EL PERDIDO - ESTACIÓN JOSÉ A. GUISASOLA - PARTIDO DE CORONEL DORREGO - BUENOS AIRES - ARGENTINA

viernes, 11 de diciembre de 2015

Para el nuevo gobierno la equidad es cosa del mercado




El kirchnerismo, los claros índices de equidad que deja y el riesgo de volver a los mercados financieros

El caso argentino

Por Gabriel Kessler y Tomas Lukin para Le Monde diplomatique Cono Sur


¿Es Argentina más o menos desigual después de diez años de gobierno kirchnerista? ¿En qué dimensiones se verifica una disminución de la desigualdad, en cuáles se mantiene estable y en cuáles se ha intensificado?
Hacia el 2008 se produce en Argentina una quiebra en el consenso que existía acerca de las mejoras respecto del pasado. Un consenso quebrantado tanto por la pérdida de confianza en datos públicos de pobreza e inflación a raíz de la intervención del INDEC como también porque a medida que el fantasma del 2001 se alejaba, aumentaban las demandas en pos de igualdad en distintos temas, y por tanto se diversificaban las dimensiones respecto de las cuales la década era sometida a escrutinio. 


En rigor, parte del debate político de cada ciclo es pugnar por los criterios con los cuales es y será evaluado. En los encontrados balances sobre el período gravitan decisiones de antemano frente a una serie de interrogantes clave, entre ellos: la forma de considerar las condiciones iniciales, los hitos de comparación y los indicadores utilizados. En mi libro Controversias sobre la desigualdad me propuse contemplar la situación en 2003, para evaluar lo hecho a partir de ahí, asumiendo que, además de la gravedad del momento, había en general carencias de más larga data y que en cada tema podría haber temporalidades, ciclos y puntos de inflexión particulares que no necesariamente siguieran al ciclo político. Partía de una concepción multifacética de la desigualdad que incluyera distintas dimensiones del bienestar, y, entre la igualdad de oportunidades y de posiciones, elegía esta última, cuyo horizonte es el acortamiento de las brechas entre los beneficios adscriptos a distintos lugares en la estructura social. 


Intenté comparar con tendencias y períodos del pasado en lugar de contrastar años aislados, que pueden elegirse de manera un tanto arbitraria si se quiere subrayar cambios o continuidades, y elegí en cada tema una variedad de indicadores en vez de tomar uno que, supuestamente, sintetizara toda la situación. Con estas premisas, indagamos qué pasó entre 2003 y 2013 con la distribución del ingreso y el mundo del trabajo, en educación, salud y vivienda, en desigualdades territoriales, infraestructura, cuestión rural y determinados delitos. Nos centramos en algunos de los temas controversiales, pero no todos, dejando de lado algunos que nos interesaba también considerar. 


Tendencias hacia una mayor igualdad


En el libro se muestra que hubo claros movimientos hacia una mayor igualdad en ciertas dimensiones, pero también la perdurabilidad, o en ciertos casos hasta el reforzamiento, de desigualdades en otras.


Comencemos por aquellas tendencias que más claramente muestran un aumento de la igualdad en el período. En primer lugar, la reducción de desigualdades en determinados grupos y categorías, en particular entre trabajadores, sobre todo los asalariados, y más si se trata de aquellos registrados y urbanos, y la expansión de distintas coberturas. Así, por ejemplo, muestran Beccaria y Maurizio para el total de aglomerados urbanos que el coeficiente de Gini de la ocupación principal desciende de un 0,539 en el 2001 a un 0,399 en el 2010. Han gravitado sobre todo distintas variables económicas y políticas laborales, con aumentos del salario real y del trabajo registrado. Recuperación significativa e incontestable hasta 2007-2008, luego de lo cual hay controversias, producto sobre todo de la inflación, para algunos también por el peso del impuesto a las ganancias y, en especial, de una menor capacidad de la economía en seguir generando empleo de calidad. 


La disminución de la desigualdad también se debe a la gran extensión de coberturas de diverso tipo. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre 2002 y 2009 se habrían otorgado más de 7 millones de protecciones nuevas, entre las que se cuentan el incremento del número de jubilaciones, de distintos tipos de pensiones y de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, a lo que debería sumarse un 20% más de población afiliada a una obra social nacional o provincial en los últimos diez años, un aumento con pocos precedentes. Una ampliación de coberturas que benefició sobre todo a los sectores más bajos y a las provincias más relegadas. 


