LA NUEVA PROVINCIA y EL DÍA DE LA PLATA, LOS MEDIOS DE CABECERA DE LA COMARCA. Un orden establecido: Medios dominantes y el eco de los submedios locales

El primer periodista imputado por delitos de lesa humanidad

Por Federico Randazzo. Especial Bahía Blanca, para Miradas al Sur

Hubo directivas expresas de los militares para que la prensa ocultara información y mintiera. El medio más poderoso de Bahía Blanca cumplió con empeño y ahora tiene que dar cuenta ante la Justicia.

Vicente Massot, actual propietario y director del grupo de prensa “La Nueva Provincia”, es el primer periodista imputado como responsable de delitos de lesa humanidad en la historia del país. Es inminente su declaración indagatoria a pedido los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, quienes lo imputaron por integrar “junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional” “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales”. También lo señalan “como coautor del homicidio de dos trabajadores de su diario” y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas. La fiscalía asegura que “el rol desempeñado por los medios de comunicación masiva durante el terrorismo de Estado fue preestablecido y especificado en la reglamentación castrense” y presenta las pruebas. El juicio es pionero en investigar a empresas de medios e ingresa en la historia de la justicia universal juzgando el rol de la prensa en genocidios. Esta semana, Vicente Massot quedó muy comprometido luego de que se publicaran dichos suyos donde afirma: “Yo no era un bebé de pecho, yo también tuve participación en esos hechos” de “la guerra civil de los años ’70”.

La causa La causa que involucra a Vicente Massot se inició luego de que el 12 de septiembre de 2012, el Tribunal Oral Federal del primer juicio realizado en Bahía Blanca por los crímenes de lesa humanidad, ordenó en las sentencia que “se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de La Nueva Provincia”. Eran tantos y tan elocuentes los testimonios registrados en las audiencias donde se mencionaba la actividad de los miembros de la familia Massot, que el tribunal pidió una investigación. Desde entonces, comenzó un nuevo proceso para establecer las responsabilidades de la empresa periodística en la aplicación del plan terrorista en el país. Vicente Massot es el único de los acusados aún vivo.
La causa está en manos del Dr. Álvaro Coleffi a cargo del Tribunal Federal de Bahía Blanca. Parte de las novedades que aporta son los reglamentos militares secretos que contemplaban tareas específicas para los medios de comunicación como parte del plan criminal. Uno de ellos es la “Directiva del Consejo de Defensa n° 1/75”. Allí se perfilan los lineamientos generales a seguir por la prensa en la llamada “lucha contra la subversión” y refieren entre los “efectos a lograr” que “las acciones deben tender a:… 4. Eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos puedan brindar a la subversión. 5. incrementar el apoyo de la población a las propias operaciones. 6. orientar la opinión pública nacional e internacional a fin que tome conciencia que la subversión es un “enemigo indigno de esta patria”. 7. Identificar a los integrantes de los propios medios en los propósitos de la lucha contra la subversión…”.

Otro documento clave del expediente es el Reglamento RC-5-1 del Ejército, que habla “de la necesidad de realizar como parte del plan criminal Operaciones Sicológicas, clasificadas como propaganda negra, para aparecer como originada en una fuente que no es verdadera…”. El documento militar ordena lisa y llanamente manipular información falsa para realizar operaciones periodísticas. El General Acdel Vilas, responsable del V Cuerpo de Ejercito en 1976 e insigne líder de la represión ilegal en Bahía Blanca, amplió en su declaración indagatoria en 1986: “Tales actividades buscaban confundir al oponente, facilitar su deserción, buscar el acompañamiento de la población”.
La acusación fiscal que pesa sobre Vicente Massot asegura que “siguiendo esta línea, los fusilamientos y masacres presentadas como ‘enfrentamientos’ entre las ‘fuerzas legales’ y los ‘subversivos’, no eran invenciones al azar del diario LNP, sino que son el fiel cumplimiento del reglamento militar”. Con decenas de casos citados en el expediente “la regularidad, sistematicidad y repetición en las páginas del diario de este tipo de conducta torna evidente que lo que se estaba cumpliendo era una función en el marco del plan de exterminio”. LNP acató religiosamente con todas y cada una de estas directivas, y nunca lo ocultó. “El 24 de marzo de 1976 Diana Julio de Massot (madre de Vicente y por entonces directora del diario) consideró que era un deber ineludible respaldar la acción militar de las Fuerzas Armadas. Hasta el final de sus días reivindicó aquella acción” (LNP 28/8/2009).

