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jueves, 9 de junio de 2016

JUECES FEDERALES. ELEFANTES DENTRO DE UN BAZAR (Extenso artículo de Andrés Fidanza en el Diplo; merece tomarse el tiempo)



LA RELACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS Y LOS JUECES FEDERALES

Los reyes de la justicia

Por Andrés Fidanza, Periodista, para Le Monde diplomatique


El reciente desfile por los tribunales de personalidades políticas señala la creciente influencia de los jueces sobre la democracia. Si bien la judicialización de la política no comenzó con Carlos Menem, fue durante su mandato que el fenómeno se agudizó. En la actualidad, Comodoro Py se ha vuelto el terreno por antonomasia en el que se zanjan los conflictos políticos.
Alguien dejó caer el nombre de un tal Norberto Oyarbide. Fue Jorge Anzorreguy, el hermano de Hugo, jefe de la SIDE menemista. Despatarrado en un sillón de botones y estilo inglés, Anzorreguy prometió: “Norberto es la persona ideal”.
Para 1992, Jorge ya se había hecho fama de operador político con peso propio en la Justicia. “Si él no está el día que jurás, tu nombramiento es inválido”, se ironizaba en los Tribunales de los noventa para graficar el tamaño de su poder. “Lo tienen que conocer a Norberto”, insistió Jorge Anzorreguy en la oficina del secretario de Justicia, Elías Jassán, de la que era habitué. En la reunión estaban ellos dos y un representante del Ministerio del Interior, a cargo del mítico Carlos Vladimiro Corach. Esa era la tercera pata de la entente informal que ponía, sacaba, sugería, negociaba y advertía a los fiscales y jueces federales, mientras el presidente peronista Carlos Menem sobrevolaba livianamente ese asunto, como tantos otros. Si la Secretaría de Justicia, si Corach y la SIDE se ponían de acuerdo, significaba que había luz verde para impulsar la designación de un juez o un fiscal.

En ese caso, la agenda político-judicial del día exigía con urgencia dar con alguien confiable para que ocupara la Fiscalía 1, un puesto clave porque tenía (y todavía tiene) competencia sobre los temas electorales.


A los 50 años, el abogado Oyarbide no mostraba antecedentes demasiado impactantes: se había recibido de grande, casi a los 30 años; no había escrito ningún artículo, ningún libro, no había sido ni siquiera ayudante en una cátedra universitaria, no había participado de ningún congreso, no había intentado cursar una carrera de posgrado, ni había recibido ninguna mención o felicitación.
Sólo acreditaba una larga y burocrática carrera judicial.


En 1976, cuatro años antes de egresar como abogado de la UBA, había empezado a trabajar a raíz de un contacto como empleado auxiliar ad honorem –“pinche”, en la jerga– del Juzgado Correccional N° 6 de la Capital Federal. Esa biografía gris fue la que Jorge Anzorreguy destacó en favor de Oyarbide, como si se tratara de un elogio. “Es muy trabajador y es NyC”, explicó.


NyC significa Nacido y Criado en el Poder Judicial. Y amplió su descripción en confianza: “Es un burócrata perfecto, siempre atrás del jefe. Se va a alinear sin problemas”.


Ante la insistencia de Jorge Anzorreguy, el trío menemista optó por llamarlo: a los veinte minutos, apareció un Oyarbide impecable y sumamente nervioso. Las manos le chorreaban de transpiración, al punto de que intentó secárselas sutilmente en el saco antes de saludar a los tres anfitriones.


En esa suerte de entrevista laboral, Jassán y el embajador designado por Corach confirmaron la impresión que les había transmitido Anzorreguy. Pero todavía faltaba un filtro determinante: la opinión de Corach. Esa misma noche, el ministro del Interior lo convocó a la Casa Rosada. Nuevamente nervioso y con las manos sudadas, Oyarbide le contó sobre su entusiasmo y sus ganas de quedarse con la fiscalía. Al terminar el encuentro, Corach llamó a su mano derecha y quien lo había representado en la cita del mediodía con Anzorreguy y Jassán y le dijo: “me gustó”.


