El Consejo europeo del
18-19 de febrero y el “fin de la historia”
G. Buster 14/02/2016 Para Revista
Sin Permiso
“Las referencias que se hagan en los Tratados y sus
preámbulos al proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los
pueblos de Europa pretenden principalmente señalar que la meta de la Unión es
promover la confianza y el entendimiento entre pueblos que viven en sociedades
abiertas y democráticas que comparten un patrimonio común de valores
universales. No equivalen el objetivo de la integración política”
(Sección C, p 1 del Proyecto de Decisión del
Consejo Europeo)
“Mantener la unidad de la Unión Europea es el mayor
desafío que tenemos todos y es por lo tanto el principal objetivo de mi mandato
(…) La línea que no he cruzado, sin embargo, son los principios sobre los que
se fundó el proyecto europeo (…) Para tener éxito todos necesitaremos alcanzar
compromisos. Porque el fracaso comprometería nuestro futuro común”.
(Carta del Presidente Donald Tusk a los miembros
del Consejo Europeo)
El próximo Consejo europeo del 18-19 de febrero
puede suponer el bloqueo definitivo del proceso de construcción política de
Europa. De aprobarse el proyecto de decisión hecho público, cuyas medidas
deberán ser incorporadas a los Tratados, la Unión Europea, quedará reducida
definitivamente a la gestión burocrática del mercado único y a la coexistencia
pactada de la gobernanza de la zona euro con los distintos estados miembros que
mantienen sus propias monedas y sistemas financieros. “Pactada” en este caso
significa, según el proyecto de decisión, que la “Europa a dos velocidades” no
podrá utilizar la “cooperación reforzada” para relanzar un proyecto político ni
económico de construcción europea que cuestione las murallas jurídicas
levantadas por esta nueva interpretación de los Tratados.
El proyecto de construcción política neoliberal de
Europa, que sufrió una importante derrota con el rechazo en Francia y Países
Bajos del proyecto pseudo-constitucional en 2005, que lo convirtió en un
acuerdo intergubernamental en el nuevo Tratado de Lisboa de 2007 y que ha
gestionado de la manera que todos sabemos las dos últimas crisis de Grecia y
los refugiados, encalla definitivamente: Francis Fukuyama (1) no hubiera podido
preveer un “Fin de la Historia” más decepcionante para la UE.
Me permito aconsejar a quienes no han leído los documentos
preparatorios del
Consejo del 18 y 19 de febrero -o se han limitado a la implorante carta a los Estados Miembros de su
presidente, el polaco Donald Tusk-, que estudien con atención el Proyecto de
decisión y los cinco documentos interpretativos que lo acompañan. Pende
aún su negociación, pero las concesiones no vendrán de los negociadores
británicos. Su principal instrumento de presión es que sin una campaña de
movilización del gobierno y las empresas británicas, que hasta ahora no se ha
producido, el referéndum británico tendrá unos efectos demoledores en lo que
queda de legitimidad de la UE.
La crisis griega se ha resuelto con la humillación
del tercer memorándum, después de un asedio económico del BCE que, para cumplir
su mandato de salvaguardar el euro y a los acreedores de la deuda soberana, no
ha dudado en poner en evidencia que no existe opción de salida del euro, solo
la destrucción de la economía griega. Pero Gran Bretaña está fuera del euro,
tiene en Londres al centro financiero más importante de Europa y cuenta con
poderosos aliados en los estados miembros de la UE que tampoco se han
incorporado al euro. La negociación sobre el referéndum británico se convertirá
en un paraguas de las reticencias y resistencias de los estados de Europa
central y del este que se ven sometidos a la misma disciplina austeritaria pero
no participan en la toma de decisiones de la zona euro.
Este escenario deja a la zona euro, dividida entre
un centro acreedor y una periferia deudora, sometida a las tensiones políticas
del mantenimiento o la flexibilización de la política de austeridad cuando se
adivina en el plazo de un año una nueva recesión internacional. Derrotado el
gobierno Syriza-ANEL, pero bajo la presión de la
movilización popular, mientras el Reino de España se encuentra sin
gobierno y sin aparentes posibilidades de tenerlo en el primer semestre del
año, con un gobierno portugués que solo puede sobrevivir en la negociación de
una flexibilización de los objetivos del déficit fiscal de la Comisión Europea, Renzi parece dispuesto a explotar a favor de gobierno italiano las
fisuras abiertas.
