LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES: LO QUE LE ESPERA EN EL NUEVO CONGRESO... parece que la "Coneja" Baldassi no abandonó su oficio de soplapitos



La bancada de Clarín
por Lázaro Llorens para Revista 23

Flamantes diputados electos de Córdoba, como Héctor Baldassi, Juan Schiaretti y Oscar Aguad, aún sin haber asumido sus bancas, ya se comprometieron con el Grupo a revisar la normativa.

Hay que hacer un acuerdo con todos los bloques para reformar la Ley de Medios y cumplir con ese compromiso más allá de a quién le toque ser oficialismo u oposición en 2015”, aseguró hace unos días Oscar Aguad, flamante diputado electo por la UCR. Lo hizo en la sede del diario La Voz del Interior –Clarín–, el 6 de noviembre pasado, ante su director y presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) Carlos Jornet mientras firmaba la célebre “Declaración de Chapultepec”, una declaración de principios redactada por los empresarios periodísticos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 1994 y cuyo objetivo mediato es modificar la Ley de Medios en el Congreso.
Casi al unísono, esta “Declaración de Chapultepec” también fue firmada por otros flamantes diputados electos de Córdoba, como Héctor Baldassi y Juan Schiaretti, que al igual que Aguad, ni han asumido sus bancas aún pero ya se comprometieron con Clarín a revisar la ley. “A la Ley de Medios hay que cambiarla. Fue hecha e impulsada por el gobierno nacional para apoderarse de los medios de comunicación independientes”, sostuvo, sin ningún tipo de eufemismos, Schiaretti. Antes, Carlos Jornet estampaba su firma en la iniciativa de Adepa.

“Es una ley muy mala”, dijo por su parte el diputado del Pro Héctor Baldassi, un ex árbitro de fútbol devenido ahora en experto en medios, mientras también se sumaba con su firma a la “Declaración de Chapultepec” de Clarín, a la que a nivel nacional también adhirieron Sergio Massa, Felipe Solá, el rabino Sergio Bergman, Gabriela Michetti, Elisa Carrió, Fernando “Pino” Solanas (UNEN) y Francisco de Narváez, entre otros.

En Córdoba la firma de esta declaración a favor de Clarín comenzó a cristalizarse los días 6, 7 y 8 de noviembre pasado , pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara constitucional la Ley de Medios. El lugar de reunión fue el diario La Voz del Interior, del Grupo Clarín. Su anfitrión, Carlos Jornet, director del diario y presidente de Adepa, a partir de una declaración privada de la SIP pretende generar una corriente de opinión por derecha y por izquierda para cambiar la ley que acaba de ser ratificada por la Corte. ¿Será este el famoso círculo rojo?

“La Declaración de Chapultepec es una declaración redactada en el año 1994, en México, en una reunión de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) que nuclea a los empresarios de medios de comunicación, y donde se enumeraron 10 principios que pretenden resumir los objetivos necesarios para dar un contexto de libertad de expresión. Es una declaración privada, no de los Estados, o de los países” explica el ex juez federal y experto en medios Miguel Rodríguez Villafañe, quien ante los micrófonos de Veintitrés reprochó el compromiso asumido por Aguad, Baldassi y Schiaretti. “En buena hora que estos diputados la suscriban para garantizar la libertad de expresión, porque si firman lo que han firmado, no podrían hacer otra cosa más que defender la ley. Porque la Ley de Servicios de comunicación Audiovisual no ha hecho más que garantizar la palabra para todos”, añadió el abogado cordobés, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC).

Los cuestionamientos hacia estos diputados cordobeses también surgieron del periodista Juan Carlos “Pipón” Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA de Pablo Micheli y vocal de Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren). “Hace tiempo venimos cuestionando a la autoridad de aplicación (Afsca) porque de los 168 artículos que tiene la ley, había 162 que estaban reglamentados, y no sabemos si por impericia, negligencia o qué, no los aplicaban. No obstante, que la dirigencia política cordobesa y nacional, que es la oposición consentida, que se proponen remplazar al gobierno con una salida hacia los ’90, es decir hacia atrás y por derecha, quiera cambiar la Ley de Servicios de Comunicación, nosotros creemos que no van a tener ninguna posibilidad en el congreso. Al contrario, queremos que la Afsca haga público lo que está haciendo y lleve adelante la aplicación plena de la ley”, reclama “Pipón” Giuliani.