En el caso personal de Vicente Massot hay que contemplar que no sólo cumplió con estas órdenes desde LNP, sino también realizó “propaganda negra” en las revistas Cabildo, El Fortín y El Restaurador, en las cuales publicó periódicamente desde mayo de 1973. En el expediente se acumulan ejemplares donde se confirma que son totalmente coincidentes (por momento copias textuales) las reglamentaciones castrenses y los textos publicados por Massot.
Otro documento comprometedor surge del archivo de inteligencia de la Prefectura Zona Atlántico Norte y caracteriza a la empresa del grupo Massot en los siguientes términos: “…cabe señalar que la empresa ‘La Nueva Provincia’, a través de su medio gráfico, mantuvo desde el 24 marzo de 1976 y hasta el 14 junio de 1982, una línea de apoyo hacia el accionar del Proceso de Reorganización Nacional”.

A la espera de la citación para indagar al actual director de LNP, el fiscal Miguel Palazzani aseguró en el programa radial Enredados: “Se está planteando el inevitable análisis de lo que significa perpetrar un crimen de masas con una preparación desde la acción psicológica, que es una ‘guerra’ aparte. Lo ponían en los reglamentos. Me parece que es incluso una ‘guerra’ permanente. Y en esa preparación, en la cobertura, en el encubrimiento y en la posterior justificación LNP fue el medio fundamental”. 

La declaración. El pasado 18 de marzo, Vicente Massot prestó su primera declaración en la causa. Sin admitir preguntas, narró ante el juez durante más de dos horas su versión sobre los hechos que se le imputan. En la ciudad de Bahía Blanca ni su propio diario esbozó una defensa. Su situación judicial quedó muy comprometida, luego de negar ante el Juez una extensa trayectoria pública y reconocida como impulsor, militante y apologista de la dictadura.
Sin ir muy lejos, el 25 de abril del año pasado, en la presentación de su último libro El cielo por asalto. ERP, Montoneros y las razones de la lucha armada, se explayó sobre su rol en lo que llamó “la guerra civil de los años ’70”. Aseguró: “Voy a empezar diciendo lo que no quise escribir. Aquello que conscientemente traté de exorcizar al momento de tomar la pluma y empezar a escribir este ensayo. Lo que no quise hacer es fulminar condenas, no por que no tenga una idea acabada de los hechos que jalonaron la vida argentina hace 40 años. Yo no era un bebé de pecho, yo también tuve participación en esos hechos. Pero en todo caso, ésta (la del libro) es una tarea intelectual que nada tiene que ver con la militancia o las preferencias ideológicas de cada uno”. Ante la confesión de Massot –“Yo no era un bebé de pecho, yo también tuve participación en esos hechos”– ninguno de los presentes se sorprendió. Ni Abel Posse, Julio Bárbaro y Luís Labraña que escuchaban atentos a su lado, ni Cristian Breitenstein, ex Intendente de Bahía Blanca y actual Ministro de Producción de la Provincia de Bs. As. que se acomodaba en fila uno, ni Ricardo López Murphy que desde el fondo se abría paso entre la gente para que Massot lo viera. El juez ya tiene esta grabación, que tomó estado publicó esta semana, y cientos de pruebas más a su disposición.

La delación a golpes de Himno Nacional

 

Existe en la causa documentación que probaría la responsabilidad de Vicente Massot como coautor de los crímenes de los trabajadores gráficos y líderes sindicales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, ocurridos el 4 de julio de 1976. Un veloz repaso por las pruebas demuestra que Massot asumió ante escribano público como responsable de personal el 18/9/75, que luego de una huelga publicó el título “LNP se encuentra en guerra” contra sus trabajadores. Que al menos una vez se juntó con Loyola y Heinrich para discutir los conflictos gremiales. Que el 24 de marzo de 1976 junto a su madre desfiló por los talleres entonando el himno nacional mientras amedrentaba al personal. Que un informe de Prefectura confirma que en esos días desde el diario pidieron “ralear” a los dirigentes del sindicato gráfico en una lista donde figuraban los domicilios de quienes luego fueron secuestrados y pocas horas después acribillados. El diario sólo publicó un aviso fúnebre pagado por la familia. Cuando consultaron al general Acdel Vilas por estos hechos fue lapidario: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”.

