Ley de Medios
“lo que nunca será como tal”
Indefectiblemente la resolución final con
relación a la ley de medios audiovisuales recaerá sobre la Corte Suprema de
Justicia. Más temprano que tarde, ya sea vía Per-saltum o transitando por los cánones jurídicos
normales, el desenlace del dilema nos lleva en esa dirección. Cualquier fallo
de instancias menores será apelado por las partes que se consideren
perjudicadas de modo que todos los caminos conducen al máximo tribunal de la
Nación, por lo tanto su definitiva resolución no será sino hasta el año
entrante.
Disyuntiva no menor si tenemos en cuenta
varias cuestiones por analizar. A priori parecería no ser la mejor de las
noticias para el grupo oligopólico en disidencia, aunque temo que dicha
conjetura resulta engañosa haciendo agua por varios lados, en particular para
aquellos que tenemos fervientes esperanzas a favor de la plena vigencia de la
norma. Creo entender que tanto el Gobierno como el grupo Clarín siempre
supieron cuál sería el final del sendero, el punto determinante es el momento
político en el que cae dicha instancia, y a eso se juega. Es factible sospechar
que el oligopolio espera que ese momento llegue en medio de una notoria caída
en la popularidad de la Presidenta y si es posible con una derrota en las
legislativas venideras. Convengamos que ese supuesto escenario colocaría al
Gobierno Nacional con las defensas bajas como para pelear la cuestión dentro
del campo de opinión pública. Una baja marcada en los comicios o directamente
una derrota electoral acompañada por movilizaciones inducidas harían pensar muy
seriamente su voto a aquellos integrantes de la Corte que todavía muestran
dudas políticas sobre la norma en litigio, más allá de las certezas legales que
la misma ostenta. El fallo va a hacer un fallo político por donde se lo mire,
de modo que creer que la Corte se fijará solamente en la cuestión eminentemente
jurídica constituye un supino acto de inocencia.
Otra cuestión que complejiza aún más la
coyuntura son las intenciones que tiene en Juez Zaffaroni para dejar el cargo a
fin de año. Por marzo declaró en el programa de Víctor Hugo que se veía dejando
la función por esas fechas para dedicarse exclusivamente a la actividad
privada, volver a sus cátedras, a sus textos, a sus conferencias. Estimo que
tal baja constituiría una pérdida irremplazable, sobre todo porque Zaffaroni es
el referente garantista más importante que el campo popular tiene dentro del
cuerpo colegiado.
Clarín sueña con extender la cuestión de
modo hallarnos de cara a la decisión con una Corte Suprema sin Zaffaroni, con
una marcada caída del caudal electoral del oficialismo, con un humor social
adverso y con una variedad de conflictos que impacten directamente en un
desinterés popular con el que la ley hoy no cuenta, ya que todavía es tema de
sumo interés. Desde el ejecutivo se intentará acelerar el proceso de forma tal
no llegar a situaciones de no retorno. ¿A qué me refiero con el subtítulo?
Alguno puede suponer que me mueve solamente un acostumbrado pesimismo. Por
fuera de esa percepción individual deseo enfatizar realidades insoslayables.
Primero: Los que otrora fueran aliados políticos en
la votación de la ley hoy no lo son. Los medios dominantes han conseguido
arroparlos de forma tal presentarlos, bajo amenaza de complicidad con el
oficialismo, como un grupo de oposición unívoco, cuestión que tiñe el escenario
de modo siniestro. En un año electoral será muy difícil que alguna fuerza
opositora acompañe cualquier tipo de militancia a favor de la ley debido a la
supuesta necesidad de contar con canales mediáticos para exponer sus
propuestas. Además sabemos que centralizarán sus conjeturas en banquetes en
donde el eufemismo totalitario lucirá sus mejores túnicas. De forma completa el
arco opositor se concentrará en desvincularse lo más posible del oficialismo, y
esto lo harán en todos los temas, inclusive en la cuestión de la
democratización de la palabra. Como es usual, no van a existir propuestas ni
cotejaran ideas entre ellos, sólo se cuidarán por esmerilar al oficialismo de
modo concentrar la mayor cantidad de voluntades opositoras.
Segundo:
Históricamente las elecciones de medio término siempre dispersan buena parte
del electorado de modo que toda merma se exhibirá como derrota, por lo que el
eufemismo “opositor” logrará indudablemente un marcado crecimiento. Esta
estrategia ya fue utilizada durante el período 2009-2011. Recordemos aquella
movida Carriotista, a la cual se sumó todo el arco opositor, incluido el
progresismo, sentenciando que el 70% de la población supuestamente se hallaba
en franco antagonismo con el Gobierno Nacional.
