Memorándum de Políticas Económicas y Financieras entre el gobierno y el FMI. Texto Completo. Incluye anexos y cuadros - Le pertenezco Lagarde, le pertenezco
Recomiendo su lectura completa, es extenso, pero posee insoslayables elementos tragicómicos en sus entrelíneas. El karaoke y el cotillón social duran hasta el
siguiente párrafo del “plan”... Nótese el detalle que a la operación de
recuperación de los fondos de pensión durante el kirchnerismo se los denomina: fondos
incautados... y de ahí parte el sofisma para justificar la apropiación del
fondo de sustentabilidad, luego hay decenas de detalles paradigmáticos que merecen análisis puntuales a saber, la pretendida y risible autonomía del BCRA, cosa que a las 48 horas de elaborado el documento quedó en la nada con el trueque Caputo por Sturzenegger (uno de los formantes) y las pautas inflacionarias para los próximos meses...
Fuente: La generosidad de la compañera y amiga Emilce Vuyovich
Fuente: La generosidad de la compañera y amiga Emilce Vuyovich
12
de junio de 2018
Sra.
Christine Lagarde
Directora
Gerente
Fondo
Monetario Internacional
Washington, D.C. 20431. EE.UU.
Estimada
Sra. Lagarde:
El Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF)
adjunto describe los objetivos económicos y las políticas del gobierno de
Argentina para 2018 y hacia adelante. También se adjunta un Memorándum de
Entendimiento Técnico que establece los objetivos específicos que nos
comprometemos a alcanzar en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en apoyo a nuestro plan económico.
El gobierno argentino solicita el apoyo del FMI a este plan
económico. El plan ha sido diseñado por el gobierno argentino y consideramos
que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y
social actual.
Como parte de este apoyo, estamos solicitando formalmente un
Acuerdo Stand-By del FMI por un período de 36 meses, por un monto de DEG 35.379
millones (equivalente a aproximadamente USD 50.000 millones, o el 1.110 por
ciento de la cuota de Argentina con el FMI). Planeamos desembolsar el primer
tramo (USD 15.000 millones) luego de la aprobación del programa, la mitad del
cual se utilizará como apoyo presupuestario. El resto de los tramos serán
tratados como precautorios.
Consideramos que el plan que hemos diseñado es sólido,
ayudará a construir confianza y reducir incertidumbre, y fortalecerá a la
economía argentina. Es importante destacar que nos comprometemos a que la carga
de la recalibración necesaria de la política fiscal sea compartida
equitativamente, protegiendo por completo a los sectores más vulnerables de
nuestra población. En nuestro programa, planeamos sostener el gasto en
asistencia social y, en el improbable caso de que la situación social se deteriore,
nos comprometemos a destinar recursos adicionales al financiamiento de nuestros
programas de asistencia social más efectivos. Consistente con las prioridades
de la administración del Presidente Macri, incluidas en nuestra agenda del G20,
también pretendemos utilizar esta oportunidad para tomar medidas importantes
que permitan abordar las inequidades de género arraigadas en el sistema
económico argentino. Uno de nuestros objetivos para este programa es garantizar
que las mujeres reciban un trato equitativo y puedan acceder a las oportunidades
económicas que les corresponden. Buscamos especialmente su respaldo personal en
este aspecto. En resumen, solicitamos que el FMI respalde a Argentina en medio
de este panorama internacional más desafiante. Consideramos que los objetivos
del plan descriptos en los adjuntos son hitos que se deben usar en el diseño
del Acuerdo Stand-By solicitado. Para demostrar nuestro compromiso con este
plan, el 7 de junio ya anunciamos nuestra intención de acelerar la convergencia
al equilibrio fiscal primario y bajar la inflación en un marco de política
monetaria más consistente e institucionalmente más sólido. Creemos que estas
políticas y las establecidas en el MPEF adjunto son las adecuadas para alcanzar
los objetivos macroeconómicos y financieros de nuestro plan. Sin embargo, tomaremos
medidas adicionales para alcanzar estos objetivos si fuera necesario. Consultaremos
con el FMI sobre la adopción de estas medidas adicionales y también ante revisiones
a las políticas incluidas en el MPEF, de acuerdo con lo que establecen las normas
de los acuerdos del FMI. Continuamos, por supuesto, comprometidos con mantener
la habitual política de diálogo
con el staff del FMI y con proveer los datos e información
que soliciten para de monitorear la implementación del programa. Reafirmando
nuestro compromiso con la transparencia, damos nuestro consentimiento para que
el FMI publique esta carta, el MPEF, el Memorándum de Entendimiento Técnico, y
los documentos de la Junta Ejecutiva. Confiamos en que podemos contar con su
apoyo. Atentamente.
Nicolás Dujovne Federico Sturzenegger
Minister of the Traasury President, of Central Bank Argentina
ADJUNTO I
MEMORÁNDUM DE POLÍTICAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
Los mercados financieros de Argentina comenzaron
a sufrir una fuerte presión en abril como consecuencia de una desafortunada
confluencia de factores: una severa sequía condujo a una fuerte caída en la
producción agrícola y en los ingresos por exportación; el precio mundial de la
energía aumentó; y las condiciones financieras globales se endurecieron con la
apreciación del dólar estadounidense y el desplazamiento hacia arriba de la
curva de rendimiento de los bonos de EE.UU. Estos cambios inesperados
interactuaron con las conocidas vulnerabilidades, intrínsecas a nuestro sendero
de políticas. Nuestra decisión de reducir gradualmente los desequilibrios macroeconómicos
heredados de la administración anterior implicaba importantes necesidades de
financiamiento fiscal y externo. Estas fuerzas se manifestaron en forma de
presiones sobre nuestra moneda, ansiedad del mercado acerca de la renovación de
las letras de corto plazo del Banco Central, y un incremento en nuestra prima
de riesgo soberano. A pesar de que la economía mostraba tasas de crecimiento
saludables a la hora de solicitar la asistencia del FMI, estos eventos nos convencieron
de que la asistencia era necesaria para reducir el impacto de la mayor volatilidad
financiera internacional en nuestra economía. El mensaje que hemos interpretado
de estos desafortunados eventos es la necesidad de profundizar y acelerar las
reformas económicas con las que nuestra administración ha estado comprometida
desde que asumió en diciembre de 2015.
Nuestros objetivos son:
▪ Restaurar
la confianza del mercado a través de políticas macroeconómicas que disminuyan
las necesidades de financiamiento del gobierno nacional y pongan nuestra deuda
pública en un firme sendero descendente.
▪ Fortalecer
el marco institucional y de metas de inflación del Banco Central reforzando su
autonomía y estableciendo un sendero para la inflación realista, que tome en
cuenta las implicancias de la reciente volatilidad del mercado pero, no obstante,
busque bajar la inflación a un dígito para fines de 2021.
▪ Disminuir
las tensiones en nuestro balance de pagos permitiendo operar flexiblemente a
nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shocks, incrementando nuestras
reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y
reduciendo nuestras necesidades de financiamiento externo.
▪ Proteger
a los sectores más vulnerables de la carga de esta necesaria recalibración de
la política económica. El objetivo final de este plan es dinamizar la actividad
económica, crear nuevos empleos, hacer más atractivo invertir en nuestra
economía, reducir la pobreza, mejorar la cohesión social y elevar los
estándares de vida de todos los argentinos. Estamos comprometidos con la
transparencia y la integridad, y continuaremos compartiendo con la sociedad
argentina todos los detalles de nuestro plan económico. Éste ha sido un
principio fundamental de esta administración. Nuestro compromiso con este enfoque
se evidencia con el anuncio de todos los detalles de nuestras propuestas el 7
de junio y la publicación de este documento.
A. POLÍTICA FISCAL
Objetivos fiscales de mediano plazo
Uno de los ejes centrales de nuestro plan
económico es acelerar el ritmo al que venimos reduciendo el déficit primario del
gobierno nacional desde 2016. Reafirmamos nuestro compromiso con alcanzar el
equilibrio fiscal y llevaremos a cero el resultado primario del gobierno
nacional en 2020. Reduciremos el gasto público hasta llevarlo a niveles
adecuados y sostenibles, lo que resulta fundamental para alcanzar tanto el
equilibrio fiscal como macroeconómico. En 2015 recibimos un gobierno con un
gasto público primario excesivo y sobredimensionado. Antes de la crisis de
2001-2002, el gasto primario consolidado de los tres niveles de gobierno
(nacional, provincial y municipal) representaba 26 por ciento del PBI, mientras
que en 2015 había alcanzado 42 por ciento (el aumento estuvo impulsado por aumentos en
la masa salarial, jubilaciones y subsidios a la energía y al transporte).