A los pocos meses, Oyarbide era fiscal. Y al año siguiente, ya sonaba como candidato a algo más grande. El 20 de abril de 1994, Menem firmó el pliego para que el Senado lo ascendiera a juez. Pero no cualquier juez: se convirtió en uno de los doce magistrados federales en lo Criminal y Correccional (así se titulan), que habitan los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro. Un edificio propio para un fuero distinto de todos los demás: el único que investiga las acusaciones de corrupción contra los funcionarios nacionales actuales y de gobiernos anteriores.


Al concentrar el monopolio de la investigación sobre el poder político, esos doce jueces manejan una cuota importante del poder. En realidad constituyen una parte del poder. De los doce, cuatro entraron en los primeros tiempos del menemismo (Oyarbide, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y María Romilda Servini de Cubría ); uno durante La Alianza (Sergio Torres); tres fueron designados en 2004, por el recién asumido Néstor Kirchner (Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Ariel Lijo), y los otros cuatro ascendieron a jueces durante la primera presidencia de Cristina Kirchner (Luis Rodríguez, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos). 


Son personajes cada vez más influyentes sobre el rumbo de la democracia. Pero a diferencia de los desafíos y las turbulencias que enfrentan los políticos o los CEO de las grandes empresas, no se someten a la prueba de los votos o de los resultados materiales. No están obligados a capacitarse ni a cumplir horarios demasiado rígidos. Prácticamente no rinden cuentas, no pagan el impuesto a las ganancias y su cargo es vitalicio. Duran en el cargo hasta que se mueran, decidan jubilarse (Carlos Fayt abandonó la Corte Suprema a los 97 años) o los echen de su puesto, algo que rara vez ocurre.


La Constitución, a su vez, exige que los abogados cuenten con un ejercicio profesional mínimo de cinco años antes de ser designados jueces. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría no cumple con ese requisito. Tal como Oyarbide en su periplo laboral, muchos acumulan cinco años como abogados recibidos, pero no en el ejercido real de la actividad. Por el contrario, hay un pelotón de jueces federales que no atravesó la experiencia humanizante del cara a cara con la gente con el objetivo de intermediar para resolver conflictos.


Bichos de juzgado desde sus inicios, una gran parte de ellos se formó en la cultura del secretismo. Desde pinches, los candidatos a jueces somatizaron la energía deprimente que transmiten las luces de tubo colgadas por ley en los pasillos sin ventanas. Y, en homenaje al Medioevo, incorporaron frases del latín para imponer distancia. Así, el sistema judicial se replegó sobre sí mismo. Como resultado, jueces, fiscales y secretarios casi nunca vivieron una escena diferente a la que les provee la estructura. Y el sistema judicial no suele ser muy imaginativo en sus propuestas.


Pero no todo es un resabio aristocrático en los tribunales argentinos; se trata de un nicho que no pasó de largo a los planteos de la Revolución Francesa. Como contracara optimista, un aire de modernización llegó por vía de los nuevos derechos y garantías. A caballo de cierta sofisticación de la ciudadanía, la institución judicial se volvió (aunque todavía minoritariamente) un lenguaje de derechos: a la vivienda, a un ambiente sano, a un trabajo digno. Así, esta faceta de la judicialización de la política presenta dos realidades: puede redundar en amparos que paralicen las decisiones del Ejecutivo o del Congreso, y a la vez beneficiar a minorías étnicas y sexuales, a los marginados, a los trabajadores informales, a los migrantes, a las víctimas de nuevas y viejas modalidades de violencia ignoradas por los gobernantes.


Favores como figuritas


Desde su nominación, hace 22 años clavados, la trayectoria de Oyarbide se volvió una metáfora de lo que suele pasar en el cruce entre política y justicia. En parte gracias a su alto perfil y su excentricidad a cielo abierto, se consagró como el juez más conocido de la Argentina. Cantar y tocar el órgano junto a la Mona Jimenez en un recital, desfilar junto a una vedette por la alfombra roja del festival de cine marplatense, su jopo tipo años cincuenta, su jaquette, su pañuelo y su anillo de diamantes le aportaron un toque especial a su carrera. Aunque no hay que engañarse: todos los jueces son personas, y cada uno tiene un plus más o menos oculto.


