Coronel Dorrego - Buenos Aires

Ley de Medios

“lo que nunca será como tal”

Indefectiblemente la resolución final con relación a la ley de medios audiovisuales recaerá sobre la Corte Suprema de Justicia. Más temprano que tarde, ya sea vía Per-saltum o  transitando por los cánones jurídicos normales, el desenlace del dilema nos lleva en esa dirección. Cualquier fallo de instancias menores será apelado por las partes que se consideren perjudicadas de modo que todos los caminos conducen al máximo tribunal de la Nación, por lo tanto su definitiva resolución no será sino hasta el año entrante.

Disyuntiva no menor si tenemos en cuenta varias cuestiones por analizar. A priori parecería no ser la mejor de las noticias para el grupo oligopólico en disidencia, aunque temo que dicha conjetura resulta engañosa haciendo agua por varios lados, en particular para aquellos que tenemos fervientes esperanzas a favor de la plena vigencia de la norma. Creo entender que tanto el Gobierno como el grupo Clarín siempre supieron cuál sería el final del sendero, el punto determinante es el momento político en el que cae dicha instancia, y a eso se juega. Es factible sospechar que el oligopolio espera que ese momento llegue en medio de una notoria caída en la popularidad de la Presidenta y si es posible con una derrota en las legislativas venideras. Convengamos que ese supuesto escenario colocaría al Gobierno Nacional con las defensas bajas como para pelear la cuestión dentro del campo de opinión pública. Una baja marcada en los comicios o directamente una derrota electoral acompañada por movilizaciones inducidas harían pensar muy seriamente su voto a aquellos integrantes de la Corte que todavía muestran dudas políticas sobre la norma en litigio, más allá de las certezas legales que la misma ostenta. El fallo va a hacer un fallo político por donde se lo mire, de modo que creer que la Corte se fijará solamente en la cuestión eminentemente jurídica constituye un supino acto de inocencia.

Otra cuestión que complejiza aún más la coyuntura son las intenciones que tiene en Juez Zaffaroni para dejar el cargo a fin de año. Por marzo declaró en el programa de Víctor Hugo que se veía dejando la función por esas fechas para dedicarse exclusivamente a la actividad privada, volver a sus cátedras, a sus textos, a sus conferencias. Estimo que tal baja constituiría una pérdida irremplazable, sobre todo porque Zaffaroni es el referente garantista más importante que el campo popular tiene dentro del cuerpo colegiado.

Clarín sueña con extender la cuestión de modo hallarnos de cara a la decisión con una Corte Suprema sin Zaffaroni, con una marcada caída del caudal electoral del oficialismo, con un humor social adverso y con una variedad de conflictos que impacten directamente en un desinterés popular con el que la ley hoy no cuenta, ya que todavía es tema de sumo interés. Desde el ejecutivo se intentará acelerar el proceso de forma tal no llegar a situaciones de no retorno. ¿A qué me refiero con el subtítulo? Alguno puede suponer que me mueve solamente un acostumbrado pesimismo. Por fuera de esa percepción individual deseo enfatizar realidades insoslayables.

Primero: Los que otrora fueran aliados políticos en la votación de la ley hoy no lo son. Los medios dominantes han conseguido arroparlos de forma tal presentarlos, bajo amenaza de complicidad con el oficialismo, como un grupo de oposición unívoco, cuestión que tiñe el escenario de modo siniestro. En un año electoral será muy difícil que alguna fuerza opositora acompañe cualquier tipo de militancia a favor de la ley debido a la supuesta necesidad de contar con canales mediáticos para exponer sus propuestas. Además sabemos que centralizarán sus conjeturas en banquetes en donde el eufemismo totalitario lucirá sus mejores túnicas. De forma completa el arco opositor se concentrará en desvincularse lo más posible del oficialismo, y esto lo harán en todos los temas, inclusive en la cuestión de la democratización de la palabra. Como es usual, no van a existir propuestas ni cotejaran ideas entre ellos, sólo se cuidarán por esmerilar al oficialismo de modo concentrar la mayor cantidad de voluntades opositoras.

Segundo: Históricamente las elecciones de medio término siempre dispersan buena parte del electorado de modo que toda merma se exhibirá como derrota, por lo que el eufemismo “opositor” logrará indudablemente un marcado crecimiento. Esta estrategia ya fue utilizada durante el período 2009-2011. Recordemos aquella movida Carriotista, a la cual se sumó todo el arco opositor, incluido el progresismo, sentenciando que el 70% de la población supuestamente se hallaba en franco antagonismo con el Gobierno Nacional.

