… fragmento de
El Guernica de Picasso
La crisis del
macrismo y la convivencia democrática – Por Pedro Karczmarczyk para La Tecl@
Eñe
Fuente:
Pedro Karczmarczyk analiza en esta nota cómo el agravamiento de la
crisis del macrismo, que viola procedimientos democráticos establecidos para la
gestión de gobierno, pone en juego la convivencia democrática y el Estado de
derecho en nuestro país.
Pedro Karczmarczyk, Doctor en filosofía,
Inv. En CONICET, Prof. de Filosofía contemporánea, UNLP.
El agravamiento de la crisis del macrismo ha
impuesto un cambio en el tenor de los análisis políticos. La certidumbre de que
se abre un nuevo tiempo convive con la incertidumbre acerca de su naturaleza.
Aunque es muy difícil encontrar en el presente los trazos del futuro, algunas
cosas parecen seguras, como por ejemplo que ya no resulta plausible
caracterizar a “Cambiemos” como una derecha institucional, como una “derecha
moderna” o como una “derecha democrática”. Hace cosa de un año atrás la melange de
lo crudo y lo cocido de “Cambiemos” permitían que esta caracterización se
sostuviera con no poca plausibilidad. “Cambiemos” apela cada vez más a
mecanismos de excepción, se saltea los procedimientos establecidos en diversos
ámbitos de la gestión del gobierno y acaba desplegando un poder de fuego, tanto
judicial como literal, inusitado. El camino iniciado con el encarcelamiento de
Milagro Sala, que aparecía como un fenómeno marginal, excepcional en la lectura
que hacía de los primeros dos años de gobierno del Pro una nueva derecha, acaba
revelándose como la ejemplificación simple y directa de una lógica de gobierno.
Horacio González, en una nota aparecida en Página/12 el
24 de agosto, luego del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado
de la Nación, constató: “Están en peligro las fuentes primordiales del soporte
convivencial de la Argentina” Me gustaría detenerme en este enunciado para
reflexionar sobre el mismo.
El enunciado está motivado por lo que González denomina el
“Bonadío-Prinzip”, es decir, por decisiones judiciales que no se ajustan a
derecho, coordinadas para que su amplificación por los grandes medios de
comunicación produzca un efecto inmediato, que no puede revocarse en sede
judicial. En otros términos, “Bonadío-Prinzip” busca y usualmente logra un
efecto de escarnio público que hay que calificar de “extrajurídico”. Pero que
no se agota en este nivel simbólico o ideológico, sino que también interviene a
nivel represivo, ya que priva de su libertad a los opositores políticos con
procedimientos judiciales dudosos, apoyándose aquí en lo que se denomina, acaso
con amargo sarcasmo “doctrina Irurzun”.
Evidentemente estas intervenciones trastocan
la convivencia política, Mauricio Macri, quien asumió el gobierno procesado por
la larga causa de las escuchas ilegales, o los grandes medios de comunicación,
que se valieron de una retahíla de medidas cautelares para postergar la
aplicación de la “ley de medios”, entran ahora en una lucha que parece ser a
todo o nada. El ministro de educación se atrevió a designar al contrincante,
apelando a una entidad que no existe más que el reino de la ficción: una
alianza “kirchnerotroskista”. Inexistente como es, este ser ficcional revela algo de la
gobernabilidad macrista, acerca de lo que entra y lo que no entra en la misma.
El “kirchnerotroskismo” designa simplemente a todo aquel sector político que no
se aviene a sostener mansamente la gobernabilidad macrista, como lo hace un
amplio espectro del conglomerado opositor, ya sea por convicción ideológica
(como es el caso de grupos importantes del peronismo territorial), por
necesidad económica (otros grupos del peronismo territorial), por temor a
algunas de las formas del “Bonadío Prinzip” (donde podríamos contar, tal vez, a
los sectores que abandonaron la bancada kirchnerista para facilitar el acuerdo
con los fondos buitres y que han sido luego sostenes parlamentarios del
macrismo) o por alguna combinación de estos factores.
