SILODÓLARES por PABLO GALAND para REVISTA 23

- En junio del 2013 las grandes cerealeras ya se planteaban esta maniobra especulativa. 

-Cómo contrarrestar la política desestabilizadora de las multinacionales sojeras. 

- El proyecto de un ente estatal que regule el mercado de granos.

En tiempos en que el ingreso de dólares se ha vuelto casi tan necesario como el agua, desde hace unas semanas el Gobierno viene poniendo la lupa con especial atención en el comportamiento de los grandes productores de soja y en las empresas multinacionales encargadas de comercializarla. A partir de los datos que manejan desde la Secretaría de Agricultura, estiman que los productores tienen retenidas más de cinco millones de toneladas correspondientes a la anterior cosecha, lo que equivale a 3.500 millones de dólares. Pasados diez días en los que el dólar se mantiene estable, luego de la brusca devaluación que mejoró las condiciones de competitividad, y del alza de las tasas de interés, en Economía y en el Banco Central entienden que no existe otro elemento que la especulación y la apuesta a una mayor depreciación de la moneda local para que las grandes corporaciones no liquiden los granos que tienen acopiados en silobolsas. Se trata de una maniobra de manual que suelen ejecutar aquellos actores que tienen posiciones dominantes en el mercado y que juegan sus fichas a torcer el rumbo del actual modelo económico.

Alberto Cantero conoce desde adentro la complejidad del mundo agrario. Es profesor emérito de la Facultad de Agronomía de Río Cuarto y durante cuatro años fue el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Está convencido de que detrás de la maniobra de los exportadores de cereales y oleaginosas hay mucho más que un fin especulativo. “Una multinacional que tiene el control monopólico de semillas, biocidas y transgénicos planteó en junio pasado, justo antes de iniciar la cosecha, la estrategia de desestabilizar al Gobierno a través de la retención de la liquidación de soja y de un proceso especulativo con el dólar. Bajaron esa línea en reuniones privadas con las cerealeras”, asegura Cantero. Recuerda que en tiempos en que se desempeñaba como diputado llevaron adelante una maniobra parecida. “En el año 2008, en plena pelea por la 125, esta misma multinacional llevó el glifosato de 3 dólares el kilo a 9 dólares. Al año siguiente lo bajaron de nuevo al precio internacional de 3 dólares. Cuando se monopolizan los insumos, logran manejar el humor del productor. Lo hicieron en 2008 y lo están haciendo ahora nuevamente”, asegura.

Cantero desmiente que la cantidad de soja que tienen retenida los grandes productores sea similar a la de otros años. “A esta altura del año retienen algo de cereal hasta la cosecha para poder tener cartera los próximos tres meses. Pero estamos hablando de 8 o 9 millones de toneladas de soja. Cuando históricamente tienen retenida a esta altura del año la tercera parte”, sentencia.

Con argumentos diferentes, desde el propio establishment sojero reconocen que la soja retenida es superior a la histórica. Pablo Adreani es director de la consultora Agripac, que asesora a productores y pooles de siembra, y admite que “hay mayor retención que el año pasado”. “Podemos decir que si no hubiera incertidumbre cambiaria habría dos millones de toneladas en manos del productor. Con esta incertidumbre hay entre cuatro y cinco millones”, sostiene.

Lo cierto es que la política llevada adelante por los grandes productores genera interrogantes entre los propios actores del sector. Diferentes corredores de cereales han manifestado durante estos días que con un horizonte a la baja en el precio internacional de la próxima cosecha “no hay razones para no vender”. Adreani insiste con el contexto de incertidumbre que perciben los pesos pesados del sector. “Aun bajando 40 dólares la soja disponible con respecto a la nueva, el productor no vende porque teme que en el futuro inmediato pueda producirse otra devaluación. En la medida en que el productor vea que los 8 pesos se mantienen, pasado febrero y marzo va a ir sacando lo que tiene retenido. Tiene que confluir una estabilidad cambiaria con la llegada del momento de empezar a levantar la nueva cosecha”, aventura. Fue por eso que en las reuniones con el equipo económico y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los representantes de las cerealeras estimaron que la liquidación de febrero no será superior a los 900 millones de dólares. También anunciaron que la exportación de cereales de este año podría ser entre 4.000 y 6.000 millones superior a la del año pasado. Es decir que, salvo que el Gobierno establezca algún tipo de presión, la situación más ajustada con respecto a la entrada de divisas se evidenciará hasta mediados de marzo. 

La actitud especulativa de las cerealeras y los grandes productores de soja puso nuevamente en el centro del debate la necesidad de contar desde el Estado con una herramienta que permita controlar la producción y comercialización de granos y así neutralizar las conductas abusivas. Bajo diferentes nombres, desde 1933 funcionó en la Argentina un organismo estatal que se encargaba de intervenir frente a las distorsiones que se producían en el mercado de granos. Fue creado durante la presidencia de Agustín P. Justo bajo el nombre de Junta Reguladora de Granos. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón pasó a llamarse Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y desde 1963 se lo denominó Junta Nacional de Granos, hasta que Carlos Menem disolvió el organismo, en el contexto de desregulación y la primacía que pasó a jugar la economía de mercado de la mano del neoliberalismo.