El amigo Videla

Complicidad y méritos reconocidos

El Juez Álvaro Coleffi tiene a disposición una enorme carga probatoria de los hechos investigados, a los que se suman algunos testimonios. El propio Jorge Rafael Videla reconoció a LNP el 14/5/76 “por la objetividad con que anoticia sobre este proceso iniciado por las Fuerzas Armadas”. El general Acdel Vilas aseguró que las empresas de los Massot fueron un “valioso auxiliar de la conducción” militar que llevó adelante el genocidio en la ciudad. El ex Mario Adolfo Scilingo afirmó en su libro Por siempre nunca: Queridos y odiados en la zona, los Massot han llegado a formar un monopolio periodístico que no sólo da información sino crea opinión en la mente de los bahienses y fundamentalmente de los Oficiales de Puerto Belgrano y del Quinto Cuerpo de Ejército… Las reuniones a las que concurría en casa las integraba con ‘seleccionados’ navales porque por momentos se transformaban en una especie de ‘Jabonería de Vieytes’ conspirando contra el gobierno de Isabelita…”. La semana pasada, Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, la viuda de David Graiver, aseguró a la agencia Télam que “en el campo de concentración en puesto Vasco, en el partido de Quilmes, Jacobo Timerman era interrogado por los redactores de La Nueva Provincia”. Y así se suman decenas de voces que lo dejan a Vicente Massot cada vez más cerca de la cárcel.

Una familia militante en la derecha

Para la población de Bahía Blanca, Vicente Massot es mucho más que un empresario de prensa militante de la represión. Pertenece a la familia más influyente en la historia de la ciudad. La Nueva Provincia fue fundada con un proyecto político explícito desde el propio nombre, por Enrique Julio, su bisabuelo, en 1898. Desde el propio origen del diario, Julio cultivó un estilo confrontativo y una pluma muy filosa, detrás de la cual comenzó a acumular influencia y poder. Por el contrario, desde 1903 en adelante, organizaciones obreras de la ciudad lanzaron distintos boicot a LNP en rechazo a las constantes provocaciones que sufrían en el tratamiento informativo del diario. La empresa siempre estuvo en manos de la misma familia, con la única excepción del período 1950 a 1955 en que fue intervenida por el peronismo. Durante todo el siglo XX mantuvieron una línea editorial siempre coherente con los sectores más radicalizados de la derecha argentina, por momentos conservadores, por momentos fascistas, nacionalistas, ultra-católicos, neoliberales y de todas las tendencias y tipos de gorilas.
No hubo grupo parapolicial argentino que no contase con el apoyo del diario. Cuando a fines de la década de 1910 comenzó a actuar la Liga Patriótica Argentina (organización parapolicial de jóvenes de clase alta) LNP acompañó de inmediato su accionar. En la década siguiente, el diario promocionó en Bahía Blanca conferencias del falangista Ramiro de Maetzu (embajador del dictador español José Antonio Primo de Rivera) y trenzó amistad con el hermano del generalísimo Francisco Franco. Pocos años después, le dieron la bienvenida y publicitaron la actividad del general Nicolás Accame, simpatizando de Mussolini, líder de la Legión Cívica Argentina (grupo parapolicial que operó en la década infame de 1930) y representante del partido nazi en nuestro país. Con la influencia silenciosa pero abrumadora que conlleva un medio de comunicación en situación dominante sobre una población determinada, su proyecto político se fue naturalizando entre su público, sobre todo en la clase gobernante de la ciudad.
La nieta de Enrique Julio, Diana Julio Pagano de Massot, asumió la dirección de la empresa en 1956 y logró consolidar ese proyecto político y potenciarlo hasta quedar en situación monopólica. En 1958 consiguió la frecuencia de la radio LU2, la de mayor audiencia local; y en 1965 inauguraron Telenueva Canal 9, uno de los dos canales de TV local. Fue el primer multimedios del país. Ninguna otra empresa de comunicación había acumulado antes tanto poder en la zona. Con domicilio en Miami, Diana Julio fue durante décadas miembro de la Dirección de la Sociedad Interamericana de Prensa y miembro fundadora de Adepa. Ya en democracia, el clan Massot se vinculó con todos los proyectos de desestabilización. Apoyaron a los sectores carapintadas y de hecho fueron el único medio que entrevistó en forma exclusiva a Mohamed Alí Seineldín durante la toma del Edificio Libertador en diciembre de 1990. Por esos días, Carlos Menem privatizó los canales de televisión de aire y le dio al poderoso grupo Clarín la licencia de canal 13, y al grupo Massot la licencia de Canal 11, lo que luego sería Telefe.