A esta altura podemos ya circunscribir el alcance de las “fuentes
primordiales del soporte convivencial de la Argentina”, se trata de un conjunto
de reglas que caracterizan a la democracia política que nunca han sido tan
fuertemente cuestionadas como hoy día desde la recuperación democrática en
octubre de 1983. Se trata nada menos que de las reglas de juego de la política.
Ahora bien, si decimos que uno de los contendientes juega “a todo o nada”, o,
para decirlo con más dramatismo, a “matar o morir”, es porque, por ahora, nos
da una pauta de lo que está dispuesto a hacer, que es siempre mucho mayor que
lo que ya ha hecho. Como lo decía Hobbes, el estado de guerra no es la batalla,
ni la lucha misma, sino el lapso de tiempo en el que reina la voluntad de
resolver las diferencias mediante la batalla. Y si no nos equivocamos, la
ruptura de las fuentes primordiales del soporte convivencial de la Argentina
tiene ese sentido. Ese fue el sentido de los bombardeos a la población civil en
Plaza de Mayo en 1955 y ese es el sentido de los encarcelamientos políticos que
comenzaron apenas asumido Macri con el encierro ilegal de Milagro Sala, la
cárcel para Facundo Jones Huala, y luego la prisión del ex vicepresidente
Boudou en un proceso plagado de irregularidades, y finalmente el embate de
Bonadío sobre Cristina Kirchner, pasando por las muertes de Santiago Maldonado,
Rafael Nahuel, y las frecuentes represiones a la protesta social, en muchos
casos a partir de incidentes orquestados desde las fuerzas de seguridad.
Sin ningún ánimo de minimizar lo que implica
la ruptura de las reglas convivenciales de la política, conviene tener en claro
tanto la naturaleza como la magnitud y el alcance de este fenómeno. En efecto,
las reglas convivenciales de la política no alcanzan para darle el tono a la
vida social del país en general. Ese es tal vez el gran mito de la democracia
recuperada en 1983. Cuando Alfonsín declamaba, con la incuestionable fuerza de
apelación con la que lo hacía, que con la democracia se come, se educa o se
cura, realizaba una operación ideológica de importancia: colocaba a las reglas
de juego de la política en el lugar de las causas eficaces de la dinámica
social, cuando en 1983 resultaba a todas luces evidente, que la política, las
reglas de la política queremos decir, eran la continuación de la guerra por
otros medios, que las reglas de la política no constituyen una ruptura, como
quería Alfonsín, sino una continuación de las reglas de la guerra.
Dicho de otra manera, que las reglas de la política son un efecto
de las maneras en que se come, se educa y se cura en mayor medida de lo que lo
es al revés. Ello era evidente, al menos para quien quisiera entenderlo, aunque
esta voluntad de entender escaseara entonces, por motivos que también hay que
tener presentes. Las reglas de política no translucían entonces a las reglas de
la guerra, porque la lógica de la guerra de la dinámica social no tenía
necesidad de insinuarse, de tan demoledora que había sido su última batalla.
Digamos algo más para circunscribir el alcance
de las reglas de la política en cuanto “soporte convivencial” de la nación. En
efecto, uno de los ejes sobre los que giraron los debates sobre la
caracterización del gobierno de Macri a los que aludimos al comienzo es la
continuidad durante el mismo de los planes sociales del kirchnerismo. Ahora
bien, un mínimo análisis nos permite apreciar que las políticas de los planes
sociales son una intervención del Estado que, en tanto que garante de los
intereses de clase de la clase dominante, vela por sus intereses de conjunto,
intervención que es tanto más eficaz cuanto es vivida como una ayuda del Estado
hacia los más necesitados, como una intervención del Estado para la
construcción de una sociedad más justa. Los “planes sociales” contribuyen a la
reproducción de la clase trabajadora ante el hecho de que más de un tercio de
la misma realiza su trabajo de manera informal y percibe salarios por debajo
del nivel de subsistencia. La intervención estatal de los planes sociales hace
juego con la reproducción de la sociedad bajo determinado modelo de acumulación
del capital. Ello no implica desconocer su necesidad y la validez de los
reclamos de planes sociales, sino simplemente señalar que son la respuesta a un
problema que no pueden solucionar.
