PARITARIAS 2014




Paritarias, institución democrática clave

por Alberto Pepe Robles. Instituto del Mundo del Trabajo para Miradas al Sur


Las paritarias nacionales anuales son una de las grandes transformaciones estructurales de Argentina logradas en la última década. Esta será la ronda anual número 12. Son contados con los dedos de la mano los países que tienen algo así. En la historia argentina, nunca.

Se trata del sistema más favorable para el trabajo de establecer el monto del salario y las condiciones de trabajo. Una conquista que costó muchas vidas anónimas. En la Argentina, los grupos económicos siempre subieron los precios a discreción, mientras que el derecho constitucional a paritarias estuvo “suspendido”. No es lo mismo subir los precios sin derecho a paritarias que cuando hay paritarias. Subir los precios sin derecho a paritarias, es como si en el fútbol, solo un equipo tuviera permitido hacer goles. Siempre había goleada empresarial. En la última década por primera vez se garantizó el derecho a paritarias. Por eso se acabaron las goleadas.

A ello hay que sumar dos situaciones decisivas: sindicatos fuertes y bajo desempleo. Este es el marco en el que viene moviéndose el salario en la última década, con buenos resultados para los trabajadores. Las condiciones no han cambiado sustancialmente este año. Por lo tanto no hay razón para esperar algo demasiado diferente. Sin embargo como cada año, los medios del establishment ya anuncian catastróficamente que “este año” las paritarias van a llevar al colapso. “Eso quisieran” decía sabiamente el otro día una joven delegada de un supermercado.

Finalmente hay que tener en cuenta toda la gama de instituciones establecidas en la última década que podríamos llamarla institucionalidad del ingreso popular, al que pertenecen las paritarias, pero que va más allá. Salario Mínimo Vital y Móvil, Asignación Universal por Hijo, asignaciones Progresar para jóvenes sin ingresos, haber alcanzado una cobertura previsional entre las más altas del mundo, movilidad jubilatoria por ley enganchada al crecimiento económico y de los salarios, un “gasto” público orientado a las políticas sociales, un Estado sólido con alta recaudación de impuestos, una política laboral y económica que pone el empleo decente en el centro. Toda esta batería de políticas y leyes ha creado una muralla institucional para defender el ingreso popular.

A ello se suman ahora los compromisos de Precios Cuidados, que el Gobierno ha logrado con los principales grupos económicos, que significa un avance sideral frente a un sistema que dejaba librado el aumento de los precios al capricho de un puñado de empresarios.

Este año hay otro elemento nuevo que será de gran ayuda para un buen desempeño de las paritarias, como es el nuevo índice de precios del Indec, en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, que teniendo en cuenta quienes son sus autores garantiza el equilibrio entre los diversos intereses.
Es cierto que las primeras paritarias van a desarrollarse influenciadas por el zarpazo a los precios y al dólar de los últimos meses que realizaron los grandes grupos económicos y mediáticos. Sin embargo sería un trágico error para trabajadores y empresarios anualizar el zarpazo, poniendo en riesgo los niveles de producción y empleo. Lo cierto es que, ya con doce años consecutivos de experiencia en la negociación colectiva salarial, los sindicatos y cámaras patronales han mostrado muchísima racionalidad en los acuerdos, y nada indica que este año no vaya a suceder lo mismo.

Por supuesto que habrá, como siempre, declaraciones en los medios de comunicación, orientadas a mejorar la situación de cada uno en la mesa de negociaciones. Quien haya regateado precios alguna vez, ya sea para comprar una casa o un simple pantalón, sabe que no hay que “engancharse” en lo que dicen las partes durante una negociación. Todo el mundo sabe que cuando un vendedor ofrece su casa a 30, es porque está dispuesto a obtener menos de 30. Esta será una paritaria con ruido, declaraciones altisonantes, bombos y alguna huelga, como todas, pero va a concluir de modo similar a como concluyeron las de años anteriores. Seguramente veremos el compromiso empresario de cuidar las fuentes de trabajo y probablemente, este año, veamos también los aumentos de suma fija, que tan eficaces fueron en las paritarias realizadas durante la crisis mundial de 2008/2009.

Entre las primeras paritarias del año, se encuentra la paritaria nacional docente, de la que se desprenden las paritarias del sector en cada provincia. La paritaria docente, formada en 2006, es una de las grandes conquistas históricas del sindicalismo docente argentino, junto con la ley que estableció que el presupuesto para educación no debe ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno.

