Dos intelectuales de izquierda no pudieron dormir. Rogelio Alaniz y Rolando Astarita le piden perdón al establishment y explican las razones del voto a favor del “corrupto” y ya condenado por la mass media De Vido.. (Temen fugas en el voto Palermo chico, y Belgrano R)
Cuando Del Valle Iberlucea fue desaforado
Rogelio Alaniz
En julio de 1921
senadores conservadores y radicales le retiraron los fueros parlamentarios a
Enrique Del Valle Iberlucea. El pedido judicial lo hizo el 27 de enero de ese
año el juez de Bahía Blanca, Emilio J. Marenco un personaje mediocre y oscuro
cuyo nombre hay que esforzarse en tener presente porque este miserable episodio
es el único que lo recuerda en la historia.
Marenco se enteró a
través de una denuncia anónima que en el IV Congreso del Partido Socialista
celebrado en Bahía Blanca, Del Valle Iberlucea defendió la Revolución Rusa,
posición que ya había sostenido en otras conferencias y escritos. El perspicaz
juez Marenco consideró que el legislador con sus declaraciones había incurrido
en el delito de sedición, según lo establecido por los artículos 19 y 26 de la
ley 7029, conocida como ley de Defensa Social, una ley tan canalla como la 4144
sancionada en 1902 y que fue conocida como “Ley de residencia”.
Los pasos jurídicos
se cumplieron respetando las leyes establecidas: la Cámara de Senadores se
dedicó a cumplir con los pedidos del juez. A nadie le importó saber que, por
ejemplo, Del Valle Iberlucea estaba muy enfermo y con escasas posibilidades de
defenderse.
Diecisiete
senadores, nueve conservadores y ocho radicales, aprobaron el desafuero. Solo
cinco senadores no se sumaron a la iniciativa. Sus nombres merecen recordarse:
Joaquín V. González, Julio Roca, Benito Villanueva y Octavio Iturbe, por los
conservadores. Por el radicalismo hizo lo mismo Ricardo Caballero, ex
vicegobernador, entre otras virtudes, de la provincia de Santa Fe.
El debate
parlamentario no duró mucho. Las jornadas se realizaron entre el 25 y el 26 de
julio. Del Valle Ibarlucea habló una sola vez. Lo hizo con pausas y balbuceos
porque, repito, estaba enfermo, muy enfermo, tanto que moriría un mes después.
En la ocasión defendió con coraje sus posiciones. “Como hombre de lucha y de
combate no temo los peligros y las amenazas”. No sé si lo escucharon, pero sus
palabras quedaron registradas en las actas y casi un siglo después puede
decirse que una frase suya, es más valiosa que los prolongados discursos de sus
censores.
En otro momento de
su intervención, Del Valle dijo: “No temo la decisión de los señores senadores
y los jueces; sé como piensa la mayoría de ellos porque conozco sus
manifestaciones en el curso de esta discusión y por tal razón, dirigiéndome a
la mayoría, no puedo al terminar sino repetir la frase célebre: en vano busco
entre vosotros jueces, pues solo encuentro acusadores”.
Tal vez inspirado
en esas palabras, dijo en su momento el constitucionalista Sánchez Viamonte:
“Su juicio y condena adquiere ciertos contornos épicos y su defensa trae a la
memoria la defensa de Sócrates”.
La historia que
sigue es breve. El 23 de agosto se realiza en el Teatro Coliseo, un acto de
solidaridad con el senador desaforado. Una multitud que desbordó las
instalaciones del local se hizo presente para manifestar su indignación ante lo
que se consideraba una maniobra infame. Entre otro oradores se destacó Alicia
Moreau, su amiga, su compañera de causa, la mujer con la que desde hacía por lo
menos diez años libraban luchas a favor de los derechos de las mujeres.
Enrique del Valle
Iberlucea murió el 30 de agosto, es decir una semana después de ese acto.
Algunos dicen que la muerte fue consecuencia de una neumonía aunque la
hipótesis más creíble es la de un cáncer a la garganta. Tenía 44 años, y de
hecho treinta años de militancia socialista, porque sus primeros palotes en la
causa los había escrito en su querido Rosario cuando apenas era un adolescente.
En su velorio fue despedido por sus compañeros, pero entre otros oradores
estuvo presente Joaquín V. González, uno de los pocos que en el Congreso no se
sumó a la “carnicería” y que, con las previsibles disidencias del caso,
mantenía con Del Valle una relación de afecto y respeto intelectual, relación
en la que participaba incluso Julio V. González, hijo de Joaquín, y uno de los
líderes principales de la gesta del reformismo universitario de 1918. Un signo
noble a destacar de la época: la Cámara de Senadores autorizó esa misma semana
que la esposa de Del Valle, María Luisa Curutchet -con quien se había casado en
1905-, continúe percibiendo la pensión del marido hasta concluir su mandato.
Si Alfredo Palacios
es conocido en la historia como el primer diputado socialista de América
latina, Enrique del Valle Iberlucea es recordado como el primer senador
socialista de América latina, un honor que muchos años después compartirían por
el mismo partido el propio Alfredo Palacios y Rubén Giustiniani, legisladores
que cada uno en su estilo y en su tiempo supieron honrar esta noble tradición
histórica.
