EL PERDIDO - ESTACIÓN JOSÉ A. GUISASOLA - PARTIDO DE CORONEL DORREGO - BUENOS AIRES - ARGENTINA

domingo, 29 de junio de 2014

Cuando un orden legal es injusto, hay buenas razones para rebelarse...





1- Guido Leonardo Croxatto, Asesor de la Secretaría de Finanzas de la Nación en la etapa de restructuración de la deuda externa, período 2005-2007, para Miradas al Sur


Durante la década del ’90 la Argentina sostuvo con deuda un tipo de cambio ruinoso que paralizó la industria generando desempleo, pobreza, y desigualdad. La convertibilidad no fue gratuita, costó mucho: el Estado se endeudó de modo sostenido para financiar ese desequilibrio, en la idea de que la inflación (que se buscó parar con el tipo de cambio fijo) era un mal mayor que el déficit fiscal o el enfriamiento de la economía. Lo cierto es que durante los ’90 se privatizaron sectores estratégicos de la economía, al tiempo que se promovía el sostenimiento de un tipo de cambio ilusorio, pero que permitía a las empresas recién privatizadas ganar en dólares en un mercado emergente.  De este modo, financiando la convertibilidad con más deuda, el Estado financiaba las ganancias en dólares de las empresas que fugaban el dinero del país, es decir, el atraso. Lo curioso es que esto, que perjudicaba y mucho al país, era presentado en los foros internacionales como un “modelo a seguir”. El megacanje del 2001, realizado a instancias de los organismos de crédito como el FMI (sin cuyo apoyo el endeudamiento hubiera sido en esa dimensión imposible), fue un punto culminante de este proceso ruinoso (hecho siempre con la misma lógica: financiar con deuda la fuga de capitales) hecho a espaldas del pueblo argentino, que vio, luego, confiscados sus depósitos, colapsado su sistema financiero y destruido su sistema político.
Meses antes del estallido de la crisis argentina de 2001, los bancos de inversión que habían comprado, a instancias de los organismos internacionales que presentaban a la Argentina como un país “modelo”, títulos de deuda, salieron, en un evidente conflicto de intereses (y disponiendo de información privada, imperfecta), a vender esos títulos propios –que iban a caer en default– a sus propios clientes, la mayoría de los cuales eran docentes jubilados, asalariados, nunca inversores de alto riesgo, como demanda una colocación de ese tipo: los bancos colocaron (como “buena inversión”) bonos de un país emergente en crisis al borde del default en manos de inversores no sofisticados.
Una vez que el país entro en cesación de pagos y pedía una quita sustancial de la deuda (algo recomendado en su momento incluso por teóricos del propio Fondo Monetario Internacional, como el prestigioso Kenneth Rogoff, que sostenía que con ese peso de deuda era imposible para la Argentina volver a crecer, y sin crecimiento no hay pago alguno) esos bonos se desplomaron. Pasaron a no valer nada. En ese momento, los fondos buitre, de especulación, los compraron en manos de esos mismos inversores estafados por sus propios bancos (por ejemplo, en Italia) a precio vil. La estrategia comienza después, cuando esos fondos hablan en nombre de los propios jubilados y docentes estafados, echando todas las tintas sobre la Argentina, y no sobre las operaciones ruinosas intermedias, que son el núcleo que llevo a la estafa. De este modo se presentó y aún presenta a la Argentina como “culpable” de “robar el dinero” a los pobres contribuyentes, cuando la realidad del funcionamiento de los mercados especulativos financieros presenta un escenario complejo con responsabilidades compartidas muy marcadas. La responsabilidad de los bancos de inversión que semanas antes del default salieron masivamente a colocar esos bonos (esa pérdida) en sus propios clientes, configura una primera estafa a esos “pobres ahorristas”. Luego, en una segunda etapa, los fondos especulativos recompran a precio vil esos bonos, pero hablando en nombre de los ahorristas estafados (por sus propios bancos, no por la Argentina, ya que no es posible para la Argentina colocar