% en 1995 a 28% en 2018.
En
Argentina pueden verse varios artículos relacionados con el tema. “Planes
sociales, mitos y verdades, de Miguel Fernandez Pastor”, da un extenso
vademécum de como desde 1933 se ha ido complejizando el sistema impositivo y
cada vez se pagan menos ganancias por subsidios, descuentos por hijo, obra
social, mucama, etc. Bienes personales también fue manipulado a la baja en la
Argentina para que los amigos del poder pagaran cada vez menos.
¿Ustedes
cree que esto es nuevo? En 1976, días antes de asumir como Ministro de Economía
de la Dictadura, el padre de José Martínez de Hoz, miembro de esta acomodada
familia, falleció y, como consecuencia del deceso, el futuro ministro se
convirtió en el heredero de una de las más importantes fortunas del país, por
cuyo traspaso tendría que tributar. La eliminación del impuesto a la herencia
fue una de sus primeras medidas, con lo que quedó eximido de tal carga.
Cuanto
más se gana, más se paga de impuestos. Esa es la idea. Pero la máxima hoy queda
mejor así: “cuanto más se gana, menos se paga”. Exenciones, ayuda, subsidios,
incentivos, llámense como se llamen, las grandes empresas y las grandes
fortunas siempre reciben la colaboración estatal para que su placentera vida lo
sea aún más. Si por equivocación se les solicita ayuda, con algún tipo de
contribución especial, primero es necesario pedir de todas las maneras posibles
perdón, compasión y generosidad ante tal osadía, y a sabiendas que seguramente
será compensado, se da la concebida defunción del acto generoso de los más
acaudalados para colaborar, mínimamente, con quienes llevaron a la pobreza.
El
Estado benefactor de delincuentes pasa totalmente desapercibido o, en su
defecto, es reconocido como una colaboración estatal aceptada ante alguna
distorsión del mercado, un percance mundial que pone sus beneficios en jaque y
el Estado los tiene que ayudar, aunque, claro, cuando se habla del Estado, el
aporte fiscal es de todos. Son gente eficiente, sería, que tracciona al país.
Mientras que los que realmente son una carga, son esos fracasados, iletrados y
holgazanes que lo único que quieren es vivir sin trabajar.
*Alejandro Marcó del Pont. Licenciado en Economía UNLP. Autor y Editor del sitio El Tábano Economista
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