En relación con la distribución del ingreso, las remuneraciones laborales y la pobreza, se recuperó en general lo perdido desde la crisis de 2001 hasta 2003; un logro no menor, ya que la caída en ese lapso fue enorme. Al fin de nuestro recorrido, los indicadores exhiben valores comparables a distintos años de la década de 1990. En ciertos casos –como la distribución de ingresos entre capital y trabajo–, no se ha logrado revertir las dinámicas regresivas de varias décadas previas. Ahora bien, una diferencia central es que mientras en el decenio previo la tendencia general fue hacia un aumento de las desigualdades, en éste ha sido la paulatina o más rápida disminución de su intensidad, aunque con un estancamiento en los últimos tres o cuatro años. Amén de ello, para algunos expertos (pero no para todos), como Gaggero y Rossignolo, al considerar la distribución luego de los impuestos y del gasto público las ganancias de nuestro período serían cuantiosas: con datos de 2010 encuentran que la desigualdad entre extremos baja de 30 veces a 5, y el coeficiente de Gini descendería de 0,479 a 0,227. En otras cuestiones, como el aumento de las protecciones jubilatorias y de salud o del empleo registrado, las ganancias son muy significativas no sólo respecto de dicha década sino de otras previas. También hubo cambios cualitativos, ya que las coberturas operaron sobre áreas novedosas, como la disminución de la brecha digital por el Plan Conectar Igualdad o la obtención de reivindicaciones laborales de larga data gracias a las leyes para el empleo rural y el doméstico. 


Mirado hasta aquí, nuestro período de estudio reunió reivindicaciones históricas, con una recuperación de lo perdido en la crisis de 2001 y una reversión o, cuando menos, un freno a las tendencias hacia el aumento de la desigualdad comenzada en la última dictadura militar y, en ciertos temas, en años previos. Al compararnos con la región, nuestro desempeño en temas como la disminución del coeficiente de Gini y de la pobreza o el nivel de inclusión de nuestro sistema educativo, el incremento de las jubilaciones y la cobertura de salud, nos ubica en un lugar satisfactorio. En otros, los resultados no nos resultan favorables, por ejemplo, en calidad educativa, donde en las pruebas PISA de 2012 nos ubicamos entre los países con peor desempeño y mayor desigualdad interna, en ganancias en términos de salud y enfermedad arbitrados por el gasto vemos que otros países han tenido en tiempo similar una disminución mayor de la mortalidad infantil y materna o en mejoras en las formas de habitar (ya sea por el acceso a créditos o a tierras, o por la situación de los barrios más precarios). Pueden señalarse avances, pero cuando se comparan con los de otros países, se vislumbra que han sido con mayores costos, de menor alcance y, en ciertos casos, menos progresivos. 


Por su parte, en temas tales como infraestructura, en relación con la inversión, nos encontramos en una situación similar a un promedio regional insuficiente, y un balance entre inversión y subsidios muy desfavorable. En otros temas, como la concentración geográfica de la riqueza o las tasas de victimización, no hubo cambios positivos de importancia. En líneas generales, fue un período muy bueno en lo que respecta a la extensión de coberturas, positivo también en la llamada “re-regulación de relaciones de trabajo”, pero un poco menos favorable a medida que nos alejamos de aquello que puede accionar más directamente el mercado de trabajo, en particular el urbano y el más protegido. Esto lleva a que, si nos guiamos por las evaluaciones y comparaciones internacionales, con todas sus limitaciones, nuestro país es más desigual en calidad de educación, en salud, en vivienda, en la probabilidad de sufrir ciertos delitos y en la concentración de la tierra que respecto de la distribución del ingreso. 


Deudas hacia el futuro


Más que pugnar por caracterizar la década transcurrida, creo que es importante proteger aquello que se ha ganado en términos de disminución de la desigualdad, pues sabemos que gran parte de los logros pueden ser lábiles y volátiles, así como priorizar las deudas pendientes con distintos grupos y en diversos temas de cara al futuro. 


