SEBASTIAN PIÑERA MINTIÓ CUANDO EN SU DISCURSO SOBRE UN NUEVO ANIVERSARIO DEL GOLPE QUE DERROCÓ AL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE DIJO: “El Gobierno de la
Unión Popular reiteradamente quebrantó la legalidad y el Estado de derecho
vigente”..
AQUÍ LA VERDAD HISTÓRICA: Fragmento del Mensaje del 21 de Mayo de 1973 del Presidente de Chile, Salvador Allende, ante el Congreso...
(Demasiadas similitudes)...
LA
DEMOCRACIA Y LA PAZ CÍVICA ESTÁN AMENAZADAS
Que
el Presidente de la República informe, en esta significativa fecha, al Congreso
Pleno sobre el estado administrativo, económico y político del país, es parte
de nuestra tradición. Sin embargo, en esta oportunidad, ella adquiere un
sentido excepcional, en virtud de las circunstancias en que se ha desenvuelto
la vida de Chile en el último año.
Este
mi tercer Mensaje, tiene el valor de reafirmar la continuidad del régimen
democrático dentro del cual fue elegido el actual Gobierno. De manera
insistente e infatigable, en los últimos doce meses –a través de las
modalidades más diversas – se han manifestado fuerzas sociales animadas por el
propósito de socavar la convivencia cívica.
Más
que a los problemas económicos coyunturales por los que atravesamos, el
Gobierno atribuye mayor trascendencia a la real y seria amenaza que pesa sobre
nuestra democracia. Como pueblo y como Nación pocos peligros aparecen más
graves, ya que la quiebra de la paz civil supondría el fracaso de nuestra
capacidad política colectiva para resolver los problemas de la comunidad por
Medios distintos de la violencia física que algunos buscan obsesivamente.
Enfrentamiento cuyas trágicas consecuencias acarrearían un profundo drama
humano, además de catastróficos efectos económicos.
Régimen
democrático y paz civil se implican de manera recíproca y lo que atenta contra
uno atenta directamente contra el otro. Sólo en la medida que logremos mantener
operantes y activos los mecanismos democráticos, podrá Chile vencer a quienes
anhelan la violencia para imponer sus propósitos.
Hoy
adquiere mayor realismo lo que anticipara en mi primer Mensaje. “Si la
violencia, interna o externa, en cualquiera de sus formas –física, económica,
social o política-, llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las
conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad
institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo.
El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro
pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que, con
legítimo orgullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al
socialismo”
Aumenta
la resistencia, cuando más avanza la realización de las medidas revolucionarias
y con mayor claridad aparece, a los que siempre dominaron, que su hegemonía
social está amenazada definitivamente, que su modo de vida y escala de valores
son desafiados por otra concepción de la sociedad.
El
enfrentamiento diario entre conservación y revolución, del que somos
protagonistas, ha acumulado una densa carga de violencia social que, hasta el
momento, ha sido posible contener dentro de límites razonables o sofocar cuando
los ha desbordado. El vigor de los mecanismos democráticos ha contribuido
decisivamente a que la energía de las fuerzas antagónicas se manifieste, por lo
general, a través de los canales regulares que nuestro sistema político
contempla. De ahí el ataque frontal de que es objeto el régimen de democracia
por quienes, a través de la desobediencia civil o de la insurrección, desearían
imponer su dictadura.
El
Gobierno ha cumplido y cumplirá su deber de preservar el orden público, al
mismo tiempo que impulsa la transformación de la sociedad. Contrariamente a lo
que ocurría en el pasado, el orden público ha dejado de estar al servicio del
sistema capitalista y es hoy un factor coadyuvante del avance del proceso
revolucionario. Por esta razón, seremos cada vez más estrictos en aplicar el
imperio de la ley a quienes buscan destruir los fundamentos de nuestra
convivencia. No son los campesinos, hambrientos de pan y de justicia, que se
toman -procedimiento que no compartimos- un pedazo de tierra para trabajarla,
quienes amenazan la paz. Para ellos, el desarrollo de la revolución significa
liberarse de su explotación secular. Son más bien aquellos que no toman nada;
porque lo tienen todo, pero que están obsesionados en crear condiciones de una
guerra civil, los verdaderos propulsores de la violencia.
Atacan
a las autoridades administrativas porque interpretan ciertas normas legales
según criterios distintos a los usados para mantener el sistema capitalista.
Pero quitan importancia al hecho de que determinados sectores no se detienen en
cuestiones de hermenéutica legal, sino que intentan desvirtuar la Constitución,
para convertirla en parlamentarista o, lisa y llanamente, derribar al Gobierno.