Sobrevivió a varios escándalos, denuncias, escraches, prejuicios y unos cincuenta pedidos de juicio político en su contra. En 1997, procesó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En criollo, lo acusó de beneficiar desde el Estado a una empresa.

Cavallo se había ido del gobierno peleado con más de medio planeta menemista, incluido especialmente su archienemigo: Carlos Corach. De ánimo más bien calentón, el ex ministro de Economía había denunciado que Corach le escribió en una servilleta los nombres de los jueces federales que acataban las órdenes del gobierno de Menem. Según Cavallo, Oyarbide era uno de los que aparecían en ese legendario papel. 


La servilleta de Corach pasaría a formar parte de los hitos que, dependiendo del momento de la economía nacional, causa furia, indignación moderada o resignación socarrona en el humor de los argentinos. Oyarbide mismo también genera ese efecto.


En 1998, la difusión de una cámara oculta en un burdel gay (metodología de extorsión clásica de un sector de la SIDE) amenazó con llevárselo puesto. Al margen de los comentarios homofóbicos que circulaban por aquellos días, a Oyarbide lo acusaron de haber protegido una red de prostíbulos. Pero tuvo suerte: el 11 de septiembre a la noche, el mismo día en que Al Qaeda tiró abajo las Torres Gemelas de Nueva York, los senadores peronistas lo salvaron. En una sesión que quedó relegadísima y pasó al olvido, las distintas ramas del PJ le evitaron el desafuero.

En adelante, Oyarbide se ganó el respeto de sus colegas y subordinados por su capacidad de trabajo y su eficiencia en causas comunes o de drogas. En el 10% de las investigaciones restantes, las que podían llegar a perjudicar a los gobiernos de turno (esa tiende a ser la proporción general) fueron su principal talón de aquiles. Ahí se dedicó a intercambiar favores como figuritas. Durante el menemismo, la Alianza y el kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura atajó todos los posibles jury en su contra.


Ahora, desde hace un par de semanas, Oyarbide ya no es más juez federal. El presidente Mauricio Macri, a quien Oyarbide había procesado en 2010 por un caso de pinchaduras telefónicas a dirigentes de la oposición porteña, le aceptó la renuncia. Evitó así impulsar un juicio político, tal como le reclamaba su aliada Elisa Carrió con discurso principista.


Elefantes en un bazar


“Nuestro mensaje es que no tenemos rencores”, explica un secretario de Estado macrista, con sonrisa winner y ademán de abrazo. Sentado en la butaca marrón de su oficina con vista a un extremo de la Plaza de Mayo, el funcionario alterna en automático entre su celular Samsung 6 y tres pantallas de televisión. Mientras en TN aparecen Macri y María Eugenia Vidal en un acto en Quilmes, C5N elige mostrar una repetición de Axel Kicillof rodeado por una nube de movileros, a la salida de Comodoro Py. Acusado por Claudio Bonadío en la misma investigación que Cristina Kirchner en la intrincada causa por el llamado dólar a futuro, Kicillof dijo y ahora vuelve a decir que “todo es una maniobra política”.


Sin un gran poder de influencia sobre Comodoro Py, el gobierno presenta su debilidad como virtud. “Aunque suene naíf, nosotros no bajamos línea ni operamos sobre los jueces federales. Y aceptamos la renuncia de Oyarbide porque no tenemos espíritu vengativo”, se jacta el funcionario. Mientras tanto, el macrismo aprovecha la coincidencia de intereses con Bonadío. 


Oyarbide mantuvo procesado a Macri durante años. Y la Cámara Federal, que nuclea a los otros cinco actores determinantes del fuero, confirmó con énfasis esa decisión de Oyarbide. Sólo el cambio de juez le evitó a Macri sentarse en el banco de los acusados, cuando el juicio oral parecía inminente. Hace dos años, el juez federal más joven de los doce de Comodoro Py, Sebastián Casanello, recibió el expediente, anuló la elevación a juicio y dijo que no había pruebas contra Macri. En diciembre pasado, con Macri ya en condición de presidente, lo sobreseyó. Ahora la Cámara, la misma que le confirmó el procesamiento de Oyarbide, deberá decidir si da marcha atrás o si ratifica su vieja postura.