Partiendo de ese nivel, durante 2017 hemos logrado contraer los gastos
primarios por una suma equivalente a casi 2 por ciento del PBI. En 2017
sobrecumplimos nuestra meta fiscal de déficit primario del gobierno nacional en
0,4 por ciento del PBI debido a que los gastos primarios crecieron menos que
los ingresos públicos (por primera vez desde 2004). El gasto primario del
gobierno nacional se redujo en 1,3 por ciento del PBI el año pasado, una
magnitud de reducción no observada desde 1991. Durante los primeros 5 meses de
2018 logramos reducir el déficit primario del gobierno nacional en un 40 por
ciento con ingresos creciendo 5 puntos porcentuales más que los gastos. El
gasto primario del gobierno nacional se contrajo 6 por ciento interanual en términos
reales en lo que va de 2018. Consideramos que el esquema fiscal de mediano
plazo elegido garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI
caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8 por ciento del PBI hacia fines de
2021. Estamos comprometidos también a llevar adelante un manejo proactivo de la
deuda para alargar la madurez de los títulos, optimizar el costo de nuestros pasivos
y aumentar el porcentaje de la deuda pública nacional denominada en pesos. Nos
proponemos una más rápida convergencia al equilibrio fiscal cumpliendo la nueva
meta fiscal para 2018 que ya hemos anunciado (déficit primario de 2,7 por
ciento del PBI) y haciendo importantes esfuerzos adicionales en el presupuesto
de 2019. Específicamente, en octubre de 2018 vamos a enviar la Ley de
Presupuesto al Congreso que apunta a un déficit primario del gobierno nacional
de 1,3 por ciento del PBI en 2019, siendo esta una de las metas estructurales
de nuestro programa. Considerando la incertidumbre que enfrentamos actualmente,
nuestras proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán
conservadoras e incluiremos, en forma prudencial, reservas de gasto que serán
usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos. Si las circunstancias
cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos
preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar
nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019. Por otro lado, si los resultados
económicos y fiscales evolucionan de manera más positiva que lo anticipado, estaremos
preparados para llevar adelante una eliminación más acelerada de los impuestos distorsivos,
de manera de sostener el crecimiento y la inversión (en línea con el
senderoestablecido en la reforma tributaria adoptada a fines de 2017). Este
ritmo de convergencia hacia un presupuesto balanceado del gobierno nacional irá
acompañado por el esfuerzo de las provincias, cuyo balance primario consolidado
se espera que pase de - 0,4 por ciento en 2017 a un superávit de 1/4 por ciento
del PBI hacia el final del período del acuerdo Stand-By.
Política fiscal
El cumplimiento de estas metas fiscales será el
resultado de varias medidas de política:
▪ Continuaremos
avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el
objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios
cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 porciento en
2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60 por
ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad. Al
mismo tiempo, trabajaremos para eliminar las diferencias entre regiones y, para
proteger a los más vulnerables, mantendremos los programas de tarifa social.
▪ Continuaremos
con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público, que se irá
reduciendo a través de: no renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar
las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años, y eliminar
las posiciones redundantes. Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga
de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa.
▪ Reduciremos
el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno nacional un 15
por ciento en términos reales durante 2018 en relación a 2017 y continuaremos
con este proceso en 2019. El cumplimiento estricto de nuestros compromisos va a
evitar que acumulemos deuda flotante.
▪ Continuaremos
ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la
competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean.
▪ Reduciremos
las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas
que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel
actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021.
▪ Con la
Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso, al cual seguimos vinculados,
para trabajar con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir
mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y
más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras.
▪ Mantenemos
nuestro compromiso de reducir y eventualmente eliminar los impuestos
distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017,
pero podríamos extender el período de implementación de algunas de estas modificaciones
si fuera necesario para alcanzar nuestras metas fiscales.
▪ Mantenemos
nuestro compromiso de mejorar la estructura fiscal federal. Las transferencias
automáticas del gobierno nacional a las provincias aumentaron durante los años
recientes y continuarán haciéndolo hasta 2020. Las transferencias discrecionales
a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad
de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias
tomarán estas responsabilidades. Estas reducciones en las transferencias discresionales
están diseñadas para garantizar que la incidencia no recaiga sobre la asistencia
social ni otro tipo de programas para el alivio de la pobreza que son ejecutados
por las provincias.
▪ No
esperamos que la reducción de las transferencias discrecionales a las
provincias lleve a un aumento del déficit a nivel provincial. La Ley de
Responsabilidad Fiscal aprobada hacia fines de 2017 contribuye a alcanzar un
sendero fiscal sostenible para el gobierno nacional y las provincias. Según la
Ley, el aumento previsto en las transferencias automáticas a las provincias
alcanzará para compensar la reducción anticipada en transferencias
discrecionales. Además, la Ley establece que el gasto primario no puede
aumentar en términos reales. Esto implica que, por primera vez en muchos años,
prevemos que la posición fiscal consolidada de las provincias mostrará equilibrio
fiscal en 2018 y superávit hacia el final del acuerdo de Stand-By. Como se
describe en el Memorándum de Entendimiento Técnico, nuestro programa cuenta
entre sus metas indicativas con un piso para el déficit primario del gobierno general.
▪ Continuaremos
trabajando en racionalizar el gasto impositivo en el impuesto a las ganancias
corporativas. Además continuaremos publicando un listado completo de todos los
gastos impositivos en el presupuesto.
▪ Vamos a
amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en
posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones,
incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica. En el caso que la
actividad económica crezca menos de lo esperado y la recaudación tributaria se
viera afectada, identificamos una suma equivalente a 0,2 por ciento del PBI de medidas
adicionales (especialmente en infraestructura) que podrían ser tomadas para cumplir
con nuestras metas fiscales.
Mejorando el marco fiscal
Más allá del sendero de reducción del déficit
fiscal, estamos trabajando en fortalecer los marcos fiscales y presupuestarios
para hacerlos más transparentes, proveer al público con una visión más completa
de nuestra posición fiscal y riesgos, ayudar a aumentar la credibilidad y guiar
las expectativas. Específicamente, en este sentido nuestro plan contempla:
▪ Proveer
en el presupuesto anual objetivos de mediano plazo simples y transparentes para
el resultado primario consistentes con los parámetros de nuestro plan. El
presupuesto incluirá detalles acerca de los supuestos macroeconómicos
subyacentes a nuestras proyecciones. Estos supuestos deben ser realistas y
prudentes. Incluirá también un detalle de los principales riesgos fiscales y de
gastos impositivos, y detalles acerca de las principales medidas de política
que se llevarán a cabo para alcanzar la meta del balance primario de 2019. El
presupuesto incluirá una clasificación de ingresos y gastos corrientes y de
capital consistente con las metodologías más modernas de los reportes fiscales.
Además, nos comprometemos a incluir en la Ley de Presupuesto la eliminación del
Artículo 27 de la Ley 11.672. Esta es una meta estructural para nuestro
programa (Tabla 3).
▪ Introducir
un nuevo reporte fiscal de mitad de año, comenzando en junio de 2019, con
estimaciones actualizadas acerca del resultado fiscal y proyecciones macroeconómicas
y fiscales para el mediano plazo.
▪ Asegurar
que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) y la recientemente
creada Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) tengan el financiamiento y las
capacidades necesarias para llevar adelante sus objetivos. El deber de la OPC
es evaluar periódicamente los pronósticos macroeconómicos y presupuestarios,
proveyendo al Congreso de una estimación independiente del costo de las nuevas
iniciativas de política y evaluando los planes fiscales del gobierno (incluyendo
la Ley de Presupuesto). Esta es una meta estructural de nuestro programa. El
CFRF debe monitorear y evaluar el desempeño fiscal del gobierno central y de
los gobiernos provinciales, incluyendo el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad
Fiscal.
▪ Desarrollar
un marco de análisis del riesgo fiscal con vistas a incluirlo en los documentos
presupuestarios en 2020. Este marco deberá contemplar la publicación de un
escenario de riesgo fiscal, un análisis de largo plazo de sustentabilidad
fiscal (tanto para el gobierno nacional como para el gobierno general) y un
análisis de las deudas contingentes (explícitas e implícitas) incluyendo
aquellas relacionadas con el financiamiento de los proyectos de PPP y las
obligaciones sin fondeo del gobierno con el sistema previsional.
▪ Fortalecer
nuestra administración tributaria para garantizar el cumplimiento de nuestras
metas fiscales. Continuaremos trabajando con la AFIP para reducir la evasión y
mejorar las estrategias de disminución del riesgo para algunos segmentos de la
población, las obligaciones de los pagadores de impuestos y las principales tasas
impositivas. Esta es una meta estructural en nuestro programa.