Del Valle Iberlucea
fue elegido senador por la Capital Federal en los comicios del 30 de marzo de
1913. Entonces obtuvo 42.000 votos imponiéndose a los candidatos radicales y
conservadores. Ya en 1913 los dinosaurios del Senado manifestaron su alarma por
el ingreso de este socialista que apenas tenía 36 años. El dirigente radical
José Camilo Crotto, presentó una moción para rechazar el ingreso de Del Valle.
Sostenía que no sólo era extranjero y portador de ideas exóticas, sino que su
elección había sido el producto de una conspiración de los inmigrantes para
atentar contra nuestras esencias nacionales. Ay, ay ay, con los bisabuelos de
mis amigos radicales. La moción no se impuso en 1913, pero sí en 1921.
Del Valle Iberlucea
había nacido en abril de 1877 en la localidad de Castro Urdiales. Hijo de
Epifanio del Valle y María Iberlucea. En 1885, y huyendo del despotismo
hispano, la familia llegó a la Argentina y un año después se trasladaron a
Rosario. Allí, Enrique cursó la escuela primaria y la secundaria. También allí
en Rosario se relacionó con sus maestros socialistas y comenzó a dar sus
primeros pasos en la militancia política.
Para fines de siglo
ya está viviendo en Buenos Aires. En 1902 se doctora en jurisprudencia y su
tesis de doctorado se titula “El procedimiento judicial en el derecho
internacional”.
Como diría Cátulo
Castillo mucho después: “Fueron años de cercos y glicinas, de la vida en orsay,
del tiempo loco”. Del Valle en ese tiempo participa en asambleas y actos
socialistas; reparte volantes en asambleas y refriegas callejeras; redacta
manifiestos, funda centros socialistas; asiste a congresos socialistas y
defiende los derechos civiles y políticos de las mujeres. Sus amigos de esos
tiempos son José Ingenieros, Florencio Sánchez, Leopoldo Lugones.
Viene a cuento
evocar la memoria de Enrique del Valle Iberlucea y en particular su desafuero.
Fue un hombre lúcido, un político progresista y un senador valiente que
defendió proyectos y presentó propuestas con la pasión de los justos. Vivió sus
años con una intensidad que asombra y conmueve. Y, equivocado o no, las causas
que defendió siempre fueron justas, progresistas, las más avanzadas de su
tiempo. Creyó en el socialismo no porque fuera el producto de una ley de la
historia, sino porque siempre consideró que era la causa de los postergados, de
los humillados, de los derrotados y de las excluidas.
Comentando las
variaciones de esta nota, alguien tuvo la imprudencia de relacionar este drama
ocurrido en 1921 con el de De Vido. Como diría D’Artagnan: “¡Vive Dios!” ¿Qué
tendrá que ver un socialista austero, inteligente, inspirado en los mejores
ideales de su tiempo, con este peronista ladrón, sólo motivado en el afán de
enriquecerse él y sus patrones y patronas políticos? Curiosamente a Del Valle
Iberlucea lo desaforaron por un delito de opinión. A De Vido, a este personaje
sórdido y siniestro, con más de 150 denuncias en las costillas, con
imputaciones y procesos, no sólo ningún juez pide su desafuero, sino que ni
siquiera lo pueden excluir por indignidad moral. Hoy como ayer los hombres del
derecho tendrán sus argumentos y sus razones, pero como ciudadano tengo el
derecho de decir que algo anda mal en un país en el que Enrique Del Valle
Iberlucea es desaforado y Julio de Vido es un intocable.
Rolando Astarita
En los últimos
días, y a raíz del debate sobre el desafuero de De Vido, diputados del FIT dijeron que votaban en contra de la
expulsión porque la misma era contraria al orden constitucional, y porque
creaba un precedente para que en el futuro se expulsara a representantes de la
izquierda de la Cámara. Se sostuvo también que al no mediar condena de la
Justicia, el desafuero era una especie de “golpe parlamentario”,
anti-constitucional; que la izquierda estaba defendiendo los derechos políticos
de De Vido; y que esa defensa formaba parte de la pelea contra los golpes
parlamentarios al estilo Temer-Brasil. También se dijo que la discusión sobre
corrupción y el caso De Vido era una maniobra distraccionista de Cambiemos,
para no debatir las políticas de ajuste en curso. Todos argumentos que
encajaron muy bien en el discurso que desplegó el kirchnerismo en defensa del
corrupto ex ministro.
Indudablemente,
esta posición de la izquierda hay que enmarcarla en la idea de que, de alguna
manera, el kirchnerismo (o el PT y Lula), sería progresivo en relación a
Cambiemos (o Temer y el PMBD). El razonamiento es que todos son “enemigos de
los trabajadores”, pero unos son peores que otros. Para bajarlo a tierra, algo
así como que lo que hizo el kirchnerismo en Santa Cruz es mejor que lo que hizo
el macrismo en la ciudad de Buenos Aires (o que el ajuste de Dilma era más
progresivo que el ajuste de Temer). En cualquier caso, este enfoque explica el
temor de buena parte de la izquierda de ser acusada por la militancia K “de ser
funcional a la derecha”.