Reprochan
a las autoridades no poner la fuerza pública al servicio irrestricto de los
intereses capitalistas y en contra de los trabajadores; pero, al mismo tiempo,
buscan enfrentar a campesinos contra campesinos, obreros con obreros y a todos
ellos con los técnicos y profesionales.
Los
trabajadores, los sectores democráticos y patriotas, partidarios o no de la
Unidad Popular –es decir, la inmensa mayoría de los chilenos – deben estar
vigilantes para defender la democracia y la paz interna. Para nadie puede ser
un secreto que el problema clave que estamos viviendo es la crisis generalizada
del orden tradicional, mientras dificultosamente emerge una nueva estructura de
relaciones sociales.
BUSCAN
LA CRISIS DEL ESTADO
Muchos
son los factores de los cuales dependerá el desarrollo de nuestra vida
colectiva. Hay dos, sin embargo, de una importancia esencial: la parálisis del
aparato del Estado y la crisis económica.
Hace
exactamente un año manifesté, en este mismo recinto, que “me asiste la plena
convicción de que si hoy el régimen institucional continúa actuando
regularmente es porque las fuerzas populares, dentro de él, lo están
sosteniendo. Pero si las instituciones tienen su más sólido respaldo en los
trabajadores, es porque no se han mostrado cerradas a su ascenso”. Lo ocurrido
en los últimos meses ha confirmado elocuentemente la primera parte de mi afirmación.
Sin la conjunción de los trabajadores y de las Fuerzas Armadas y de Orden, el
aparato del Estado se hubiera roto, con las graves consecuencias que es dable
imaginar.
A
lo largo de los últimos dos años el Estado ha venido perdiendo flexibilidad para
admitir cambios institucionales. Los mecanismos legislativos, en vez de innovar
en la regulación y ordenamiento de la pujante dinámica social, aparecen
prácticamente anquilosados.
En
mi segundo Mensaje anticipé que “pocos peligros más graves acechan al régimen
legal que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos en medio del actual
período de transformaciones profundas aceleradas. Por eso, el Gobierno no
cejará en impulsar la actividad legislativa de modo correspondiente a las
exigencias de la realidad actual”. Sin embargo, las iniciativas de necesidad
más apremiantes, tales como el castigo de los delitos económicos, los
Ministerios de la Familia y del Mar, la estructuración del Área de Propiedad
Social, la participación (le los trabajadores, la que otorga financiamiento a
las corporaciones municipales, las empresas bajo régimen de autogestión, y
muchas otras de tanta o mayor importancia, no han podido ser convertidas en
normas jurídicas.
No
me cabe intervenir en el uso que la mayoría del Congreso hace de las facultades
que le son privativas. Pero no puedo menos que constatar su acción
fiscalizadora sobre la gestión del Ejecutivo, de una intensidad sin
precedentes. En 1972, la Cámara de Diputados designó ocho comisiones
investigadoras sobre actuaciones de la Administración Pública. Dos intendentes
fueron acusados y destituidos por el Senado. Se acusa a Mete Ministros y dos de
ellos son destituidos. En cada una de estas oportunidades, el Ejecutivo expresó
con claridad su criterio, jurídico-constitucional discrepante.
Corresponde
al Presidente de la República la administración y gobierno del país. He
ejercido y ejercitaré la plenitud de s prerrogativas. Cuando, en el uso de sus
facultades, el Ejecutivo y el Congreso difieren en torno del ámbito de sus
atribuciones exclusivas, la Constitución contempla dos instituciones
específicamente destinadas a resolver los conflictos por medios
jurisdiccionales o políticos, evitando así los peligros del enfrentamiento
entre poderes del Estado. En las divergencias surgidas hasta el momento, tanto
el Congreso como el Gobierno han requerido, en diversas oportunidades, al
Tribunal Constitucional, la instancia más ágil, rápida y expedita de que
dispone nuestro régimen político para resolver este tipo de problemas. Siendo
dicho organismo independiente y autónomo, no podemos sino condenar duramente
las campañas interesadas de los sectores que buscan inhabilitarlo amenazando,
de esta forma, el estado de Derecho.
El
otro instrumento constitucional establecido para dirimir las diferencias entre
los poderes co-legisladores, la consulta plebiscitaria, será invocada por el
Gobierno en las circunstancias y materias que estime procedentes y necesarias
para el país. Recalco que la convocatoria de un plebiscito es prerrogativa
exclusiva del Presidente de la República y que, por encima de toda otra
consideración, cumpliré con mi deber de imponer que se ajuste estrictamente a
las normas establecidas en nuestra Carta Fundamental.
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