Fueron 114 disparos de armas cargadas por el nuevo modelo represivo. Identifican al prefecto que mató a Rafael Nahuel.
Identifican al
prefecto que mató a Rafael Nahuel
5 junio, 2018 por Redacción La Tinta
Por primera vez se
publica el nombre del integrante del grupo Albatros que realizó el disparo
mortal contra el joven mapuche, en Villa Mascardi. Más de seis meses después
del homicidio, el Juez Villanueva rechaza citar a indagatoria a los uniformados
que protagonizaron la cacería contra la comunidad, el pasado 25 de noviembre.
Fueron 114 disparos de armas cargadas por el nuevo modelo represivo.
Investigación exclusiva.
Por Santiago Rey para En
Estos Días
Pasadas las 16
horas del 25 de noviembre de 2017, el Cabo Primero de Prefectura Naval
Argentina e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, ingresó
junto a otros cinco uniformados al territorio de la comunidad mapuche Lafken
Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 45 kilómetros de Bariloche.
Aproximadamente a
mil metros de la tranquera -ubicada en la ruta 40- los Albatros encontraron a
un grupo de integrantes de la comunidad. Dieron la voz de “alto” y segundos
después comenzaron a tirar. El Cabo Primero Franciso Javier Pintos, el que más:
realizó unos 40 disparos con sus armas, una pistola Beretta y un subfusil MP5.
Según pudo
reconstruir En
estos días, una de las balas 9 milímetros del MP5 -identificado con el
número de serie B 05-C335508- alcanzó a Rafael Nahuel. El proyectil ingresó por
su glúteo izquierdo y le provocó un “shock hipovolémico por lesiones de los
orgános y tejidos que provocaron una hemorragia de aproximadamente 4 litros de
sangre, alojada en cavidad torácica y peritoneal”, según el informe de la
autopsia firmada por dos médicos forenses.
De acuerdo al conteo
de las municiones faltantes en los cargadores, el Cabo Primero Francisco Javier
Pintos recargó sus armas en, por lo menos, cuatro oportunidades.
No fue el único. En
las actas labradas se constata que de los seis efectivos que ingresaron al
territorio -dos de ellos lo hicieron con posterioridad al primer grupo-, cinco
tenían sus cargadores incompletos, es decir habían efectuado disparos. Además
de Pintos, también dispararon el Marinero Sergio Damián García; el Cabo Segundo
Carlos Valentín Sosa; el Cabo Primero Sergio Guillermo Cavia -cuyo proyectil
quedó en la recámara-; el Cabo Segundo Juan Ramón Obregón; y el Ayudante
Segundo Eric Fabián Blanco.
Del raconto de
proyectiles faltantes en los cargadores, surge que los prefectos habrían efectuado
114 disparos. Fue una cacería. Fue una tragedia. Pudo haber sido una
masacre.
Indagatoria
denegada
Los datos surgidos
en las pericias, testimonios y la inspección ocular del pasado 7 de diciembre,
descartan la teoría del enfrentamiento, instalada por el Gobierno Nacional a
través de un comunicado y posterior conferencia de prensa de la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria brindó una explicación
delirante de lo sucedido: habló de tácticas militares de defensa por parte de
los mapuches, y árboles arrancados de cuajo por el calibre de las armas que
dispararon.
Ni una cosa ni la
otra. Ante el ataque, los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu y
otros mapuches que los acompañaban corrieron montaña arriba, de manera
desordenada, y en un primer claro que encontraron comenzaron a tirar piedras a
los prefectos que los atacaban. Así surge con claridad de los testimonios
aportados, entre otros, por Fausto Jones Huala, quien junto a Lautaro González
bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel, y luego fueron detenidos.
Y así se constata,
además, en las declaraciones como testigos ante el juez Gustavo Villanueva de
15 integrantes de Prefectura que estuvieron en el lugar. Se trata de los
uniformados que no ingresaron a la comunidad ni efectuaron disparos y que ya
fueron citados a dar su versión.