David Cameron se encuentra ante un referéndum –que
podría ser convocado el 23 de junio- que no había querido, pero que no ha
tenido más remedio que defender para mantener la unidad de los conservadores
británicos. Su esperanza era que una necesaria coalición con los Liberales-Demócratas,
completamente opuestos al mismo, hubiese obligado a aplazarlo otra legislatura.
Pero su éxito electoral, en parte alentado por una reacción nacionalista al
referéndum de Escocia, le obliga ahora a evitar una nueva división de los conservadores
sobre la base de imponer las condiciones británicas a la UE para no
abandonarla.
Hasta ahora, la prensa se ha centrado en un aspecto
secundario pero sensible: la discriminación de los trabajadores comunitarios
residentes en el Reino Unido en el acceso a las prestaciones del estado de
bienestar. En caso de “emergencia” (una definición ambigua de crisis fiscal) el
Gobierno británico podría suspender o recortar beneficios sociales a los
trabajadores emigrantes comunitarios. La propuesta inicial de Cameron era fijar
esa discriminación en un periodo inicial de cuatro años. La contrapropuesta de
Tusk es “graduar” esa discriminación según la creciente integración del
trabajador en el mercado de trabajo del estado miembro huésped”.
Otra de las “líneas rojas” británicas es la no
transferencia a otros estados miembros de las ayudas familiares a las que
tienen derecho los trabajadores en el Reino Unido. La contrapropuesta de Tusk
es que se sitúe un límite al volumen de esas transferencias que los
trabajadores comunitarios envían a sus familias. Los tabloides británicos
contrarios a la UE agitan el espectro del traslado del campo de refugiados de
Calais al territorio insular del Reino Unido.
Más allá de estas cuestiones sociales, el centro de
las negociaciones es el objetivo de una “unión cada vez más estrecha”. Hasta el
Tratado de Lisboa de 2007, la interpretación de este objetivo fundacional de UE
apuntaba a la evolución institucional hacia una integración política que dotase
de legitimidad representativa a las instituciones comunitarias, es decir, a una
construcción política. Su misma configuración, aunque ambigua y sin separación
de poderes efectiva, apunta a esa aspiración, que fue el punto de partida del
debate constitucional europeo.
Es más, el surgimiento de las instituciones
europeas respondía a un pacto social de postguerra según el cual el
funcionamiento de las mismas debería desarrollar las condiciones económicas de
una confluencia social y política. La Carta de
Derechos Fundamentales de la UE, adoptada en el 2000, respondía a la
crisis de ese pacto social como consecuencia de las políticas neoliberales y a
un intento de reconstrucción como condición del llamado Tratado
Constitucional Europeo. Sobre esta base participaron los demócrata-cristianos y
los social-demócratas europeos hasta que el neoliberalismo de finales de los
años 80 y los 90 impusieron un giro al proceso de construcción europea, que
acabó encallando en 2005. Ahora, según el Proyecto de decisiones del próximo
Consejo europeo, se trata abandonar ese objetivo fundacional e interpretarlo en
el acerbo comunitario como la gestión intergubernamental pactada de dos esferas
de gobernanza europea claramente delimitadas: la zona euro y la zona no-euro
del mercado único común.
El problema del chantaje británico es que, hasta
ahora, su credibilidad ha sido escasa entre los propios intereses empresariales
que los conservadores dicen representar. Una reciente encuesta del
Financial Times a las
100 principales compañías británicas en bolsa ha puesto de relieve su total
falta de preparación para una salida del Reino Unido de la UE tras el
referéndum de junio: solo 4 empresas han desarrollado planes de adaptación.
Pero al mismo tiempo, solo 18 declaran estar dispuestas a defender abiertamente
la permanencia en la UE.
Todo ello recorta el margen de negociación del
próximo Consejo europeo, a pesar del llamamiento de la carta de Tusk. Para
iniciar una movilización a favor de permanecer en la UE, Cameron necesita
hacerlo en base a una victoria de sus condiciones. La alternativa es una salida
de la UE por la derecha, un segundo referéndum de Escocia como consecuencia o,
casi peor para la oligarquía europea, una victoria de la permanencia en la UE
hegemonizada por los laboristas de Jeremy Corbyn sobre la base de la defensa de
los derechos sociales y de otro modelo de UE.