El primero en poner el gancho y salir a respaldar a la “Corpo” con el compromiso de cambiar la ley fue el diputado electo Juan Schiaretti, de Unión por Córdoba. Lo hizo el 6 de noviembre pasado, a los pocos días de ganar las elecciones. En medio de blancas sonrisas, ante el titular de Adepa, Schiaretti aseguró: “A la ley de medios hay que cambiarla. Fue hecha e impulsada por el gobierno nacional para apoderarse de los medios de comunicación independientes (…) Espero lograr y consensuar una propuesta superadora con otros legisladores nacionales. Porque está claro que esta ley tiene para el gobierno nacional el único objetivo de cooptar a los medios independientes”.

Respecto de la “cooptación de los medios independientes”, por las calles de Córdoba aún hay comentarios sobre la millonaria pauta oficial destinada a los medios del Grupo Clarín para tapa. “Desembozado, sin control de ningún tipo, aprovechando la anomia que provoca la campaña electoral, el gobierno de Córdoba continúa con la distribución exagerada y ominosa de la pauta publicitaria. Hace pocos días denunciábamos la contratación de páginas de publicidad en medios gráficos de Córdoba (La Voz del Interior-Clarín) que orillaban los $ 7,5 millones pero ahora esta superó los 11 millones en publicidades que anuncian, descaradamente en muchos casos, obras en ejecución, a ejecutar o a licitar”, denunció el legislador y periodista Ricardo Fonseca.

A este apoyo económico se le sumó un sobreactuado apoyo político, que llegó hasta las barbas de la Corte Suprema de Justicia. Este se hizo evidente en mayo pasado, cuando ante rumores infundados de una intervención de Clarín por parte del gobierno nacional, la Legislatura de Córdoba ratificó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 525/13 firmado por De la Sota para “proteger la libertad de prensa y expresión en Córdoba”. El proyecto, acusado por la oposición de ser un “proyecto marketinero” y “una sobreactuación política”, no fue un desliz.

Antes de llegar a la Corte, entre otros cargos, junto al actual gobernador, el juez Maqueda fue presidente del bloque de convencionales constituyentes del Peronismo Renovador (1986), diputado provincial por el delasotismo (1987), diputado de la Nación (1991 y 1999), ministro de Educación de De la Sota (1999) y senador nacional en el 2001.

Es justamente esta ligazón entre De la Sota, Clarín y Maqueda lo que hizo que en el fallo emitido por la Corte, el juez cordobés votara en contra de la aplicación los artículos 48 (concentración indebida de licencia) y 161 (desinversión) de la Ley de Medios por considerarlos inconstitucionales e inútiles. “Declaro la inconstitucionalidad del artículo 48 y en consecuencia la autora conserva las licencias que fueron formalmente otorgadas y el término de su plazo de vigencia”, dispuso como primera medida Maqueda. “Declaro inoficioso (inútil) en función de lo resuelto en el punto que antecede, pronunciarse acerca del planteo de inconstitucionalidad del artículo 161”, añadió inmediatamente después el juez cordobés, en total sintonía con el planteo de Clarín.

“Hay una tradición consagrada en la provincia de Córdoba y de mucha dirigencia política de creer de que con la pauta publicitaria, con los recursos del Estado, y con actitudes obsecuentes para con un poder importante como es un medio de comunicación van a estar más cerca de la gente. Y la verdad es que vos estás cerca de la gente cuando estás cerca de la gente, no cuando estás cerca de las corporaciones”, resumió al respecto el senador Luis Juez, del FAP, ante Veintitrés.

Luego fue el diputado del Pro Héctor Baldassi, ex árbitro de fútbol. Baldassi, hasta hace unos días era columnista del programa Paremos la pelota que se emite por Radio Mitre Córdoba (AM 810), emisora del Grupo Clarín. “El Pro votó en su momento en contra de la Ley de Medios, pero somos respetuosos de la Corte (Suprema de Justicia) y vamos a trabajar para que realmente se cumpla lo que dice el fallo de que la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) sea un organismo independiente y técnico”, indicó el ex soplapitos repitiendo como loro otro de los principales argumentos de Grupo Clarín.