Se nos permitirá un párrafo acerca de la cuestión del Estado. Para
la tradición liberal, que hoy domina en nuestras universidades y en nuestras
pantallas de televisión, el Estado se presenta como una instancia que debería
estar más allá de la sociedad civil, la instancia aquella en la que intervienen
los ciudadanos, con sus intereses particulares y los conflictos que se derivan
de ellos, es decir, como aquella instancia que debería velar por el
mantenimiento del “orden público”, concebido, en última instancia, como el libre
juego de los intereses particulares, o dicho de otra manera, con el
funcionamiento normal del mercado. En su versión progresista el Estado se
propone como tarea igualar las oportunidades iniciales en la carrera de los
talentos. En consecuencia, el Estado no puede admitir representar a intereses
particulares, aunque siempre lo hace, porque eso implicaría renunciar al
carácter público del Estado, que es casi como decir, al carácter estatal del
estado. El paso de lo público a los intereses particulares lo franquean los
individuos calificados como ciudadanos.
Entiendo que es importante rescatar estos
“ideologemas” del pensamiento liberal, porque forman parte de nuestro sentido
común, y porque el bombardeo mediático incesante no debería eximirnos de
reconocer que el mismo tiene lugar sobre algunas concepciones de fondo, que se
producen en otra parte (en la escuela, en la familia, en las relaciones
laborales, etc.). El bombardeo mediático activa, despierta, orienta o reorienta
eventualmente, pero no produce por sí mismo estas concepciones de fondo. En la
producción ideológica hay tiempos y eficacias diversas. Para comprobarlo
bastaría que se pusiera a funcionar el aparato mediático en un sentido
ideológico inverso, dejando incambiados el funcionamiento de la escuela, la
familia y las relaciones laborales. El resultado no sería una sinfonía con
disonancias eventuales, como lo es actualmente, sino una disonancia constante.
El estado árbitro de la tradición
liberal, concebido como una condición que supera el ruinoso conflicto
interindividual, supone la constitución de los individuos como sujetos de
derechos y de obligaciones, e impone esa condición como la condición por
excelencia para la participación política dentro de las reglas de la política
de las que venimos hablando. Participar en la política es participar como
ciudadanos, es decir, como individuos, de manera que se vuelve inaccesible a la
mirada, para sí mismos y para otros, la condición de clase en la que consiste la existencia social de individuos que tendría
un carácter social, pero no político.
Pensemos por ejemplo en la situación en
la cual un sindicato intervenga en la discusión con su patronal reclamando
acceder a los balances de la empresa y participar en los planes de inversión a
futuro de la misma. Ello resultaría coherente desde una concepción que reconoce
que los individuos existen en condiciones sociales determinadas, que son condiciones
de clase, (siendo un efecto de clase, por ejemplo, que los hijos de la clase
trabajadora sean masivamente de clase trabajadora). Pero no lo sería en
términos de derechos individuales. No hay que hacer un gran esfuerzo para
imaginar el talante airado de reacciones que esta pretensión suscitaría (¿con
qué derecho un conjunto de individuos, no propietarios, podrían inmiscuirse en
los asuntos de otro individuo, este si propietario de un medio de producción?).
Se trataría de una situación que pondría en jaque, de otra manera, a las reglas
de juego de la política establecidas desde 1983.