B. Protegiendo a los más vulnerables
Las reformas fiscales implementadas en Argentina
en el pasado fracasaron porque se prestó insuficiente atención tanto a la
construcción del consenso social necesario para implementar las reformas, como
a la protección de los más vulnerables de los efectos de las mismas. No
repetiremos este error. Esto es particularmente apremiante dado el intolerable nivel
de pobreza que hemos heredado de la administración anterior. Un elemento
central de nuestro plan consiste en llevar adelante medidas que apoyen y generen
oportunidades que mejoren las condiciones de vida de quienes viven en la pobreza
y, más en general, para los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. Concentraremos
nuestros esfuerzos en la protección de niños y jóvenes, cuyos niveles de pobreza
son sustancialmente más altos que los de cualquier otro grupo etario de nuestra
sociedad. En nuestro plan incluimos un conjunto de indicadores sociales para
ser monitoreados periódicamente como uno de los componentes centrales del
programa. Durante la duración del programa, seguiremos mejorando la red de
seguridad social en Argentina. Protegeremos el gasto social e introduciremos
salvaguardas para el mismo focalizadas en programas automáticos de
transferencias monetarias ya existentes, bien focalizados y capaces de alcanzar
a la mayoría de la población pobre y vulnerable. Estableceremos un piso para el
gasto de asistencia social de 1,3 por ciento del PIB, un nivel que garantiza la
implementación de los programas para el período 2019-20 a la vez que contempla
el aumento de los beneficios según la fórmula de indexación existente. Este es un
criterio de evaluación del programa. El piso incluirá un conjunto definido de
programas que cubren a los niños a través de la red de seguridad social
existente: el programa condicional de transferencias monetarias Asignación
Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE - subsidio por
embarazo) que se incluyen en el programa presupuestario "Asignación
Universal para Protección Social". Ambos programas se administran de
manera eficiente, tienen una amplia cobertura y se ha demostrado que están bien
dirigidos e inducen resultados socioeconómicos positivos en la población objetivo.
Además, el piso también protegerá el gasto social en Asignaciones Contributivas
por Hijo (incluidas las asignaciones a "monotributistas"). Todas las
asignaciones mencionadas en este párrafo están incluidas en el programa
presupuestario denominado "Asignaciones familiares". Adicionalmente,
dada la incertidumbre económica existente, contemplamos asignar más recursos a
las "Asignaciones Universales para Protección Social" (programas de
asistencia social de alta calidad específicamente diseñados para proteger a los
más vulnerables) en caso de que las condiciones sociales empeoren. Por lo
tanto, tenemos la intención de incluir en nuestro plan una salvaguarda para
permitir un gasto adicional de hasta 13.500 millones de pesos en 2018 y el
equivalente a 0,2 por ciento del PIB por año en estos programas altamente
focalizados y bien administrados. También revisaremos el diseño de los
programas de protección social para hacerlos más eficientes y mejor focalizados
en los casos necesarios. Específicamente:
▪ Trabajaremos
junto con los organismos multilaterales a fin de fortalecer los programas que
protegen a los hogares vulnerables sin hijos, ya que esta es parte de la
población vulnerable que recibe menor cobertura de la red de seguridad social existente.
▪ Continuaremos
trabajando con las provincias para integrar la provisión de servicios, reducir
la duplicación, mejorar la focalización y reducir los costos administrativos de
los programas sociales.
▪ Revisaremos
el sistema de tarifas sociales para hacerlo mejor focalizado (en particular
hacia los 4 deciles inferiores de la distribución del ingreso).
C. Apoyo a la equidad de género
Lograr que las mujeres argentinas puedan desarrollar
todo su potencial no solo es una cuestión moral sino que también tiene sentido
desde el punto de vista económico. Las mujeres en Argentina ganan en promedio
menos que los hombres en puestos similares, son más propensas a trabajar en la
economía informal, son menos propensas a participar en el mercado laboral, y
sufren de peores condiciones de trabajo. Abordar esta situación ha sido una
preocupación desde el comienzo de nuestra administración, y continuará estando
entre los objetivos de nuestro plan. Reforzaremos los pasos que ya hemos dado
para nivelar las condiciones y proporcionar a las mujeres las oportunidades
económicas y el apoyo a los cuales tienen derecho todos los ciudadanos
argentinos.
Específicamente, nos proponemos:
▪ Trabajar
para reformar el actual sistema tributario reduciendo los desincentivos para
que las mujeres participen del mercado laboral.
▪ Continuar
implementando nuestros proyectos e iniciativas en acciones para promover igual
paga y un sistema más equitativo de licencias de paternidad y maternidad (ambos
en nuestra Propuesta de Ley de Equidad de Género, enviado al Congreso este
año).
▪ Continuar
construyendo infraestructura para el cuidado de niños y educación de la primera
infancia.
▪ Exigir
a las empresas que cotizan en bolsa que publiquen anualmente datos sobre el equilibrio
de género en su Directorio y entre sus puestos gerenciales.
▪ Continuar
trabajando en nuestras iniciativas para luchar contra la violencia de género y
violencia doméstica y proporcionar redes de apoyo para las víctimas de dicha
violencia (Plan Nacional de Acción para la Prevención, Atención y Erradicación de
Violencia contra las Mujeres).
D. Política Monetaria
Redoblaremos nuestros esfuerzos para reducir la
inflación, que tantos males ha causado a nuestra población. Con ese fin,
seguimos comprometidos con un marco de metas de inflación para la política
monetaria. Si bien la política monetaria logró reducir la inflación en la
segunda mitad de 2016 y en 2017, la disminución de la misma fue menor a la que
deseábamos. Fortaleceremos el marco institucional para la política monetaria y
construiremos credibilidad a través de acciones que muestren nuestro compromiso
con los objetivos de inflación.
Reforzando la autonomía del BCRA
Para reforzar nuestro compromiso con una
inflación baja y estable, fortaleceremos el Banco Central. Antes de marzo de
2019, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para dotar al Banco Central de
una nueva Carta Orgánica. Esta es una meta estructural de nuestro programa.
Esta Carta Orgánica le dará al Banco Central mayor autonomía en su operatoria, permitirá
una mejor rendición de cuentas y aumentará la transparencia de la institución.
Entre otras características, la nueva Carta
Orgánica:
▪ Reforzará
la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA.
▪ Brindará
al BCRA la autoridad para establecer, con consulta al Ministerio de Hacienda,
las metas de inflación con una anticipación de tres años.
▪ Establecerá,
para mejorar la rendición de cuentas, que, en caso de desvíos importantes de
las metas, el BCRA enviará una carta pública al Congreso y al
Presidente, explicando las razones del desvío y
cómo intentará resolverlo.
▪ Proporcionará
motivos bien definidos y limitados por los cuales el Presidente, el Vicepresidente
y los miembros del directorio pueden ser destituidos de sus puestos.
▪ Mejorará
la transparencia restableciendo los estándares de rendición de cuentas internacionales,
para garantizar un reporte transparente de la hoja de balance del Banco
Central.
▪ Suspenderá
la financiación directa o indirecta del Banco Central al Tesoro y reducirá la
exposición crediticia del Banco Central al gobierno de manera predecible y por etapas.
▪ Aclarará
el estado legal de las reservas internacionales del BCRA, que solo deberían servir
para implementar políticas cambiarias y monetarias.
▪ Limitará
las transferencias al Tesoro sólo a utilidades realizadas, que únicamente podrán
ocurrir cuando el capital del BCRA exceda un nivel adecuado. Las ganancias y pérdidas
no realizadas por revaluación de la moneda extranjera deberán ser registradas
separadamente en una cuenta de revaluación y no distribuidas. Para mostrar
nuestro compromiso con estos principios, el 7 de junio nos hemos comprometido a
finalizar inmediatamente todas las nuevas transferencias directas o indirectas
del Banco Central al Ministerio de Hacienda. El cumplimiento de esta política representa
un criterio de ejecución cuantitativo dentro del programa. El BCRA también comenzará
a trabajar en mejorar la transparencia y rendición de cuentas adaptándose a los
Estándares Internacionales de Reportes Financieros (IFRS, Internacional
Financial Reporting Standards) dentro de los próximos dos años.
