LA DIGNIDAD Y EL DEFAULT por Horacio Rovelli Economista. Profesor UBA para Miradas al Sur

“Esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal; es la convalidación de un modelo de negocio a escala global que si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables.”

Fragmento del discurso de la presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del 16 de junio 2014, en respuesta al rechazo de tratar el caso argentino por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Que los tribunales de Nueva York puedan juzgar a la Argentina tiene relación con gobiernos (desde 1976 hasta 2003) que actuaron de espaldas a los intereses del pueblo. A su vez, esos gobiernos permitieron y promovieron que tribunales extranjeros sean jurisdicción ante eventuales juicios. Pensaban en los intereses de la valorización financiera del capital sin importar que quienes pagan las deudas son los que trabajan y producen. En 1975, la deuda externa argentina ascendía a 8.000 millones de dólares. Un año después, con la dictadura en el gobierno, crecía un 25%. El 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, después de la crisis económica más violenta de la historia del país, la deuda externa superaba en un 60% el total de bienes y servicios finales que producíamos por año (PIB).

Ahora bien, en ese marco, por si falta algún elemento para cerciorarnos que los fondos buitre lo que quieren es el default de la Argentina, basta ver la patética actitud del Juez del Distrito Sur de Manhattan, Thomas Griesa. La sola lectura de la versión taquigráfica de las audiencias por el caso argentino demuestra la parcialidad del juez, que no duda en justificar su fallo porque las autoridades de nuestro país no son serias, o porque adivina una intención de no pagar, o porque infiere que no quieren cumplir con el fallo de la justicia de los Estados Unidos. Incluso en la reunión del martes 22 de julio pasado, Griesa, de 83 años, no había estudiado la causa, por lo tanto, una y otra vez pidió que le explicaran de qué se trataba. Primero dijo que estaba de acuerdo con el Bank of New York Mellon y que los 539 millones de dólares que recibió de Argentina deben permanecer en su cuenta. Pero luego le dio la razón al abogado de los fondos buitre diciendo que era mejor devolver la plata a la Argentina. Y al final dijo que no iba decidir sobre dicha situación, postergándola para otra audiencia. Tampoco decidió si los bonos emitidos bajo ley argentina en dólares podían ser objeto de su fallo; es decir, si el Citibank tenía derecho o no a pagarlos. Aceptó, sin embargo, que los fondos buitre presentaran una moción para poder embargar los fondos destinados a pagar ese tipo de bonos que Euroclear y ClearStream depositaron en el Citibank de Nueva York. En estas vacilaciones incurre el juez cuando las cláusulas de emisión de los títulos de deuda argentino señalan que la obligación del país se extiende hasta tanto se acrediten fondos en las cuentas de los tenedores de los bonos discount en las respectivas agencias de clearing, y es la base jurídica para determinar si la Argentina incurre en default o no.
Los fundamentos del juez son siempre en tono admonitorio, son inefables, y son los que repiten los economistas, los políticos y los medios hegemónicos de nuestro país donde escribe, por ejemplo, el mendocino y ex directivo del FMI Claudio Loser, quien copia los argumentos de la American Task Force Argentina (ATFA), por nombrar los más conspicuos cipayos y abogados de los que pretenden que la Argentina sea un deudor serial, por decirlo en términos de ellos.

En primer lugar podemos decir que los títulos que tienen los fondos buitre nacen al haber aceptado emitir papeles de deuda regidos por otra jurisdicción. Esa fue una cláusula para entrar en el Plan Brady en 1989. La otra fue que los planes económicos debían cumplir con el Consenso de Washington, cuyo principal objetivo fue el de valorizar el capital a costa del trabajo y la producción nacional. Por ende, tanto el fallo de Griesa como su confirmación por la Corte de Apelaciones de Nueva York, así como el rechazo de la Corte Suprema para tratar el caso argentino y de esa manera convalidar los fallos, pueden ser legales, pero injustos.

Es injusto interpretar el pari passu y exigir que nuestro país le dé un trato preferencial al reclamo de los fondos buitre, y no se le haga una quita del 65% del capital y a pagarse en plazos que llegan hasta el año 2028, como se hizo con los que aceptaron el canje de los títulos viejos de la deuda por nuevos en los años 2005 y 2010. Y lo hacen a sabiendas de que la cláusula RUFO (derechos sobre futuras ofertas) permite a estos últimos reclamar un pago similar a lo que Griesa pretende como pago a los buitres.