Entre la renuncia de Oyarbide y los operativos judiciales a lo Mani Pulite en contra de los ex funcionarios del kirchnerismo, desde hace semanas que Comodoro Py se convirtió en un hormiguero. Ese rectángulo de cemento abrumador, con diez pisos, mil ochocientas ventanas exteriores y cuarenta mil tubos de luz, ubicado cerca del río, quedó bajo la lupa de la prensa y la política. Una parte de los jueces federales que ocupa los despachos de Py busca revancha. Así de simple, sin autoengaños ni comparaciones históricas que le aporten épica a sus decisiones: ni con la Italia de principios de los noventa, ni con el Brasil actual, a pesar de que puedan existir paralelismos de trazo grueso entre las tres situaciones.


El juez brasileño Sergio Moro, responsable de la causa por corrupción en Petrobras que arrinconó a Lula e hizo tambalear al gobierno de Dilma, sí se jacta de los puntos en común con el Mani Pulite italiano. En conferencias recientes dijo que tomó como modelo el proceso dirigido por el fiscal Antonio Di Pietro: una investigación que hizo estallar el sistema de partidos y el de convivencia entre política y negociados.


En Italia, el Mani Pulite parió indirectamente a Forza Italia, el partido del empresario multimillonario Silvio Berlusconi, como si se tratara de una superación eficientista de la etapa política. En Brasil, el juez Moro hizo carambola. Con el viento de los grandes medios a favor, como el grupo Globo, jaqueó a Dilma Rousseff y puso en crisis al fragmentado sistema de la coalición gobernante. En Argentina, Macri se sirvió del speech honestista, con sueños de judicialización adheridos, para vencer al kirchnerismo. Hasta su triunfo, que una tercera fuerza de tono conservador derrotara al peronismo parecía un delirio o una utopía. 


“Tanto en la justicia de Brasil como en la de Argentina hay un sector minoritario de jueces que se han metido en lo partidista y, lógicamente, proceden con la torpeza que es inherente a su inexperiencia. Con notoria grosería se puede decir que son elefantes en un bazar”, opina el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.


Para Zaffaroni, la minoría partidizada arrastra a una mayoría silenciosa de jueces y fiscales, quizás de ideología conservadora, pero a su vez honestos y trabajadores. Y el riesgo es que en un futuro no muy lejano la sociedad le pase factura a “la justicia” sin distinciones. El ex supremo pronostica, aunque no en estos términos, una crisis de 2001 focalizada sobre el Poder Judicial.


Marcando la cancha 


Cuatro meses después de que el kirchnerismo abandonara la Casa Rosada, un juez encarceló al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, ya condenado por corrupción; otro citó a Cristina Kirchner junto con su último ministro de Economía; Amado Boudou está procesado y en las puertas de un juicio oral, y fue detenido Lázaro Báez, el empresario ligado al ex presidente Néstor Kirchner. Si bien cada caso es distinto, está claro que algunas causas tomaron un envión que hasta hace cuatro meses no tenían.


Claudio Bonadío, otro de los jueces promovidos por Menem, pero funcional al kirchnerismo hasta hace un par de años, parece ser el más acelerado del grupo. Siempre temperamental, Bonadío fue militante de Guardia de Hierro y funcionario de Antonio Cafiero en la gobernación bonaerense. “En toda bandita, siempre hay uno más loquito, el que pega primero”, grafica un abogado y ex funcionario que ahora mismo tramita una causa en el juzgado de Bonadío.


