Tres pájaros de un tiro
MARCELO
ZLOTOGWIAZDA
La decisión la tomó Néstor Kirchner.
Corrían las últimas semanas del crítico año 2009 cuando Amado Boudou le propuso
a la Presidenta comenzar a cerrar los conflictos que el país tenía abiertos en
el ámbito internacional. El entonces ministro de Economía había participado,
acompañado por Martín Redrado como titular del Banco Central, de la asamblea
anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en
Estambul, donde se convenció de que el principio del fin de la crisis
internacional era un momento propicio para normalizar el frente externo.
Mantuvo incluso una reunión con quien todavía era el director gerente del
Fondo, Dominique Strauss Kahn, y a la salida dio a entender que el gobierno
argentino estaba dispuesto a aceptar la revisión de sus números macroeconómicos
prevista en el artículo IV con la única condición de que la misión sea
“estrictamente técnica y con un perfil muy bajo”. A su natural optimismo se
sumaba que bancos estadounidenses le habían ofrecido la posibilidad de colocar
un bono en el mercado internacional al 13,5 por ciento anual: “La Argentina
está en un camino de regreso a los mercados internacionales de crédito”,
declaró confiado por esos días.
Tenía varios motivos para confiar. La
intervención de los Estados centrales para frenar la brutal crisis
internacional había dejado al mundo con enorme liquidez, y al FMI muy
desacreditado y obligado a cambiar. Por otra parte, creyó que las
participaciones de Cristina en las primeras dos cumbres del G20 en Washington y
Londres la habían orientado en el mismo rumbo en el que estaba él. Su plan de
vuelo comprendía la reanudación de la relación con el Fondo, el acuerdo con el
Club de París, la concreción del segundo canje de deuda y un paulatino y
moderado endeudamiento a largo plazo para financiar inversiones.
Néstor Kirchner se opuso rotundamente y Cristina estuvo en todo de acuerdo con su marido. Lo único que siguió su curso fue el canje de deuda.
Cuatro años después, el Gobierno comenzó a recorrer el camino que el actual vicepresidente había recomendado como ministro de Economía. El primer paso importante lo dio antes del ascenso de Axel Kicillof con el pago a firmas internacionales que habían ganado juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y que permitió destrabar líneas de crédito del Banco Mundial.
El segundo avance concreto fue el principio de acuerdo con Repsol anunciado en el feriado por el Día de la Soberanía acerca de la compensación que pagará la Argentina por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Con ese acuerdo el Gobierno apunta a tres objetivos simultáneos. Por un lado, busca generar condiciones de certidumbre para las multinacionales interesadas en invertir en Vaca Muerta; en palabras que irritan oídos de muchos kirchneristas, se busca ofrecer seguridad jurídica.
En segundo lugar, esas inversiones que en lo mediato servirían para revitalizar la producción de hidrocarburos y atenuar el déficit energético, en lo inmediato significan el ingreso contante y sonante de divisas para reforzar las deprimidas reservas del Banco Central.
En tercer lugar, el cierre del conflicto con Repsol fortalece la posición diplomática argentina para lograr que el gobierno español levante las sanciones económicas a la exportación de biodiesel argentino, lo que implicó la merma de varios cientos de millones de dólares de facturación externa.
Como se ve, el común denominador de los tres objetivos que persigue el acuerdo con Repsol es el esfuerzo por obtener o retener divisas, ya sea con el ingreso de dólares para invertir, por la menor salida de dólares para importar combustibles, y por el incremento de exportaciones a España.
Tres pájaros de un tiro.
Un nuevo disparo que se está evaluando es esa misma dirección es retomar lo que Boudou intentó en 2009 y permitir que una misión del Fondo Monetario Internacional venga al país para evaluar la situación económica en los términos que prevé el artículo IV del estatuto del organismo. Es una condición necesaria para acordar alguna forma de pago de la deuda con Estados soberanos nucleados en el denominado Club de París, que asciende a alrededor de 10.000 millones de dólares.
Si se confirma, el kirchnerismo estaría dejando atrás un fantasma. A pesar de que el FMI no tiene ninguna posibilidad de imponerle a la Argentina algún tipo de medidas o condicionamientos, por la sencilla razón de que no hay deuda que pagar ni intención de endeudamiento con ese organismo, el Gobierno se negaba a recibir una misión del Fondo con el argumento de que su sola presencia y la amplificación mediática de sus observaciones críticas serían dañinas y desestabilizadoras. Una suposición imposible de rebatir sin usar argumentos contrafácticos.
Pero es interesante observar el informe que la misión del FMI emitió el pasado 18 de noviembre al concluir su visita para el cumplimiento del artículo IV. Comienza señalando que “desde mediados de la década del 2000, el desempeño macroeconómico de Bolivia ha sido muy bueno. La estabilidad macroeconómica y las políticas sociales han contribuido a un aumento importante del ingreso promedio de la población y a reducir la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso”. El reporte completo es muy elogioso aunque no exento de recomendaciones de mayor prudencia fiscal y sobre el funcionamiento del Banco Central.
Lo que Boudou quiso hacer en 2009 por oportunidad, el Gobierno lo está haciendo ahora por la urgente necesidad de frenar la caída de reservas. Emprende la batalla del sector externo atacando por el lado de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (que incluye el comercio exterior, el turismo y el giro de utilidades), pero también la Cuenta Capital, donde se computa el ingreso por inversiones y el endeudamiento. En esto último radica un notable cambio de estrategia.
Tras largos años de desendeudamiento serial, el Gobierno está gestionando financiamiento externo. Fue muy claro Jorge Capitanich el martes último en el acto de cierre de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción: “La Presidenta dio instrucciones para la búsqueda de financiamiento internacional, para asignar los recursos a obras estratégicas que implican reducción de costos y de ese modo generar un círculo virtuoso de crecimiento y empleo”.
Es absolutamente lógico que la obra pública se financie con deuda y no, como hasta ahora en buena medida, con recursos corrientes del Presupuesto. El rechazo dogmático a tomar préstamos terminó derretido por la realidad. Por ahora, la búsqueda de financiamiento está acotada al Banco Mundial, al BID, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco de Desarrollo de Brasil y préstamos de organismos estatales atados a algún proyecto, como en el caso de China con dos represas de Santa Cruz.
Pero la Argentina no está en el camino de regreso a los mercados internacionales de crédito como creía Boudou en 2009.
Por ahora.
Fuente Revista 23
(N de la R: Como vemos la economía de nuestra Patria sigue estando bajo el control y el dominio de nuestras necesidades políticas. Y eso es algo que ni los más destacados esgrimistas de la izquierda pueden ocultar. Acaso se puede estar de acuerdo o no con las medidas, lo cierto es que el Gobierno sigue manejando una notable independencia y soberanía en cuanto a sus decisiones. El tiempo y los resultados dirán si fueron las correctas, por ahora y como ocurre desde hace diez años las cartas de las políticas económicas se siguen barajando en Balcarce 50, cosa que por cotidiana contemporaneidad no deja de ser inédita si tomamos como referencia los últimos 58 años de nuestra historia)
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