El objetivo de los fondos buitre es reclamar esto antes del 31 de diciembre 2014 –en que vence la cláusula RUFO– para que a la Argentina no le quede otro camino que incurrir en default. A esto resultó funcional la justicia de Estados Unidos al impedir a la Argentina realizar los pagos por vencimientos a quienes reestructuraron la deuda. Porque el fondo NML Elliot y los otros fondos buitre van a cobrar el Credit Default Swaps (CDS) de la deuda argentina. El CDS es el seguro que rige en caso de que la Argentina entre en default. Sin dudas, todo esto es un castigo a un país que bajo la administración de Néstor Kirchner se animó en forma unilateral hacer dos canjes con una quita del 65% del capital.

El Gobierno depositó, el pasado 26 de junio, el pago de la deuda reestructurada (los discounts que entraron en los canjes de los años 2005 y 2010) en el Banco de Nueva York y en todas las entidades del exterior que correspondía a los vencimientos del 30 de junio 2014. El juez Griesa bloqueó ese pago a los acreedores basándose en su sentencia, que establece que Argentina no puede efectuar ningún pago de deuda a menos que antes cancele los 1.330 millones de dólares (más intereses y costas) que reclaman los fondos buitre, encabezados por el NML Capital, Aurelius, y 13 bonistas argentinos.
Con respecto a la justicia norteamericana, don Arturo Jauretche incorporaría el tema al Manual de las Zonceras. Cuando se trató el caso argentino en la OEA sobre la extorsión de los buitres, el presidente Barack Obama dijo que debe respetarse la Justicia de su país. Sin embargo, cuando en 1984, tras haber sido acusado por el gobierno nicaragüense de entrometerse flagrantemente apoyando a “los contras”, el gobierno de Estados Unidos arguyó que la Corte Suprema de Justicia de su país –que había dado lugar al reclamo de los Nica y exigía el cese de la intervención– adujo que “no tenía jurisdicción”. La embajadora estadounidense de ese entonces ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, desdeñó a la Corte como un “cuerpo medio legal, medio jurídico (y) medio político que las naciones a veces aceptan y a veces no”.

Pienso honestamente que estamos condenados al default, y que este se declaró a las 10,30 horas argentina del 16 de junio de 2014, cuando se conoció el dictamen de no tratar el caso argentino por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para entender cómo se produce esta agresión a nuestro país es preciso detenerse un minuto, uno solo, en leer y volver a leer la noticia del día 22 de julio 2014 de la American Task Force Argentina, la cual sostiene que “…el gobernador Daniel Scioli; el alcalde Mauricio Macri y el congresista Sergio Massa se muestran a favor de un acuerdo negociado con los fondos como una forma de desbloquear la inversión en energía muy necesaria y la financiación de bonos globales”.

Es preciso vincularla a otra noticia, pero del día martes 10 de junio 2014 en que convocados por el CEO de Clarín y enemigo declarado del gobierno Héctor Magneto en el Malba estuvieron Hugo Sigman (grupo Insud), Luis Pagani (Arcor), Carlos Miguens, Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Enrique Cristofani (Banco Santander), Enrique Pescarmona (Impsa), Gabriel Martino (HSBC), Alberto Grimoldi, Juan Bruchou (Citibank), Luis Bameule, Pablo Taussig (ACDE), Rodrigo Somoza (Molinos Río de la Plata) y Paula Marra (Los Grobo), entre otros, y los principales candidatos presidenciales (Macri, Scioli y Massa). A su vez, antes aun, en el Hotel Panamericano, en Buenos Aires, el 14 de abril 2014, Luis María Savino, titular del CEA (Centro de Estudios Americanos), ante 300 ceos (gerentes principales) de las mismas empresas que fueron invitados por Magneto al Malba, dijo que tras hablar con diferentes precandidatos presidenciales “estamos viendo que hay una concentración de sensatez parecida”. Esto es, los fondos buitre van a cobrar el seguro por el default y después, con un gobierno “razonable”, quieren cobrar el ciento por ciento de sus reclamos (más las costas, intereses y punitorios). La dignidad no sçolo está en enfrentar valientemente a los fondos buitre, sino también en la inteligencia de comprender quién es quién y qué papel juegan al respecto, así como la de denunciar lo que está pasando y en qué bando está cada uno, a lo que se le debe sumar la capacidad política para que ese final pronosticado por Savino, apañado por Magneto y preferido del capital financiero internacional no se cumpla.