Dentro del PRO no se ponen de acuerdo sobre qué panorama prefieren para Cristina Kirchner. Meses atrás, Jaime Durán Barba afirmaba: “Sólo el 14% de la gente quiere verla tras las rejas, pero el 86% no”. El riesgo de acorralar judicialmente a la ex presidente es agrandar el mito: el kirchnerismo siempre golpeó más y mejor cuando iba en retroceso. En un contexto de ajustes, inflación alta y despidos, el espectáculo de los kirchneristas desfilando por Tribunales es lo más atractivo que, al momento, el gobierno tiene para ofrecer. Y a la pasada sirve para tapar el caso de los Panama Papers y las sociedades offshore de Macri. 


A pesar de esa alianza táctica por default, el PRO todavía no logró una interlocución fluida con los distintos sectores de la justicia federal. El ministro de Justicia Germán Garavano no representa lo mismo que Ernesto Sanz. El radical declinó misteriosamente ese cargo tras el triunfo de Macri. La UCR tiene historial en el trato a los jueces. Sabe caminar Py, Tribunales, el Consejo de la Magistratura, las facultades de Derecho de todo el país.


“Esperemos que no sea una reacción, sino un cambio. Sin entrar en los expedientes, creo que en definitiva es algo bueno, y esperamos que sea algo sustentable y no una reacción frente al cambio de gobierno, o incluso ante determinadas propuestas que este gobierno ha impulsado”, advirtió tibiamente Garavano, un ministro resistido por los jueces federales. La mayoría, sobre todo los más veteranos, lo mira con condescendencia. Sospecha que viene a continuar con la línea reformista de Gustavo Béliz, alias “zapatitos blancos” y primer ministro de Justicia de Kirchner.

Tanto Béliz, en 2004, como ahora Garavano creyeron que era hora de un recambio en la justicia. El ministro macrista pretende recortar facultades a los jueces y marchar hacia un régimen acusatorio en el que los fiscales (y ya no aquéllos) realicen la acusación durante todo el proceso.


El intento de Béliz, muy similar al actual, nació, fue cajoneado y murió. Se le opusieron los jueces federales y un por entonces desconocido operador de los servicios de inteligencia: Jaime Stiuso. Béliz perdió la pulseada por paliza, y desde 2004 la banda liderada por Stiuso (con el ex integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, como principal aliado) se consolidó como mediadora en las sombras entre el Poder Ejecutivo y los jueces federales.


Durante años, el kirchnerismo tercerizó en ese grupo el rol de la interlocución. Hasta que Cristina Kirchner sospechó traiciones múltiples y echó a todos, empezando por Stiuso.
Ahora, el stiusismo merodea la ex SIDE, Comodoro Py y otros escenarios informales de la política. Con guiños internos en las filas del PRO, empieza a volver al poder por goteo, y está a un golpe de teléfono de reconstruir el viejo statu quo.


Garavano, por su parte, ya tuvo que hacer una concesión al sistema: postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue resistido por gran parte de los jueces. En su primera visita formal a Comodoro Py, un mes atrás, convocó a casi todos en un salón del segundo piso: paredes blancas, luz de tubo, sillas de plástico, botellitas de agua mineral y piso de parquet gastado. Sentados en círculo, Garavano fue el único que sonrió para la foto. Les contó que la prioridad del Presidente era luchar contra el narcotráfico y que, por eso, estaba promoviendo el nuevo equipo de jueces: el “fuero boutique”, según el nombre malicioso que le pusieron en Py. El ministro les dijo que era un plan piloto. “¿Entonces es prueba y error?”, chicaneó Canicoba, en lo que fue una sucesión tensa de tiros al pichón de anteojos.


Así, el Mani Pulite criollo contra el kirchnerismo también funciona como una muestra de poder hacia el macrismo: un desfile militar, tipo los que organiza Corea del Norte. Porque si bien la pose natural del Poder Judicial es ser oficialista, si se siente amenazado muestra los dientes.


Repartidos entre el tercero y el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, los jueces reinan cada uno en sus despachos atiborrados de expedientes, carpetas apiladas y computadoras antiguas. Son competitivos y tienen menos espíritu de cuerpo del que se les atribuye, salvo que aparezca una amenaza corporativa. Ahí empiezan los llamados, los mensajitos, las intrigas y las visitas conspirativas a los despachos del vecino.