En primer lugar, la disminución de la desigualdad puede coexistir con situaciones de exclusión en la misma esfera. En el mercado de trabajo se cristalizaba en el llamado “polo marginal”. Está sujeto a discusión qué categorías o grupos incluir: elaboramos una crítica a la imagen estereotipada de los “Ni Ni” como un supuesto contingente de jóvenes desocupados y desescolarizados, cuando en rigor engloba situaciones muy diversas. Pero de un modo u otro, lo cierto es que hay acuerdo entre la mayor parte de los expertos en que dicho polo marginal afecta a una parte considerable de la población activa, y en términos generales podríamos señalar que alrededor de la mitad de la población ocupada registra algún problema de empleo. Por lo demás, en cada dimensión analizada puede demarcarse un núcleo de exclusión estructural. En ciertos casos, eran los mismos los excluidos en distintas esferas; en otros, se debía a las consecuencias de vicisitudes específicas de alguna de aquellas. Así, podríamos agrupar a quienes permanecen excluidos o expulsados del sistema escolar, los que sufren ciertas “enfermedades catastróficas” (aquellas que por su alto costo pueden arruinar a un hogar) u otras graves sin adecuada cobertura o sin acceso a los servicios, a quienes tienen las mayores dificultades de vivienda, los expulsados de sus tierras, los que sufren mayor violencia de distinto tipo y quienes viven en zonas relegadas, donde carencias de infraestructura y de oportunidades se retroalimentan. 

La mirada territorial mostraba también la heterogeneidad de las formas de exclusión que existen en el país. Si bien la desigualdad en el Índice de Desarrollo Humano acuñado por el PNUD (que comprende indicadores de educación, ingresos y esperanza de vida) entre las provincias disminuyó durante nuestra década, con otro indicador que incorpora más dimensiones, las llamadas “brechas de desarrollo”, Andrés Niembro mostraba en la década un mejoramiento de la situación general, pero un aumento de las disparidades respecto de las provincias del Noroeste y, más claramente, del Noreste. 


Una segunda comparación a contraluz articula la noción de desigualdad con la de condiciones de vida y bienestar. Comprende situaciones en las que la exclusión no sería tan evidente como en los casos anteriores, pero donde es incontestable la intensidad de las desigualdades en la calidad y la cantidad de bienes y servicios a los que acceden distintos grupos sociales o territoriales. Nos referimos en particular a los déficits de infraestructura, a los peores transportes, a las malas condiciones del entorno de la vivienda o de la misma casa. Es difícil establecer un juicio conclusivo sobre si estas situaciones empeoraron en la época; pero muchas de ellas, producto de la falta de inversiones y las carencias de larga data, se conjugaron con un creciente malestar social y múltiples demandas sociales en pos de su mejoramiento. A esto se agrega que muchas de estas mismas desigualdades entrañan situaciones de riesgo diferenciales, en la medida en que son más probables desenlaces trágicos o altamente perniciosos: por malas condiciones de transporte, mayor inseguridad y violencia policial en un barrio o por la carencia de obras de infraestructura.

Esa misma conjunción de inclusión con desigualdades internas podrá tener consecuencias futuras, y para ello nos valemos de la noción de capacidades de A. Sen, como el diferencial de libertad que tienen los distintos grupos sociales para elegir sus opciones de vida. Una peor educación, una salud más deficiente, un hábitat con mayores carencias o menores seguridades, un ambiente inseguro, más dificultades de transporte, pueden no tener un desenlace trágico, pero sí contribuir a una reproducción de las desigualdades en el futuro en cuanto quienes las padezcan tendrán menores capacidades y posibilidades de elección de una vida autónoma o de participar activamente en la vida pública. Así, en resumidas cuentas, las principales tendencias contrapuestas operan sobre distintos grupos y categorías, y generan polos o núcleos de exclusión, menores capacidades y por ende, desigualdad de oportunidades, peores condiciones de vida y mayores riesgos. 