La vida después del default. Estamos hablando de un default donde la Argentina quiere pagar (y tiene los recursos) y no lo dejan. Además, de que la cláusula RUFO vence el 2 de enero de 2015. No hay antecedentes, en los más de 500 años de vida del capitalismo, que un país incurra en cesación de pagos por una deuda total que está en torno al 3% de nuestro PIB. Por lo tanto, acotado como está el default en el tiempo y en el espacio, nada grave puede pasar en el corto plazo, justamente porque nuestro país no depende de nuevos préstamos para pagar deuda pasada, genera de su propia producción el excedente para hacerlo, y tiene capacidad de sobra para continuar el camino de crecer y desendeudarnos, lo dice claramente la Presidenta: “Ante una caída del PBI global, los argentinos debemos incentivar el consumo interno. Fue lo que nos salvó en las épocas de mayores crisis. Vamos a salir adelante. Si es necesario, vamos a salir a vender caramelos a la calle. A mí no se me caen los anillos para decirles a los argentinos las cosas que tenemos que hacer”.

El pago más importante después del Discount que venció el 30 de junio, pero que tenemos la “gracia” de 30 días más tarde para pagarlo el miércoles que viene (30 de julio), será el Bono Par en moneda extranjera, también emitido en los canjes de 2005 y 2010 bajo legislaciones local y extranjera, el 30 de septiembre 2014, cuando se deban abonar 183 millones de dólares (84 millones por los títulos nominados en dólares y el equivalente de 99 millones de dólares en euros). El 31 de octubre vencen los intereses del Boden 2015 por aproximadamente unos 204 millones de dólares; y los intereses del Bonar 2017, por unos 224 millones de dólares. El 30 de noviembre se deberán abonar unos 152 millones de dólares del Bonar 2018; y unos 142,2 millones de dólares del Bonar 2024. El 30 de diciembre 2014 se debe abonar la otra cuota de los Discount en dólares (unos 450 millones de dólares) y el Global 2017, por 42 millones de dólares. Pero, además, el Gobierno debe pagar vencimientos por los préstamos que contrajo de organismos internacionales: serán 869 millones dólares de capital y 259 millones de interés. Por último, tendrá que pagar 368 millones de dólares por Letras propias emitidas. Toda la deuda reseñada, capital e interés, no se podrá pagar en tiempo y forma por el default a que nos llevan, pero –con punitorios por la mora– se comenzarán a abonar desde el 2 de enero de 2015.

Además, el default limitará severamente el financiamiento externo, pero no debemos olvidar que Argentina hace mucho que no recurre a los mercados para tomar deuda –más allá de las reestructuraciones obligadas en 2005 y 2010– y que su alianza comercial, financiera y estratégica con Rusia, Brasil y China, con quien se acordó un swaps por 11.000 millones de dólares, permiten el oxígeno necesario para transitar los cinco meses y dos días que duraría el nuevo default. Es más, ni Nidera, ni Cargill, ni Luis Dreyfus o Bunge Cerval van a dejar de comprarnos granos que ya tienen vendido en el exterior, y es imprescindible que lo hagan y a precio oficial, hoy a 5,30 pesos el dólar de la soja, dado el precio de 8,16 menos el 35% de las retenciones.
El problema va a ser el gobierno que suceda al actual, donde los Rivadavia, Mitre, De la Riestra y Avellaneda van a decir que no podemos salir de los mercados financieros internacionales, que debemos respetar los fallos de la justicia norteamericana, que el gobierno anterior fue inepto y que se debe pagar todo, con lo que los buitres cobran el seguro del default (que pagan las aseguradoras) y cobran el 100% de la deuda más costas judiciales, intereses y punitorios (que paga el pueblo argentino). Está en nosotros impedirlo, como afirmara la Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo, el primer gobierno libre de América del Sur, en La Paz, en 1809: “Despertad del largo letargo, hemos guardado un silencio muy parecido a la estupidez”, y el primer paso es tomar clara conciencia de quién es quién en esta historia.