Ninguno de ellos
sostuvo la historia oficial del enfrentamiento, más allá de asegurar que
escucharon pedir apoyo a alguno de sus compañeros que habían ingresado a la
comunidad. El único que insistió en la posibilidad de que los Albatros
hubieran sido víctimas de disparos fue el Jefe de Prefectura en Bariloche,
Prefecto Principal Leandro Ruata. Ante el Juez “dijo que le dijeron”, pero no
recordó quién. Poco para sostener esa versión en el expediente.
Con este escenario
de pruebas y testimonios, y a la espera de la información oficial del resultado
de pericias clave como la comparación de la bala extraída del cuerpo de Rafael
con los proyectiles testigos de las armas secuestradas a los uniformados, las abogadas
Julieta Wallace y Sofía Bordenave reclamaron hace 15 días al Juez Villanueva
que proceda a citar a declaración indagatoria y detener a los seis Albatros
comprometidos, con el objetivo de que no entorpezcan la investigación ni se den
a la fuga.
Pero Villanueva no
sólo rechazó el pedido, sino que además sostiene la carátula original de la
causa: “Jones Huala, Fausto Horacio y otro S/ muerte por causa dudosa,
usurpación y atentado agravado por más de tres personas”. En el expediente los
únicos imputados son los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro
González, quienes bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta en una improvisada
camilla.
“Estimo que para la
ejecución de las indagatorias solicitadas -respondió el magistrado- es prudente
aguardar los resultados de diversas diligencias probatorias ordenadas en el
presente sumario, entre otras, las experticias encomendadas a fs.263/8 apartado
IV (“pericia balística”) y 1075/6 (“interpretación del informe técnico
elaborado por la CNEA”). Así las cosas, tendré presente lo requerido y estaré a
la producción de las mismas, a fin de expedirme -con mayores elementos- sobre
lo peticionado por esa parte”, concluyó Villanueva ante el pedido de las
abogadas.
En esa línea de
acción, a partir de la nota ahora publicada por este medio, Villanueva ya no
debería encontrar argumentos para demorar la detención del Cabo Primero
Francisco Javier Pintos.
En las últimas dos
semanas se produjo un complejo movimiento en la causa por el asesinato de
Rafael Nahuel. Las abogadas Julieta Wallace y Sofía Bordenave -bajo el auspicio
y apoyo de la CTEP- y Natalia Araya -por la APDH- asumieron la representación
de la familia en el complejo inicio de la causa, y lograron que se concreten
todas las medidas de prueba que hoy permiten determinar la responsabilidad del
Albatro Pintos como autor material del hecho.
A pesar de la
marcha favorable de la causa y el establecimiento de una Mesa de Diálogo que
logró pacificar la zona, ambas abogadas pusieron a disposición su renuncia
luego de la intervención de terceros que hace pocos días se acercaron a la
familia de la víctima. Finalmente, el padre de Rafael, Alejandro Nahuel,
decidió reemplazar a las abogadas y nombrar como representantes a los letrados
Marcos Miguel y Estanislao Cazaux, ligados a sectores conservadores de la
política local barilochense.
La tarea de Wallace
y Bordenave fue ad honorem, mientras que se desconoce quien abonará el trabajo
de Miguel y Cazaux, aunque en ámbitos tribunalicios se sospecha de fondos de la
política nacional.
El delito de ser
mapuche
Oficialmente el
nombre del Cabo Primero Francisco Javier Pintos como responsable del disparo
letal -que en esta nota se adelanta en exclusiva-, se dará a conocer el próximo
viernes.
Esa información,
así como los datos complementarios del contexto en el cual se dio el ataque de
Prefectura dentro de la comunidad, tal vez permitan evitar que Fausto Jones
Huala y Lautaro González vuelvan a la cárcel, tal como pretende la Sala III de
la Cámara de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos
Mahiques. En una resolución con planteos inquisitorios y ausencia absoluta
de nuevas pruebas que modifiquen los argumentos de la excarcelación otorgada a
Jones Huala y González cuatro días después del hecho, esa Cámara pretende
volver a detener a los dos jóvenes mapuche.
