Cambiemos posee una matriz política profundamente orientada por la regresión de los derechos y los poderes populares.
Hacia la criminalización de la niñez
8 febrero,
2019 por Redacción La Tinta
El gobierno argentino pretendió modificar el Régimen Penal Juvenil
bajando la edad de imputabilidad. La criminalización de la niñez, la juventud y
la pobreza muestra el rostro punitivista del gobierno liderado por Mauricio
Macri. Se trata menos de un exceso de pragmatismo que de una convicción
política y de principios. Es un gobierno que, por momentos, parece menos
liberal que intervencionista, aunque en dirección a la restauración
conservadora de las desigualdades. ¿Pero qué hace y dice el progresismo sobre
esta materia?
Por Gonzalo Assusa para Nuso
Una nueva
embestida del gobierno argentino para modificar el Régimen Penal Juvenil
planteó un desafío al amplio arco del progresismo. El mito de una Argentina
descendiente de los barcos contribuye a la creencia de un plus democrático en
la excepcionalidad rioplatense y reproduce los errores de diagnóstico allí
donde los homólogos latinoamericanos tampoco han logrado acertar.
Desde 2016, las
sucesivas iniciativas para bajar la edad de imputabilidad de 16 años a 15 o 14
años (las negociaciones desde una primera propuesta de 14 años a una actual de
15 han girado en torno de la posibilidad de sumar adeptos y generar viabilidad
política antes que a discusiones técnicas o jurídicas) han reaparecido en
momentos críticos del contexto político local, y esto ha abonado la hipótesis
de la manipulación y el ocultamiento propios de la era de la posverdad.
Es necesario
reconocer que el debate técnico en cuestión securitaria y en materia de
derechos parece francamente saldado en contra de la baja. La Organización de
las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de
Argentina (SeNAF) y los 14 candidatos a la Defensoría del Niño se han
manifestado en contra de la medida. El colectivo de intelectuales y
especialistas «No a la Baja» ha sistematizado en seis puntos su oposición
programática y de principios a la medida. Dos de ellos son de orden jurídico e
institucional: se refieren a la inconstitucionalidad de la medida, que viola el
principio de no regresividad de los derechos y la adhesión del país a los
tratados internacionales sobre niñez. En la misma dirección va otro de los
puntos de «No a la Baja»: la necesidad programática de un Estado social garante
de derechos del niño antes que un Estado penal reducido a la mera función
represiva. El problema parece ser que la retórica de los derechos y el
principio del garantismo no cuentan hace tiempo con una legitimidad política
extraordinaria ni con un poder argumentativo importante para resolver
discusiones en América Latina. Desde el golpe institucional contra Dilma
Rousseff hasta el referéndum que desestabilizó el proceso de paz en Colombia,
fueron otros los valores que movilizaron a las mayorías triunfantes.
Pero hay otros dos argumentos de orden pragmático. En principio, se
destaca que la baja no solo no sirve para resolver el problema de la seguridad,
sino que lo empeora. Las estadísticas oficiales indican que los menores de 19
años tienen una participación ínfima en la comisión de delitos, y esta
proporción cae a cifras absolutamente marginales cuando se consideran los
delitos graves y los menores de 16 años. Todo esto sin contar que, si la
«estadística negra» del delito es importante, los criterios selectivos de las
instituciones judiciales y policiales, no solo xenófobas y aporofóbicas, sino
también adultocéntricas, empujan estos porcentajes ínfimos (por debajo de 1%) a
ser «inflados» por la metodología de la producción en sus datos: buscar
proporción de jóvenes, pobres e inmigrantes en instituciones que presumen la
culpabilidad de jóvenes, pobres e inmigrantes.
