LA JUSTICIA ES COMO LAS SERPIENTES, SÓLO MUERDE A LOS DESCALZOS (Eduardo Galeano)...

Mientras un grupo de fiscales sale en defensa de los ataques que está sufriendo Gils Carbó desde el sector corporativo del poder judicial, la Corte Suprema de Justicia ratifica en sus funciones con rango de ascenso a un ex espía de la dictadura... Sospecho que esta última noticia no tendrá la misma trascendencia que el caso Milani...

FISCALES SE DESMARCAN DE LA DURA EMBESTIDA CONTRA GILS CARBÓ

por Gabriel Morini

Un grupo de fiscales se prepara para responder y desmarcarse de la postura que adoptó la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público. Será en reacción a la crítica carta que esa organización dirigió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por la designación de subrogantes en Comodoro Py. La entidad, íntimamente ligada con la tradicional Asociación de Magistrados, había cuestionado no sólo a la jefa de los fiscales por la medida, a la que calificó de "peligrosa", sino también a quienes desembarcarán a partir del 2 de febrero a cubrir interinamente cargos en la justicia federal, a quienes tildaron de "oportunistas". Desde la agrupación que nuclea a los fiscales, algunos representantes de la Comisión Directiva se quejaron de que la carta había sido "inconsulta" y de que el inédito comunicado, en medio de los feriados de año nuevo, había sido decidido por "unos pocos miembros". 

El último día hábil de 2014 marcó un quiebre en la ya tensa relación de Gils Carbó con los fiscales federales. A partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal, la procuradora general decidió que 16 fiscales con acuerdo del Senado subroguen las nuevas vacantes mientras se sustancian los concursos que se abrieron en simultáneo. 

A ello, la funcionaria sumó la cobertura de las fiscalías acéfalas de primera instancia con Juan Pedro Zoni y Leonel Gómez Barbella, que estaban siendo ocupadas por otros federales. Para esto, Gils Carbó se valió del mecanismo de traslado horizontal contemplado en sus atribuciones en la Ley de Ministerio Público, un recurso nada novedoso utilizado por sus predecesores.
Las dos Fiscalías de Cámara que rodearán con Miguel Ángel Osorio y Miguel Palazzani al hasta ahora único fiscal general allí –Germán Moldes– fueron la principal objeción. Más allá de embestir contra Gils Carbó por esa decisión, no está claro para sus detractores si cuando entren en funciones podrán intervenir en causas previas o si se establecerá un sistema de sorteo para las futuras, algo que se presentó como garantía de impunidad para funcionarios. Pero en la realidad, sólo aplicaría para el desistimiento de una apelación, previo a un sobreseimiento dictado por un juez, escenario con pocas chances de ocurrir en el actual clima de hostilidad contra el gobierno.

Fuentes de Comodoro Py que se declaran neutrales en la disputa entre algunos fiscales y Gils Carbó relativizaron el impacto real de la medida adoptada desde la Procuración: mientras no esté operativo el nuevo Código Procesal Penal, y que entre en vigencia el sistema acusatorio, los fiscales nombrados permanecerán en un rol secundario. Hoy, las plenas atribuciones de cómo investigar una causa recaen en los jueces. Los fiscales, por lo general, son clave a la hora de requerir el impulso. Pero hay ejemplos donde, tras inclinarse por desestimar una denuncia, los propios jueces, con aval de sus superiores, pueden avanzar en un expediente.

Desde la Asociación de Fiscales rechazaron que la carta pública –redactada en los más duros términos– hubiera sido inconsulta. "Se consiguieron 13 avales sobre 15", indicaron desde la agrupación que conduce Carlos Donoso Castex acerca de la cantidad de miembros de la Comisión consultados vía telefónica o por email que habrían prestado conformidad para una respuesta.
Todavía no hay fecha para confirmar si van a llevar el tema a la justicia, pero se estima que la contrarrespuesta del grupo de fiscales atacados llegará en los próximos días, en lo que constituye una nueva guerra que atravesará la agenda judicial.

... mientras tanto

 

La Corte Suprema ascendió a un ex espía de la dictadura dentro de su planta permanente

 

Con el aval de todos sus integrantes, salvo del por entonces juez Zaffaroni, Juan Rattaro fue ungido vicedecano de ese órgano técnico. Prestó "servicios" a la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983. Repudio de organismos de Derechos Humanos.

por Gerardo Aranguren

En octubre pasado, a pesar de las denuncias que durante cuatro años hicieron trabajadores y organismos de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al ascenso de un ex agente civil de inteligencia durante la última dictadura como segunda autoridad del Cuerpo de Calígrafos Oficiales. Con el aval de cuatro de los magistrados, Juan Santiago Rattaro fue confirmado como vicedecano de los calígrafos. El caso se suma al decano del cuestionado Cuerpo Médico Forense, Roberto Luis María Godoy, psiquiatra de la Armada durante el terrorismo de Estado.

