Un ZLOTO para leer con suma atención y repensar el sistema de subsidios.

por Marcelo Zlotogwiazda

Si se excluyen las reivindicaciones que la Presidenta y Julio de Vido hicieron en público del esquema de tarifas baratas para todos y todas, hay un consenso casi unánime, que incluso se extiende puertas adentro del gobierno, acerca de la urgente necesidad de frenar la bola de nieve de subsidios que en materia energética acumulará este año alrededor de $ 80.000 millones. Resulta imperioso por tres razones: para limitar el impacto sobre las cuentas fiscales, para no seguir exacerbando el consumo de energía y agravando en consecuencia el déficit de divisas, y para terminar con el despilfarro que implica que 40% de ese gasto vaya al bolsillo del 20% más rico de la población. Pero también hay consenso en que la medida debe aplicarse con sintonía fina, como habían comenzado a hacerlo a fines de 2011 hasta que por razones nunca explicitadas interrumpieron las correcciones. Cabe entonces preguntarse cuál es el organismo del Estado con más capacidad y mejores antecedentes para diseñar y ejecutar con sintonía fina la imprescindible medida de modificaciones tarifarias. ¿El ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios? ¿La secretaría de Comercio Interior con la consabida delicadeza y eficacia de Guillermo Moreno?. En estos diez años la Anses ha demostrado estar muy por encima del nivel promedio de eficiencia estatal, gestionando lo que era el viejo sistema previsional y haciéndose cargo de varios proyectos complejos y muy masivos que impulsó el gobierno: absorbió prolijamente el sistema privado de jubilación, instrumentó la moratoria (que sigue abierta) para más de dos millones de personas, puso en marcha y administra el plan Conectar-Igualdad, concretó y es responsable de la Asignación Universal por Hijo (AUH), creó la tarjeta de crédito Argenta que no fracasó como sí lo hizo la Supercard, y está gestionando sin mayores reclamos el plan Procrear de crédito para la vivienda. Además de manejar el mayor presupuesto del Estado, la Anses dispone de una monumental base de datos, que registra mes a mes el ingreso de los 7,8 millones de trabajadores y de los 566.000 empleadores que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino. Esa información le permite, entre otras cosas, determinar todos los meses quiénes tienen derecho de cobrar la AUH y el resto de las asignaciones familiares. Por ejemplo, la Anses determina cuál es la asignación por hijo que le corresponde a cada grupo familiar: si es de $ 460 porque el ingreso mensual es inferior a $ 4.800, o si, en el otro extremo de la escala, es de $ 110 porque la familia gana entre $ 7.800 y 30.000 y ningún miembro cobra más de $ 15.000. Así como determina el derecho a cobrar una asignación, la Anses bien podría establecer quién tiene el derecho a recibir los subsidios energéticos. Con su potente base de datos, y el cruce con las bases de datos de las empresas de electricidad y gas y de otros organismos públicos, se debería poder, al menos, elaborar con precisión un listado con propiedades excluidas del beneficio porque sus dueños superan cierto monto de ingreso. Más aún, el gobierno estaría en condiciones de anunciar la medida como puramente redistributiva. Para ello sólo tendría que definir algún destino razonable para el ahorro logrado. Es posible imaginar a Cristina y Diego Bossio comunicando que los miles de millones de pesos que dejan de beneficiar a familias de alto poder adquisitivo se van a usar para la jubilación mínima, o a la Presidenta junto a Alicia Kirchner explicando que los fondos recuperados van a financiar un plan de urbanización de villas que incluye la instalación de escuelas, guarderías y talleres diversos.  En las villas y asentamientos sobreviven una porción importante de los 3 millones y medio de niños que son beneficiarios de la AUH. La Anses se destaca también por la transparencia y calidad de la información, tanto a través de Internet como en las presentaciones que realiza en el Congreso con frecuencia inusual para los cerrados modos kirchneristas. Del informe que divulgó como balance de los cuatro años que el programa está cumpliendo este mes, surgen datos que insinúan un estancamiento en la mejoría que venían registrando los indicadores sociales, y que además dan pauta de un núcleo duro de pobreza muy consolidado. Luego de cuatro años, que fueron cuatro años de crecimiento, la cantidad de familias que (des)califican para recibir ese derecho asistencial no ha disminuido. En noviembre de 2009 había 3.408.222 beneficiarios, y ahora hay 3.439.146. En el universo de niños de 0 a 5 años, uno de cada tres está cubierto por ese beneficio. Los actuales titulares (padre, madre o tutor) del beneficio son 1.815.265, de los cuales sólo un 35 por ciento está ocupado; hay un 9 por ciento desocupado, es decir que busca empleo y no lo consigue, y un tremendo 57% está ‘inactivo’. La proporción de inactivos sube al 75% entre los titulares menores de 24 años, que representan una cuarta parte de los titulares. El informe de la Anses muestra un dato muy interesante acerca de qué factores explican los cambios en la distribución del ingreso que hubo en la denominada ‘década ganada’. La mitad de la caída en el coeficiente Gini (cuánto más bajo menor es la desigualdad) se debió al mercado de trabajo (más empleo y mejor salario), y la otra mitad a las reformas en la seguridad social, fundamentalmente por AUH, moratoria provisional y movilidad jubilatoria. El Gini hubiera caído más si el gobierno no hubiera despilfarrado tanto en subsidios para todos y todas.

Fuente: El cronista Comercial