Hay otras tendencias contrapuestas: en ciertas cuestiones se evidencia un mejoramiento general con mantenimiento de desigualdades relativas. Así, los indicadores básicos vitales mejoran, pero se mantienen diferencias entre las provincias. Algo similar sucede con el acceso a agua corriente, desagües y distintos servicios. Al cotejar la situación de villas y asentamientos, podían al mismo tiempo disminuir en términos absolutos las carencias, pero aumentar las brechas respecto de los promedios generales, como deducimos de un estado del Observatorio de la Deuda Social que compara 2004 y 2009. La segunda cuestión es la necesidad de analizar en forma conjunta la extensión de la inclusión con las desigualdades internas. Así, es preciso considerar en forma articulada los innegables problemas de calidad del sistema educativo con los niveles de mayor igualdad que implica la inclusión de sectores más desaventajados. Se trata de poder poner en relación la perdurable fragmentación del sistema de salud y la decreciente solidaridad interna debido al “descreme” de las obras sociales (esto es, que los asalariados mejor pagados migran con sus aportes a las empresas de salud privadas, constituyendo dos de cada tres afiliados a coberturas privadas) con el gran aumento de las coberturas de la última década.


¿Es posible un balance general?


Creemos que sí. Más allá de todos los contraluces señalados –y sin duda muchos otros–, vista en general y tomando en cuenta dimensiones que expresamente no tomamos en cuenta en nuestro recorrido por su claro signo igualador, dado que nos interesaba aquello sobre lo cual había controversias, podemos decir que la sociedad hoy es menos desigual. En forma evidente, respecto al comienzo de nuestro período de estudio y también respecto de los años noventa, puesto que el signo general de las tendencias ha sido en su mayoría contrapuesto al de dicha década. Además, en muchos temas el país es menos desigual en comparación con el pasado, aun respecto de aquellas décadas que en el imaginario social aparecen como los años dorados pero que, por ejemplo, a la hora de considerar la obtención de reivindicaciones puntuales de ciertos grupos –en cuanto a la extensión de derechos de ciertas minorías sexuales, de los migrantes internacionales o a una mayor igualdad de género–, hay un claro balance favorable para nuestro tiempo. También es preciso recordar que todo logro puede ser lábil, puede erosionarse en el presente y en el futuro. Para finalizar, y esto va más allá de la mirada sobre la acción del Estado o de un gobierno, a nuestro entender Argentina es hoy menos desigual porque la igualdad está instalada como una demanda creciente de gran parte de la sociedad, omnipresente en el lenguaje de las reivindicaciones y en la lente con la que se miran, evalúan y critican distintas situaciones y políticas. La igualdad como promesa es siempre frágil; es una noción exigente y rara vez –o sólo en forma temporaria– puede verse satisfecha. No es propiedad exclusiva de nadie, es terreno de disputas; pero en tanto motor de luchas y fuente de descontento, es un plafón para nuevas reivindicaciones y mayor igualdad futura. La sociedad argentina, o vastas capas de ellas, no ha naturalizado la desigualdad, ha recuperado lo que Juan Carlos Torre llamó una “pasión por la igualdad” y esto es, sin duda, un activo que, más allá de la coyuntura, permite ser optimista sobre el futuro. 

Gabriel Kessler Sociólogo. Autor de Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003–2013, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014.


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Por Tomás Lukin - Periodistas


El nuevo gobierno, que hereda bajos niveles de deuda, buscará reinsertar al país en los mercados financieros internacionales como parte de su programa económico. Deberá entonces llegar a un acuerdo con los fondos buitre, lo que no resultará sencillo.
Desde la perspectiva de los economistas de Mauricio Macri, poner fin al conflicto con los fondos buitre no representa un desafío político sino un requisito financiero, un paso necesario para acceder al mercado de crédito internacional para rehabilitar los tradicionales canales de financiamiento externo para el Estado Nacional, las provincias y las grandes empresas. Más allá del impacto global que tendrá sobre los países emergentes el alza en las tasas de interés anticipada por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), la estrategia se beneficiará de los históricamente bajos niveles de deuda en dólares que deja el gobierno saliente como resultado de su política de desendeudamiento. Los estrategas del PRO están convencidos que un acuerdo con los fondos buitre mejoraría las condiciones de acceso a los mercados financieros externos ya que reduciría el costo de emitir bonos y, sobre todo, eliminaría el riesgo legal para los bancos de inversión extranjeros dispuestos a prestar y para las multinacionales con interés por adquirir empresas argentinas.

