Conspirar en contra de la Democracia


Parece que estamos viviendo momentos de revisionismo conceptual con relación al sistema democrático. Los que otrora fueran postulados indiscutibles hoy, por obra y gracia de una “mass media dominante y vocinglera”, se han transformado en cuestiones censurables incorporándoles un alto sesgo totalitario. Quién es beneficiado con el voto popular no tiene derechos legítimos y tangibles para exponer y ejecutar sus proyectos, siendo su primera obligación consensuar. Es decir, prima facie, sus electores, aquellos que mayoritariamente escogieron un modelo de país, deben esperar hasta que las minorías presenten conformidad en la materia. Primera pregunta que surge es para qué votamos entonces si nuestras decisiones colectivas están sujetas a una suerte de rectorado superior del cual desconocíamos su existencia. Se complica aún más la situación cuando dichas minorías se hallan atomizadas y representan valores e ideologías tan variopintas como confusas, tan sólo unidas por la animadversión hacia el colectivo triunfante. Dentro del dilema cientos de miles de creencias, desinformaciones y versiones antojadizas colaboran para que lo único indiscutible que tiene la democracia se haya colocado bajo un prisma de curiosa estigmatización: la legítima voluntad de acción que poseen las decisiones colectivas, nos gusten o no. Por supuesto que todos los segmentos sociales tienen derecho a peticionar, protestar y mostrar desacuerdos con relación a las políticas públicas, pero lo que se evidencia como grotesco es pretender que el proyecto colectivo aprobado por la mayoría suspenda sus programas y plataformas producto del disgusto que una parte de la sociedad tiene con él. La coyuntura no muestra la sola conspiración en contra de una gestión puntual, una suerte de intento destituyente para nada solapado. En nuestra Patria se intenta subvertir el concepto de la democracia misma pretendiendo que el Gobierno votado por amplias mayorías deje de lado, compulsivamente, aquellos paradigmas por los cuales fue escogido. No alcanza con la regular posibilidad que tenemos cada dos años para mostrar nuestras alineaciones, nuestros gustos y disgustos, es notorio que cuando los conflictos apuntalan cuestiones que dividen las aguas se manifiesta como posibilidad cierta tratar que el antagonista dimita a como de lugar. Lo que está ocurriendo es muy peligroso de cara al futuro, no ya para el actual oficialismo, es muy delicado como formato social para todos los oficialismos, ejecutivos que en su gran mayoría tienen el común denominador de haber obtenido holgadas mayorías electorales. Resulta llamativo que las multitemáticas e inorgánicas protestas apuntan con exclusividad al ejecutivo nacional aún en cuestiones que no le competen o cuando menos lejos está de poder eficientizar medidas. Por caso el tema de la inseguridad. Si cada provincia tiene su fuerza del orden en qué lugar de la inteligencia colocamos el federalismo. En las protestas no se vislumbra la satisfacción por el desarrollo de políticas preventivas y educativas a través de la inclusión, disyuntiva esencial que sí le compete directamente al Gobierno, en las protestas sólo se pide represión, de modo que se exhibe muy poco interés por terminar con la pauperización social, sólo se apunta a eliminar los efectos y no las causas.
En Coronel Dorrego el Radicalismo triunfó con un 44% de las voluntades, con más de 12 puntos de diferencia con la fuerza que le siguió en orden y de acuerdo al sistema electoral ostenta mayorías absolutas en el Concejo Deliberante. Por más que el 56% restante no lo votó, nadie, desde la política, puede en su sano juicio argumentar dicha lógica. Como opositor al oficialismo dorreguense me resisto de plano a cualquier movida que implique censurar su legitimidad y en consecuencia la autoridad política y democrática que deviene de la voluntad popular, de modo que puedo expresarme críticamente, de hecho lo hago, pero nunca utilizaría falacias y sofismas para llevar agua a mi molino. Para el caso, el Doctor Zorzano es tan "dictador" como Cristina, ya que ejerce sus mayorías de acuerdo al contrato social expresado desde las urnas, como debe ser. Que el Intendente no escuche las propuestas de mis referentes, que no de ni tranco de bola a lo que uno piensa y dice no implica que se constituya en autoritario. Alguna vez también es dable pensar que en el fragor del debate se  puede estar equivocado más allá que cierta periferia avale mis postulados. Los ejecutivos tienen la delicada función de observar todo el contexto que le compete y no solamente lo que alcanza a una visión en particular. Me llamó mucho la atención la presencia de funcionarios y ex funcionarios Radicales en el 8N vernáculo. Y más aún bajo consignas que a poco de ponerlas en debate abierto harían agua por todos lados. Somos pocos y nos conocemos muchos, sobre todo si de corrupción se trata.
El año entrante cumpliremos el 30 aniversario de nuestra democracia. No podemos soslayar su adultez y menos aún suponer que cualquier cosa la pone en riesgo. Pero me parece oportuno intentar recapacitar que es lo que entendemos por democracia. Si es el Gobierno del Pueblo, el que se manifiesta mediante el voto obligatorio, universal y secreto, me parece que colocarnos por arriba de tales preceptos caprichosamente es un ataque directo al sistema, una agresión conceptual que sólo podrá concluir en un retroceso, huella de improvisación política, acaso la peor de las noticias, aquella que nos hace reiterar las peores páginas de nuestra historia.










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