LNP mantuvo en democracia su compromiso con los genocidas aludiendo en forma constante al “triunfo de las FFAA en la lucha contra el marxismo apátrida”, pero no solo. El 24 de marzo de 1993, el ex marino Alfredo Astiz (hoy condenado a prisión perpetua) se mostró en la vereda de un bar a 100 metros de la plaza donde se realizaba un acto por el aniversario del golpe de Estado de 1976. Luego de una serie de insultos y acusaciones, Astiz se retiró del lugar en el móvil de exteriores de Telenueva canal 9, acompañado y protegido por el cronista televisivo de la empresa.

Vicente Massot tampoco abandonó la militancia en el siglo XXI. El 20 de mayo de 2004 le avisaron al por entonces presidente Néstor Kirchner que en el Regimiento de Patricios se estaba desarrollando una reunión con el objetivo de desestabilizar al gobierno. De inmediato envió al ministro de defensa José Pampuro, quien al llegar encontró a Vicente Massot junto a militares exonerados, ex carapintadas, empresarios y operadores políticos. Lo recibió sorprendido Enrique Coti Nosiglia, quien aclaró: “Ojo, que no estamos conspirando”. No fue necesario aclarar más nada. En la actualidad LNP se sigue editando en posición dominante, financiada por fondos públicos a través de decenas de instituciones del Estado. Su línea editorial no se modificó ni un ápice.

La complicidad de El Día con la dictadura y su plan de terror

Por 

Camilo Cagni. Periodista para Miradas al Sur

El centenario matutino de la ciudad de La Plata no sólo dio apoyo editorial a los golpistas de 1976, sino que colaboró para encubrir la desaparición de personas.

No ha terminado la lucha” tituló el diario El Día en su tapa del 4 de marzo de 1977, citando las palabras que pronunció –el por aquel entonces– almirante Massera en un acto en el bosque platense. A pocos kilómetros de allí, en un predio lindero a la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Lisandro Olmos, policías y militares se fusionaban con el objetivo de aniquilar a cientos de personas en el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Cacha”. Seguramente a esa “lucha” se refería el titular de la Armada: la detención, el secuestro, la tortura y la muerte de los llamados “subversivos apátridas”, que no contaban con ningún recurso o medio para defenderse. Siguiendo los consejos del gran escritor y militante Rodolfo Walsh que decía “hasta lo más secreto está en alguna fuente pública”, relevamos parte de las ediciones del diario entre los años ’76 y ’77, y constatamos una complacencia más que evidente con las ideas y acciones de la Junta Militar. En una sociedad platense que estaba siendo castigada como ninguna por el terrorismo de Estado, donde día a día desaparecían sus vecinos y nada se sabía de ellos, cabe realizar las siguientes preguntas: ¿cómo influía El Día en la formación de opinión? ¿Su discurso influyó en la construcción de un enemigo? ¿Sus notas ayudaron a naturalizar un genocidio que duró años? 

Editoriales que delatan. El diario El Día fue fundado el 2 de marzo de 1884, en los inicios mismos de la ciudad de la Plata. Desde ese momento se erigió como el medio de prensa más representativo de la zona, donde sus lectores consumían noticias e informaciones que provenían de la nueva capital provincial y sus alrededores. Siempre el matutino tuvo la capacidad de adaptarse a los gobiernos de turno sin ser un factor de oposición. En la editorial del 26 de marzo de 1976 titulada “La prevista consecuencia”, el periódico dirigido por Raúl Kraiselburd analiza las circunstancias que llevaron al golpe como algo “inevitable y previsible”. Además señala cuáles son los dos grandes desafíos del nuevo gobierno militar: “El reordenamiento del aparato productivo del país y el aniquilamiento definitivo de la guerrilla”, traducido en nuestros días como la instauración de un sistema liberal en lo económico y el inicio de un genocidio como respuesta política a los sectores más combativos. Para concluir remata con un pedido a sus lectores: “Es indispensable desearles éxitos (al gobierno militar), pero es absolutamente imprescindible que todos los habitantes del país comprendan que ese futuro venturoso sólo llegará con el concurso de todas las voluntades argentinas”. Una verdadera joya del periodismo obsecuente.