A las premisas iniciales se suma una advertencia. La solución del conflicto con los buitres no será inmediata. La ingeniería financiera bajo análisis contempla entregar un paquete de bonos en dólares por una suma que oscila entre 10 y 22 mil millones de dólares. Relevante en ambos extremos, la cifra final dependerá no sólo de las condiciones financieras del acuerdo sino del nivel de adhesión que logre. En este sentido, el principal desafío de la negociación reside en la atomización y heterogeneidad de los holdouts, los acreedores en poder del 7,6% de los pasivos todavía en default. Si se pretende garantizar un cierre integral del conflicto, el acuerdo deberá incluir no sólo a los litigantes buitre sino a la mayor parte posible de ese universo de tenedores de bonos que rechazaron las reestructuraciones de 2005 y 2010. Un segundo desafío será obtener el visto bueno del Congreso para legitimar la operación financiera: en primer lugar, se requiere derogar la ley sancionada en 2013 que obliga a ofrecerles a los buitres las mismas condiciones financieras que recibieron el 92,4% de los acreedores que participaron de los canjes; en segunda instancia, será necesario validar legislativamente la ingeniería y la fórmula de pago propuestas. 


¿Fiesta?


El clima festivo que genera entre banqueros y empresarios la estrategia del nuevo gobierno contrasta con los históricos señalamientos provenientes desde la vereda de enfrente del pensamiento económico. Utilizar los fondos que ofrezca el mercado financiero para financiar gastos corrientes representaría una peligrosa y fallida estrategia que fue abandonada por los gobiernos kirchneristas. Aunque el desendeudamiento aleja la posibilidad de una crisis de deuda, si esa estrategia se profundiza no pueden soslayarse los riesgos asociados a la lógica de la valorización financiera –desindustrialización, extranjerización, precarización y fuga– que dominó el proceso de acumulación entre 1976 y 2001. La necesidad de divisas no justifica una reinserción subordinada en el mercado financiero internacional, al tiempo que el anunciado aumento de las tasas de interés de la FED impone un clima de incertidumbre para la sustentabilidad del ciclo de “crédito abundante y barato” para las economías emergentes. 


El Fondo Monetario Internacional, con sus tradicionales préstamos condicionados, no figura, por ahora, en la lista de posibles prestamistas. De hecho, los voceros económicos de Macri asociaron el potencial acuerdo con los buitres con el ingreso de fondos de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Sin embargo, desde esos organismos indican que la capacidad de ampliar el fondeo es escasa. Argentina ya recibe créditos por montos cercanos al techo de sus cuotas. Sí sería posible acelerar los desembolsos, situación que depende de la ejecución de los distintos proyectos en marcha, pero el impacto sería marginal.

Por eso todo indica que la estrategia apuntará al mercado financiero tradicional. La apuesta podría nutrirse del financiamiento de la banca extranjera a través por ejemplo del JP Morgan Chase o el Deutsche Bank. Su interés por hacer negocios con un país como Argentina que paga altas tasas de interés es grande. De hecho, esas dos instituciones no dejaron de ofrecerle financiamiento al gobierno kirchnerista ni siquiera con las amenazas del juez Griesa. Según la lectura de los economistas de Macri, el cierre a la disputa con los buitres garantizaría una reducción de hasta 3 o 4 puntos en el costo del endeudamiento, lo que llevaría las tasas de interés de los bonos soberanos a alrededor del 5 o 6 por ciento, niveles cercanos a los que pagan los países de la región. Pero todo tiene un costo. La lógica neoliberal que guía el accionar de las empresas calificadoras de riesgo, fundamentales a la hora de determinar el costo de una colocación, hace prever que un acuerdo con los buitres será insuficiente para garantizar esta reducción en el costo del financiamiento. Como se observó recientemente en los casos de Grecia y Brasil, las calificadoras exigen la baja del déficit fiscal y la privatización de empresas públicas como requisito para mejorar su consideración general sobre la economía. 


Combo para los buitres


El primer borrador para negociar lo esbozó el propio Macri en junio del año pasado. “Ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo hay que hacerlo. Si no, entramos en default. Tenemos que ir y pagar y si hay que pagar al contado se pagará al contado”, declaró en un claro contraste con la estrategia oficial. De hecho, los colaboradores del ministro Axel Kicillof aseguran que esas declaraciones fortalecieron el poder buitre para rechazar las condiciones “justas, equitativas y sustentables” que planteaba el gobierno. Tal vez por eso, durante el último tramo de la campaña los referentes económicos del PRO se acercaron discursivamente a la posición del equipo económico. “Hay que negociar a cara de perro con los holdouts para que tenga el menor costo posible para los contribuyentes y podamos volver a tener crédito”, afirmó por ejemplo Rogelio Frigerio, designado ministro del Interior.