Se ha caracterizado por ser una paritaria muy dura, que decide el salario de más de un millón de docentes, es decir algo más del 10% de los asalariados formales del país, representados por cinco sindicatos pertenecientes a las dos centrales sindicales, CGT y CTA. En los dos últimos años, la paritaria nacional fracasó y muchas provincias aún hoy no han establecido las paritarias provinciales. La función primaria de la paritaria docente es garantizar que los gobiernos nacional y provinciales realmente asignen a los presupuestos de educación el 6% del Producto Bruto Interno. Para lograr eso es fundamental que la recaudación de impuestos sea considerable y eficiente. Con impuestos bajos no se puede llegar al 6%.

Pero la paritaria docente de este año podría avanzar en cuestiones que no sólo tengan que ver con el salario directo, sino con el salario indirecto, que es tan o más importante que el salario de bolsillo. Veamos sino la situación de los trabajadores de Estados Unidos que, al no tener cobertura de salud, tienen que hipotecar sus casas o endeudarse de por vida cada vez que enfrentan un problema de salud. Quizás este año sea la oportunidad para lograr otra conquista histórica del movimiento docente: el Convenio Colectivo Docente. Una verdadera deuda de la democracia.


Inflación versus salarios, una cuestión de tiempos

por Daniel Miguez para Miradas al Sur

El reconocido Consejo Económico y Social de España, donde representantes del Estado, sindicalistas y empresarios se sentaban a planificar con metas de largo plazo y que era un modelo que quisieron tomar en su momento la mayoría del gobiernos latinoamericanos progresistas, en los hechos se fue desvaneciendo a medida que crecía la crisis que estalló en 2008. Había desaparecido el contexto que les permitía departir amablemente hacia donde orientar los beneficios del crecimiento. Las conversaciones y los silencios, y sobre todo las acciones, entre los tres actores pasaron a ser a cara de perro. Salvando las diferencias, algo similar ocurre hoy en la Argentina con las paritarias. El previsible intento de los países desarrollados para que los países emergentes hagan un aporte forzoso para la salida de su crisis financiera –básicamente a través de la fuga de divisas– más las jugadas de los sectores exportadores para que subiera el valor del dólar confluyeron, con este movimiento de pinzas, en una inevitable devaluación, que coronó un proceso inflacionario que ya venían alimentado los formadores de precios.
La nueva realidad dejó atrás los tiempos donde los acuerdos paritarios marchaban sobre ruedas, dando por sobreentendido que cada año iba a consolidarse una mejora del salario real sin afectar la rentabilidad empresarial y sin presionar demasiado sobre la inflación. Ahora los sindicalistas, naturalmente, quieren que la capacidad adquisitiva de los ingresos de sus representados siga creciendo o al menos que no pierda ante la inflación; los empresarios también quieren ganar más y parecen no estar dispuestos a abandonar el criterio de trasladar automáticamente los aumentos salariales a los precios; y el Gobierno tienen por principal objetivo bajar la inflación sin que esto genere un proceso recesivo.
Paritarias a paso lento. Es en este marco que habría que leer lo que pareciera ser una estrategia del Gobierno para demorar la reapertura de las paritarias. Lo aconsejable en estas circunstancias es esperar un tiempo para evaluar las consecuencias de las medidas que está tomando el Gobierno para bajar el índice inflacionario. Sobre todo porque las primeras señales son alentadoras.
Esas señales están dadas por un dólar que tiende a estabilizarse; por una incipiente recuperación de la reservas del Banco Central; por el avance en acciones tendientes restablecer la posibilidad de tomar créditos más accesibles (como el acuerdo con Repsol, la cancelación de la deuda con el Ciadi y, ahora, las gestiones con el Club de París) y al ingreso de divisas para inversiones (como el caso del yacimiento de Vaca Muerta). A eso hay que sumar la pelea que se está dando para acordar precios en distintos rubros, como supermercados, medicamentos, combustible, productos escolares y materiales para la construcción, con un aceptable acompañamiento de la ciudadanía en el control de su cumplimiento y con sanciones fuertes a los que eluden el compromiso que firmaron. Por todo esto, acordar salarios sin que las aguas se hayan calmado o sin llegar a un pacto de sensatez con sindicalistas y empresarios, sería muy riesgoso.