El 11 de abril del mismo año, el diario platense editorializa sobre el rumbo económico que tendría que tener el país aconsejando “reducir al mínimo la influencia del aparato estatal para lograr la reconstrucción económica en el marco de la lucha contra la subversión”. Esta fue la principal misión que llevaron adelante los economistas influenciados por la escuela de Chicago, en donde José Alfredo Martínez de Hoz se convirtió en el máximo referente: achicar el Estado para ampliar el mercado.

Continuando con el relevamiento, nos trasladamos al año 1977. En la editorial del 29 de mayo titulada “El día del Ejército”, el medio saluda y homenajea a la fuerza que “a los 167 años de su creación, junto con las otras Fuerzas Armadas y la mayoría de la ciudadanía, está cerrando un período de la vida nacional, en el cual desterrar la violencia se convirtió y es aún, la obsesión de todos”. Siguiendo con una prosa digna de un manual militar, El Día afirma: “La batalla está terminando, ganaremos el derecho a la vida y sólo unos pocos han caído en la tentación totalitaria, lo cual debe enorgullecer aún más. Frente a los totalitarismos y los asesinatos seguimos optando por la democracia y la justicia, como una y otra vez lo reitera el presidente de la República y Comandante del Ejército”. Cabe agregar que las palabras que cita el medio son las de Jorge Rafael Videla, condenado por este Estado democrático a cumplir la pena de prisión perpetua por cometer diferentes crímenes de lesa humanidad durante su presidencia.

Comunicados oficiales. La reproducción de los comunicados de las fuerzas de la represión constituye otro de los puntos polémicos del periódico, ya que casi todos los días en la página número 6 reproducía en su totalidad un parte oficial que informaba sobre la muerte de algún supuesto extremista. Esta carilla podría definirse como la sección “policial antisubversiva”, en donde los asesinatos en manos de policías y militares eran presentados como una defensa frente al accionar criminal de “elementos marxistas”. Allí además se detallaban con nombre y apellido las identidades de las personas abatidas, su profesión y el lugar donde eran encontradas sin vida.

Pero toda avanzada mediática parcializada, en algún momento choca contra la realidad. Frente al fuerte reclamo de familiares de víctimas que arrojaba la represión en La Plata y ante la presión de los organismos internacionales de derechos humanos, El Día publicó el 21 de noviembre de 1978 una solicitada en donde se pedía por el paradero de más de 200 detenidos-desaparecidos de La Plata, Berisso y Ensenada. El listado fue confeccionado por familiares directos de las víctimas que por primera vez conseguían un espacio en un medio gráfico para divulgar una solicitada de este tipo.

Un detenido-desaparecido. Hugo Alfredo Iglesias era un trabajador gráfico de 21 años que ejercía su oficio de tipógrafo en los talleres de La Gaceta, un diario que pertenecía al grupo empresarial de El Día. El 15 de febrero de 1976 fue secuestrado en su casa de La Plata por una patota que se identificó como “personal del Ejército” y desde ese momento nada más se supo de él. Su caso volvió a repercutir en la Justicia platense en el año 2001, cuando su esposa Felisa Marilaff (que estuvo varias semanas detenida-desaparecida en La Cacha) declaró en el Juicio por la Verdad dando detalles sobre el secuestro de Iglesias: “Los secuestradores estaban de civil y llevaban armas largas” narró Marilaff frente al presidente de la Cámara Federal platense, el Dr. Leopoldo Schiffrin. “A minutos del secuestro me dirigí a La Gaceta para preguntarle a su jefe, Raúl Francisco Vaccaro, si sabía algo de él, a lo cual responde que a Hugo lo tenía el Ejército, pero que si él estaba involucrado en algo no lo iba a volver a ver porque lo iban a matar”. Mucho tiempo después, Marilaff se enteró que Vaccaro (mano derecha de Raúl Kraiselburd en el grupo El Día) estaba involucrado con los servicios de inteligencia del Ejército y además tenía una gran amistad con el general Ramón Camps. El último movimiento en causa por la desaparición de Iglesias fue en el año 2011, y desde entonces continúa paralizada.

Ahora, y ante el reinicio de un juicio por delitos de lesa humanidad en La Plata, el Tribunal Oral federal Nº1 a cargo de Carlos Rosansky tiene la oportunidad de investigar y condenar a 16 represores que actuaron de manera ilegal en el CCD La Cacha, y al mismo tiempo determinar el grado de responsabilidad que tuvo El Día en la construcción de un clima propicio para ejecutar un genocidio. La lucha por la reconstrucción de la verdad histórica, todavía no ha terminado.

Fuente: Miradas al Sur