Hoja de balance del Banco Central
Bajo las dos administraciones anteriores, la
estructura financiera del Banco Central se vio seriamente comprometida. Se
acumularon en la hoja de balance del Banco Central instrumentos que no devengan
intereses y que son ilíquidos, en detrimento de las reservas internacionales,
en un esfuerzo por esconder la verdadera magnitud de la deuda del gobierno. Ha
llegado el momento de revertir estas medidas y proporcionar al Banco Central de
una hoja de balance sólida para que pueda alcanzar su objetivo de estabilidad
de precios. Esto comenzará con una evaluación independiente de su hoja de
balance y la adopción de normas contables internacionales, incluyendo una
valuación más transparente de los activos y pasivos del BCRA. Para diciembre de
2019, el gobierno se compromete a proporcionar al BCRA de autonomía financiera
con un nivel adecuado de capital. Esta es una meta estructural en nuestro plan
(Tabla 3). Como parte de este proceso, el Ministerio de Finanzas tienen la
intención de recomprar gradualmente una porción significativa de Letras
Intransferibles del Ministerio de Hacienda en poder del Banco Central,
comenzando en junio de 2018. El objetivo es reducir la deuda neta del
Ministerio de Hacienda con el BCRA en por lo menos USD 25.000 millones para mayo
de 2021, este es un Criterio de Ejecución Cuantitativo dentro del programa
(Tabla 2). El BCRA, a su vez, se compromete a reducir la vulnerabilidad
asociada a un stock excesivamente grande de LEBAC, y a fomentar la
re-intermediación del sector financiero. Con este fin, el repago de los pasivos
del gobierno en poder del Banco Central se utilizará para quitar pesos del
mercado, lo que disminuirá la dependencia del Banco Central de la emisión de
LEBAC para este fin. Para facilitar este proceso, estableceremos un comité coordinador
de la gestión de la deuda con funcionarios de alto rango del Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Finanzas y el BCRA que se reunirá semanalmente y coordinará actividades
relacionadas con la esterilización y los planes de emisión de deuda. Esta es
una meta estructural de nuestro plan. Además, el BCRA tiene la intención de
limitar sus contrapartes en sus operaciones a los bancos locales para fines de
septiembre de 2019. Esta es una meta estructural en el programa.
Metas de inflación
En este contexto de una independencia
fortalecida, el BCRA ha decidido establecer nuevas metas de inflación realistas
y significativas. Si bien lamentamos volver a reajustar nuestras metas de
acuerdo a un sendero más alto de inflación, este cambio es inevitable dada la volatilidad
del mercado financiero que Argentina ha experimentado y el impulso inflacionario
en curso tras la reciente depreciación del peso y los aumentos en los precios mundiales
de la energía. Con un plan fiscal nuevo y más sólido, creemos que es el momento
adecuado para establecer nuestras metas de inflación para los próximos tres
años, y nos comprometemos a hacer lo que sea necesario para cumplirlas. El
programa incluye bandas de consulta de las metas de inflación y de los activos
domésticos netos del Banco Central, para así aumentar nuestro compromiso con el
proceso de desinflación. Hemos adoptado formalmente nuevas metas para que el
BCRA logre una tasa interanual de inflación del índice de precios al consumidor
(IPC). La meta será igual o inferior a las expectativas actuales del mercado
(REM) para el final de 2018 (27 por ciento), y luego 17 por ciento, 13 por
ciento y 9 por ciento para diciembre de cada uno de los siguientes 3 años. Dada
la incertidumbre en la etapa inicial de este esfuerzo, estamos comprometidos a mantener
nuestra actual política monetaria restrictiva hasta que veamos una señal
tangible de que tanto la inflación realizada como las expectativas de inflación
a fines de 2019 comienzan a bajar. Calibraremos nuestra política monetaria de
manera prospectiva para garantizar que la inflación converja a nuestras metas.
Una vez que las expectativas de inflación estén ancladas a nuestras metas, en
el caso de shocks adversos identificables, externos o de oferta, ajustaríamos
las políticas para llevar de nuevo la inflación a la meta en un horizonte temporal
consistente con nuestro entendimiento acerca de los rezagos en política monetaria
y de manera adecuada al tamaño, la naturaleza y la persistencia de ese shock.
Tipo de cambio
Como parte de nuestro marco de metas de
inflación estamos completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y
determinado por el mercado. Nos proponemos limitar las ventas de reservas
internacionales a períodos en que haya una clara disfunción del mercado.
Incluso en esos casos, planeamos absorber las presiones externas a través de un
tipo de cambio flexible y ventas de divisas muy limitadas para acomodar las presiones
del mercado cambiario.
En el mediano plazo, nuestra intención es llevar
las reservas internacionales a niveles prudentes dada la exposición de
Argentina a los shocks globales en la cuenta corriente y de capital. Para
lograr esta acumulación de reservas, no permitiremos que las reservas internacionales
netas caigan por debajo de un piso que a la vez nos proporcione espacio para la
desacumulación de reservas durante el período actual de volatilidad del
mercado, pero que aumente con el tiempo hasta un nivel adecuado (Tabla 2). En
el caso improbable de que nuestra intervención en el mercado de divisas (tanto
al contado como en futuros) esté por encima de lo que es consistente con este
sendero, iniciaremos conversaciones con el staff del FMI para analizar las
condiciones en los mercados de divisas y nuestra política de respuesta. El BCRA
publicará a fines de septiembre de 2018 una regulación que introduzca un mecanismo
de subasta de divisas para intervenir en los mercados de contado y de futuros. Esto
es una meta estructural para el programa. Asimismo, el BCRA, por solicitud del
Ministerio de Hacienda, anunciará un programa para vender en el mercado parte
de la asistencia presupuestaria del FMI para fondear las obligaciones del
Tesoro denominadas en pesos. El programa consistirá en ventas diarias previamente
anunciadas, que se ejecutarán mediante una subasta de moneda extranjera.
E. Sector Bancario
Consideramos que los riesgos de las actuales
circunstancias macroeconómicas en el sector bancario son limitados debido al
pequeño tamaño del sector, su alto nivel de capital y activos líquidos, así
como a la exposición limitada de los bancos a la deuda soberana. Sin embargo,
seguiremos de cerca los desarrollos en el sector financiero y nos prepararemos para
responder rápidamente a cualquier señal de deterioro en este sector.
F. Perspectivas económicas que sustentan el programa
La reciente volatilidad de los mercados
financieros, la sequía que afectó a nuestro sector agropecuario y la suba en
los precios mundiales de la energía están afectando a la economía. Debido a
estas razones, esperamos que el crecimiento se sitúe este año entre 0,4 por
ciento y 1,4 por ciento interanual. Como ha sido característico de esta
administración en el momento de planificar el desempeño fiscal, preferimos ser
conservadores en términos de proyecciones, por lo que estamos trabajando con un
supuesto de crecimiento económico del 0,4 por ciento al realizar nuestras
proyecciones fiscales. Esperamos que el efecto combinado de nuestro programa
económico y del apoyo del FMI permita reconstruir rápidamente la confianza en
nuestro país, favoreciendo una reducción del costo de financiamiento y
promoviendo el retorno de la entrada de capitales. Ambos factores, junto con un
tipo de cambio real más depreciado, deberían facilitar un aumento en la
inversión de capital y la creación de empleo. Se espera que el crecimiento para
2019 sea de alrededor del 2 por ciento. El fortalecimiento de la inversión y
mayores esfuerzos en el programa para disminuir las distorsiones probablemente
llevarán, en el mediano plazo, a una aceleración del PIB potencial, respaldada
por una mayor formación de capital, un aumento en la oferta de mano de obra y
mayor eficiencia y productividad. Las perspectivas de la balanza de pagos son
buenas, ya que nuestro programa de políticas probablemente conduzca a una
rápida reversión del reciente aumento del déficit en cuenta corriente. Es
probable que el déficit en cuenta corriente baje al 3,6 por ciento del PIB en 2020,
una cifra que debería financiarse cómodamente con los flujos de inversión
extranjera directa. Se esperan además entradas de inversiones de portafolio,
que, como se discutió anteriormente, el Banco Central tiene la intención de
absorber a través de un aumento en el stock de reservas internacionales.
G. Políticas del lado de la oferta
El crecimiento y el aumento de la inversión privada
son claves para mejorar los niveles de vida de toda la población argentina.