Como
el hecho de que los jóvenes sean el principal factor generador de la
inseguridad no se sostiene en datos oficiales ni alternativos, resulta
incomprensible que sean un blanco tan central de las medidas impulsadas por el
gobierno. Como agravante, un sistema carcelario masivamente colapsado, sin
recursos suficientes y cuya función formativa ha quedado reducida a su mínima
existencia, no tiene capacidad alguna para cumplir con el principio de
reinserción social que rige la penalidad en el país: lo único que puede
habilitar una reforma en este sentido es una mayor población pasible de ser
perseguida y condenada a un encierro envilecedor, en contextos de despojo y de
detracción en su condición de sujetos de derechos. Nada de esto parece aportar
a lo que en el más moderado y liberal de los argumentos debe entenderse como el
objetivo de «reformar» ciudadanos (legalmente niños, niñas y adolescentes) que
delinquieron. Más bien todo lo contrario: contribuiría a deformarlos.
Ni hablar que las
experiencias de otros países de la región no demuestran en absoluto que la baja
de la edad de imputabilidad contribuya en algún sentido a disminuir el delito o
la violencia social. Países con problemas más acuciantes de violencia que
Argentina poseen normativas con edades de imputabilidad a los 12 o 13 años, sin
manifestar avances hacia una gestión de relaciones sociales más democrática y
segura para sus ciudadanos. Prevención, reinserción, formación y garantías
estatales: estas son las líneas de acción avaladas por los organismos
involucrados, entre ellos Unicef.
Por último, hay
argumentos de tipo cognoscitivo. La medida aclara mucho menos de lo que
confunde y produce un nuevo chivo expiatorio (uno más), que obtura la
posibilidad de abordar problemas reales y complejos con el objetivo de buscar
soluciones efectivas y necesarias. Confunde porque la sobrecobertura mediática
de hechos de inseguridad o violencia cuyos protagonistas son niños, niñas y
adolescentes –la mitad de las noticias sobre niños son policiales, según un
informe de la Defensoría del Público– no representa las dimensiones reales del
fenómeno delictivo en el país, en el que la participación de menores es
irrisoria. Y no solo fomenta o aviva, sino que también produce un odio etario y
de clase contra los jóvenes pobres, contra su estética e incluso contra su mera
presencia y existencia, que encuentra en las ficciones cinematográficas
brasileñas como Ciudad de Dios y Ciudad de los hombres o las sucesivas Tropa de
elite y en la homóloga serie local El marginal versiones empequeñecidas de las
operaciones mediáticas de ficcionalización de la realidad, como el difundido
caso de El Polaquito que circuló en redes a partir de un informe del canal Todo
Noticias en 2017.
¿Algo ha cambiado desde 2016? ¿Quiénes apoyan la
medida, además de los sectores más comprometidos del gobierno de Cambiemos en
la cuestión, como el ministro de Justicia, Germán Garavano, la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, o la mediática diputada Elisa Carrió? Una primera
confusión en el diagnóstico se puede presentar como consecuencia de asimilar la
sociedad civil organizada a la sociedad civil como tal. En la mesa de
especialistas convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación en 2017, de 40 oradores solo tres se manifestaron a favor de la baja:
Diana Cohen Agrest, Fundación Sur Argentina y la Unión del Centro Democrático
(UceDe). Sin embargo, el clima actual no parece ser exactamente el mismo que en
los dos años anteriores. Si en
2017 ni siquiera Cambiemos evaluó que la baja fuese a pagar altos dividendos en
términos electorales, buena parte del progresismo opositor considera que el
reflotamiento de la medida en 2019 es solo una intentona preocupada por sumar
votos, mientras que el arco menos «garantista» de la oposición a Cambiemos
comienza a sentirse incómodo quedándose fuera de la primera línea del
punitivismo electoral.
Esta misma hipótesis fue la que condujo al
candidato kirchnerista Daniel Scioli en 2015 a endurecer y derechizar su
discurso para ganar adeptos entre los votantes de centroderecha con miras al
balotaje. En aquel momento los analistas interpretaron la ineficacia del
timonazo discursivo de Scioli como un problema de autenticidad: ¿por qué los
sufragistas votarían al «candidato-copia» si existía la opción de votar la
derecha «original»? Si bien es un argumento de peso, los posteriores e
inesperados resultados electorales en la región y el mundo plantean nuevos
interrogantes y generan nuevas vacantes analíticas.