“El nuestro es un trabajo solitario. No tenés estructura ni demasiada contención”, afirma un camarista de Comodoro Py, sentado en su oficina con vista al edificio Libertad de la Armada. Puso una foto de Evita en un estante y, en parte por eso, se siente un paria en el ambiente judicial.


Si bien no hay un jefe muy definido entre los jueces, muchos identifican a Ariel Lijo como una especie de primus inter pares. Apadrinado en sus inicios por Carlos Corach (a quien sobreseyó en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA), Lijo hoy mantiene una excelente relación con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, otro de los candidatos a liderar desde arriba a la gran familia judicial.


La judicialización de la política 


“Desde cualquier juez de provincia hasta uno de Comodoro Py, siempre hay una estructura política que los avala por detrás. Cuando se aprueba el pliego y el gobernante lo firma, ya existe una vinculación”, afirma el abogado Juan Carlos García Dietze, quien tiene una vasta experiencia en el arte de lidiar con la justicia federal. En causas que se mezclan con la política y suelen aparecer en los diarios, como el encubrimiento en el atentado a la AMIA (por la que están procesados y son ahora mismo juzgados Carlos Menem; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; el ex juez del caso Juan José Galeano, y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros), García Dietze siempre se pone del lado de las víctimas.


Por estos días, García Dietze está a la espera del fallo contra los responsables policiales y políticos de la represión de diciembre de 2001. Él representa a los hijos de Alberto Márquez, asesinado de un balazo que le perforó la espalda mientras caminaba por la avenida 9 de julio. Semanas atrás, se terminó la etapa de los alegatos en Comodoro Py. En la causa están siendo juzgados tres jefes de la Policía Federal y el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov; por una decisión injusta, según García Dietze, Fernando de la Rúa zafó.


“Con los concursos (incorporados a partir de 1999) el sistema mejoró un poco: una bestia peluda quizás no pasa. Pero las designaciones siguen teniendo que ver con la voluntad de un intendente, un gobernador o un presidente. Eso genera una dependencia y la perspectiva de que ese favor se devuelve una vez que el juez enfrente una situación concreta que lo permita. Si eso pasa en una fiscalía de pueblo, se potencia cuando crece la complejidad”, opina García Dietze.

Así, si bien el menemismo no inventó el juego de presionar a la justicia, lo llevó a su punto más alto, tanto en la designación de jueces federales como en la conformación de una Corte Suprema adicta. Y algo más: la promoción de jueces sin prestigio, recurso que con Menem se volvió doctrinario, construyó una justicia débil y muy vulnerable.


Pero el gran debut de la justicia permeable al poder ocurrió en 1930, cuatro días después del golpe de Estado de Uriburu. Tras el derrocamiento de Yrigoyen, la Corte Suprema de Justicia redactó una acordada que, sin mayores tecnicismos, legitimaba el primer golpe contra la democracia de la Argentina.

“Esta Corte ha declarado, respecto a los funcionarios de hecho, que la doctrina constitucional e internacional se uniforman en el sentido de dar validez a sus actos”, afirmaron los cuatro supremos de aquel entonces.


A partir de 1983, la judicialización de la política se convirtió en un proceso irreversible. Los diarios empezaron a mirar a los tribunales, antes que a la Iglesia, el Ejército, los sindicatos o el Congreso. Contrataron periodistas especializados y empezaron a publicar en tapa lo que antes era una breve mención interna: una mera acusación contra un ministro. La pelea del kirchnerismo con el Grupo Clarín consolidó el recurso: una imputación pasó a ser una medida objetiva y suficiente para desprestigiar a un político.


La justicia se volvió un espacio en el que se zanjan conflictos provenientes de la política. Los gobiernos ya no pudieron declararse prescindentes: sumaron operadores y entraron de cabeza en el juego de politizar la justicia.


Tras cuatro meses de gobierno macrista, la vuelta de Cristina Kirchner a la escena pública no fue buscada. Al contrario, fue forzada por el juez Bonadío. Y el lugar en el que se realizó el acto confirmó el vigor de la tendencia: los seguidores de la ex presidente le armaron un atril en la puerta de Comodoro Py.



© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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