Para lograrlo, necesitamos hacer de Argentina un destino atractivo para
empresas locales e internacionales. Hemos avanzado mucho en revertir las
distorsiones heredadas de la administración anterior y en erradicar las
prácticas corruptas. Sin embargo, queda más por hacer. Continuaremos
fortaleciendo el régimen anticorrupción, centrándonos en su implementación
efectiva, mejorando el marco institucional y fortaleciendo los procedimientos
procesales y judiciales. Estamos trabajando con la OCDE en un estudio sobre la
integridad en Argentina, que ayudará a diseñar estrategias generales y
políticas públicas eficientes. En cuestiones de ALA-CFT, queremos mejorar el
marco legal en ciertas áreas, incluido el régimen de penalización del
incumplimiento de las prescripciones de la ley, y fortalecer el intercambio de
información y el congelamiento de activos y las capacidades de la
administración. En el frente regulatorio y de supervisión, la Unidad de
Información Financiera (UIF) continuará fortaleciendo sus operaciones
apoyándose en un enfoque basado en el riesgo y análisis estratégico para
combatir el crimen. En este sentido, nos comprometemos a seguir fortaleciendo
los marcos ALD y de anticorrupción, garantizando su implementación efectiva, y
diseñar medidas concretas en consulta con el staff del Fondo para la primera
revisión del acuerdo. En todos estos asuntos, agradeceremos la asistencia técnica
del FMI. Nuestra administración ha avanzado mucho en la reconstrucción de
estadísticas económicas y en la recuperación de la credibilidad en esta área. Continuaremos
con nuestros esfuerzos para mejorar nuestro sistema estadístico para alinearlo
aún más con las metodologías y los estándares de presentación de informes
internacionalmente aceptados, en colaboración con organizaciones
internacionales, incluidas la OCDE y el FMI.
Desarrollando el mercado de crédito doméstico
La Ley de Financiamiento Productivo recientemente
aprobada apunta a desarrollar el financiamiento para empresas pequeñas y el
mercado de crédito hipotecario a la par que estimula el ahorro, fortalece la
transparencia y permite reducir la incertidumbre en los mercados de crédito.
Entre los instrumentos clave para desarrollar el financiamiento de las PyMEs
ahora se cuentan los mecanismos de pagos electrónicos y la simplificación de obligaciones
y obligaciones negociables. Para aumentar el acceso a la vivienda, la Ley permite
créditos hipotecarios ajustables por inflación que permitirán la secutirización
y la creación de nuevos instrumentos de seguro para las hipotecas. Para
promover el ahorro de largo plazo y la inversión, la Ley elimina la doble
imposición para fondos cerrados de inversión que limitan la inversión
productiva y en bienes raíces. Apuntando a aumentar la transparencia y reducir
la incertidumbre, la Comisión Nacional de Valores (CNV) está facultada para
establecer regulaciones para impedir conflictos de interés en la industria financiera,
reducir el riesgo sistémico, simplificar procesos administrativos y establecer sanciones
efectivas en casos de incumplimiento. La CNV perdió facultades previas para intervenir
empresas y designar representantes con poder de veto en sus directorios. Tenemos
los beneficios de un regulador más fuerte del mercado de capitales con menos facultades
discrecionales.
Reformas para garantizar la competencia
La nueva Ley de Defensa de la Competencia,
aprobada por el Congreso en mayo de 2018, adhiere a las mejores prácticas
internacionales para desincentivar la colusión y fortalece la independencia,
transparencia, eficiencia y predictibilidad de la agencia a cargo de auditar esta
materia. Uno de los objetivos principales de la nueva Ley es la creación de una
autoridad independiente, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), con
poderes suficientes para adoptar sus propias decisiones, controlar su
presupuesto y funcionar ajena a las interferencias políticas. Con respecto a
fusiones y adquisiciones la nueva ley reemplaza el régimen de controles expost por
uno de controles ex-ante. Este cambio permite resolver el problema de fusiones
y adquisiciones sometidas a un control luego de cerrados los acuerdos. A su
vez, se crean nuevos e importantes desafíos para la ANC en términos del tiempo
que le requerirá la optimización de toma de decisiones. Las mismas serán
llevadas a cabo a través de un procedimiento de seguimiento rápido para
aquellas operaciones de fusión o adquisición que tengan un impacto potencial
bajo sobre la competencia. Este cambio permite tanto acelerar dichos procesos
como poder dedicar más tiempo a casos más complejos. Alineada con las mejores
prácticas internacionales, la nueva Ley incluye un programa de indulgencia con
el propósito de facilitar la detección, persecución y sanción de los cárteles. Argentina
tiene un historial pobre en términos de sanciones a cárteles en comparación a otros
países de América Latina que ya implementan sus propios programas de
indulgencia. Finalmente, la Ley también prevé la creación de un tribunal
especializado (el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia) para tratar
temas relacionados con la defensa de la competencia, de manera tal de mejorar
la revisión judicial de las decisiones de la ANC. Este tribunal especializado
deberá actuar bajo la órbita de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Civil
y Comercial.
Desburocratización
El gobierno se mantiene comprometido con mejorar
continuamente la relación entre el Estado y los ciudadanos y sectores
productivos a través de la simplificación administrativa y esfuerzos para la
desburocratización. A este fin el Congreso aprobó recientemente una ley para
remover regulaciones inútiles y normas costosas. Entre otras, la ley permite la
creación simplificada de empresas, permite la digitalización de los libros
contabilidad, simplifica el proceso de otorgamiento de patentes, vuelve más
expeditivo el establecimiento de los puertos, unifica el control del tráfico
aéreo, remueve restricciones al transporte terrestre de mercadería y a la
circulación de maquinaria agrícola y remueve barreras al acceso a servicios
financieros. La ley también optimiza procedimientos burocráticos reduciendo su duración
y permite el uso de expedientes digitales y de firma electrónica en todos los niveles
del gobierno nacional.
ANEXO II
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO TÉCNICO
1. Este Memorándum de Entendimiento Técnico
(MET) establece el consenso sobre las definiciones de los Criterios de
Ejecución Cuantitativos (CEC), las Metas Indicativas (MI) y las cláusulas de
consulta, que se aplicarán en virtud del Acuerdo Stand-By, según lo especificado
en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) y sus tablas adjuntas.
También describe los métodos que se utilizarán para evaluar el rendimiento del programa
y los requisitos de información para garantizar un seguimiento adecuado de los objetivos.
2. A los fines del programa, todos los activos,
pasivos y flujos relacionados con monedas extranjeras serán evaluados según los
"tipos de cambio del programa" que se definen a continuación, con
excepción de las partidas que afecten los balances fiscales del gobierno, que
se medirán al tipo de cambio corriente. Los tipos de cambio del programa son aquellos
observados el 31 de mayo de 2018. Los tipos de cambio del programa se muestran en
la Tabla 1.
Tabla 1. Tipos de
cambio del programa 1
Pesos
argentinos por dólar estadounidense 24,96
Pesos
argentinos por DEGs 35,36
Pesos
argentinos por Euro 29,14
Pesos
argentinos por dólar canadiense 19,22
Pesos
argentinos por libra esterlina 33,16
Pesos
argentinos por renminbi 3,89
Precio
del oro (US$/onza) 1298,29
3. Cualquier variable aquí mencionada con el
propósito de monitorear un CEC o MI y que no esté explícitamente definida, se
define de acuerdo con la metodología estadística estándar del Fondo, como las
Estadísticas de Finanzas del Gobierno. Para cualquier variable o definición que
se omita en el MET pero que sea relevante para los objetivos del programa, las
autoridades de la Argentina consultarán con el staff del FMI sobre el
tratamiento adecuado para alcanzar un entendimiento basado en la metodología
estadística estándar del Fondo.
Definiciones generales
4. Definición de la venta preanunciada de
divisas por parte del BCRA de la
contraparte de los recursos del Fondo que serán
utilizados para propósitos presupuestarios. El BCRA vende por parte
del Tesoro un monto preanunciado de dólares estadounidenses diariamente
para financiar las obligaciones del Tesoro denominadas en pesos. El
programa está fijo por un mes y el monto diario fijo es anunciado con al menos
tres días hábiles de antelación.
5. Definición de subasta de divisas. las
subastas son el mecanismo con el que el BCRA vende dólares estadounidenses a
bancos a cambio de pesos argentinos. Todos los bancos de Argentina pueden
participar de la subasta. Las ofertas son asignadas únicamente basadas en el
precio propuesto por las contrapartes, empezando por el tipo de cambio peso por
dólar más alto, hasta que el monto preanunciado se agote. El promedio ponderado
de la subasta, el tipo de cambio marginal, el monto total ofertado y la
asignación final son publicados una hora después de la asignación de la
subasta.
CRITERIOS DE EJECUCIÓN CUANTITATIVOS: DEFINICIÓN DE
VARIABLES
6. Definiciones. El gobierno nacional
(Sector Público Nacional No Financiero) a los efectos del programa consiste de
la Administración Central, Instituciones de la Seguridad Social, Organismos
Descentralizados (Administración Nacional), y PAMI, Fondos Fiduciarios y otros
entes y empresas del gobierno nacional.
Límite inferior para el resultado
primario del gobierno nacional
7. Definiciones. El resultado primario
del gobierno nacional se define de acuerdo a los reportes mensuales y anuales
del “Esquema IMIG”. Esto es igual a los ingresos totales menos los gastos
primarios. Los ingresos se registran en base caja e incluyen ingresos tributarios,
rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes, ingresos de capital e
ingresos asociados a la nacionalización del sistema de fondos de pensión de
2008. Los ingresos excluyen las transferencias del Banco Central (adelantos
transitorios), los intereses recibidos por activos mantenidos contra agencias
del sector público y las ganancias producto de las ventas de otros activos
financieros. Las transferencias de utilidades del Banco Central serán consideradas
como ingreso a los efectos del programa.