Desde diferentes sectores cercanos al oficialismo han surgido propuestas para crear un organismo similar. Por ejemplo, la senadora nacional Silvina García Larraburu presentó esta semana un proyecto de ley en el que propone restablecer la Junta Nacional de Granos. En los fundamentos se señala que con este organismo se podría “controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos; garantizar la provisión interna, independientemente de lo que suceda en el mercado externo; tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos, y desarrollar políticas que fomenten el aumento de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país”.

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, anunció que por medio de los diputados nacionales de su provincia presentará en el Congreso un proyecto para crear el instituto nacional de comercio agropecuario. En un comunicado, informó que viene “trabajando desde hace mucho tiempo” en esta iniciativa que servirá para la “defensa del pequeño y mediano productor” y el “fomento de la producción de granos, cereales y carnes, junto con todas las economías regionales”.

Los economistas agrupados en la Gran Makro también vienen trabajando en un proyecto que le permita al Estado contar con una Mesa de Granos que intervenga en la producción y comercialización. A diferencia de lo que era la Junta Nacional de Granos, lo que proponen es la creación de una empresa estatal que compita con las multinacionales, teniendo una participación del 25 por ciento del mercado, a través de una asociación con las cooperativas, y de esa manera ofrecer a los pequeños productores mejores condiciones de comercialización. Esta mesa le permitiría al Estado limitar las conductas especulativas que llevan adelante las multinacionales cerealeras con la retención de los granos.

En mayo de 2008, en pleno conflicto con las entidades agrarias patronales por la aplicación de la resolución 125, Alberto Cantero logró la aprobación en comisión de un proyecto de su autoría que proponía la creación de un ente cuya finalidad sería garantizar la seguridad alimentaria y la libre concurrencia y competencia en materia de producción, industrialización, distribución y comercialización de alimentos. “La intención del proyecto era que, ante situaciones de especulación como las que se dan en estos momentos, este organismo le diera al Estado la potestad de comprar, vender, almacenar y distribuir la producción”, señala Cantero. “Además, le daba la facultad de tomar el crédito de exportaciones y entrar como el operador más fuerte del mercado, quebrando la hegemonía de las multinacionales cuando especulan y no quieren importar ni liquidar”. El organismo en cuestión pretendía ser una sociedad del Estado con todos los sectores involucrados en la cadena de producción agrícola y alimentaria, con un papel preponderante de las organizaciones cooperativas. Así como el Gobierno no pudo establecer las retenciones móviles a partir del voto “no positivo” del ex vicepresidente Julio Cobos, el proyecto de Cantero quedó archivado frente a una Mesa de Enlace que salió fortalecida tras la pulseada. “Hubo una operación muy fuerte del poder para que el proyecto no se convirtiera en ley. Las grandes exportadoras hicieron lo mismo que ahora: se reunieron con funcionarios de Economía y les prometieron liquidar las exportaciones y los créditos externos de anticipo de exportaciones. En unas semanas depositaron muchos dólares. El diario La Nación también los ayudó con operaciones de prensa, incluidos editoriales en contra del proyecto”, recuerda Cantero.

La Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo) desde hace varios años impulsa un proyecto para crear una agencia nacional de granos, que toma varios puntos del de Cantero. “No es tan sencillo plantear un organismo de estas características. El menemismo modificó todo el sistema portuario y les transfirió a las provincias la potestad de la comercialización. Si queremos comprar toda la producción no podríamos comercializarla porque el Estado no tiene los puertos, los silos y el transporte”, advierte Lucas Aguilera, referente nacional de dicha agrupación. “Es fundamental asociarse con los productores de menor escala que están dentro de la cadena de comercialización y que pueden aportar acopio, silos e infraestructura. Hay que tener en cuenta que las diferentes asociaciones cooperativas manejan en su conjunto un 20 por ciento del mercado. De esa manera, a las grandes cerealeras y exportadoras multinacionales no les va a quedar otra que sumarse porque no van a poder comercializar”, asegura Aguilera.

La Canpo le presentó el proyecto al diputado nacional Julián Domínguez y confía que en breve el Ejecutivo dé el visto bueno para su tratamiento. “La Presidenta va a ir a fondo cuando tenga bien resuelto todo este mapa y sepa cómo llevarlo adelante. Esto va mucho más a fondo que la 125 porque toca estructuras de grandes empresas”, sostiene Aguilera. 

Posiblemente, el cariz que tome la pulseada con estas poderosas corporaciones determinará si el Gobierno decide dar el paso en ese sentido. El final, por ahora, aparece abierto.