El bajo nivel de endeudamiento externo que deja el kirchnerismo habilita el primer paso de la reinserción en la lógica financiera internacional: la emisión de un paquete de bonos en dólares para resolver la disputa con los buitres. Hoy la carga de la deuda externa en moneda extranjera es reducida, alrededor del 10% del PIB, por lo que entregarles a los buitres una combinación de instrumentos financieros se presenta como una alternativa atractiva. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, de hecho, se utilizó ese mecanismo con la petrolera española Repsol para concretar la expropiación del 51% de las acciones de YPF y para llegar a un acuerdo con las cinco empresas extranjeras que contaban con fallos favorables en el CIADI.

Como señalamos, pagar bajo la fórmula establecida por el juez Griesa a los fondos buitre y holdouts en poder del 7,6% de los pasivos todavía en default implicaría entre 10.000 y 22.000 millones de dólares de nueva deuda. ¿Qué significa este monto? La estimación más alta representa la mitad de los 40.000 millones de dólares en títulos que entregó Argentina durante las reestructuraciones que permitieron regularizar la situación del 92,4% de los tenedores de bonos. Otra comparación posible: un hipotético desembolso de esta magnitud equivale a 9 de cada 10 dólares en las reservas del Banco Central al 23 de noviembre, el primer día de Macri como presidente electo, o la mitad de toda la inversión social realizada entre 2003 y 2014. Aunque en el equipo económico de Macri entienden que el guarismo se ubica más cerca del margen inferior, de todos modos se trata a todas las luces de mucho dinero.


Más allá de sus términos exactos, cualquier acuerdo tendrá como intermediarios a los grandes bancos de inversión que comprarán los bonos entregados a los buitres, que no pretenden quedarse con títulos públicos argentinos sino cobrar en efectivo. Para convencer al Congreso, los negociadores del nuevo gobierno tienen previsto presentar una quita sobre los montos establecidos en las sentencias de Griesa, que les reconocen a los demandantes una ganancia extraordinaria del orden del 400% (vale recordar que quienes participaron del canje aceptaron un recorte del 70% sobre el valor nominal de sus tenencias). No será sencillo, pero esperan poder presentar en el Congreso una “reducción” que ubique el monto de la colocación global alrededor de los 12.000 o 14.000 millones de dólares.

Como sucedió con Repsol, la negociación girará alrededor del valor de mercado de los bonos que se entregarán en parte de pago. Ahí está la llave para el acuerdo ya que permitiría presentar una quita nominal. El grueso del pago, explican, se realizaría utilizando un bono de largo plazo que, posiblemente, ofrezca un rendimiento de entre 8 y 9%. Cuando acordó con Repsol, el gobierno le entregó bonos por un valor nominal de 5.000 millones de dólares, pero le garantizaba a la firma un valor de mercado para esos papeles de 4.670 millones de dólares. La operatoria estuvo encabezada por el Bonar 2024, un título a 10 años con un rendimiento anual de 8,75%, pero también se entregaron 500 millones de Bonar X (vence en 2017 y paga una tasa del 7%) y 1.250 millones del Discount 33 (se amortiza en 2033 con intereses del 8,28%).


Amalgamar


Pero antes de encarar la discusión sobre las condiciones financieras de los bonos será necesario garantizar que la negociación sea la misma con todos los acreedores. Si el objetivo es clausurar definitivamente el conflicto que bloquea el mecanismo de pago de la deuda externa reestructurada en el exterior, no alcanza con la firma de los buitres litigantes encabezados por el fondo Elliott Management del magnate Paul Singer. Al visto bueno de los inversores cobijados en los tribunales de Manhattan (buitres + me too) se le debe sumar la participación de la mayor parte posible de los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera todavía en default.

No será sencillo. Si se plantea una negociación en etapas, se correría el riesgo de que una hipotética quita acordada con el primero de la fila sea ignorada por quienes esperan agazapados, lo que resulta probable dada la naturaleza de esos inversores, que se dedican a rechazar ofertas para forzar un tratamiento (todavía más) privilegiado. Por esa misma razón, Griesa habilitó el año pasado una mesa de diálogo entre las partes. Si bien el espacio fracasó por el sesgo buitre del mediador elegido, una posibilidad sería revitalizar un escenario similar para reunir a la mayor parte posible de acreedores.