Tercero: Hasta ahora la Corte ha presentado dilaciones llamativas teniendo en cuenta que se trata de una disyuntiva aprobada mayoritariamente y que al mismo tiempo despierta una marcada controversia social. Judicializar la política es un pecado, mencionó en más de una ocasión Zaffaroni. Ratificando lo antedicho el cuerpo colegiado también despliega estrategias políticas con relación a puntuales asuntos. Tal como afirmó el Senador Pichetto, mostró presta resolución, elaborando una suerte de Per-Saltum de hecho, cuando el tema del aborto de la mujer a la cual se le había impedido, mediante un amparo, la interrupción de su embarazo producto de trata y violación. En esa ocasión fue veloz, resolutiva y eficiente, cosa que aplaudo fervorosamente. ¿Qué le impide imitar su propio comportamiento ante el dilema que presenta la ley de medios y dar por terminado el asunto? ¿Necesita de la figura legal del Per-Saltum y más teniendo en cuenta que dicha norma no es taxativa? La respuesta es la incidencia política que diferencian a ambas cuestiones. Durante la presente semana, en el programa 678, tuvimos la oportunidad de visualizar un rico debate sobre determinadas prerrogativas que el mismo poder judicial tiene para sí. Si bien existen marcadas diferencias entre los poderes del estado para sus modos de designación al frente de los cargos públicos bueno es notar que si conceptualmente, filosóficamente, se critica la posible continuidad para los cargos ejecutivos debido a que dichos comportamientos involucran deméritos personalistas hacia el propio sistema, qué le impidió a la Corte Suprema de Justicia dar un ejemplo sobre la cuestión presentando una renovación en su máximo cargo representativo. Se me dirá que de forma indirecta la Corte también es elegida por el pueblo, cosa que es correcta hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto porque la voluntad popular está ausente cuando de prorrogas y renovaciones se trata, cosa que no ocurre para cargos legislativos y ejecutivos. La cantidad de jueces que aún continúan en funciones desde la época de la dictadura habla por sí del dilema. Por fuera de lo impropio que significa elegir Jueces directamente por medio de la voluntad popular debido a que se requieren de conocimientos que nos superan extraordinariamente, nada le obstaculiza al mismo poder judicial en consonancia con los otros dos poderes establecer estrategias institucionales para evitar contradicciones filosóficas y éticas tan marcadas, cuestiones que se deberían subsanar políticamente. Si para algunos es pernicioso  que el cargo de Presidente de la Nación ostente atributos reeleccionistas, suena lógico que dicho correlato se extienda hacia el Presidente de la Corte Suprema y hacia el Presidente de la Cámara de Diputados. Otra curiosidad surge dentro del propio legislativo. El Presidente de la Cámara de Diputados posee prerrogativas indefinidas, mientras que el Presidente de la Cámara de Senadores no las tiene debido a que forma parte del ejecutivo. Uno observa con sorpresa que sobre determinados incisos somos ferviente opositores a los personalismos mientras que en otros resultamos absolutamente laxos. Temo que dichas contradicciones ameritan un profundo debate.

Cuarto: Las propias contradicciones del ejecutivo en la implementación de la ley. El fracasado concurso producto de los requerimientos y exigencias, además del excesivo valor de los pliegos, habla por sí de una estrategia que a mi entender presentó un marcado antagonismo en función de horizontalizar la propiedad de los medios de comunicación. En oportunidades sospecho que la ley de medios no es algo que se hizo por convencimiento ideológico sino por conveniencia coyuntural. Muy poco se realizó sobre lo posible de implementar. Por ejemplo, activar con mucho mayor énfasis el proyecto TDA, programa que observo aplacado en sus entusiasmos. Inundar de antenas, a lo ancho y a lo largo del país, hubiese provocado intereses más concretos en función de obtener bocas emisoras (Instituciones, cooperativas, municipios, universidades, etc.) sobre todo en el interior y a la par hubiese impactado notablemente en la incidencia que el oligopolio tiene sobre el mercado comunicacional.  Ejemplifico: Si hubiese TDA en Coronel Dorrego y su zona de incidencia, tanto Cablevisión como Direct TV deberían rever sus políticas exclusivas y abusivas, de lo contrario fallecerían de muerte natural ante la competencia. De todos modos poco me importan las motivaciones, lo trascendental es limitar definitivamente el poder corporativo vigente.

Quinto: Temo que durante estos tres años al Gobierno Nacional no se le escapó la tortuga, la dejó andar y lamentablemente lo estamos pagando. Quizás la comodidad política que le presenta la absurda y desmadrada conducta opositora del grupo justifique su postura. Me refiero que hasta ahora, en el campo del enfrentamiento, no le ha ido mal electoralmente, de modo que conservar a tan impresentable antagonista ciertamente no le disgusta. El problema radica cuando la política comunicacional va quedando al margen del asunto producto de la encerrona que promueve el propio conflicto.

Sexto: A mi humilde modo de ver la ley de medios es un entelequia que nunca será. Y no hablo de su aprobación legal y definitiva, hablo de su real implementación. Los capitales en la materia no abundan, aparecerán socios y testaferros por doquier y la supuesta explosión de diversidad nunca se producirá debido a que dentro del capitalismo el capital fue, es y seguirá siendo el factor limitante. Los años por venir no presentan indicios venturosos debido a que la crisis internacional parece no tener fecha de vencimiento en tanto y en cuanto los poderes dominantes sigan obteniendo extraordinarios dividendos a costa de los derechos colectivos y las nuevas tecnologías todavía no han logrado afirmarse orgánicamente a favor de la diversidad. Se me ocurre que a esta altura del partido la ley de medios ya es una cuestión nuestra, es una decisión individual, acaso para avalar o para no avalar, acaso para elegir un lado de la vida, acaso para entender que nunca más le debemos rendir atención y pleitesía al cáncer moral que tiene nuestra Patria. Vale decir que ante lo vivido y expuesto en estos últimos años lo que hasta ahora no ha ocurrido en nosotros, como colectivo, jamás ocurrirá.