un bono emergente de una economía en crisis –inversión de alto riesgo– en manos de jubilados y docentes desprevenidos, esa operación no fue de la Argentina, fue de los bancos intermediarios que abusaron de su posición de confianza sobre sus propios clientes) piden el pago total de los mismos, de modo de obtener, luego de la recompra a precio vil, diez veces (o más) de lo pagado por ese mismo título. Por eso es cinismo la reciente “disposición a negociar” de los fondos buitre, cuyo accionar es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos, entre otros. La estrategia argumental de la Corte estadounidense es similar a la de estos fondos de especulación que han sido ya denunciados por organismos como la ONU por poner en peligro incluso planes alimentarios en países pobres de África. La estrategia argumental que debe desnudarse es el legalismo-formalismo del título. El título no habla solo. Tener un título en estas circunstancias no basta para reclamar con legitimidad un pago a un Estado que fue, por otra parte, precisamente estafado (mientras era puesto como “modelo” en la región) y vaciado con el modelo de la convertibilidad sostenida con deuda. Es decir, un modelo de endeudamiento para financiar el atraso, financiando, de ese modo, la fuga de divisas del país. Exactamente lo mismo que esos fondos reclaman ahora: fugar dinero. Sacar dinero del país. Ese fue el modelo de los ’90. Ese fue el modelo del subdesarrollo. Echar luz sobre las operaciones intermedias (y sobre las responsabilidades de organismos como el FMI en el endeudamiento “modelo” argentino) puede ayudar a entender mejor por qué el Estado argentino no está obligado a pagar sino a cuestionar el proceso que le generó la deuda que se le reclama. Son dos cosas distintas. La Argentina tiene el desafío de demostrar que fue víctima de un proceso complejo (con actores responsables locales), y no culpable de “estafa” alguna, como pretenden los buitres, para ocultar, de ese modo, su propia responsabilidad en la estafa sistemática de millones de ahorristas desprevenidos en todo el mundo, en cuyo nombre se habla. La convertibilidad no benefició a la Argentina. La deuda externa fue el medio para sostener ese tipo de cambio, que benefició solamente a quienes sacaban dinero del país. La Argentina no fue culpable de este “modelo”. Fue su primera víctima. Lo curioso es que todo esto se haga (o se oculte, se justifique, se defienda) en nombre de la legalidad y el respeto de los contratos. El equipo de Nielsen y Lavagna, a instancias del presidente Kirchner, buscó una reestructuración exitosa, con una quita importante y con críticas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs). Argentina no es uno de los “too big to fail”, Argentina sí puede (se la dejó y se la dejaría) caer. Pero algo dejó pendiente aquel proceso de reestructuración, tal vez porque Argentina no es un actor decisivo en el mercado financiero internacional: una discusión de fondo sobre los modelos de endeudamiento de los países emergentes “modelos”, que se endeudaron a instancias de organismos como el FMI, que tras el estrepitoso fracaso de su país “modelo” se limitó a soltarle la mano al país y a crear una modesta Oficina de Evaluación Independiente (OEI) que funciona bajo su órbita, en el mismo edificio, y que una década después del colapso argentino no arrojó ningún resultado relevante. Ninguna crítica. Ninguna pauta para pensar. La deuda se contrajo para financiar un tipo de cambio ruinoso que arrasó la economía pero permitió a determinados sectores concentrar y desviar fondos del país. Todo fue pérdida. No hubo progreso. No hubo ningún “éxito”. (Michel Mussa se equivoca cuando escribe “Argentina y el FMI, del éxito a la tragedia”, porque nunca hubo éxito, todo o casi todo fue tragedia) La Argentina está frente a una discusión fundamental. Determinante para su futuro. Lo primero que debe hacer el país es tener el coraje de hablar claro. De visibilizar intereses. Ponerles un nombre. Describirlos. Ponerlos sobre la mesa.