El de Rattaro aparece mencionado entre los miles de nombres del PCI (Personal Civil de Inteligencia) que actuaron entre 1976 y 1983, desclasificados y publicados por las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Puntualmente, figura prestando "servicios" para la Fuerza Aérea.
La lista fue publicada en marzo de 2010 y provocó inmediatas repercusiones: fue denunciado por el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, para que la Corte Suprema se pronunciara sobre el caso atendiendo a la gravedad de la situación.

Más de cuatro años después, y a pesar de los reclamos, Rattaro fue ascendido por el máximo tribunal. El 1 de octubre Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda lo nombraron en su actual cargo.
Su nombre, según el reglamento interno del cuerpo, fue propuesto por el decano actual, Guillermo Adolfo Anzorena, y luego aprobado por los jueces supremos. Su principal función, como segunda autoridad del cuerpo de calígrafos, es actuar en el caso de ausencia del decano.
Desde hace años, la presencia del ex agente civil de inteligencia en el cuerpo de calígrafos preocupa a organizamos de Derechos Humanos: por allí pasan muchas causas por delitos cometidos en la última dictadura en los que se necesita la intervención de peritos. Por ejemplo, para respaldar la acusación contra personal militar que asentaba el ingreso o traslado de detenidos, o incluso partidas de nacimiento falsificadas en casos de apropiación de niños.
Es por eso que el 24 de marzo de 2010, en un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales, Piumato, hoy enfrentado al gobierno nacional, mencionó a Rattaro entre los casos simbólicos de continuidad en la justicia de funcionarios de la última dictadura. 

Días después, el gremialista formalizó la denuncia ante la Corte en la que solicitó su "urgente intervención" para que se aclare el rol del perito y que "arbitre los medios a su alcance para dilucidar si fue parte del terrorismo de Estado que cometió el mayor genocidio político que recuerde nuestra historia social". Reclamó que se publicitara su labor como PCI para que familiares de víctimas del terrorismo de Estado pudieran solicitar que no participara.
La presentación agregó: "Los trabajadores judiciales advertimos que entre el millar de nombres y apellidos que informa la publicación, figura el de un funcionario nombrado por la Corte menemista en su actual cargo judicial, y que continúa desempeñando hasta hoy."

En ese momento, la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también alzó la voz. Recientemente volvió a pedir públicamente a la Corte que "no legitime de este modo a un funcionario que integra el listado del personal civil de Inteligencia de la Fuerza Área durante la dictadura genocida".

Rattaro ingresó por concurso al Cuerpo en mayo de 2003. Su ingreso fue uno de los últimos actos administrativos de la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno, y continúa allí durante la gestión actual de Lorenzetti.

Desde la Corte nunca hubo una respuesta formal a la denuncia. Sí reuniones informales para descomprimir la presión que ejercía el gremio. El propio Rattaro aclaró entre sus colegas que figuraba en el listado de agentes de inteligencia de la dictadura porque había ingresado poco antes del final de la dictadura y que no cometió ningún delito. «

Godoy y Montezanti, dos que siguen en sus cargos

Otros dos casos similares sacudieron al Poder Judicial y marcaron la llegada que aún tienen personeros de dictadura sobre la justicia. En el Cuerpo Médico Forense, otra entidad de peritos que depende de la Corte Suprema, se conoció recientemente que el decano Roberto Luis María Godoy fue psiquiatra de la Armada entre  febrero de 1982 y 1992, según publicó Pagina/12. El teniente de navío retirado es la máxima autoridad de un órgano sensible, que debe determinar el estado de salud de represores y si pueden o no ser enjuiciados o detenidos. En su paso por la Armada, Godoy debió analizar los casos de varios represores que, ya en democracia, pedían licencia psiquiátrica o compensaciones por supuestos traumas causados por su participación como grupo de tareas de la ESMA.

 
En Bahía Blanca, el camarista Néstor Luis Montezanti fue cuestionado a partir de la publicación de las listas en las que figura como Personal Civil de Inteligencia. Al conocerse su pasado como agente del Destacamento de 181 de Inteligencia del Ejército, se inició una campaña para que fuera expulsado de la Universidad Nacional del Sur, donde es titular de tres cátedras en el Departamento de Derecho. También se iniciaron denuncias en el Consejo de la Magistratura con el objetivo de que dejara de ocupar el cargo de conjuez en la Cámara Federal, máxima autoridad judicial de la localidad bonaerense. 

A pesar de las campañas públicas y las denuncias, no logró ser removido de sus cargos. Al contrario: dos de las personas que impulsaron su salida de la docencia resultaron condenadas por la justicia civil a indemnizarlo.
En octubre, la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca dispuso que el docente Dante Patrignani le pague 70 mil pesos por difundir un afiche en el que se ve al ex PCI boina militar.

Días atrás, la Corte Suprema confirmó otra condena impulsada por Montezanti y nuevamente por difundir su rol en la última dictadura. El Máximo Tribunal dejó firme la sentencia, también por 70 mil pesos a la delegada del gremio de empleados judiciales de Bahía Blanca, Graciela Diez Paz, por injurias en un comunicado de prensa.

Fuente: Tiempo Argentino