8. El gasto primario del gobierno nacional se
registra en base caja e incluye el gasto en prestaciones sociales, subsidios
económicos, gastos de funcionamiento, transferencias corrientes a provincias,
otros gastos corrientes y gastos de capital, que incluye transferencias de
capital a las provincias y gasto en el “Programa de Inversiones Prioritarias”,
actualmente registrado como “Adelantos a Proveedores y Contratistas”.
9. La
contabilización de los ingresos por activos mantenidos por el Fondo de Garantía
y Sustentabilidad (FGS) como resultado de la nacionalización del sistema de
fondos de pensión en 2008 implica una cuestión metodológica compleja. Aunque el
presupuesto reportó un aumento inmediato en el gasto de pensiones después de
2008, nunca informó los ingresos (contribuciones) capitalizados en los activos
de pensiones nacionalizados en 2008. Las autoridades y el staff del FMI
acordaron una misión de asistencia técnica del FMI para fines de 2018 que
recopilará la información necesaria y asesorará a las autoridades sobre el
registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios
subsiguientes en el sistema de pensiones que sean consistentes con principios
estadísticos sólidos como los incorporados en las Manual de Estadísticas
Públicas (GFS, por sus siglas en inglés) del FMI. Si las recomendaciones de la
misión llevan a cambios en la medición del resultado presupuestario no se
aplicarán medidas de política adicionales para los fines del programa respaldado
por el FMI. Por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados
en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente
el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa
de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años.
El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del
PIB por año.
10. Las asociaciones de participación
público-privada (PPP) financiadas por el Gobierno serán tratadas como
adquisiciones públicas tradicionales. Las obligaciones del gobierno nacional
asociadas con las asociaciones público-privadas se registrarán de forma transparente
en las cuentas fiscales y se medirán como parte del déficit del gobierno nacional
a medida que se produzcan (en base caja).
11. Los costos asociados con las operaciones de
desinversión o liquidación de entidades públicas, tales como la cancelación de
contratos existentes o pagos de indemnización a los trabajadores, se asignarán
a los gastos corrientes y de capital en consecuencia.
12. Todos los gastos primarios (incluidas las
multas) que se paguen directamente con bonos o cualquier otra forma de pasivos
no monetarios se registrarán como gastos arriba de la línea y, por lo tanto,
contribuirán a una disminución en el resultado primario. Esto excluye la
liquidación de pasivos correspondientes a pensiones de personas inscriptas en
el Sistema Integrado de Pensiones y Jubilaciones incurridos en el pasado y
relacionadas con fallos judiciales existentes y pendientes, y pagos de atrasos
según las resoluciones del CIADI.
13. El resultado primario del gobierno nacional
se medirá en cada día de evaluación como el valor acumulado desde el comienzo
del correspondiente año calendario.
14. Monitoreo. Toda la información fiscal
mencionada arriba y la necesaria para los propósitos de monitoreo del programa
será provista al FMI con un rezago de no más de 25 días calendario pasado el
cierre de cada mes.
Piso en el gasto del gobierno
nacional en programas de asistencia social
15. Definición. El gasto social a los
efectos del programa se computa como la suma de todo el gasto del gobierno
nacional (corriente y de capital) en los siguientes programas de protección
social:
● Asignación
Universal para Protección Social, que incluye los siguientes
subprogramas: Asignación Universal por Hijo,
Asignación por Embarazo, y Ayuda Escolar Anual.
● Asignaciones
Familiares Activos, que incluye Asignación Prenatal, por Adopción, por Hijo,
por Hijo Discapacitado, por Maternidad, por Matrimonio, por Nacimiento, y Ayuda
Escolar Anual.
● Asignaciones
Familiares Pasivos, que incluye Asignación Prenatal, por Cónyuge, por Hijo, por
Hijo Discapacitado, y Ayuda Escolar Anual.
● Asignaciones
Familiares Sector Público Nacional, que incluye Asignación Prenatal, por Hijo,
por Hijo Discapacitado, por Maternidad, y la Ayuda Escolar Anual.
16. Monitoreo. La información será
provista al FMI con un rezago de no más de 25 días calendario tras la finalización
de cada mes.
Ajustadores al límite inferior
del resultado primario
17. Salvaguarda para gasto social. El
límite inferior del resultado primario del gobierno nacional (acumulado desde
el comienzo del año) podrá ser ajustado hacia abajo por un monto equivalente al
que al gasto en los programas comprendidos por la Asignación Universal para
Protección Social (que incluye Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo,
y Ayuda Escolar Anual) exceda a los valores programados definidos en la Tabla 2.
El valor de la salvaguarda estará limitado a un máximo de 13.500 millones de
pesos en 2018
y 0,2 por ciento del PBI en los años calendarios
subsiguientes.
Tabla 2. Gasto social sujeto a condiciones económicas
adversas
(gasto base del
programa) Millones de pesos acumulados
Fin de junio 2018 37.187
Fin de septiembre2018 55.368
Fin de diciembre 2018 74.836
Fin de marzo 2019 25.818
Fin de junio 2019 47.735
18. Ajustador para proyectos con
financiamiento externo. La meta de resultado primario será ajustada hacia
arriba (abajo) por el menor (mayor) gasto financiado por desembolsos de
préstamos de organismos internacionales y socios bilaterales, comparado con el
gasto de capital fijado en el presupuesto (Tabla 3). El valor del ajustador se
limitará a un máximo de 30.000 millones de pesos en 2018, y 0,2 por ciento del
PBI en los años calendario subsiguientes. Comenzando en 2019 el punto de
referencia será el gasto financiado por desembolsos de préstamos de organismos
internacionales y socios bilaterales, como está establecido en el presupuesto.
Tabla 3. Gasto de capital financiado por organismos
multilaterales o socios bilaterales (gasto base del programa) acumulados en Millones de pesos
Fin de junio 2018 15.171
Fin de septiembre2018 20.025
Fin de diciembre 2018 30.341
Límite superior a la acumulación
de atrasos domésticos del gobierno nacional
19. Definición. Los atrasos domésticos se
definen como la deuda flotante, esto es la diferencia entre el gasto primario
en base devengado (como se registra en el sistema SIDIF), y el gasto primario
en base caja (como se registra por el Ministerio de Hacienda). Esto excluye
transferencias figurativas e incluye gasto en personal, adquisición de bienes y
servicios, servicios no profesionales, bienes de uso y transferencias.
20. Medición. Los atrasos se miden
diariamente. El programa limitará los atrasos promedio trimestrales a 0,5 por
ciento del PBI, esto es 67.500 millones de pesos a fines de diciembre de 2018.
21. Monitoreo. la información registrada
diariamente se proveerá al FMI con un rezago de no más de 25 días calendario
tras el cierre de cada mes.
Desacumulación de atrasos
correspondientes a deuda externa por parte del gobierno nacional
22. Definición de deuda. La deuda externa
se determina de acuerdo con el criterio de residencia (y, como tal, abarca las
tenencias de no residentes de deuda argentina en pesos y en moneda extranjera).
El término "deuda"2 se entenderá como un pasivo corriente, es decir,
no contingente, creado en virtud de un acuerdo contractual mediante la
provisión de un valor en forma de activos (incluyendo dinero) o servicios y que
requiere que el deudor haga uno o más pagos en forma de activos (incluyendo
dinero) o servicios, en algún momento(s) futuro(s); estos pagos cumplirán con
el principal y/o los servicios de intereses incurridos en virtud del contrato.
Las deudas pueden tomar varias formas; los principales son los siguientes:
I.
Préstamos, es decir, anticipos de dinero al
deudor por parte del prestamista realizados sobre la base de un compromiso de
que el deudor pagará los fondos en el futuro (incluidos depósitos, bonos,
obligaciones, préstamos comerciales y créditos de compradores) e intercambios
temporales de activos que sean equivalentes a los préstamos totalmente
garantizados en virtud de los cuales el deudor está obligado a pagar los fondos
y, generalmente, un interés, recomprando en el futuro las garantías del
comprador (como los acuerdos de recompra y los acuerdos de permuta oficial);
II.
Créditos de proveedores, es decir, contratos en los
que el proveedor permite al deudor diferir los pagos hasta algún momento
después de la fecha en que se entregan los bienes o se prestan los servicios; y
III.