2- Reportaje a Atilio Borón

por Felipe Deslarmes para Miradas al Sur

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y especialista en política nacional e internacional, Atilio Boron estudió la situación de la Argentina desde un marco político internacional. Instó a apelar a la categoría de deuda odiosa para revisar la deuda externa y observó los puntos clave para mantener la firmeza de los reclamos.





Cómo analiza la decisión de la justicia norteamericana de poner en riesgo los intereses del 92,4% de los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010?

–Es importante comprender que éste es el desenlace natural de una situación que empieza con los inicios de nuestra transición democrática, cuando se cometieron errores fundamentales, como no realizar las auditorias de la deuda externa ni se derogó la cláusula que había sido establecida por José Alfredo Martínez de Hoz para los bonos argentinos según la cual, por cualquier litigio que surgiera en torno de ellos, corresponderían los tribunales de Nueva York. Desde ahí, y en una evidente cesión de soberanía que no pudo ser modificada ni en los primeros años de Alfonsín porque no contaba con el apoyo de su partido en estos temas –y mucho menos con el Justicialista–, se desencadenan iniciativas que se inscriben dentro de las limitaciones de esa norma. Y que luego se incrementa con las sucesivas renegociaciones que tuvo la Argentina; sobre todo en los años del menemismo, primero con el Plan Baker y fundamentalmente con el posterior Plan Brady, aquellos que tornaron prácticamente imposible desandar el camino. Luego, cuando en 2005 se logra imponer la iniciativa del presidente Néstor Kirchner y de su ministro Roberto Lavagna de quitarse los bonos de la deuda, la situación quedó prácticamente coagulada, sin posibilidades de marcha atrás. De manera que era sólo cuestión de tiempo que el aparato norteamericano accionara al servicio absoluto del capital financiero. Pensar que Thomas Griesa es un juez independiente es un cuento de niños, porque no tienen ningún grado de independencia respecto del capital financiero cuando todo el aparato legal y jurídico norteamericano está a su servicio. Existen algunas pequeñas grietas, excepciones, pero la generalidad es ésa.

–El escenario mundial de entonces era distinto del actual... caía el muro, se desarmaba la URSS y se desequilibraba el orden mundial a favor del imperio...

–Sí, por entonces el escenario era mucho más desfavorable para la Argentina. Pero cuando uno tiene que tomar grandes decisiones, difícilmente se hacen en un contexto y clima internacional propicios. Los procesos históricos se desenvuelven en contextos complicados, pero es lo que uno trata de cambiar tomando decisiones fuertes. Cuando el general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo mexicano, en el año ’38, no era porque Estados Unidos fuera una potencia débil en decadencia... lo hizo asumiendo los riesgos y dando la batalla. Las grandes iniciativas de América latina se han tomado en situaciones muy difíciles, porque el imperialismo está siempre al acecho. Pero son decisiones que hay que tomar, y que no se tomaron entonces. Luego se dirá que se siguió el rodaje jurídico normal que termina en una decisión que difícilmente podría haber sido otra... pero si no fuera así, el capitalismo no sería capitalismo.

–¿Cómo interpreta que el fallo fuera duramente criticado por varios medios internacionales, tal el caso del Financial Times?

–Previsible, el fallo de Griesa trae consecuencias globales negativas, sobre las que publicaron el Financial Times y el New York Times como otros medios del mundo, porque se favorece al capital financiero y dentro de éste a su núcleo más predatorio, como es el de los fondos buitre, en detrimento de todos los demás y, por supuesto, del beneficio general de toda la población. Nos encontramos frente a una situación sumamente delicada con una génesis que va mucho más allá de las críticas locales sobre los “gestos inapropiados desde la Argentina hacia Griesa”, algo cierto pero que no deciden este veredicto, sino que el tema es el que te venía comentando.

–¿Coincide con el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando dice que es difícil revisar una deuda que fue reconfirmada en todos estos años de democracia?