Los bonos emitidos bajo legislación extranjera en poder del 7,6% que todavía no ingresó al canje alcanzan un valor nominal aproximado de 5.600 millones de dólares. Se trata de 150 tipos de bonos distintos denominados en diferentes monedas. La jurisdicción más popular es Estados Unidos, con el protagonismo del tribunal de primera instancia a cargo de Griesa. Pero también hay demandas presentadas en otras jurisdicciones, desde la justicia alemana hasta el tribunal del Banco Mundial. Esas demandas atraviesan diferentes situaciones procesales e incluso las sentencias existentes no son uniformes. Asimismo, hay papeles (posiblemente en poder de los mismos buitres) que todavía no fueron presentados ante ningún juzgado a la espera de novedades. Y seguramente exista una porción menor de esos bonos perdidos. Para acabar con el conflicto, todos deberán participar. La negociación puede darse en una o más mesas de diálogo, en diferentes jurisdicciones, por tramos según las características de los acreedores, pero deberá garantizar la clausura definitiva del conflicto.

Para facilitar las cosas, el gobierno de Macri podría intentar un puente que permita acelerar el acceso al financiamiento del sistema financiero internacional solicitando (directa o indirectamente) una suspensión transitoria de las órdenes de Griesa. Esa medida cautelar estaría vigente mientras dure la negociación con los buitres, que seguramente será prolongada. Sin embargo, el fallo de Griesa introduce un riesgo extra, ya que ningún acuerdo previene eventuales demandas por parte del 92,4% de los acreedores ingresados a los canjes, quienes podrían reclamar el tratamiento privilegiado obtenido por los buitres. La posibilidad de que recurran a la justicia no puede descartarse. La caducidad de la cláusula de Derechos sobre Futuras Ofertas (RUFO, por su sigla en inglés), que hasta el 31 de diciembre de 2014 obligaba a extender a los tenedores de los bonos del canje las mismas condiciones financieras presentes en cualquier hipotética nueva propuesta, debilita sus chances de éxito. Pero, dadas las características extravagantes del fallo de Griesa, nada impide que recurran a esos artilugios.






Fuente: © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

3 comentarios:

  1. USA y sus principales usureros financieros Morgan@Sach y Cia los mismos que vaciaron 40 millones de personas ya pusieron un pie.Estaban desesperados porque un Sudamerica como estaba no tomaria prestamos, Rusia y China tampoco, Europa en problemas , Africa y Middle east en guerra esto les biene muy bien,Argentina esta listo para tomar deuda cara y pagar como un chico rico con tarjeta de credito nueva

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  2. Encontré sumamente interesantes ambos artículos, Gustavo. El primero, porque ofrece un análisis más abierto que lo que se halla habitualmente sobre el tema, una mirada más holística. El segundo, porque me desasnó un poco sobre cuál es el entramado verdadero de los holdouts y la complejidad de cualquier intento de acordar con ellos.

    Un abrazo,
    Esther

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  3. El primero es interesante, el segundo no tanto.
    Creo que acá la discordancia esta entre buscar la igualdad en si misma como Norte, y por otro lado buscar reducir la pobreza en términos absolutos(en cantidad de pobres y en cuán pobres son) y aumentar la igualdad de oportunidades, en ese caso la igualdad aumentaría como efecto colateral, no como objetivo principal.
    Son las dos escuelas. Este gobierno me parece que se inclina con la segunda.
    Esto tiene varios mecanismos
    1) Crecimiento y desarrollo como metas. Esto crea más empleos (forma de inclusión) y empleos de mejor calidad. No importa que unos ganen más si todos ganan más.
    2) Mejora de alcance y calidad de los servicios públicos. Eso apunta a disminuir pobreza estructural y a aumentar igualdad de oportunidades. Como efecto colateral disminuye desigualdad respecto a los que tiene acceso a servicios privados.
    3)Acción directa sobre los focos resistentes a estas mejoras (bolsones de pobreza, ni ni, regiones atrasadas sin infraestructura, etc)

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