Tercero: Hasta ahora la Corte ha presentado
dilaciones llamativas teniendo en cuenta que se trata de una disyuntiva
aprobada mayoritariamente y que al mismo tiempo despierta una marcada controversia
social. Judicializar la política es un pecado, mencionó en más de una ocasión
Zaffaroni. Ratificando lo antedicho el cuerpo colegiado también despliega
estrategias políticas con relación a puntuales asuntos. Tal como afirmó el
Senador Pichetto, mostró presta resolución, elaborando una suerte de
Per-Saltum de hecho, cuando el tema del aborto de la mujer a la cual se le
había impedido, mediante un amparo, la interrupción de su embarazo producto de
trata y violación. En esa ocasión fue veloz, resolutiva y eficiente, cosa que
aplaudo fervorosamente. ¿Qué le impide imitar su propio comportamiento ante el
dilema que presenta la ley de medios y dar por terminado el asunto? ¿Necesita
de la figura legal del Per-Saltum y más teniendo en cuenta que dicha norma no
es taxativa? La respuesta es la incidencia política que diferencian a ambas
cuestiones. Durante la presente semana, en el programa 678, tuvimos la
oportunidad de visualizar un rico debate sobre determinadas prerrogativas que
el mismo poder judicial tiene para sí. Si bien existen marcadas diferencias
entre los poderes del estado para sus modos de designación al frente de los
cargos públicos bueno es notar que si conceptualmente, filosóficamente, se
critica la posible continuidad para los cargos ejecutivos debido a que dichos
comportamientos involucran deméritos personalistas hacia el propio sistema, qué
le impidió a la Corte Suprema de Justicia dar un ejemplo sobre la cuestión
presentando una renovación en su máximo cargo representativo. Se me dirá que de
forma indirecta la Corte también es elegida por el pueblo, cosa que es correcta
hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto porque la voluntad popular está
ausente cuando de prorrogas y renovaciones se trata, cosa que no ocurre para
cargos legislativos y ejecutivos. La cantidad de jueces que aún continúan en
funciones desde la época de la dictadura habla por sí del dilema. Por fuera de
lo impropio que significa elegir Jueces directamente por medio de la voluntad
popular debido a que se requieren de conocimientos que nos superan
extraordinariamente, nada le obstaculiza al mismo poder judicial en consonancia
con los otros dos poderes establecer estrategias institucionales para evitar
contradicciones filosóficas y éticas tan marcadas, cuestiones que se deberían
subsanar políticamente. Si para algunos es pernicioso que el cargo de Presidente de la Nación
ostente atributos reeleccionistas, suena lógico que dicho correlato se extienda
hacia el Presidente de la Corte Suprema y hacia el Presidente de la Cámara de Diputados.
Otra curiosidad surge dentro del propio legislativo. El Presidente de la Cámara
de Diputados posee prerrogativas indefinidas, mientras que el Presidente de la
Cámara de Senadores no las tiene debido a que forma parte del ejecutivo. Uno
observa con sorpresa que sobre determinados incisos somos ferviente opositores
a los personalismos mientras que en otros resultamos absolutamente laxos. Temo
que dichas contradicciones ameritan un profundo debate.
Cuarto: Las propias contradicciones del ejecutivo en
la implementación de la ley. El fracasado concurso producto de los
requerimientos y exigencias, además del excesivo valor de los pliegos, habla
por sí de una estrategia que a mi entender presentó un marcado antagonismo en
función de horizontalizar la propiedad de los medios de comunicación. En
oportunidades sospecho que la ley de medios no es algo que se hizo por
convencimiento ideológico sino por conveniencia coyuntural. Muy poco se realizó
sobre lo posible de implementar. Por ejemplo, activar con mucho mayor énfasis
el proyecto TDA, programa que observo aplacado en sus entusiasmos. Inundar de
antenas, a lo ancho y a lo largo del país, hubiese provocado intereses más
concretos en función de obtener bocas emisoras (Instituciones, cooperativas,
municipios, universidades, etc.) sobre todo en el interior y a la par hubiese
impactado notablemente en la incidencia que el oligopolio tiene sobre el
mercado comunicacional. Ejemplifico: Si
hubiese TDA en Coronel Dorrego y su zona de incidencia, tanto Cablevisión como
Direct TV deberían rever sus políticas exclusivas y abusivas, de lo contrario
fallecerían de muerte natural ante la competencia. De todos modos poco me
importan las motivaciones, lo trascendental es limitar definitivamente el poder
corporativo vigente.
Quinto: Temo que durante estos tres años al
Gobierno Nacional no se le escapó la tortuga, la dejó andar y lamentablemente
lo estamos pagando. Quizás la comodidad política que le presenta la absurda y
desmadrada conducta opositora del grupo justifique su postura. Me refiero que
hasta ahora, en el campo del enfrentamiento, no le ha ido mal electoralmente,
de modo que conservar a tan impresentable antagonista ciertamente no le
disgusta. El problema radica cuando la política comunicacional va quedando al margen
del asunto producto de la encerrona que promueve el propio conflicto.
Sexto: A mi humilde modo de ver la ley de medios
es un entelequia que nunca será. Y no hablo de su aprobación legal y
definitiva, hablo de su real implementación. Los capitales en la materia no
abundan, aparecerán socios y testaferros por doquier y la supuesta explosión de
diversidad nunca se producirá debido a que dentro del capitalismo el capital
fue, es y seguirá siendo el factor limitante. Los años por venir no presentan
indicios venturosos debido a que la crisis internacional parece no tener fecha
de vencimiento en tanto y en cuanto los poderes dominantes sigan obteniendo
extraordinarios dividendos a costa de los derechos colectivos y las nuevas
tecnologías todavía no han logrado afirmarse orgánicamente a favor de la
diversidad. Se me ocurre que a esta altura del partido la ley de medios ya es
una cuestión nuestra, es una decisión individual, acaso para avalar o para no
avalar, acaso para elegir un lado de la vida, acaso para entender que nunca más
le debemos rendir atención y pleitesía al cáncer moral que tiene nuestra
Patria. Vale decir que ante lo vivido y expuesto en estos últimos años lo que
hasta ahora no ha ocurrido en nosotros, como colectivo, jamás ocurrirá.
Comentarios
Publicar un comentario