Respecto de Baldassi, cabe recordar que Mauricio Macri este año sacó un DNU para la “protección de la libertad de prensa” en la ciudad de Buenos Aires”. También que Laura Machado, funcionaria de Macri, segunda candidata del Pro en Córdoba y asesora política de Baldassi, es a su vez Gerente de Relaciones Institucionales de Euromayor, una de las empresas de ladrillos más influyentes de “La Docta”, y uno de los principales auspiciantes del Grupo Clarín en Córdoba.

“Le rinden tributo porque Clarín los está promocionando. En Córdoba, La Voz del Interior es uno de los que más pauta publicitaria ha recibido del gobierno provincial de De la Sota. Por eso que esté Schiaretti ahí no me sorprende. Tampoco Baldassi, con el cual el Grupo Clarín tiene una alianza muy estrecha con Macri”, interpela Giuliani, de la CTA disidente.

Finalmente el último en hacer su muestra de fe ante Adepa fue el diputado radical Oscar Aguad, quien concurrió el 8 de noviembre a la sede del diario La Voz del Interior para firmar la “Declaración de Chapultepec”. Aguad, que proclama un respeto supremo por las instituciones y está abiertamente en contra de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, logró acceder por tercera vez consecutiva a su banca como diputado violando abiertamente la Carta Orgánica de la UCR que prohíbe la re-reelección de los cargos.

“Hay que hacer un acuerdo con todos los bloques para reformar la Ley de Medios y cumplir con ese compromiso más allá de a quién le toque ser oficialismo u oposición en 2015”, propuso el diputado radical, quien hace un tiempo consideró falsos los testimonios de Osvaldo Papaleo sobre la venta de Papel Prensa. “En la Argentina la libertad de expresión está severamente amenazada por las presiones del Gobierno, que se expresan en la falta de equilibrio en la distribución de la pauta publicitaria oficial, el cepo a la publicidad de empresas privadas y las presiones a periodistas, directivos y medios”, añadió Aguad casi como un virtual jefe de la bancada de Clarín.

Aguad, que actualmente quiere cambiar una ley votada por el Congreso por amplia mayoría y ratificada por la Corte, inició su carrera profesional como abogado en el estudio de José Severo Caballero, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de Raúl Alfonsín. Según su curriculum, fue miembro del directorio de La Voz del Interior entre 1985 y 1994, año en que fue vendido al Grupo Clarín y tras el cual se aplicó un severo ajuste. Este grupo, que ahora pretende salvar sus negocios en el Congreso, es uno los que más publicidad recibe de parte de la municipalidad de ciudad de Córdoba. Es justamente por esta alianza que las denuncias de fraude lanzadas por el Frente Izquierda de los Trabajadores (FIT) contra el radicalismo, por la novena banca, tuvo un espacio restringido en los medios de Clarín de Córdoba –Canal 12, La Voz del Interior, y Mitre–.

“A mí me gustaría que ellos especificaran qué es lo que van a cambiar. ¿Qué es lo que no creen que anda bien desde el punto de vista institucional? Porque en el juego democrático no todos los actores tienen que estar de acuerdo en todo”, sostiene el abogado Rodríguez Villafañe, quien, en representación de los medios cooperativos, formó parte de las audiencias públicas convocadas por la Corte en carácter de “amicus curiae” del Estado. “Tratar de eliminar la ley para cercenar la palabra a la ciudadanía prácticamente es una herejía a la democracia que en realidad podría justificar incluso el hecho de que tuviera que dejar el cargo del cual es representativo como diputado o senador”, añadió Villafañe.

De esta manera, el Grupo Clarín, mediante la adhesión a la “Declaración de Chapultepec”, parece que ya ha puesto en marcha un nuevo plan para sortear nuevamente la Ley de Medios. Este consiste en reducir en mínimas unidades su poderoso holding, pensando en una inmediata reunificación, a la par que hace un fuerte lobby en el nuevo Congreso, con legisladores de todas las bancadas, para en un futuro mediato modificar la ley y evitar su desguace. No será algo novedoso para el multimedios de Magnetto, que en otros momentos logró sentar legisladores de todas las bancadas para defender sus intereses como ocurrió en el 2003 con la “Ley de bienes culturales”.


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