Arrendamientos, es decir, arreglos bajo los
cuales se proporciona una propiedad que el arrendatario tiene derecho a usar
durante uno o más períodos específicos de tiempo que generalmente son más
cortos que la vida útil total esperada de la propiedad, mientras que el
arrendador retiene el título de la propiedad. Para el propósito del programa,
la deuda es el valor presente (al inicio del arrendamiento) de todos los pagos
de arrendamiento que se espera que se realicen durante el período del acuerdo,
excluyendo aquellos pagos que cubren la operación, reparación o mantenimiento
de la propiedad.
23. Definición de atrasos externos. Los
atrasos en el pago de la deuda externa para fines del monitoreo del programa se
definen como las obligaciones de deuda externa (principal e intereses) vencidas
después del 30 de mayo de 2018 que no han sido pagadas, considerando los
períodos de gracia especificados en los acuerdos contractuales. Conforme a la
definición de deuda expuesta anteriormente, los atrasos, las sanciones y los
daños y perjuicios judicialmente derivados de la falta de pago en virtud de una
obligación contractual que constituye deuda son deuda. La falta de pago de una
obligación que no se considera deuda según esta definición (p. ej., pago contra
entrega) no dará lugar a deudas.
24. Cobertura. Este Criterio de Ejecución
corresponde al gobierno nacional. Este Criterio de Ejecución no cubre los
atrasos en los créditos comerciales, los atrasos en la deuda sujeta a
renegociación o reestructuración; y atrasos resultantes de la falta de pago de reclamos
comerciales que son objeto de cualquier litigio iniciado antes del 30 de mayo
de 2018.
25. Monitoreo. Este CEC será monitoreado
de manera continua.
Piso al cambio en las reservas
internacionales netas
26. Definiciones. Las reservas
internacionales netas (RIN) del BCRA son iguales a concepto de RIN de la
balanza de pagos, donde se definen como el valor bruto en dólares de las
reservas internacionales oficiales del BCRA menos los pasivos brutos oficiales
con madurez menor a un año. Los activos y pasivos extranjeros denominados en
otras monedas distintas a dólares serán convertidas a dólares usando el tipo de
cambio del programa.
27. Las reservas internacionales brutas se
definen de manera consistente con la Sexta Edición del Manual de Balanza de
Pagos y el Manual de Posición de Inversión Internacional (BPM6) como las
reclamaciones disponibles sobre no residentes denominadas en monedas extranjeras
convertibles. Incluyen (i) reclamaciones monetarias, oro, tenencias de DEGs, la
posición de reserva en el FMI, tenencias
de instrumentos de renta fija y saldos
netos de efectivo dentro del Sistema de Compensación Comercial de América
Latina (ALADI, Latin American Trade Clearing System). Quedan excluidos
de los activos de reserva los activos comprometidos, garantizados o de otro
modo gravados, los derechos de crédito a los residentes, las reclamaciones en
divisas derivadas de los derivados en moneda extranjera frente a la moneda
nacional (como futuros, contratos a plazo, canjes y opciones), metales
preciosos distintos del oro, activos en monedas no convertibles y activos ilíquidos.
28. Los pasivos brutos oficiales en
moneda extranjera incluyen (i) pasivos en moneda extranjera con un vencimiento
original de un año o menos, (ii) el uso de los recursos del Fondo extendidos en
el contexto de un paquete de financiamiento excepcional, cualquier pasivo en
términos netos de futuros entregables en moneda extranjera, definida como la
posición larga menos la posición corta pagadera en moneda extranjera directamente
asumida por el BCRA o por cualquier otra institución financiera en nombre del BCRA.
Los pasivos externos del gobierno nacional no se consideran pasivos externos
brutos del BCRA. El swap de moneda extranjera con el Banco Popular de China se
consideraría, a los fines del programa, como un pasivo en moneda extranjera del
BCRA con un vencimiento de un año o menos.
29. El cambio en las reservas internacionales
netas se medirá como el cambio en el stock de RIN en cada fecha de evaluación
en relación con el stock del 4 de junio de 2018, que fue de USD 23,1 mil
millones.
30. Monitoreo. Los datos de activos y
pasivos en moneda extranjera se proporcionarán al Fondo con una frecuencia
diaria con un rezago de un día.
31. Ajustadores.
▪ Las
metas de RIN serán ajustadas hacia arriba (abajo) por los mayores (menores) desembolsos
de préstamos de programas con organismos multilaterales (el Banco Mundial, el
BID y el BDC) y subvenciones, relativos a la proyección base reportada en la
Tabla 4. Los desembolsos de los programas se definen como los desembolsos de préstamos
externos (excluyendo desembolsos para proyectos financieros) de prestamistas
oficiales que son usados por el gobierno general.
Tabla 4. Desembolsos de Programas Externos (Proyección Base)
Desembolsos acumulados desde fines de Mayo-2018
(En millones de USD)
Préstamos para apoyo presupuestario de agencias multilaterales
Fines de junio de 2018 0
Fines de septiembre de 2018 0
Fines de diciembre de 2018 900
Fines de marzo de 2019 900
Fines de junio de 2019 900
▪ La meta
de RIN se ajustará hacia abajo por el monto total de dólares vendidos por el Tesoro
a través de subastas realizadas por el BCRA en forma transparente y preanunciada
en cada día hábil al mercado (para cubrir las necesidades de financiamiento en
pesos del gobierno) más el monto total de pagos netos al contado realizados
desde las cuentas financiadas por las cuentas número 20501, 20502, 20503, 20504,
20505, 20506, 20518 en deuda del gobierno nacional denominada en moneda
extranjera. El ajuste acumulativo total tendrá un tope de USD 7,5 miles de millones.
Tabla 5. Emisiones netas de deuda externa del gobierno
nacional
(Proyección base para el Ajuste de RIN)
Flujos acumulativos respecto al fines de Mayo
2018 (En millones de USD)
Fines de junio de 2018 0,0
Fines de septiembre de 2018 0,0
Fines de diciembre de 2018 0,0
Fines de marzo de 2019 0,0
Fines de junio de 2019 0,0
Techo al cambio en el stock de
futuros no-entregables del BCRA
32. Definiciones. El stock de futuros
no-entregables (NDF por sus siglas en inglés) se define como la suma del valor
nocional en dólares estadounidenses de todos los contratos celebrados por el
BCRA sobre el peso argentino, ya sea directamente o a través de cualquier institución
que utilice como agente financiero.
33. Monitoreo. Los datos diarios se
proporcionarán al Fondo al final de cada día.
34. El cambio en el stock de NDF se medirá como
el cambio en el stock de NDF en cada fecha de evaluación en relación con el
stock al 4 de junio de 2018, que fue de USD 2,3 mil millones.
Eliminación de manera continúa el
financiamiento del BCRA al gobierno
35. Definiciones. El financiamiento del
Banco Central (BCRA) al gobierno incluye las transferencias al descubierto del
BCRA al gobierno nacional (línea Adelantos Transitorios en el resumen de
cuentas del BCRA, según se publica en su sitio web), la distribución anticipada
de utilidades no realizadas, y la adquisición de deuda del gobierno en el
mercado primario o por compras a instituciones públicas. El BCRA otorgará cero financiamientos
netos al gobierno durante el programa.
36. Monitoreo. Se proporcionarán al Fondo
datos diarios dentro de los dos días de plazo. Este objetivo será monitoreado
de manera continua.
Techo al crédito del Banco
Central al gobierno
37. Definiciones. El crédito del Banco
Central al gobierno se define como la suma del stock de activos del gobierno en
manos del BCRA (línea Títulos Públicos en el resumen de cuentas del
BCRA, publicado en su página web), y transferencias al descubierto del BCRA al gobierno
nacional (línea Adelantos Transitorios en el resumen de cuentas del
BCRA, publicado en su página web). Comenzando en julio de 2018, el stock de
crédito del Banco Central al gobierno disminuirá en el equivalente en pesos de
USD 3.125 millones por trimestre hasta fines de junio de 2019, y luego por
semestre hasta fines de abril de 2021. Para el fin de mayo de 2021, la
disminución acumulada será de USD 25.000 millones. Esta disminución en la deuda
del gobierno se verá reflejada en pagos al contado por este monto en pesos del
Tesoro al BCRA; se excluye la variación en el valor de la deuda debido a cambios
en los tipos de cambio o prácticas contables.
38. Monitoreo. Se proporcionarán al Fondo
datos diarios dentro de los dos días de plazo.