Tal como se informó
en este medio, el Juez Riggi planteó que los mapuches son “un grupo de personas
que resiste la autoridad de manera armada, con violencia”, y sin tener en
cuenta los resultados de todas las investigaciones, testimonios y pericias
existentes en el expediente, arriesgó que los mapuches “atacaron” a los
miembros de la Prefectura Naval que ingresaron al territorio.
Riggi asoció la
existencia de grupos de autodefensa del pueblo mapuche con un atentado contra
el orden democrático, y consideró que el simple hecho de pertenecer a esa
organización es motivo suficiente para privarlos de su libertad. Una
resolución que sólo puede darse en un contexto de estigmatización del pueblo
mapuche y de su reclamo de reconocimiento.
Contexto
fertilizado por títulos como el del 8 de febrero del diario Clarín: “Autopsia
al mapuche muerto en Mascardi: le habrían encontrado restos de pólvora en la
mano”, publicó con información falsa probablemente procedente del mismo
ministerio de Seguridad. Tras ese artículo el Instituo Balseiro debió
aclarar que la pericia no se estaba realizando en sus dependencias; y que, por
información del Centro Atómico, el estudio aún no había arrojado resultados.
Contexto inflamado
además por, entre otros aportes, el “Informe R.A.M.” presentado por
Bullrich el 20 de diciembre pasado y realizado en conjunto por el Ministerio de
Seguridad de la Nación y los Gobiernos de las Provincias de Río Negro, Neuquén
y Chubut, que desgrana en 180 página una serie de afirmaciones y conclusiones
sólo basadas en notas periodísticas de los medios más afines a las políticas
económicas y de seguridad del Gobierno de la alianza Cambiemos. No existe
una sola prueba judicial de la existencia o actividades producidas por la
Resistencia Ancestral Mapuche.
En ese documento
auspiciado por Bullrich se indicó: “Se ha realizado un exhaustivo relevamiento
de las causas judiciales que tienen como autores a los integrantes del
R.A.M/M.A.P. arrojando como resultado desde el año 2010 a la actualidad 96
procesos en trámite, tanto en la Justicia Federal como en la justicia
Provincial”. El dato es falso: no existe ni siquiera una presunción de
participación de un mapuche -mucho menos de la RAM- en esos hechos. No hay
imputados ni procesados en ninguno de los expedientes judiciales que menciona
Bullrich.
Además, el
asesinato de Rafael Nahuel se produjo un mes y una semana después de la
aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, en un lugar del río Chubut que ya
había sido rastrillado y varios metros río arriba de donde desapareció. La
circunstancia de su desaparición durante 78 días así como la falta de precisión
científica sobre la cantidad de días que el cuerpo estuvo en el río, abonan las
sospechas sobre la responsabilidad de Gendarmería y el Estado todo en la
producción del hecho y su ocultamiento.
Desde hace poco más
de un año y medio se visibilizaron los constantes ataques de las diversas
fuerzas estatales -nacionales o policías provinciales- contra las comunidades
mapuches que protagonizaron recuperaciones territoriales.Hechos que, en
realidad, se repiten desde hace décadas.
Y el lonko de la
Comunidad en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala, espera en prisión que
la Corte Suprema de Justicia confirme su extradición a Chile.
Ese el contexto en
el cual el Cabo Primero Francisco Javier Pintos ingresó, junto a otros cinco
Albatros, a la comunidad mapuche en Villa Mascardi, y mató a Rafael Nahuel. Lo
mató con un arma que cargó la política de seguridad del Gobierno de Mauricio
Macri.
Por Santiago Rey
para En
Estos Días
Fuente:
Me parece oportuno recordar a los integrantes de los cuerpos subalternos de las FFSS, que ellos y sus familias, viven en los barrios donde viven sus reprimidos. Los Cuadros Superiores, viven en el country, pero ellos no.
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