Se podría pensar, sin duda, que a lo largo de nuestro análisis
hemos corrido el eje. A fin de cuentas, nuestra lectura del enunciado de
González nos pone frente al hecho de que parecen romperse algunos acuerdos
tácitos de la política desde 1983, sobre todo la tendencia a dirimir las diferencias
mediante contiendas electorales. Esto todavía no se ha concretado, pero la
beligerancia del grupo en el gobierno nos obliga a considerar esta hipótesis.
¿Están dispuestos Macri y su grupo de CEOs a recibir un tratamiento análogo al
que reciben ahora Milagro Sala, Boudou, De Vido o Cristina Kirchner? Ello
podría ocurrir si un futuro gobierno recogiera los muchos cabos sueltos que
deja el macrismo y abriera causas por el blanqueo de capitales, por las cuentas
de los Panamá Papers, por la toma irregular de deuda, por el financiamiento
espurio de la campaña, por el manejo de la pauta publicitara estatal, el
naufragio del submarino, etc. Siguiendo con nuestro análisis, ello sería tanto
más sorprendente puesto que, de acuerdo a una caracterización usual, el
macrismo es el país gobernado por sus dueños, reducidas al extremo las
mediaciones políticas, lo que pone una vez más en primer plano las cuestiones
de clase.
Quien me haya seguido hasta aquí comprenderá
que estas consideraciones implican una revisión, es decir una crítica a la
crítica que la transición democrática hizo de la crítica de izquierda a la
democracia burguesa. No se trata, a mi juicio, simplemente de recuperar esta
crítica, para no ver en la democracia formal más que un disfraz de la dictadura
de clase que constituye su base social, sino de reconocer en la democracia
formal la manera y el medio efectivo del poder de la clase burguesa en
condiciones históricas determinadas. Como tal, esta forma de ejercicio del
poder realiza una suerte de “convivencia” o “entendimiento” entre las clases
sociales que sólo funciona si no es vivido como tal (ya hemos señalado
los efectos disruptivos de las clases sociales en el discurso político), es
decir, que sólo funciona como un medio real, si este entendimiento entre clases
es vivido como un “entendimiento” o una “convivencia” entre individuos,
ciudadanos, hombres, mujeres, etc., es decir, que sólo es eficaz en virtud de
su carácter imaginario.
Si la democracia formal no es un mero disfraz, sino una forma
imaginaria eficaz de ejercer la dominación de clase, ello
significa, naturalmente, que hay otras formas de desarrollar esta dominación de
clase, que exceden lo que podemos analizar aquí. Significa también que es
posible y necesario un trabajo de cuestionamiento de su carácter imaginario, ya
que el mismo puede acarrear efectos en el interior de la misma.
El deterioro del Estado de derecho en nuestro
país, concretamente el hostigamiento judicial a la principal fuerza política
opositora sugiere como un desenlace posible la proscripción del populismo, lo
que implicaría el escamoteo real de la ciudadanía política (una figura
ideológica y consecuentemente imaginaria, pero, insistimos, no por ello menos
real) para amplios sectores. Ello demanda la construcción de una fuerza popular
en condiciones no sólo de enfrentar el ajuste mediante un programa alternativo,
sino también de enarbolar un conjunto de demandas democráticas consistentes con
los intereses de las masas trabajadoras y populares. Discutir el sentido de la
convivencia democrática nos parece entonces, una tarea teórico política a la
orden del día.
Se sostenian con no poca plausibilidad, dice el autor. La modernidad plausible eran la prisión de Milagro Sala, el pago a los buitres del 1600% no ya usurario sino que es ir a bajarse los lienzos, la presentación de dos candidatos a jueces de la Suprema Corte y su asunción
ResponderEliminar(frustrada) por decreto entre otras linduras como los mensajes al pueblo en el Congreso con tremendas mentiras y exgeraciones, donde estaba este muchacho del que transcribís la nota? Debe ser intimo amigo de Natanson. Para la convivencia democrática mejor no confundirse.