El nuevo índice de precios. Un importante paso adelante fue la puesta en marcha del nuevo método para medir la variación de precios. Con esto se acaba una controversia que le hizo muy mal al Gobierno y que desde hacía al menos un año no tenía sentido sostener, porque de los 33.000 millones de dólares que aún quedan como deuda a pagar con tasas de interés atadas a la inflación, tres cuartas partes están en manos de la Anses. El nuevo índice tiene la bendición del FMI, lo que le quita margen para los cuestionamientos a la ortodoxia liberal y a los principales grupo políticos opositores. Esto debería dejar en el olvido el absurdo índice inflacionario que presentaba cada mes un grupo de legisladores en el Congreso, con una mecánica que consistía en tomar el dibujo del Indec y hacer un nuevo dibujo duplicándolo o triplicándolo según los momentos. El sinceramiento de la inflación arrojó el nuevo índice –el 3,7% en enero–, que es altísimo. Pero era indispensable para empezar a hablar sobre bases ciertas y generar confianza. En él se incluyen los fuertes aumentos de fin de año, pero no los aumentos posteriores a la devaluación del 24 de enero. De esto se desprende que el índice de febrero tampoco bajará mucho. Recién en marzo se podrían verificar los resultados de las medidas tomadas en los últimos tiempos.
La posición de los sindicatos. Cada gremio pareciera estar haciendo equilibrio entre sus alineamientos políticos y la realidad de su sector, con las particularidades de cada caso. Los tres agrupamientos opositores, los que lideran Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, aparecen extrañamente quietos. Barrionuevo y dirigentes que le responden hacen declaraciones contra el Gobierno, pero deben seguir la estrategia de su referente, Sergio Massa, que es la de no aparecer públicamente en el rol del que no está echando nafta en el fuego. A este sector obviamente le conviene que al Gobierno le vaya mal para acrecentar sus chances electorales en 2015, pero como las encuestas lo siguen favoreciendo, cualquier acción que lo ubique claramente a favor del “mal”, sería contraproducente para su cercanía con el amplio sector “bien pensante” de la clase media que lo apoya.
Por su parte Moyano, luego de la frustrante experiencia en la filas del liberalismo en las últimas elecciones, todavía no encontró donde recalar. Aunque sigue insistiendo con el mismo sector –hace pocos días hizo con acto con Macri en la Sociedad Rural–, posiblemente guarda la secreta esperanza de que el gobernador Daniel Scioli le abra una puerta en el futuro. Si fuese así tampoco estaría en condiciones de crear malas condiciones para alguien que va a ser uno de los principales candidatos del kirchnerismo en 2015.
En cuanto a Micheli, el que tiene menos poder de los tres por su pequeño universo de representatividad, busca reeditar su alianza con Moyano, que por ahora se le niega. Los otros dos sectores, la CGT que comanda Antonio Caló –y el que tiene más sindicatos y afiliados en su seno– y la CTA liderada por Hugo Yaski, siguen estando cerca del Gobierno, pero las paritarias inevitablemente generan roces. El Gobierno se reunió con ambos en un mismo día. Poco después, el martes pasado, Cristina volvió a hacerlo con la CGT de Caló. En todas las reuniones se habló de lo mismo. El Gobierno les planteó su visión del panorama actual y del futuro. Les habló de una coyuntura problemática pero de un porvenir cercano más ventajoso. En pocas palabras, los exhortó a resignar un poco de salario ahora para recuperarlo después. Lo contrario sería volver a alentar el proceso inflacionario contra el que está luchando. Y en suma, les pidió compromiso. En el medio, los sindicalistas plantearon los problemas de las obras sociales, que se verían alivianados si el Estado paga parte de la deuda que tiene con ellas. Es muy probable que el Gobierno haga ese esfuerzo.
Los docentes, primero. Como siempre, el primer sector en abordar las paritarias es de los sindicatos docentes, que buscan tener sellado el aumento salarial antes del comienzo de clases. Aunque la realidad del sector es sólo asimilable en parte a los empleados estatales, pero muy diferente a la de los gremios industriales o de servicios, su acuerdo salarial genera expectativas como un puntapié inicial. Y por ahora, el acuerdo está trabado. Las charlas venían bien encaminadas a principios de diciembre, hasta que el aumento bajo extorsión a las policías de varias provincias modificó el escenario. El argumento era que los maestros planteaban a sus dirigentes que no querían ganar menos que un policía. Aun así el diálogo nunca se interrumpió y a principios de enero volvieron a acercarse en las posiciones. Pero otra vez surgió un obstáculo: las movidas financieras para desestabilizar al Gobierno que terminaron con la concesión de una devaluación. Así, nuevamente, los números de unos y otros se alejaron. Dentro de 17 días, el 5 de marzo, deberían comenzar las clases en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal. En otras provincias sólo restan ocho días, ya que arrancan el 24 de febrero, según el cronograma inicial que habían acordado los 24 distritos. Aún contra reloj, hay un pequeño margen para llegar a algún acuerdo, pero tal como están las posiciones al día de hoy, es altamente factible que los gremios docentes llamen a un paro y que las clases no comiencen.

Fuente: Miradas al Sur

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