En otras notas del
blog expliqué por qué considero que ese análisis es equivocado, y no voy a
repetir aquí mis argumentos. Sin embargo, a esa diferencia de análisis se suma
ahora una más fundamental, referida a la actitud hacia el orden constitucional
burgués. En otras notas ya hablé de cretinismo parlamentario, en crítica a la
creencia de que votando una ley se pudiera parar la desocupación en el
capitalismo. Pero ese cretinismo se potencia cuando se mistifica a la Justicia burguesa y el
orden constitucional burgués. En este respecto, una cosa es que los
marxistas no renuncien a los beneficios de la legalidad burguesa, y otra
muy distinta es que se pongan en defensores del orden burgués. O
que entronicen a la Justicia como la única fuente de “legitimidad” para expulsar
a un corrupto de la Cámara de diputados (¿y si mañana la Justicia condena a los
diputados de izquierda?); o que conviertan en un fetiche “los precedentes
jurídicos o constitucionales” de una votación parlamentaria (¿no se dan cuenta
de que esos “precedentes” son papel mojado en la realidad de la lucha de
clases?). Agregando que es absurdo (en realidad, una mentira para engañar y
confundir), aducir que hoy está en juego una defensa de libertades democráticas
contra un supuesto “golpe de Estado”. Se trata de una vieja y repetida tapadera
de los que se postran, “por izquierda”, ante el legalismo burgués.
Con el fin de
aportar elementos para el análisis, en lo que sigue comparto con los lectores
del blog este pasaje de Víctor Serge, tomado de Lo que todo revolucionario
debe saber sobre la represión (México,
Era, 1972; los énfasis son agregados míos). Es parte del esfuerzo por rescatar
las mejores tradiciones del socialismo revolucionario. Escribía Serge:
“El fetichismo de
la legalidad fue y sigue siendo uno de los rasgos característicos del
socialismo favorable a la colaboración de clases. Lo cual conlleva la creencia
en la posibilidad de transformar el orden capitalista sin entrar en conflicto
con sus privilegiados. Pero esto más que indicio de un candor poco compatible
con la mentalidad de los políticos, lo es de la corrupción de los líderes.
Instalados en una sociedad que fingen combatir, recomiendan respeto a las
reglas del juego. La clase obrera no puede respetar la legalidad
burguesa, salvo que ignore el verdadero papel del Estado, el carácter engañoso
de la democracia; en pocas palabras, los principios básicos de la lucha de
clases.
Si el trabajador
sabe que el Estado es un haz de instituciones destinadas a defender los
intereses de los propietarios contra los no-propietarios, es decir, a mantener
la explotación del trabajo; que la ley, siempre promulgada por los ricos en
contra de los pobres, es aplicada por magistrados invariablemente tomados de la
clase dominante; que invariablemente la ley es aplicada con un
riguroso espíritu de clase; que la coerción - que comienza con la
pacífica orden del agente de policía y termina con el golpe de la guillotina,
pasando por presidios y penitenciarías - es el ejercicio sistemático de la
violencia legal contra los explotados, ese trabajador no puede ya considerar la
legalidad más que como un hecho, del cual se deben conocer los diversos
aspectos, sus diversas aplicaciones, las trampas, las consecuencias -y también
las ventajas- de las cuales deberá sacar partido alguna vez, pero que no debe
ser frente a su clase más que un obstáculo puramente material. (…)
En todos los
países, el movimiento obrero ha debido conquistar, a fuerza de combates
prolongados por más de medio siglo, el derecho de asociación y de huelga. (…)
En los conflictos entre el capital y el trabajo, el ejército siempre ha
intervenido contra el trabajo; nunca contra el capital. En los tribunales, la
defensa de los pobres es poco menos que imposible, a causa de los gastos de
toda acción judicial; en realidad, un obrero no puede ni intentar ni sostener
un proceso. La inmensa mayoría de delitos y crímenes tienen por causa directa
la miseria y entra en la categoría de atentados a la propiedad.
Las prisiones están
pobladas de una inmensa mayoría de pobres. (…) Respetar esta legalidad es cosa
de tontos. Sin embargo, desdeñarla no sería menos funesto. Sus ventajas para el
movimiento obrero son tanto más reales cuanto menos ingenuo se es. El derecho a
la existencia y a la acción legal es, para las organizaciones del proletariado,
algo que se debe reconquistar y ampliar constantemente. Lo subrayamos porque la
inclinación opuesta al fetichismo de la legalidad se manifiesta a veces entre
los buenos revolucionarios, inclinados - por una especie de tendencia al menor
esfuerzo en política (es más fácil conspirar que dirigir una acción de masas) -
a cierto desdén por la acción legal. Nos parece que, en los países donde la
reacción todavía no ha triunfado destruyendo las conquistas democráticas del
pasado, los trabajadores deberán defender firmemente su situación legal, y en
los otros países luchar por conquistarlas”
Fuente: Revista Sin
Permiso
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