Aunque sirva para calmar a las bienintencionadas
almas de izquierda, la hipótesis de la manipulación comunicativa se manifiesta
insuficiente para explicar los triunfos de outsiders al sistema partidista
tradicional como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Menos rimbombante y más actual,
se suma a estos hechos la victoria de Vox en Andalucía. Más indirectamente
relacionadas están las victorias del Brexit y del «No» en el referéndumo por
los Acuerdos de Paz en Colombia. Contra todos los cálculos y las predicciones,
los votantes fueron receptivos a los discursos de extrema derecha, contra
opositores desgastados, asediados, moralmente cuestionados y con improductiva
flexibilidad ideológica cuando las encuestas ya señalaban derrotas
irremontables.
Bolsonaro es un temblor que conmovió todas las
estrategias políticas. Su discurso ligado –no exclusivamente, pero sí muy
particularmente– a la seguridad, a la mano dura y a la exaltación futurista de
las armas afectó profundamente el debate argentino y la discusión sobre los
candidatos que serían capaces de capitalizar, en espejo, las virtudes del
encumbrado líder de la derecha latinoamericana. La primera dimensión del nuevo
contexto en el que hay que pensar el proyecto de la baja de edad de
imputabilidad es una sociedad progresivamente autoritaria y aferrada a
estructuras de desigualdad que en muchos momentos considera justas. Una mezcla
perversa entre esa sociedad brasileña profundamente desigual que el antropólogo
Roberto Da Matta ilustraba con la frase «¿Usted sabe con quién está hablando?»
y esa violencia plebeya con que Guillermo O´Donnell respondía la pregunta del
brasileño para caracterizar la cultura política argentina: «¿Y a mí qué mierda
me importa?». Un poco de las dos. Lo peor de ambas. Autoritarismo violento y
desigualdad.
La segunda dimensión es un proceso ininterrumpido
de endurecimiento represivo por parte de la gestión securitaria del gobierno
argentino, que comienza con la represión de la protesta social (legitimada y legalizada
por decretos y reformas), se afirma con la intensificación de la presencia de
las fuerzas de seguridad nacionales en todo el territorio nacional y se
profundiza con la denominada «doctrina Chocobar», el involucramiento de las
Fuerzas Armadas en conflictos internos, la habilitación del uso de armas de
fuego sin dar orden de alto para la policía, la incorporación de pistolas Taser
en el arsenal policial y la promoción de portación civil de armas de fuego en
los últimos meses.
El progresismo y la izquierda,
asumiendo su propio estigma idealista, acusan de una suerte de exceso de
pragmatismo al gobierno de Cambiemos, que con este conjunto de medidas
buscaría, al mismo tiempo, posicionar como posible candidata de fórmula
presidencial a Patricia Bullrich (la responsable de la cartera de Seguridad y
una de las ministras con mayor imagen positiva entre los funcionarios de
Cambiemos), ocultar el desastre económico de la gestión y aprovechar
electoralmente el ascenso de las derechas en América Latina. Y esta acusación
se alinea con el argumento de falta de racionalidad y resultados de la baja
resumido previamente, pero también con la caracterización de esta gestión como
liberal o neoliberal, a secas.
Quizás sea tiempo de revisar la explicación de esta
nueva arremetida punitivista y, al mismo tiempo, complejizar la caracterización
del gobierno encabezado por Mauricio Macri. Al menos es necesario explorar la
hipótesis de que una fracción de la alianza gobernante está plena y
sinceramente comprometida con medidas como la baja de edad de imputabilidad, y
que no es más que una arista en una matriz de políticas públicas que atacan en
conjunto a niñas, niños, jóvenes, pobres, trabajadores, mujeres y adultos
mayores. A Cambiemos lo bosqueja menos un exceso de pragmatismo y más una
convicción política y de principios. Es un gobierno que por momentos parece
menos liberal que intervencionista, aunque en dirección a la restauración
conservadora de las desigualdades: una matriz política profundamente orientada
por la regresión de los derechos y los poderes populares.
Por Gonzalo Assusa para Nuso
No hay mas que escribir, ni hablar. Datos duros , no al voleo ( chequeen) un pibe muerto por día en lo que va de 2019. Para que necesitan modificar la edad de inimputabilidad ?
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