Y
mientras tanto…en el Reino de España
El gobierno Rajoy en funciones solo parece haber
despegado hasta el momento una iniciativa europea desde las elecciones
generales de diciembre: consultar al eurogrupo la disposición para aplicar
cierta flexibilidad a los objetivos del déficit fiscal de los presupuestos de
2016, aprobados con los solos votos del PP. La respuesta del presidente del
eurogrupo Jeroen Dijsselbloem a su antiguo rival en el cargo De Guindos no ha
dejado duda: “cuando hay turbulencia en los mercados, mano firme”. Es decir,
cualquiera que sea el próximo gobierno, de entrada, 11.000 millones de euros de
recortes en 2016.
Rajoy asistirá al próximo Consejo europeo con una
mera “capacidad técnica”, sin posibilidades de negociación política, y sin
definición de cuales son los intereses del Reino de España en esta encrucijada
comunitaria. La petición de un pleno de debate previo en el Congreso de los
Diputados en la mesa del Congreso –que cuenta con una mayoría PP-Ciudadanos- de
acuerdo con lo estipulado en la Ley de Creación de la Comisión Mixta para la UE
(cuya ineficacia e incumplimientos legislativos en las pasadas legislaturas son
clamorosos), ha sido rechazada por la Vicepresidenta en funciones Sáenz de
Santamaría. El primer argumento es que el gobierno en funciones responde
exclusivamente ante el Congreso ya disuelto, no ante el que está en sesión
(interpretación curiosa para una abogada del estado); el segundo es que los
gobiernos anteriores solo han rendido cuentas de los Consejos europeos a posteriorí, después de su celebración
(interpretación curiosa para una Vicepresidenta en funciones “técnicas”).
En definitiva, la representación del Reino de
España en el Consejo europeo del 18-19 de febrero se hará sin capacidad de
negociación política alguna. Al menos debería advertir a los socios
comunitarios que cualquier decisión debe ser ratificada por el Congreso de los
Diputados, tratándose especialmente de una interpretación de los Tratados que
afecta al acerbo comunitario.
No será el único estado miembro en esta situación.
Al menos el primer ministro belga Charles
Michel ha advertido a Cameron de
las dificultades que esperan a las conclusiones del Consejo europeo en el
Parlamento de Walonia y en el de la comunidad germanófona belga.
Las izquierdas en el Congreso de los Diputados
deben preparar con cuidado el debate posterior al Consejo europeo del 18 y 19
de febrero. Debe comparecer el presidente de la delegación, Rajoy, no como se
ha pretendido el secretario de estado de la UE, que ni siquiera asiste a las
reuniones decisivas del Consejo. Deben hacer un control riguroso de las
intervenciones de la delegación española tanto en la fase preparatoria
(COREPER, reunión de sherpas..) como en las sesiones del Consejo. ¿Cómo y quién
fijo los intereses españoles?, ¿quién emitió las instrucciones “técnicas”? ¿qué
contrapartidas se especificaron?. Lo que en definitiva está en juego es el
sentido mismo de las transferencias de soberanía realizadas para unos objetivos
de construcción europea que ahora se frustran definitivamente.
No es casualidad que en esos mismos días se reúna en
Madrid el MDdE25, del que SP ha dado amplia información. Su objetivo
es la democratización de la UE, su transformación radical de un proceso
institucional de gobernanza neoliberal en una recuperación del proyecto de
construcción de una Europa de los ciudadanos y los pueblos. Las fuerzas de la
izquierda tienen una ocasión inédita de confrontar su modelo alternativo con el
que han defendido el PP y el PSOE hasta ahora y contribuir institucionalmente
al giro que propone el MDdE25.
Notas:
(1) Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay,
(2014), convertido en una amarga reflexión sobre las limitaciones del orden
neoliberal, resume en tres principios la estabilidad política del sistema:
control representativo (accountability); división de poderes; y eficacia
administrativa. Quizás sea innecesario señalar que el proyecto neoliberal de
construcción europea se basa precisamente en sortear estos tres principios
fundamentales.
Fuente: Revista Sin Permiso
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