–Yo no estoy 100% seguro. Aunque en principio lo afirmen muchos que han estudiado el tema en profundidad, no creo que no pueda replantearse. Tenemos el caso de Ecuador, donde el presidente Correa exigió una auditoria internacional de la deuda y consiguió una reducción importante. Entonces, si bien es cierto que 30 años sin poner en tela de juicio la legitimidad de esa deuda hacen más difícil cualquier cuestionamiento, no estoy tan seguro de que no haya que revisarla.

–¿Cree que el descubrimiento de Vaca Muerta impulsó la negativa de estos fondos buitre a aceptar el canje?

–Evidentemente, Vaca Muerta es un objetivo poderoso para los inversionistas extranjeros. La Argentina debería tener una postura más agresiva en este punto. Yo objetaría que fuera el juez Griesa quien indique dónde y con quién tenemos que pagar y que siga incrementando su nivel de imposición porque sería imposible calcular hasta dónde llegará. Argentina debe priorizar honrar la deuda que tiene con el 92%. Si no se puede pagar en Argentina, podríamos intentar abrir sucursales en aquellos países que han demostrado tener una fuerte independencia de los EE.UU. Podríamos intentar abrir sucursales del Banco Nación en Shanghai, en Moscú o en Teherán, sólo por poner ejemplos, y ver si EE.UU. se opone a que se pague allí a los acreedores. Respecto de los fondos buitre, creo que de ninguna manera la Argentina puede aceptar los condicionamientos de Griesa, porque invariablemente, el 92% restante reclamaría lo mismo. Entonces, en la hipótesis extrema de que haya que pagar, se paga estrictamente lo que se acordó: los 1.300 millones y ni un centavo más. Insisto igualmente en que habría que hacer el esfuerzo enorme de revisar la deuda, aunque genere un desbarajuste, se reciban amenazas de sanciones, etc.; pero al mismo tiempo –y usted mencionaba Vaca Muerta– en la medida en que vean que hay una posibilidad de hacer negocios reverán algunas de las medidas heterodoxas que podrían tomar contra la Argentina. Pero no se puede enajenar el futuro económico del país cediendo ante un arbitraje de este tipo. Recordemos que hubo países en los que después de las dos guerras mundiales cambiaron las reglas de juego. Hasta EE.UU. apeló a la categoría de “Deuda odiosa” para cancelar unilateralmente la deuda que tenía el Irak de Saddam Husseim porque había sido adquirida en dictadura. Y creo que la Argentina podría apelar algún razonamiento de ese tipo y eventualmente abrir una puerta para no tener que hacer un pago que podría ser nocivo para el desarrollo nacional.

–¿Cree que se confunden cuestiones de derecho privado e internacional?

–Cierto; en el derecho privado se puede exigir un pago compulsorio sin importar si esa persona se queda en la calle o no. Pero no se puede trasladar esa lógica egoísta propia del capitalismo al ámbito de las naciones. Si se pagara lo que dice Griesa, este país quedaría reducido, en términos de producto bruto, a una proporción dolorosamente más pequeña a la que tiene ahora con el consiguiente sufrimiento de la población y reducción en servicios sociales de todo tipo. Por eso insisto con un replanteo: necesitamos buenos abogados, buenos técnicos, hacer una revisión de fondo y una firmeza en la instrucción de esa política.

–Así y todo, están presionando al límite a países como Grecia...

–Es parte del juego. Sabemos que van a insistir pero podemos argumentar que ninguna presión puede hacernos ceder y someter a nuestro país a un juicio absolutamente inmoral; porque las leyes del capitalismo norteamericano pueden tener mucho de legal pero son tramposas y sin duda inmorales. Y a mí lo que me importa es la legitimidad y la justicia de un orden legal. Cuando un orden legal es profundamente injusto hay buenas razones para revelarse contra ese orden, y eso lo dicen teóricos del orden liberal de todos los tiempos.

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