JIBARIZAR A CRISTINA por Adrián Murano

Adrián Murano para Tiempos Argentino

Es probable que muchos de los que marcharán hoy no quieran un golpe de Estado. Quizá se conformarían con que Cristina Fernández dejara de gobernar e hibernara hasta diciembre. Lo expresó fuerte y claro Margarita Stolbizer en un tuit: "Es intolerable que un gobierno con 10 meses de vida firme un convenio otorgando concesiones por 50 años". Se refería a los acuerdos con China, pero una dirigente que lleva media vida adulta viviendo de la política debería saber que las palabras adquieren dimensión y sentido según el contexto en el que se las dice. Y Stolbizer sugirió que es "intolerable" que la presidenta gobierne, justo en una semana donde se fraguó una marcha con aires de desafío institucional. Ya se sabe: algunos políticos ven fuego y se les hace nafta la boca.

No se trata de buscarle el pelo al huevo. Nada en la trayectoria de la diputada permite inferir que esté involucrada en operaciones destituyentes. Al menos, de manera consciente. Pero no sería la primera vez que la ansiedad, ambición y/o ingenuidad de los dirigentes políticos argentinos colaboraran con los fragotes que anidan en la trastienda del poder. Y lo mismo corre para el ciudadano de a pie. Sería temerario calificar a todos los que decidan manifestarse hoy como golpistas, del mismo modo que sería injusto tildar de ese modo a los miles que marcharon en diciembre de 2001 para protestar contra un gobierno, el de Fernando de la Rúa, que voló por los aires en medio de un baño de sangre. 

Lo mismo podría decirse de muchos de los que en septiembre de 1988 asistieron a una manifestación que terminó en la destrucción de la boutique Modart, inicio del fin anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín. O de varios de los que en junio de 1955 nutrieron la marcha de Corpus Christi que dio pie, una semana después, a los bombardeos sobre la Plaza de Mayo y el golpe de Estado que interrumpió el segundo gobierno de Juan Perón. En esos episodios, como en tanto otros, las multitudes hicieron uso de su derecho humano a la protesta mientras los dueños del poder y del dinero maniobraban en las sombras para usar esas muchedumbres a su favor. 

Podrá evocarse, y con razón, que en esos casos existía un hartazgo social genuino provocado por crisis macroeconómicas severas y anemia política de gobiernos que favorecieron su propia extinsión. Nada de eso existe ahora: aunque sin la lozanía de otros años, los números en este tramo de la gestión K están lejos de ser un desastre y el Gobierno retiene cuotas de representaciones parlamentarias y sociales envidiables para un mandato que se aproxima a su fecha de expiración. Pero aún cuando las condiciones muestran que no existe margen objetivo para la interrupción del orden institucional, eso no quita que una mano negra mueva los hilos para jibarizar a Cristina, reducir al máximo su gestión y erradicar a ella y sus herederos del escenario electoral.

No se buscaría, entonces, un golpe de knockout, sino dejar al kirchnerismo en estado vegetativo  La diferencia es tan sutil que se vuelve imperceptible. Pero existe. No es lo mismo derrumbar a un gobierno que maniatarlo para evitar que en los meses que quedan se ejecuten nuevas transformaciones, o "mayores daños", según evalúan en el Círculo Rojo al que aludió el intendente porteño Mauricio Macri como vértice del poder fáctico que hoy orienta a la oposición.
La operación se inició el 13 de septiembre de 2014, día en que Máximo Kirchner pidió la "re-reelección del proyecto", y se aceleró en diciembre, cuando las encuestas le otorgaban cerca del 50 por ciento de imagen positiva a CFK. Con esos números, era imposible no vislumbrar que la presidenta sería la gran electora de los comicios que vienen, con capacidad para diseminar fuerza propia en distintas listas a lo largo y ancho del país. 

Si el kirchnerismo movía bien sus fichas, podía aspirar incluso a manejar la primera minoría de un futuro parlamento signado por la extrema polarización. Se materializaría, entonces, la “re-re” del proyecto vaticinada por Máximo K. Pero no sólo eso: la condición de reina madre electoral le permitiría a la presidenta mantener alineada la tropa en un año electoral, cuando por lo general las lealtades se vuelven más volátiles. ¿Qué ocurriría si, en el marco de una puja distributiva recalentada por las necesidades electorales, al Gobierno se le ocurría avanzar con reformas postergadas como la creación de una agencia comercializadora de granos o ampliar la reforma del sistema financiero que hoy ejecuta de hecho el Banco Central? 
La perspectiva debe haber provocado pavor en el Círculo Rojo, que contraatacó con artillería pesada: aceleración de precios, corridas cambiarias, asfixia financiera y terrorismo judicial.

Por cierto, el súbito incremento patrimonial de algunos miembros del Gobierno expuso flancos que alimentó estos ataques, sobre todo desde los tribunales, dónde habitan jueces y fiscales expertos en demolición. Uno de los más activos fue Guillermo Marijuán, cuyo caso resume la doble vara que ciertos funcionarios judiciales utilizan para medirse con el poder: diligente y activo para investigar los polémicos lazos entre la presidenta y el empresario Lázaro Báez; perezoso y displicente para  investigar a una treintenta de empresarios y banqueros acusados de fugar y ocultar divisas en el JP Morgan.
Entre los involucrados en ese expediente, que lleva cuatro años durmiendo el sueño de los injustos, hay varios directivos del Grupo Clarín, que a través de su multimedios publicitó la manifestación convocada por Marijuán, el fiscal que los debería investigar. Los vínculos incestuosos entre el principal grupo mediático de la Argentina y los judiciales que convocan a la marcha se extienden al fiscal de cámara Ricardo Sáenz, secretario general de CERTAL, una ONG financiada por Cablevisión. En esa entidad también trabaja Ana Recondo, hija del juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados que también promueve la marcha de hoy.

Otros fiscales que protagonizan la convocatoria exhiben vínculos con el PRO –Raúl Plée, Carlos Stornelli-, con Sergio Massa –el juez Claudio Bonadío, el propio Marijuán-, o con el menemismo residual –Germán Moldes-. Pero a pesar de esas evidencias, y de la adhesión expresa de la mayoría de los partidos opositores, periodistas y medios antiK se empeñaron en promocionar la marcha como “apolítica” y “apartidaria”. Se entiende el esfuerzo: la presencia de distintivos partidarios ahuyentaría a muchos que, de corazón, se conmovieron con la confusa muerte del fiscal Alberto Nisman, se enojaron porque la presidenta no ofreció sus condolencias a la familia o, simplemente, hacer uso de su derecho a protestar. Cada argentino puede marchar por lo que quiera, y con quién quiera. Pero hay que hacerse cargo. A esta altura de la historia, ya no vale fingir ingenuidad.