METAS INDICATIVAS CUANTITATIVAS: DEFINICIÓN DE VARIABLES
Límite inferior acumulativo sobre
el déficit primario del gobierno general
39. Definición. El gobierno general se
define como el gobierno nacional (definido arriba) más la posición agregada de
los gobiernos provinciales (definida para el propósito de este MET como las 23
provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
40. Definición. El balance primario del
gobierno general incluirá el balance primario del gobierno nacional (como se
define arriba, incluyendo los ajustadores) más los ingresos de los gobiernos
provinciales (incluyendo las transferencias del gobierno nacional) menos los gastos
en base caja de los gobiernos provinciales. Los gastos de los gobiernos
provinciales incluyen salarios, bienes y servicios, transferencias y subsidios,
gastos de capital y transferencias a municipios del gobierno provincial. Los
gastos e ingresos de las municipalidades se excluyen. El resultado de los
gobiernos provinciales será medido arriba de la línea, con los gastos definidos
según la información provista por la Secretaría de Hacienda.
41. Reporte. Los datos serán provistos al
Fondo con un retraso no mayor a 60 días calendario luego del cierre de cada
trimestre.
CLÁUSULA DE CONSULTA DE INFLACIÓN
42. Definiciones. La inflación se define
como el cambio del índice de precios al consumidor nacional total de fin del
periodo dentro de un periodo de 12 meses, medido y reportado por el INDEC.
43. Monitoreo. Los datos serán provistos
al Fondo con frecuencia mensual y con un retraso no mayor a 20 días calendario
luego del cierre de cada mes.
44. Las bandas de consulta trimestrales de
inflación se definen de la siguiente manera:
Tabla 6. Bandas de consulta de Inflación 2018 2019
Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic
Banda exterior - Límite superior 32 32 32 28 26
23 21
Banda interior - Límite superior 29 29 29 26 24
21 19
Centro 27 27 27 24 22 19 17
Banda interior - Límite inferior 25 25 25 22 20
17 15
Banda exterior - Límite inferior 22 22 22 20 18
15 13
45. Las perspectivas de inflación serán una
parte crítica de cada revisión dentro del acuerdo. El BCRA discutirá con el
staff del Fondo la respuesta de política apropiada si la tasa de inflación de
12 meses del IPC excede el límite superior de la banda interior especificada en
la tabla anterior. En caso que la tasa de inflación del IPC a 12 meses exceda
el límite superior de la banda exterior especificada anteriormente, las
autoridades realizarán una consulta con la Junta Ejecutiva del FMI sobre su
propuesta de respuesta de política antes de que los desembolsos del acuerdo
estén disponibles. Específicamente, esa consulta con laJunta Ejecutiva
explicará la postura de la política monetaria y si el programa respaldado por
el Fondo sigue en curso; las razones de las desviaciones de la banda especificada,
teniendo en cuenta los factores compensadores; y acciones correctivas
propuestas, según se considere necesario.
46. Definición. Los activos domésticos
netos (ADN) del BCRA se definen como la diferencia entre la base monetaria y
las reservas netas internacionales (RIN) del BCRA, convertida a pesos
argentinos al tipo de cambio del programa
● La base
monetaria incluye el circulante y las cuentas denominadas en pesos en el BCRA
de los bancos sujetos a requerimientos de encajes
● Las RIN
están definidas en este MET
47. Monitoreo. Los datos serán provistos
al Fondo mensualmente con un retraso no mayor a 10 días.
48. Ajustador. El techo de los ADN será
ajustado si se modifica el requerimiento de encaje mínimo sobre los bancos
comerciales. El techo se incrementará (reducirá) por igual monto en pesos al
incremento (reducción) de los encajes.
49. Ajustador. El techo de los ADN se
modificará en línea con los ajustes realizados al piso del cambio de las
reservas internacionales netas al tipo de cambio del programa, como se describe
en este MET, en la sección de Criterios de Ejecución Cuantitativos. El techo de
los ADN se incrementará (reducirá) en el mismo monto como la reducción
(incremento) en el piso en el cambio de las RIN.
50. Si los ADN del BCRA superasen el límite
superior, especificado en la tabla 2 del MPEF, las autoridades realizarán una
consulta con el Directorio Ejecutivo del FMI referida a la política de
respuesta propuesta antes de que los desembolsos del Acuerdo estén disponibles.
Específicamente, en la consulta con el Directorio Ejecutivo se deberá
explicar las razones del desvío del
techo especificado, considerando factores compensatorios; y acciones correctivas propuestas, si es que
resultaran necesarias.
CLÁUSULA DE CONSULTA DE INTERVENCIÓN DEL STAFF
Techo a las intervenciones del
BCRA y el gobierno nacional en los mercados de cambios al contado y a término
51. Definiciones. Las intervenciones en
el mercado de cambio se definen como las ventas al contado y en contratos a
futuro (entregables), tanto directamente o a través de cualquier institución
que el BCRA use como agente financiero. El BCRA se compromete, en el contexto
de intervenciones en el mercado de cambios, a no relajar las condiciones monetarias,
en particular, bajando la tasa de política monetaria, hasta que se lleve
adelante una discusión con el staff del FMI.
52. Monitoreo. Se proveerán diariamente
los datos al Fondo al final de cada día. Esta cláusula de consulta se aplicará
de forma continua.
Techo en el cambio en el stock de
contratos a futuro no-entregables (NDF) del BCRA
53. Definiciones. El stock de contratos a
plazo no-entregables (NDF por sus siglas en inglés) se define como la suma del
valor nocional en USD de todos los contratos celebrados por el BCRA en relación
al peso argentino, ya sea directamente o a través de cualquier institución que
utilice como agente financiero.
54. Si las ventas netas de NDF, según la
definición de arriba, alcanzan un valor acumulado el BCRA se compromete a no
relajar la política monetaria, particularmente bajando la tasa de política,
hasta que se lleve adelante una discusión con el staff del FMI.
55. Monitoreo. Serán provistos datos
diarios al Fondo al final de cada día. Esta cláusula de consulta se aplicará de
forma continua.
OTROS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
56. Además de los datos necesarios para
monitorear las condicionalidades del programa, las autoridades proveerán los
siguientes datos de manera de asegurar el monitoreo adecuado de las variables
económicas:
A.
Diarias
▪ Tipo de
cambio nominal; tasas de interés de instrumentos de deuda doméstica incluyendo
las LETES (para diferentes madureces), LEBAC (para diferentes madureces), y BOTES;
total de dinero emitido por el BCRA; depósitos de instituciones financieras en
el BCRA; encajes requeridos y en exceso del sector bancario en moneda local y
extranjera; total de la asistencia liquidez a bancos a través de operaciones
normales del BCRA, incluyendo giros en descubiertos; tasas de interés sobre
depósitos a 1 día de plazo y la tasa de pases pasivos y activos a 7 días de
plazo.
▪ La
posición bruta en moneda extranjera individual de cada banco.
▪ El
saldo de las cuentas de moneda extranjera en el BCRA individual de cada banco.
▪ Semanal:
la hoja de balance del BCRA
B.
Mensual
▪ Operaciones
del gobierno nacional incluyendo los flujos de fondos mensuales desde el principio
al final del actual año fiscal (y revisiones hacia atrás de ser necesarias),
con un retraso no mayor a 25 días pasado el cierre de cada mes, tanto en el
formato del Informe Mensual de Ingresos y Gastos (IMIG) y como el formato de la
Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (AIF). Sobre la deuda federal y
provincial:
▪ Los
pagos esperados por amortizaciones y repagos (en moneda local y moneda extranjera,
letras del Tesoro, Eurobonds, préstamos domésticos, préstamos externos
comerciales y oficiales). Esto deberá incluir deuda directa y garantizada. En caso
de una emisión de deuda garantizada por el gobierno, se debe incluir el nombre
del individuo/institución garantizado.
▪ El
stock de deuda por moneda del gobierno nacional y provincial, a final de mes,
detallando acreedor (oficial, comercial
doméstico, comercial externo; instrumento (bonos denominados en moneda local y
extranjera, letras del Tesoro, Eurobonds, préstamos domésticos, préstamos
externos tanto comerciales como oficiales); y directo y garantizado.
▪ El
balance del gobierno (nacional) en el BCRA y en el sistema bancario comercial necesario
para determinar la posición en efectivo del gobierno (nacional).
▪ Depósitos
en el sistema bancario: cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo
fijo dentro de las seis semanas luego del cierre del mes. El promedio mensual
de las tasas de interés de créditos y depósitos dentro de las dos semanas luego
del cierre del mes; el promedio ponderado de las tasas de créditos y depósitos
dentro de las seis semanas luego del cierre del mes.
▪ El
balance de otras corporaciones financieras (no tomadoras de depósitos),
incluyendo las tenencias de deuda federal y provincial e instrumentos del BCRA
dentro de un mes uego del cierre del mes.´
▪ Datos
sobre el valor de los préstamos totales de todos los nuevos programas de participación
público-privada (PPP) financiados por el gobierno.
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